¿Quién teme a la extinción de dominio?

¿Quién teme a la extinción de dominio?

 

El pasado 9 de agosto se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Nacional de Extinción de Dominio. A juzgar por algunas editoriales y algunas caricaturas de la prensa, con esta ley da inicio un régimen totalitario, donde la propiedad privada está por desaparecer.

En su siempre controvertida cuenta de Twitter, el antiguo senador Javier Lozano escribió: “Esta legislación es una aberración y un auténtico riesgo para la propiedad privada. No es propio de un Estado de Derecho. Hay que echarla abajo sin titubeos. Este régimen autoritario no tiene llenadera”.

Quienes la combaten consideran que el hecho de que la ley permita ejercer la acción de extinción de dominio, aun cuando no se haya acreditado la responsabilidad penal, es arbitrario e inconstitucional. “Atenta contra el debido proceso y la presunción de inocencia”, claman escandalizados. El presidente Andrés Manuel López Obrador, añaden, contará con herramientas para “expropiar” bienes de particulares a su merced.

Pero ¿realmente se afectará la propiedad privada y el derecho humano al patrimonio? La respuesta es no. El tema es más simple: si una persona tiene propiedades que no logra justificar, puesto que las obtuvo traficando drogas, personas o armas, tendrá que explicar cuál es el origen de esas propiedades. Nada más.

Dado que el proceso de extinción de dominio es autónomo del proceso penal y no busca que nadie acabe en prisión, la presunción de inocencia no tendrá que ver con este ejercicio en el que se revierte la carga de la prueba. La extinción de dominio es, más bien, un juicio de carácter civil, el cual no prejuzga sobre la culpabilidad del imputado en materia penal: únicamente analiza el origen de los bienes y si éste es lícito o no.

Basta ver cuáles son los hechos ilícitos por los cuales se podría iniciar un juicio de extinción de dominio para advertir que nada está más alejado de la realidad. Sólo si un bien tiene relación con delincuencia organizada, huachicoleo, secuestro, narcotráfico, trata de personas, hechos de corrupción, encubrimiento, robo de vehículos, lavado de activos o extorsión (derecho de piso) puede ser objeto de la acción. De lo contrario, es improcedente.

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