Seguridad: ¿mano dura o mano blanda?

Seguridad: ¿mano dura o mano blanda?

Como lo querían los pensadores clásicos y, hoy día, lo repite el Banco Mundial, la razón de ser del Estado moderno es garantizar la seguridad de sus integrantes. No mucho más. De poco serviría una economía sana, unos servicios de abasto, salud y educación eficientes, si nadie tuviera la certeza de poder disfrutarlos.

Si, como explicaba el recientemente fallecido Douglas North, la capacidad de fiscalizar fuera lo que define al Estado, incluso los impuestos que se recaudaran perderían su razón de ser en un escenario de zozobra e incertidumbre acerca de la vida y la propiedad de cada individuo. 

En el siglo XXI, frente a los ataques terroristas del ISIS, que prometen repetirse, ante las olas migratorias de refugiados sirios y ante el empuje de la delincuencia organizada, la visión de Thomas Hobbes parece más vigente que nunca.

Por lo tanto, ha hecho bien el presidente Enrique Peña Nieto al concentrar sus esfuerzos en el tema de la seguridad nacional y la seguridad pública en México. Él mismo ha dicho, sin embargo, que no obstante sus “grandes logros en seguridad”, aún queda mucho por hacer en México.

Para citar ejemplos de lo que todavía resta por hacer, ahí está nuestra altísima tasa de homicidios —12.8 intencionales por cada 100,000 habitantes—, que la Organización Mundial de la Salud, destacó La Jornada, podría calificar de “endémica”, dado que una epidemia supone 10 personas muertas por cada 100,000 habitantes. En este rubro macabro, el estado de Guerrero se lleva las palmas, con casi 16,000 homicidios en 2015.

Pero no sólo está Guerrero. Tamaulipas es, asimismo, un ejemplo que debiera quitarnos el sueño. Casi todas las carreteras del estado, particularmente las que atraviesan San Fernando, Carbonera y Padilla, han sido convertidas en feudo de los cárteles de El Golfo y Los Zetas. Matamoros, Reynosa y Ciudad Victoria no se quedan atrás. Tamaulipas parece otro país, donde el gobierno local y el federal han perdido su capacidad de respuesta.

Para afrontar este problema, el presidente Peña Nieto ha adoptado algunas medidas oportunas —medidas que ya examinaremos más adelante en este espacio— y ha hecho nombramientos que también lo parecen: Arely Gómez, procuradora general de la República, y Renato Salas Heredia, titular de la Comisión Nacional de Seguridad, entre ellos. Ambos han demostrado, con su gentileza y su cordialidad —casi opuesta a la de algunos de sus antecesores— que la mano derecha no va reñida con la izquierda.

Arely Gómez ha logrado establecer innumerables contactos de comunicación y diálogo con la sociedad civil, abriendo espacios de participación y promoviendo una política de transparencia que no se había visto antes en la institución. Sales Heredia, por su parte, ha conseguido impulsar, en poco tiempo, la dignificación de los cuerpos de seguridad.

¿Que qué tienen que ver el diálogo y la dignificación de estos cuerpos con la seguridad nacional y la seguridad pública? Muchísimo: sin negar la importancia de la “mano dura”, hay que admitir que la seguridad no puede ser resultado exclusivo de redadas, arrestos, aprehensiones y condenas, como claman los partidarios de todo régimen autoritario. Su consecución exige una participación activa de la sociedad civil, así como una restitución de los tejidos sociales.

Ante la exigencia de Estados Unidos y Europa para que “vigilemos mejor” las redes sociales; ante la entrada en vigor del sistema acusatorio, programado para este 2016, y ante la conversión de la Procuraduría General de la República en Fiscalía General, la rendición de cuentas estará a la orden del día. A medida que nuestra sociedad es más crítica y conquista nuevos espacios, a medida que el mundo se globaliza, la seguridad nacional y la seguridad pública —también lo advirtió el presidente— se vuelven un problema en el que todos estamos involucrados.

La evaluación de servidores públicos y de políticas públicas será la regla. De aquí que la labor de Arely Gómez y Renato Sales esté resultando tan relevante en la construcción de nuestra seguridad. Ya se trate de investigar qué ocurrió en Acteal, de averiguar el paradero del Chapo o de enfrentar el próximo dictamen de los “expertos” en el caso de Ayotzinapa, son personas del perfil de Arely Gómez y Renato Sales las que se van a necesitar.

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