El WJP y nuestro destartalado Estado de Derecho

El WJP y nuestro destartalado Estado de Derecho

 

El World Justice Project (WJP) es una asociación civil internacional, con sede en Washington, D.C. Su misión es medir e impulsar el fortalecimiento del Estado de Derecho en el mundo. Fue fundada por William H. Neukom en 2006 y, desde entonces, ha ido acrecentando su autoridad. Los índices que publica cada año son referencia obligada.

En octubre de 2018, el WJP dio a conocer el índice del Estado de Derecho en México y, en marzo de 2019, su índice en el mundo. El estudio registra cómo se percibe la justicia a través de 44 indicadores, agrupados en ocho categorías, a cada una de las cuales otorga un puntaje: restricciones al poder gubernamental, ausencia de corrupción, rendición de cuentas, salvaguarda de los derechos humanos, orden y seguridad, mejora regulatoria, Derecho civil y Derecho penal.

Como era de esperarse, los países mejor evaluados fueron Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, los Países Bajos, Alemania, Austria, Nueva Zelanda, Canadá y Estonia. Australia, el Reino Unido y Singapur quedaron a una décima de Estonia. México quedó en 99° lugar.

Si los resultados de 2018 resultaron desalentadores para México, los de este año fueron devastadores: de 126 países evaluados, sólo 27 estuvieron por debajo de nosotros: Irán, Myanmar, Uganda, Nicaragua y la República Democrática del Congo, entre otros. Venezuela quedó en un predecible último lugar.

¿Cómo se explica que en 2018 México haya quedado en el lugar 92, cayendo cuatro posiciones respecto de 2017, cuando alcanzó el sitio 88? Aunque en 2018 se evaluó a 113 países, los puntajes por área de México disminuyeron. En percepción mundial, estamos por debajo de Guatemala, Liberia y Sierra Leona.

En el único rubro donde salimos bien calificados fue en rendición de cuentas (open government), que va del derecho a la información a la participación de la sociedad civil. Aquí se nos asignó el lugar 35. No hay que subestimar, por ende, los servicios del INAI y de los órganos de transparencia que, contra viento y marea —y aun sin ejercer sus facultades sancionadoras— se desgañitan exigiendo que los gobiernos digan en qué gastaron los recursos públicos. Pero también hay que reconocer el papel de las OSC.

Donde peor evaluados salimos fue en el tema de la corrupción: conseguimos el lugar 117 de 126. ¿Tan pobre es la imagen que proyecta México en este campo? Contra lo que pudieron esperar la mujer o el hombre que leen periódicos, los poderes judiciales —federal y locales— fueron percibidos tan corruptos como policías y militares.

En orden y seguridad se nos aplaude la ausencia de conflictos civiles, pero los altos índices delictivos hacen que también reprobemos en esta categoría. En materia de derechos humanos, el respeto que se tiene por las otras religiones y por la libertad de asociación contrasta con el mínimo interés que, según WJP, damos al debido proceso. En Derecho penal se advierte que hacemos malas investigaciones policiales y que nuestro sistema carcelario es catastrófico.

Podemos aducir que WJP es una institución ajena a nuestra realidad, que no tiene el cuadro completo, que exageró... pero sabemos que estos argumentos no se sostienen, particularmente cuando pensamos que entidades como Guerrero y Tamaulipas están prácticamente fuera de nuestro sistema legal. Si lo que queremos es resultar atractivos para la inversión extranjera y el turismo, necesitamos revisar qué estamos haciendo mal y —lo más importante— quiénes lo están haciendo mal: ¿policías?, ¿jueces?, ¿servidores públicos que dicen atender a los migrantes?, ¿funcionarios a cargo de administrar nuestros impuestos? Todo indica que quienes más han fallado son los diputados y senadores, redactando leyes tan rimbombantes como ineficaces.

Al preservar el Estado de Derecho, aseguran Michael J. Trebilcock y Mariana Mota, “la ley desempeña un papel instrumental decisivo en la promoción del desarrollo económico, y se le debe asignar la mayor prioridad en términos de desarrollo”. Esto abarca el respeto a los derechos humanos y la lucha contra la impunidad, sí, pero también los derechos de propiedad y el cumplimiento de los contratos.

El índice de WJP debe ser una invitación para que revisemos cómo estamos eligiendo a los ministros de la Suprema Corte y a los comisionados de la Comisión Reguladora de Energía (CRE); cómo hemos diseñado los instrumentos que dimos a organismos como la CNDH para cumplir con sus funciones; qué mecanismos tenemos para impulsar la participación ciudadana y qué tan viable es echar a andar nuestro paquidérmico Sistema Nacional Anticorrupción, más allá de la simulación que ha significado hasta hoy. “Las malas leyes son la peor forma de corrupción”, decía Burke. Todo indica que tenía razón.

 

Ángel M. Junquera Sepúlveda

Director

 

5559-2250 / 5575-6321 / 5575-4935 - Aviso de Privacidad - Términos y Condiciones

El Mundo del Abogado