El próximo presidente de la Suprema Corte

El próximo presidente de la Suprema Corte

 

Hacía tiempo que no se advertía tanto alboroto —y tanto encono en el interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación— como en estos días. Si con la llegada a la presidencia de Ricardo Anaya o de José Antonio Meade la situación habría resultado complicada, con Andrés Manuel López Obrador se antoja complicadísima. Los nervios están a flor de piel.

Algunos medios de comunicación, siguiendo modelos anteriores, se empeñan en presentar el asunto como si fuera una lucha entre ministros con carrera judicial y ministros que no la tienen. Hay que recordar que, en la sucesión pasada, tras más de seis horas de debate y más de 30 rondas de votación, se eligió a Luis María Aguilar, cuya “prudencia” —así la llaman sus amigos— no permitió que en los últimos cuatro años hubiera fricciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

Su gestión no tuvo altibajos. Se concentró en aumentar las estadísticas de casos revisados, pero no atrajo ninguno que hubiera podido marcar un rasgo significativo a su gestión. La Corte fue un tribunal de casación eficiente y nada más. Aunque algunos de sus integrantes se esmeraron en afirmar lo contrario, no dio color como tribunal constitucional.

Tanta “prudencia” disgustó a muchos académicos, políticos, litigantes y hasta ministros de la Corte. Por ello, la sucesión tendrá este punto de partida, independientemente del origen judicial o no judicial de los contendientes: ¿quién puede hacer que la Corte sea algo más que un tribunal de tercera instancia?

Pero hay otro factor. El que mencionábamos al principio: López Obrador. ¿Querría el nuevo presidente una Corte que funcione como tribunal constitucional y llegue a cuestionar sus decisiones? Porque un tribunal constitucional que se respete no puede dejar pasar ningún descuido de los otros dos poderes…

No hay que olvidar que el nuevo presidente tiene a las cámaras legislativas en su bolsillo. Puede hacer lo que se le antoje con la Corte. Desde despedir a los 11 ministros actuales (10, si pensamos que José Ramón Cossío sale el último día de noviembre), hasta desaparecerla, con el pretexto de crear nuevas figuras. Incluso puede, mediante un artículo transitorio, reducir las pensiones de los ministros.

Con ese poder nada le costaría pedir a los actuales integrantes del pleno que votaran por A o por B, según lo que él espere del tribunal. ¿Alguno de los ministros se atreverá a rehusarse? De cara al nuevo presidente, el costo sería altísimo. De cara a la sociedad, aún más alto.

Ahora bien, suponiendo que el voto de los ministros sea libre, habrá que considerar que no hay incentivos para elegir al mejor jurista sino al interlocutor más competente ante el nuevo gobierno. En este caso, el titular de la Corte será quien mejor la lleve con Zoé Robledo, Ricardo Monreal, Olga Sánchez Cordero o Julio Scherer, quienes partirán el pastel jurídico en el próximo sexenio.

Una última hipótesis: que se pida el voto de los ministros para quien postule López Obrador en sustitución de Cossío. Los tiempos están cambiando y todo puede ocurrir. Lo cierto es que quien presida la Corte de 2019 a 2022 se presume que será un presidente débil, amenazado por un Poder Ejecutivo que no va a ser tolerante a la crítica, así ésta tenga su fundamento en la Constitución. El reto para quien presida es enorme.

 

Ángel M. Junquera Sepúlveda

Director

 

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