Un voto de confianza a la reforma judicial

Un voto de confianza a la reforma judicial

 

Tras un intenso estira y afloja y dos días de parlamento abierto en que se escucharon voces a favor y en contra; tras las atinadas observaciones de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED), el Senado aprobó la reforma judicial. Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte, declaró que se trata de la reforma más trascendente desde 1994: “Tengo confianza en que las diputadas y diputados se sumarán a este esfuerzo del Estado por una mejor justicia”, añadió.

La reforma, entre otras cosas, sustituye los tribunales unitarios por tribunales colegiados de apelación, y los plenos de circuito por plenos regionales; modifica los mecanismos de selección y permanencia dentro de la carrera judicial y, en los casos en que se impugnen los resultados de un concurso, se transfiere el recurso de revisión administrativa de la Suprema Corte al Consejo de la Judicatura.

Lo más relevante de la reforma son, sin duda, las limitaciones que se fijan a la controversia constitucional para que ésta sólo proceda en casos de violaciones directas a la Constitución y la reafirmación del carácter extraordinario del recurso de revisión en los juicios de amparo directo.

Esto disgustó a algunos senadores. Dante Delgado, coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, denunció que la reforma se había llevado a cabo “en una curiosa coalición con la presidencia de la República” y que, por ende, contenía “elementos peligrosos para el futuro del país”. Germán Martínez Cázares, su colega morenista, lo secundó: “Con ésta vamos a consolidar el presidencialismo en el Poder Judicial”.

La preocupación de ambos reside, al parecer, en que la reforma otorga nuevos poderes al presidente de la Corte —que lo es también del Consejo de la Judicatura—, pues será éste quien decida, de forma unilateral, si proceden o no los recursos de revisión en los amparos. Pero ¿de veras serán estas situaciones “propias de un tribunal de Torquemada”, como denunció Dante Delgado?

Todo indica que no. Las controversias constitucionales, de las que el foro jurídico ha abusado, dejarán de estudiarse en la Corte cuando sólo plantean cuestiones de legalidad. Esto permitirá que nuestro Máximo Tribunal se concentre en los conflictos de relevancia Constitucional.

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