Los ministros en la mira

Los ministros en la mira

A raíz de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador contra los altos sueldos del Poder Judicial de la Federación —concretamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación—, ministros, magistrados y jueces han salido al ruedo. “Los salarios del Poder Judicial de la Federación”, han señalado, “garantizan nuestra independencia”.

Pero, como señaló Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la honestidad de un juez no puede estar ligada a sus percepciones económicas. Tiene razón: si un juzgador es deshonesto, da igual que gane 5, 50 ó 500… Su salario sólo será un indicativo de lo que costaría corromperlo.

A juzgar por la docilidad que ha mostrado la Suprema Corte en los últimos años, sin embargo, parece que los altos sueldos y prestaciones han garantizado lo contrario: su dependencia del gobierno federal.

Nuestro Máximo Tribunal no podría ser más cómodo para la clase política y esta baza, que le ha servido para sobrevivir durante tanto tiempo, hoy jugará en su contra: más allá de la familia judicial, pocos son los que ven un tribunal constitucional por el que valga la pena dar batalla. La defensa que se ha hecho a la división de poderes ha tenido un carácter abstracto.

Nadie niega, desde luego, la labor de la Corte como tribunal de casación. Se le reconoce que haya intervenido donde jueces y magistrados han sido omisos. Que haya auxiliado a aquellas mujeres a las que se les ha negado el servicio médico en el ISSSTE y a empleados que fueron despedidos injustificadamente. A asociaciones a las que se les pretendía cobrar impuestos de más y a personas a las que se les condenó sin respetárseles el debido proceso. Como tribunal de casación ha sido impecable.

En materia constitucional, no obstante, las cosas cambian. Su cautela ha quedado patente en resoluciones como haber aprobado, contra toda lógica, la prolongación del periodo de los magistrados del TRIFE o en su negativa a entrarle al fondo al etiquetado de bebidas y alimentos para que los mexicanos tuviéramos información que nos garantizara el derecho a la salud.

Se advirtió, también, en su fallo de que la información financiera de un imputado se pudiera obtener sólo a través de un juez y no de un agente del Ministerio Público, como señalaba la ley. En cuanto la profesora Elba Esther fue liberada, la decisión se revirtió. Y, así, ad infinitum

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