El Sistema Nacional Anticorrupción: simulación extrema

El Sistema Nacional Anticorrupción: simulación extrema

Cualquier estudiante de Derecho sabe que, con el marco legal que tenemos, podemos enfrentar y reducir la corrupción. El título cuarto de nuestra Constitución Política y los delitos previstos en las leyes penales —abuso de autoridad, cohecho, peculado, tráfico de influencias…— bastan y sobran para tal efecto. Es cierto que ningún ejercicio de homologación sale sobrando, pero no se requería mucho más. ¿Para qué queremos, entonces, un carísimo Sistema Nacional Anticorrupción?

Si lo que tenemos no ha funcionado, no ha sido por sus deficiencias sino porque no se ha querido utilizar. De nada sirven las espadas más afiladas si nadie se anima a echar mano de ellas. ¿Qué nos hace suponer, en este caso, que ahora sí habrá voluntad política para utilizar este nuevo y costoso sistema, que tiene más de circo que de herramienta jurídica?

El senador Pablo Escudero, presidente del Senado, ya señaló que habrá que destinar 143,072,000 pesos para pagar las 150 plazas de la nueva estructura burocrática: cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana, siete direcciones, 17 subdirecciones, 38 jefaturas de departamento y otras decenas de plazas nuevas. A esto habría que sumar bienes muebles e inmuebles que exigirá el funcionamiento del sistema. Es cierto que lo que cuesta la corrupción a México excede, en mucho, estas cantidades. Pero —de nuevo— ya tenemos los órganos para combatir esta sangría. ¿Por qué no activarlos en lugar de crear otros nuevos?

¿Para qué se crearon, si no, procuradurías, fiscalías anticorrupción, jueces y magistrados de todos los niveles que, de acuerdo con la ley, están obligados a combatir la corrupción? ¿Para qué sirven la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y la Secretaría de la Función Pública? A juzgar por el informe que acaba de emitir la fundación suiza Foro Económico Mundial, para lo mismo que va a servir el Sistema Nacional Anticorrupción: para nada.

En todo caso, con ese sistema se podría dar chamba a algunos activistas que la buscan. Así se les tranquilizaría temporalmente. Lo mismo con la Fiscalía Anticorrupción, si bien el fiscal "autónomo" puede ser removido en cualquier momento.

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, México es el decimotercer país más corrupto del mundo. Con este resultado, de poco sirven los seis lugares que escaló México en el ranking del Índice Global de Competitividad pues con este grado de corrupción ¿quién querrá invertir en nuestro país? Transparency International ha sido más generosa: otorga a México el lugar 95 de 167… Nada de qué presumir en todo caso.

“Las causas de la corrupción son multifactoriales”, declaran los académicos pomposamente. “Es un asunto cultural”, ha dicho el propio presidente Enrique Peña. Pero esto no parece tan claro. Son, más bien, las instituciones extractivas —diseñadas para que unos cuantos se beneficien del trabajo de muchos—, que tanto se esmeran en sostener nuestras élites, las que explican el fenómeno.

Pensemos, sin ir más lejos, en la Fórmula Otero del amparo: una institución que permite que la misma ley sea constitucional para unos pero inconstitucional para otras no hace sino promover la desigualdad. ¿Cómo no va a ser corrupto un país donde unos pagan impuestos y otros no tienen que hacerlo, con la ley en la mano? ¿Cómo no va a haber corrupción donde unas personas están autorizadas a cultivar marihuana y las que no gozan de esta “patente” pueden ir a prisión si son descubiertas?

Está desigualdad, consagrada en la ley por quienes quieren seguir disfrutando de sinecuras y prebendas, genera profundos resentimientos que van desde el raterillo que siente que tiene derecho a robarse un refresco en una miscelánea o a asaltar a un transeúnte, hasta los movimientos guerrilleros que se gestan en normales como la de Ayotzinapa, encauzados a derribar al establishment.

“Hacen falta más soldados —dicen los privilegiados por las instituciones extractivas—, hacen falta más policías.” Pero lo que hace falta son más oportunidades para los marginados, más posibilidades de competir a quienes no pertenecen a las élites. Menos simulación. “El Sistema Nacional Anticorrupción —declaró Andrés Manuel López Obrador— será un derroche más para tratar de engañar al pueblo de México de que ahora sí van a cambiar las cosas, lo cual es falso”. Tiene razón.

Mientras nos empeñemos en que 20 por ciento de los mexicanos siga gozando de 80 por ciento de la riqueza nacional y el otro 80 por ciento del 20 por ciento restante, México seguirá siendo ingobernable y corrupto.

 

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