El Poder Judicial no entiende qué significa investigar

El Poder Judicial no entiende qué significa investigar

Uno de los logros más importantes del sistema de justicia penal acusatorio fue despojar de valor probatorio a las constancias del expediente de la investigación. Bajo las normas del anterior sistema de justicia penal, la averiguación previa tenía vida propia: se integraba por el Ministerio Público y se turnaba, mediante la consignación, al juez. Éste, con base en dicho expediente, tomaba sus decisiones, desde la orden de aprehensión hasta la sentencia definitiva, pasando por el auto de formal prisión.

La averiguación previa era “un bloque de cemento”, nos dijeron en la película Presunto culpable. Durante meses o años el Ministerio Público se dedicaba a acumular cuartillas en un paquete —mientras más grueso, mejor— pletórico de formalidades: sellos, folios y firmas, que tenía pleno valor probatorio. Lo que no estaba en el expediente no estaba en el mundo. Habría sido un delito dictar sentencia en contra de las constancias del expediente.

El problema era que revisar estos expedientes, con sus miles y miles de hojas, glosadas sin ton ni son, era imposible. Ni el más responsable, dedicado y comprometido de los jueces lo podría haber hecho. Considerando lo anterior, el nuevo sistema de justicia desapareció la averiguación previa. Su lugar lo tomó la carpeta de investigación, entendida como el continente del resultado de los actos de investigación, no sujeto a formalidad de ninguna clase y, desde luego, sin valor probatorio. La idea era reunir datos, vincularlos y sacar deducciones de la información.

Para nuestra desgracia, en todas las procuradurías y fiscalías del país la carpeta de investigación ha resultado ser la averiguación previa con otro nombre: un paquete de papeles —lo mismo oficios, comunicaciones, respuestas, requerimientos y multas— donde sellos, firmas y folios, “para mejor control”, resultan ser lo más importante.

Esta desgracia no es atribuible sólo a la falta de capacidad o de entendimiento del Ministerio Público. Es el Poder Judicial de la Federación el que ha propiciado este efecto lampedusa (que todo cambie para que todo siga igual), pues en cada tesis jurisprudencial que se refiere a la carpeta de investigación se escribe sobre ella y no sobre la investigación.

Los hechos denunciados son los que están “en” la carpeta de investigación (IUS 2013932); las omisiones en la “integración” de la carpeta de investigación son impugnables (IUS 2013289); la propia “integración” de la carpeta de investigación no es impugnable mediante juicio de amparo (IUS 2012423); en algún momento la carpeta de investigación debe “cerrarse” (IUS 2003934); la sentencia en el procedimiento abreviado debe dictarse con base en los medios de convicción que obren en la carpeta de investigación (IUS 2014102); las actuaciones de una averiguación previa pueden integrarse a la carpeta de investigación (IUS 2006969), y así, ad infinitum…

El responsable de la investigación, naturalmente, tiene la obligación de apegarse a estos lineamientos establecidos por nuestros preclaros burócratas judiciales, siempre expertos en sellos y folios, pero no en la eficacia que se espera del aparato de justicia penal, y de ver a la carpeta de investigación como un objeto por integrarse, de conformidad con los hechos registrados en ella. Ésta posee valor probatorio en sí misma y existe la instrucción de cerrarla.

La investigación es el objetivo de los operadores, no así la integración de una carpeta con fotografías, encuestas e interrogatorios que no conducen a establecer la verdad de los hechos. El Poder Judicial de la Federación debe impedir que siga avanzando esta práctica burocrática, donde lo importante es simular que se investiga. Ya estamos cansados de esta simulación. 

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