¿Quién teme a la extinción de dominio?

¿Quién teme a la extinción de dominio?

 

El pasado 9 de agosto se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Nacional de Extinción de Dominio. A juzgar por algunas editoriales y algunas caricaturas de la prensa, con esta ley da inicio un régimen totalitario, donde la propiedad privada está por desaparecer.

En su siempre controvertida cuenta de Twitter, el antiguo senador Javier Lozano escribió: “Esta legislación es una aberración y un auténtico riesgo para la propiedad privada. No es propio de un Estado de Derecho. Hay que echarla abajo sin titubeos. Este régimen autoritario no tiene llenadera”.

Quienes la combaten consideran que el hecho de que la ley permita ejercer la acción de extinción de dominio, aun cuando no se haya acreditado la responsabilidad penal, es arbitrario e inconstitucional. “Atenta contra el debido proceso y la presunción de inocencia”, claman escandalizados. El presidente Andrés Manuel López Obrador, añaden, contará con herramientas para “expropiar” bienes de particulares a su merced.

Pero ¿realmente se afectará la propiedad privada y el derecho humano al patrimonio? La respuesta es no. El tema es más simple: si una persona tiene propiedades que no logra justificar, puesto que las obtuvo traficando drogas, personas o armas, tendrá que explicar cuál es el origen de esas propiedades. Nada más.

Dado que el proceso de extinción de dominio es autónomo del proceso penal y no busca que nadie acabe en prisión, la presunción de inocencia no tendrá que ver con este ejercicio en el que se revierte la carga de la prueba. La extinción de dominio es, más bien, un juicio de carácter civil, el cual no prejuzga sobre la culpabilidad del imputado en materia penal: únicamente analiza el origen de los bienes y si éste es lícito o no.

Basta ver cuáles son los hechos ilícitos por los cuales se podría iniciar un juicio de extinción de dominio para advertir que nada está más alejado de la realidad. Sólo si un bien tiene relación con delincuencia organizada, huachicoleo, secuestro, narcotráfico, trata de personas, hechos de corrupción, encubrimiento, robo de vehículos, lavado de activos o extorsión (derecho de piso) puede ser objeto de la acción. De lo contrario, es improcedente.

La extinción de dominio se enfoca en las actividades delictivas más lesivas para la sociedad mexicana y no es un simple capricho del Poder Legislativo, sino que, incluso, es una figura jurídica que México lleva aplicando desde 2009, si bien con instrumentos tan poco afilados que nunca surtió los efectos buscados.

La ley prevé, asimismo, qué actuaciones y etapas comprende el juicio y las formalidades del procedimiento hasta el dictado de la sentencia. Todo ello, bajo estricto control judicial. El debido proceso está a salvo.

Las personas cuyos bienes estén sujetos a la posible extinción de dominio, por añadidura, siempre tendrán la posibilidad de acudir a recursos legales como el amparo en contra de las sentencias y la suspensión del acto reclamado. Incluso antes de que concluyan los juicios.

La extinción de dominio sirvió en Italia en el combate a estructuras tan peligrosas como las mafias de ese país, con características similares a lo que hoy es vigente en México. La intención es, simplemente, quitar el patrimonio mal habido a los delincuentes y no esperar el larguísimo camino en que, primero, había que probarles que eran delincuentes.

Combatir a los grupos de la delincuencia organizada exige medidas eficaces. Sin embargo, pareciera que las acciones emprendidas hasta el momento por las autoridades del Estado no han dado buenos resultados. Esto puede deberse a que no se han implementado esquemas ni acciones legales que les peguen donde más les duele: en sus bolsillos. La extinción de dominio busca hacer mella en los grandes patrimonios amasados por estos grupos.

¿Que la extinción de dominio podría prestarse a abusos por parte de las autoridades políticas del país? Probablemente. Como cualquier otra figura. Ante ello, existen mecanismos de impugnación, así como la posibilidad de exigir al Estado la reparación del daño cuando sucedan arbitrariedades.

Tal vez sea momento de dejar de darle un tono político a las estrategias de seguridad pública y permitir que las autoridades apliquen medidas focalizadas de combate a la delincuencia organizada. Esto, claro está, si en verdad queremos que en México prime el Estado de Derecho. Si usted tiene propiedades mal habidas, hará bien en preocuparse.

 

Ángel M. Junquera Sepúlveda

Director

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