El Poder Judicial en la encrucijada

El Poder Judicial en la encrucijada

 

Recientemente, hemos sido testigos de importantes aciertos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Poder Judicial Federal. El freno que se puso al decreto presidencial que pretende acabar con las energías limpias constituye un ejemplo. “No quieren el cambio”, se queja el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero quien no lo quiere es él: se empeña en volver al petróleo y al carbón, para que el país retroceda al siglo XIX. Afortunadamente, los jueces se están poniendo la pila y nos han hecho sentir que en México existe una auténtica división de poderes. Lo debemos celebrar.

El Consejo de la Judicatura también merece una ovación. El Acuerdo 12/2020, con el que culmina la primera etapa de la estrategia digital que ha impulsado la administración de Arturo Zaldívar, hace esperar que los litigios en línea reduzcan rezagos y barreras que dificultaban al ciudadano tener mayor acceso a la justicia.

Queda aún en el tintero el proyecto integral de reformas para el Poder Judicial de la Federación, lo cual no es un tema menor: su impacto repercutirá en la estructura, organización y funcionamiento del estamento judicial, en tanto que incide en la reforma de siete artículos constitucionales. El propio senador Ricardo Monreal ha subrayado la trascendencia de esta reforma.

Está pendiente, asimismo, la expedición de dos nuevas leyes federales (Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación) y sendas reformas a cinco ordenamientos legales (Ley de Amparo, Ley Reglamentaria del Artículo 105 de la Constitución, Ley Federal de Defensoría Pública, Código Federal de Procedimientos Civiles y Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado).

Los ejes sobre los que se articula este proyecto abordan temas sensibles e instan al fortalecimiento de las facultades institucionales de combate a la corrupción, así como a instaurar mecanismos de prevención y combate al nepotismo, relaciones familiares y corporativismo judicial. La idea es establecer políticas de adscripción del personal sobre la base de criterios objetivos, en cuanto a las necesidades del servicio —no por designación—, para recobrar la legitimidad del Poder Judicial frente a la ciudadanía.

Tras el artero asesinato del juez Uriel Villegas y su esposa, en este modelo habrá que valorar hasta dónde conviene blindar a los jueces a través de la ley. Como ejemplo puede servir la prisión preventiva oficiosa, una figura que limita el arbitrio judicial pero que, temporalmente, puede servir de parapeto y enviar un mensaje a la delincuencia organizada: “No lo decidió el juez sino la Constitución. El juez no tenía para dónde hacerse y el juez más cobarde o más corrupto tendría que hacer lo mismo que el más valiente y el más honesto”.

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