La tenue línea entre elusión y evasión

La tenue línea entre elusión y evasión

 

Pagar impuestos es fundamental para el desarrollo económico, político y social de un país. Es, también, la mejor forma de atemperar las asimetrías del mercado, que suelen dejar en el abandono a millones de personas.

En México, sin embargo, decenas de personas físicas y morales no los pagan o pagan una cantidad ridícula que no corresponde a sus ingresos. Así lo ha denunciado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Que exista corrupción o mala administración —que existen, por supuesto, y deben combatirse por separado— no puede ser pretexto para incumplir las obligaciones tributarias.

Por otra parte, el Derecho penal es la última respuesta de un Estado cuando el Derecho civil, familiar, fiscal, laboral y administrativo fracasan. El castigo pretende disuadir a las personas para que no incurran en aquellas conductas que el Estado reprueba. Evadir impuestos, por ejemplo.

Lo anterior viene a colación a raíz de la propuesta para reformar el artículo 5-A del Código Fiscal de la Federación, que se ha presentado en el Congreso de la Unión. El último párrafo de este artículo señala: “La expresión razón de negocios será aplicable con independencia de las leyes que regulen el beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente. Los efectos fiscales generados en términos del presente artículo en ningún caso generarán consecuencias en materia penal.”

La última frase llama la atención: ¿se haga lo que se haga no se generarán consecuencias penales? ¿Esto puede garantizarlo la parte administrativa del Código Fiscal? Suena a cláusula de impunidad... Quienes han seguido la evolución del ordenamiento, saben que la prescripción está ahí porque algunos despachos fiscales tuvieron la suficiente capacidad persuasiva para incluirla... y aliados que les permitieron salirse con la suya. Pero esta cláusula es un sinsentido por donde se mire.

Desde luego, la frase ha servido para diseñar estrategias fiscales cuyo propósito es, lisa y llanamente, eludir el pago de impuestos. “El delito es la evasión fiscal; no la elusión”, aducen los despachos. Pero cuando lo que resulta de una estrategia fiscal es que algunos de sus clientes no aporten los recursos que les toca para que se construyan hospitales, escuelas, carreteras y mercados; para que no se paguen los salarios de policías y servidores públicos; para que los servicios de agua y luz no lleguen a la población más pobre, la línea entre elusión y evasión se difumina.

Por lo anterior, resulta encomiable el esfuerzo que se está haciendo para reformar el mencionado ordenamiento, el cual quedaría así, según los informes recientes de la Procuraduría Fiscal: “Los efectos que la autoridad otorgue a los actos jurídicos de los contribuyentes, derivado de la aplicación del presente artículo, se limitarán a la determinación de las contribuciones, sus accesorios y multas correspondientes, sin perjuicio de las investigaciones y la responsabilidad penal que pudieran originarse con relación a la comisión de los delitos previstos en este Código.”

Cualquier abuso de la autoridad hacendaria debe denunciarse y castigarse, naturalmente. El terrorismo fiscal debe condenarse, como lo hizo, incluso, Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado. Pero no podemos aspirar a ser un país moderno si pretendemos establecer cláusulas de impunidad que, dentro de las propias leyes, aparenten ser causas de justificación y puedan esgrimirse ante juzgados, tribunales y hasta ante la Suprema Corte para no pagar impuestos y, encima, no ser importunados por no hacerlo. Muchos de los problemas de México —la desigualdad, en primer término— devienen del rechazo de muchas personas a cumplir con sus obligaciones. Cumplamos con ellas sin buscar leyes a modo.

 

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