Los ministros en la mira

Los ministros en la mira

A raíz de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador contra los altos sueldos del Poder Judicial de la Federación —concretamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación—, ministros, magistrados y jueces han salido al ruedo. “Los salarios del Poder Judicial de la Federación”, han señalado, “garantizan nuestra independencia”.

Pero, como señaló Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la honestidad de un juez no puede estar ligada a sus percepciones económicas. Tiene razón: si un juzgador es deshonesto, da igual que gane 5, 50 ó 500… Su salario sólo será un indicativo de lo que costaría corromperlo.

A juzgar por la docilidad que ha mostrado la Suprema Corte en los últimos años, sin embargo, parece que los altos sueldos y prestaciones han garantizado lo contrario: su dependencia del gobierno federal.

Nuestro Máximo Tribunal no podría ser más cómodo para la clase política y esta baza, que le ha servido para sobrevivir durante tanto tiempo, hoy jugará en su contra: más allá de la familia judicial, pocos son los que ven un tribunal constitucional por el que valga la pena dar batalla. La defensa que se ha hecho a la división de poderes ha tenido un carácter abstracto.

Nadie niega, desde luego, la labor de la Corte como tribunal de casación. Se le reconoce que haya intervenido donde jueces y magistrados han sido omisos. Que haya auxiliado a aquellas mujeres a las que se les ha negado el servicio médico en el ISSSTE y a empleados que fueron despedidos injustificadamente. A asociaciones a las que se les pretendía cobrar impuestos de más y a personas a las que se les condenó sin respetárseles el debido proceso. Como tribunal de casación ha sido impecable.

En materia constitucional, no obstante, las cosas cambian. Su cautela ha quedado patente en resoluciones como haber aprobado, contra toda lógica, la prolongación del periodo de los magistrados del TRIFE o en su negativa a entrarle al fondo al etiquetado de bebidas y alimentos para que los mexicanos tuviéramos información que nos garantizara el derecho a la salud.

Se advirtió, también, en su fallo de que la información financiera de un imputado se pudiera obtener sólo a través de un juez y no de un agente del Ministerio Público, como señalaba la ley. En cuanto la profesora Elba Esther fue liberada, la decisión se revirtió. Y, así, ad infinitum

Lo anterior, desde luego, no justifica que una turbamulta haya cerrado el paso al automóvil en el que se trasladaba un funcionario menor del Consejo de la Judicatura, al que los grupos de choque confundieron con un integrante del Pleno, ni que se organicen plantones frente al edificio de la Corte para insultar a los ministros, la mayoría de ellos funcionarios honestos y competentes. Menos aún que los legisladores de Morena hayan iniciado un juicio político contra el ministro Alberto Pérez Dayán, que hizo valer correctamente una suspensión, aduciendo que lo hacía en el espíritu del artículo 1° de nuestra Carta Magna, el cual permite usar cualquier recurso para defender un derecho humano, como es la retribución salarial.

Mantener tan altos sueldos y prestaciones será difícil en la “Cuarta Transformación” —bastará con que se vayan haciendo ajustes paulatinos para lograrlo—, pero reinventarse no sólo será posible sino necesario. La división de poderes es fundamental para el desarrollo de cualquier país.

La comunidad jurídica está obligada a defender a la Suprema Corte, pero su mejor defensa tendrá que hacerla ella misma. Ahora que inicia 2019, con un nuevo presidente, tendrá una oportunidad inmejorable para transformarse en el tribunal constitucional al que aspiramos los mexicanos. Su fuerza no estará en ceder sino en resistir y hacer contrapeso a los otros dos poderes. Se lo debe a México.

 

Ángel M. Junquera Sepúlveda

Director

 

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