Ya no hay mucho que debatir sobre la mariguana

Ya no hay mucho que debatir sobre la mariguana

“¿Quién frena a la mariguana?”, pregunta Proceso en su número del 8 de noviembre pasado. La pregunta es relevante después de la decisión que adoptó la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de un proyecto del ministro Arturo Zaldívar, para amparar a cuatro personas que solicitaron sembrar mariguana y consumirla con fines recreativos.

Es igualmente relevante a la luz de las tardías reacciones de algunos de nuestros políticos: “El uso de la mariguana no será legalizado”, declaró la secretaria de Salud. “Se trata sólo de cuatro casos… de un criterio aislado”, añadió el consejero jurídico del Ejecutivo federal. “Vamos a promover el debate”, prometió el senador Emilio Gamboa. “Sí —adujo el presidente del PAN—, el gobierno debe proporcionar información precisa para comenzar el debate.”

¿No se habrán dado cuenta nuestros ínclitos políticos que el debate lleva años y que la decisión de la Suprema Corte ya lo dio por terminado? Esto significa un giro radical en la “lucha” que se ha librado contra esta hierba y, al mismo tiempo, un duro golpe a todos aquellos empresarios —porque aunque trabajaban en la ilegalidad eran empresarios— que se dedicaban a uno de los negocios más lucrativos del mundo.

Porque producir 30 gramos de mariguana, según los expertos, cuesta entre 50 y 200 pesos. Estos 30 gramos pueden venderse, gracias a la prohibición, en 230,000 pesos más o menos. ¿Qué negocio da dividendos tan atractivos?

No es, pues, una prohibición “absurda”, como la han calificado muchos activistas. El hecho de que la mariguana no sea tan dañina como el alcohol no significa que prohibirla carezca de sentido: los portafolios llenos de billetes que circulan sin que nadie tenga que pagar impuestos por ellos, la justificación ideal para mantener cuerpos policiacos que, además de combatir la mariguana, pueden prestar muchos otros servicios, así como los jugosos dividendos que deja la hierba, hacen que el carácter delictivo que había tenido la producción y comercialización fuera todo menos absurda.

Pero el negocio, decíamos, acabó: a partir de ahora cualquier persona podrá solicitar a la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) autorización para sembrar y consumir mariguana con propósitos recreativos. Ante la esperada negativa —la autorización violaría la Ley General de Salud— podrá ampararse ante un juez federal. Éste, quizás, negará el amparo, pues no puede ir más allá de lo que diga la ley y, de nuevo, se recurrirá a la Corte.

Decimos quizás porque no faltarán los jueces echados para adelante que, esgrimiendo el artículo primero de la Constitución, actúen en pro de los derechos de una persona a consumir lo que decida. La decisión del juez Christian González Segovia, de Yucatán, que dejó en libertad a un sujeto al que sorprendieron con 15 gramos de marihuana (10 más de los permitidos) debe servirnos de referencia.

Pero aunque ésta no fuera la norma y la PGR apelara, los amparos terminarán en la Corte tarde o temprano. Y en la Primera Sala, aún si llegara un ministro timorato —o muy presionado—, la votación se repetirá a favor del consumo de la droga: 3 a 2… En seis meses, el resultado de estos amparos se va a sentir en toda la República.

Aunque los amparos no protegen actos de comercio, suministro o distribución del estupefaciente, ¿quién dirá cuántas plantas puede sembrar una persona para su autoconsumo? ¿Cincuenta? ¿La policía y el ejército van a poder entrar a las casas particulares donde una persona que tenga el amparo y posea 30 macetas se reúna con sus amigos?

En cuanto a las miles de personas que están presas por haber sido sorprendidas en posesión de más de cinco gramos de mariguana, también podrán ampararse contra el Código Penal. Finalmente, aquellos que no hayan podido “tramitar” sus amparos, olvidarán las formalidades: ¿por qué unos pueden consumir mariguana y nosotros no?, se preguntarán indignados.

La opinión pública será poco tolerante cuando advierta que sólo los que no pudieron pagar 10,000 pesos para tramitar su amparo van a prisión. Y, mientras son peras o son manzanas, Estados Unidos se habrá apresurado a seguirnos si desea ser competitivo. Más adelante, los mismos argumentos que esgrimió Zaldívar y respaldaron sus pares podrían adaptarse a la heroína o a la cocaína, aunque aquí el camino —y esto hay que celebrarlo— será más complejo.

Lo único que queda, pues, por debatir es si la normalización del uso de la hierba va a ser a través de los amparos contra COFEPRIS o a través de una reforma legal. Tuvo razón el ministro José Ramón Cossío, por ende, al sugerir que los legisladores y el Ejecutivo deben enfrentar la situación que se avecina con reformas. No parece razonable determinar la política de salud pública de México con base en amparos. Ojalá que el Congreso esté a la altura.

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