La Suprema Corte se anota un diez

La Suprema Corte se anota un diez

Parecía un laberinto sin salida: si la Suprema Corte declaraba improcedente la solicitud realizada por Andrés Manuel López Obrador para que se autorizara la consulta popular que permitiría llevar al cabo el enjuiciamiento de los expresidentes de la República, habría obtenido un aplauso. Después de todo, la pregunta estaba mal planteada y la Corte no era la instancia para responderla. 

El aplauso habría provenido de la academia, de la comunidad jurídica y de las organizaciones de la sociedad civil. Al mismo tiempo, innumerables agrupaciones sociales y políticas la habrían calificado de cómplice de la corrupción: “La Suprema Corte es la suprema guardiana de la impunidad”, habrían escrito los gacetilleros: “Quiere que los expresidentes queden impunes por los delitos cometidos... Se opone al pueblo”.

Acto seguido, turbas salidas de quién sabe dónde —“el pueblo indignado”— irían a pintarrajear el edificio del Máximo Tribunal y no faltaría quien exigiera que éste desapareciera, como lo habían adelantado Félix Salgado Macedonio y otros políticos virulentos que quisieran armar una Corte a modo.

Si, por otra parte, la Corte hubiera “autorizado” sin más la consulta para juzgar a los expresidentes, los gacetilleros la habrían aplaudido. Más aún si lo hubiera hecho por unanimidad. Pero la academia, la comunidad jurídica y las organizaciones de la sociedad civil habrían emitido un fallo indubitable: “El Máximo Tribunal se ha entregado a los caprichos presidenciales”.

Por esto, la resolución que adoptó la Corte para reformular la pregunta y abordarla desde una perspectiva de responsabilidad de los servidores públicos, para separar por temas las dudas del presidente y sugerir que la pregunta de la consulta sea más clara, fue un alarde de agudeza. 

No hay que ser abogado para saber que, cuando se comete un delito, éste tiene que perseguirse. Apegándose al debido proceso y velando por los derechos humanos de los imputados, desde luego. De hecho, si alguien tiene pruebas de una conducta delictiva, debe aportarlas de inmediato para que la autoridad inicie la investigación. Todos sabemos, por tanto, que la consulta —de llevarse a cabo— acabará por confirmar lo que ya dice la ley.

Pero el tema no era sólo jurídico: era político. El presidente López Obrador iba en busca de legitimidad y, como bien lo apuntó el ministro presidente, Arturo Zaldívar, la Corte no podía desconocer la naturaleza jurídica del fallo. No puede hacerlo nunca. Un día antes de que la Corte resolviera, el presidente López Obrador advirtió que si ésta rechazaba la consulta —con el costo desmesurado que iba a tener para la Judicatura federal— él la llevaría al cabo, así tuviera que reformar la Constitución. “Yo espero que los ministros tomen en cuenta el sentimiento de los ciudadanos”, expresó.

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