Gasolina y política

Gasolina y política

 

El huachicoleo comenzó en México como un delito menor. Las pérdidas se consideraban tan pequeñas que ni Petróleos Mexicanos (PEMEX) ni el gobierno federal les dieron importancia. Por otra parte, los sistemas de medición de PEMEX nunca han sido precisos y ni la fragmentación de esta empresa productiva del Estado, ni la mala comunicación entre los organismos que la integran (¿cómo saber cuánto se robaba si ni siquiera se sabía cuánto se transportaba?) permitían saber las cantidades de lo extraído de manera ilegal.

Pero a principios del sexenio pasado el huachicol fue descubierto por la delincuencia organizada y, entonces sí, el movimiento financiero comenzó a arrojar pistas de las cantidades de las que se hablaba: 60,000 millones de pesos. Esto era para alarmar a cualquiera. El robo de combustible se convirtió, de la noche a la mañana, en un negocio más lucrativo que el narcotráfico o la venta de armas. A pesar de lo anterior, el presidente Enrique Peña Nieto no quiso emplear su capital político para enfrentar el problema.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en cambio, vio una oportunidad para consolidar su liderazgo. Anunció que se cerrarían los ductos “para acabar con el robo” (fue lo que dijo). El desabasto que provocó esto generó descontento entre los usuarios de automóviles y regocijo entre quienes no eran dueños de uno: “Que sufran los ricos”, exclamaron ufanos. Se envió, entonces, a la secretaria de la Función Pública, a comprar pipas a Nueva York, lo cual no sólo desató las burlas de los caricaturistas, sino que preocupó a los expertos: el transporte de gasolina en pipas no sólo era 14 veces más caro, dijeron, sino más lento y peligroso. Dañaba las carreteras y presagiaba accidentes fatales. Algunos drones conectados a los centros de monitoreo bastarían y sobrarían para acabar con el problema, añadieron… El bloqueo de las carreteras por profesores del CNTE (fue lo que dijo) dio la razón a los críticos. El desabasto dejó de ser problema en la Ciudad de México, pero aumentó en las entidades federativas y, en algunos casos, como en Jalisco, se miró como algo intencional.

Puesto que los sulfatos de nuestro crudo hacen difícil refinarlo y ni el Maya, ni el Olmeca, ni el Itsmo permiten igualar la calidad del Texas, siempre ha sido más barato comprar gasolina que procesarla en las seis refinerías con las que cuenta México. El 90 por ciento de la gasolina que se utiliza en México se compra a Estados Unidos.

Jorge C. Castañeda señaló que los inventarios de cuatro de las 75 terminales de almacenamiento estaban en ceros, pues no se habían efectuado compras recientes a Estados Unidos. El robo a los ductos, insinuó, sólo había sido un pretexto para cambiar de proveedor o para legitimar el hecho de que —aunque resultara carísimo— el petróleo iba a empezar a refinarse en México.

El estallido que el 18 de enero pasado sacudió a Tlahuelilpan, Hidalgo, cobró la vida de más de 115 personas y provocó graves quemaduras a otras muchas, arrojó alguna luz sobre el debate. Quedó claro, para empezar, que el ejército no está capacitado para dispersar a una multitud sin disparar sus armas. Más allá de las excusas del titular de la SEDENA —excusas refutadas por la CNDH—, parece urgente la capacitación de una policía capaz de enfrentar estos casos, como ocurre en países más desarrollados.

En cuanto a los saqueadores, más de uno llegó a defenderse: “Si el petróleo es del pueblo, ¿a quién robamos?” De aquí deriva una segunda lección: hace falta un cambio cultural. Tiene que entenderse que las ganancias del petróleo no pueden distribuirse al margen de la ley, con tubos perforados, cubetas y bidones.

Finalmente, los mexicanos tenemos que entender que nuestro presidente es un político de cepa. Su principal preocupación es mantener el poder para impulsar el nacionalismo. Éste tiene indiscutibles ventajas pero, también, riesgos insoslayables. Andrés Manuel López Obrador desconfía de Estados Unidos y, quizás, como piensa Castañeda, dejó de adquirir petróleo deliberadamente —como pronto dejará de adquirir medicinas y otros insumos—, convencido de que “México debe ser autosuficiente”.

Debemos esperar, sin embargo, que las acciones políticas del nuevo gobierno no vayan a provocar la insolvencia de PEMEX, como los gobiernos de izquierda lo consiguieron en Venezuela (Pdvsa) y en Brasil (Petrobras). Al nacionalismo y a la política debe sumarse una visión económica y financiera que mucho ayudaría a México. La degradación que hizo la calificadora crediticia Fitch a Pemex nos debe alertar.

 

Ángel M. Junquera Sepúlveda

Director

 

5559-2250 / 5575-6321 / 5575-4935 - Aviso de Privacidad - Términos y Condiciones

El Mundo del Abogado