Nuestra Constitución cumple 99 años

Nuestra Constitución cumple 99 años
Este mes se cumplen 99 años de la promulgación de nuestra Carta Magna, por lo que resulta inevitable preguntarnos qué ha ido bien y qué no ha ido tan bien en México a partir del diseño constitucional que nos ha sostenido como nación. 

Considerando las innumerables reformas que ha sufrido el texto constitucional, y a riesgo del lugar común, podríamos concentrarnos sólo en sus grandes líneas: ¿de veras somos una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos, como lo proclama el artículo 4°? Medianamente: nuestros legisladores representan los intereses de los partidos políticos —y los de sus dueños— y no hay que hacernos ilusiones de que esta partidocracia vaya a cambiar. El hombre de la calle ni está ni se siente representado a través de sus legisladores, a los que, en la mayoría de los casos, ni conoce. La no reelección, que se entiende en un contexto histórico, podría ser causa de este desinterés, tanto de los legisladores como de la sociedad. Afortunadamente, esto está a punto de cambiar.

En cuanto al federalismo, las satrapías en las que se convirtieron muchos estados, donde el gobernador actuaba como auténtico señor feudal, han obligado a un incesante movimiento pendular: a veces ha habido más federalismo y, a veces, menos. Hoy, el péndulo va hacia el centralismo. El presidente Enrique Peña sabe, como pocos, cuáles son los alcances y los límites de un gobernador y, por lo mismo, ha reconvertido muchos ordenamientos federales en ordenamientos nacionales para frenar sus abusos. Considera que si no hay control desde el centro, el pretendido federalismo sólo será una fuente de corrupción. El debate actual sobre el mando único de las policías es emblemático.

Por lo que a nuestros niveles democráticos toca, hemos avanzado, pero el trecho que aún hay que recorrer es inmenso. Las justas electorales son auténticas y los controles en cada elección son eficaces. Las instituciones que debieran dirimir los conflictos electorales, sin embargo, están llenas de fisuras. Bastaría revisar los bandazos del INE y la parcialidad con la que suele conducirse el TRIFE, a pesar de que este último presuma haber resuelto más de 20,000 juicios en 2015. Ambas instituciones se han dedicado a mantener contentos a los partidos políticos, más que a garantizar el régimen democrático. ¿O será que, al final, la democracia es mantener contentos a los partidos?

Sobre el laicismo —un concepto recientemente introducido, pero presente desde 1917— hay que decir que éste sigue siendo un ideal. La influencia de la Iglesia católica es apabullante. Particularmente en los municipios más pobres. Es cierto que la religión ayuda al control social: las ideas del pecado y el miedo al castigo divino siguen facilitando que la gente se porte “bien”. Pero han contribuido, asimismo, a limitar su iniciativa, su empuje y su espíritu crítico. La resignación es su sino: “No importa que hoy seas pobre y padezcas —enseña la religión católica—: en la otra vida, serás recompensado, pues Jesús enseñó que serían bienaventurados los que sufrían y lloraban”. La cantidad de escuelas religiosas confirma que el laicismo es más un horizonte que una realidad. Los esfuerzos que ha hecho la Iglesia católica por evitar que en las entidades legislativas se despenalice el aborto o se permita el matrimonio entre personas del mismo sexo da cuenta de nuestro fallido laicismo.

La división de poderes, por su parte, tampoco es modélica. Los jueces locales siguen sometidos a los gobernadores y es casi imposible prosperar en una entidad federativa si no se cuenta con el aval del señor feudal de dicha entidad. Si bien se cuenta con el amparo federal, esto no es lo que persigue el federalismo ni la división de poderes: el México que merecemos implicaría que los asuntos judiciales terminaran en cada entidad federativa. Los porcentajes de apelación son escandalosos, lo que revela falta de confianza en la justicia local. “La sociedad ha perdido confianza en sus instituciones —declaró a finales de enero pasado el ministro Fernando Franco— y, entre ellas, en las de la justicia”.

Nuestra Suprema Corte, en el ínterin, sigue oscilando en su esquizofrenia: no ha definido aún si es un tribunal de tercera instancia —aunque la mayoría de sus decisiones se inclinan hacia esta personalidad— o un tribunal constitucional, capaz de echar abajo disposiciones y leyes que se opongan a la Constitución, como se lo permitiría el artículo 105.

Las decisiones de la Corte sólo afectan a los que consiguen su protección. Como ejemplo, tenemos el uso lúdico de la mariguana. En teoría, todos los mexicanos tendrían derecho a éste. En la práctica, hay que tener dinero y tiempo para solicitar y tramitar un amparo. Si no se cuenta con estos recursos, la ley no beneficia a quien sí se beneficiaría si los tuviera. ¿Cómo se le explica a un abogado inglés o norteamericano que para cinco ciudadanos es constitucional sembrar y consumir más de cinco gramos de mariguana, pero no para el resto de los mexicanos? ¿Cuál es el fundamento del privilegio? ¿Ésta es la democracia que consagramos en 1917?

Al final, habría que hacernos la pregunta obligada: ¿México necesita una nueva Constitución? No se trata de cambiar por cambiar, pero tampoco de conservar lo que ya no tiene ninguna operabilidad o lo que se ha convertido en mera simulación. Tengamos el valor de admitir qué funciona y qué no.

5559-2250 / 5575-6321 / 5575-4935 - Aviso de Privacidad - Términos y Condiciones

El Mundo del Abogado