¿Cuáles son las prioridades jurídicas del próximo presidente?

¿Cuáles son las prioridades jurídicas del próximo presidente?

 

Luis Enrique Pereda

El próximo presidente deberá trabajar para aterrizar con claridad en las normas jurídicas lo ofrecido en la campaña electoral. Esto significará, entre otras cosas, terminar con la imprecisión, la vaguedad y, en algunos casos, incluso la contradicción del discurso político. Las prioridades jurídicas en la agenda del próximo presidente deberán enfocarse en el combate al crimen organizado, la impartición de justicia penal, el combate a la corrupción y, en general, la justicia transicional. Lo anterior significa, entre otras cosas, dar vida orgánica e independencia institucional tanto a la nueva Fiscalía General de la República como a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Significa también trabajar para consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción como un verdadero mecanismo articulado por varios componentes, los cuales necesitan trabajar sin obstáculos. Además, es necesario aportar definiciones jurídicas respecto de la Ley de Seguridad Interior y la reforma educativa, dejar atrás la incertidumbre y saber si impulsará iniciativas para abrogarlas o derogarlas. El Derecho es una herramienta insuficiente para cambiar de raíz toda una realidad social y económica, pero sí es lo suficientemente poderosa como para empeorar aún más dicha realidad si se utiliza torpemente.

 

Mauricio Jalife Daher

Un objetivo dominante para el nuevo Congreso deberá consistir en el alineamiento de nuestra legislación doméstica con lo firmado por nuestro país en tratados internacionales de libre comercio celebrados en estos dos años. En primera instancia, el Senado deberá revisar y, en su caso, aprobar el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM), el llamado TPP11 y la nueva versión (cualquiera que sea su nuevo nombre), del TLCAN. Hecho esto, al aterrizar los compromisos asumidos en esos acuerdos internacionales se logrará una actualización importante de muchas de nuestras leyes de contenido económico, enviando un mensaje claro del rumbo al que México sigue apostando, más allá de cambios en los mandos políticos y en la visión estratégica sobre la forma de atacar problemas internos específicos del país.

 

Alberto E. Nava Garcés

Existe todo un catálogo de legislación en materia penal que requiere una revisión urgente, para armonizarla con el sistema de justicia penal. Por lo pronto, a guisa de ejemplo, propongo la siguiente lista: 1) Código Penal Nacional. Una de las grandes apuestas de la academia desde hace varias generaciones consiste en tener un solo código penal que homologue las mismas conductas y armonice las sanciones correspondientes, con el fin de cerrar espacios para la impunidad y de dejar de aplicar de manera desigual una sanción distinta a una conducta similar. 2) Ley General de Víctimas. Cuenta con articulado duplicado; la regulación del acceso al fondo está muy limitado, de modo que es casi inoperante; no hay asesoría jurídica homologada en todos los estados, y la institución creada para hacer efectiva dicha ley no está armonizada, por lo que sólo se ha incrementado la burocracia en un tema muy sensible; a la par de la revisión legislativa, deberá hacerse un profundo análisis sobre los órganos del Estado que deben aplicar la ley, pues resulta evidente el fracaso institucional de la comisión creada para tal efecto. 3) Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. Ésta ha aumentado desproporcionadamente sus penas, lo que no es sinónimo de eficacia jurídica; sólo prevé el concurso real de delitos, motivo por el cual hay un grave defecto técnico cuando se actualiza el concurso ideal. 4) Ley de Desaparición Forzada. Debe hacerse una revisión de los tipos penales previstos en esta ley para que no exista confusión con los delitos en materia de secuestro, habida cuenta de que ambos tutelan la libertad de las personas, pero en la práctica son muy sutiles las diferencias para determinar la ley aplicable. 5) Ley de Trata. Respecto de esta ley ha habido iniciativas que pretenden pulir y corregir cuestiones puntuales. Asimismo, hay que hacer una corrección técnica para que no se apliquen de manera subsidiaria o supletoria las leyes locales en tratándose del delito de lenocinio.

 

Óscar Vásquez del Mercado Cordero 

Primero, el presidente debe actuar como tal y no como mesías. Debe considerar y corregir la designación de un consejero jurídico con gran capacidad, experiencia y conocimientos, diferente a la persona que ha elegido. También debe cumplir con las designaciones de ministros, magistrados, jueces, fiscales, servidores públicos, entre otros, tomando en cuenta capacidad y experiencia, haciendo a un lado conveniencias, compadrazgos, amiguísimos, cuotas de poder y compromisos de campaña. Finalmente, no debe pretender modificar a capricho, por conveniencias o por ocurrencias, la legislación y la normatividad, así como los programas y los proyectos.

 

Fauzi Hamdan Amad

Dados los proyectos que ha venido comentando el presidente electo y las condiciones de las finanzas públicas hoy en día, me gustaría referirme a las iniciativas de reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta y a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentadas en la legislatura pasada por el senador Héctor Flores Ávalos con fecha 7 de marzo del año en curso, las cuales se turnaron a la Cámara de Diputados por ser cámara de origen en materia de impuestos.

De aprobarse dichas iniciativas los ingresos tributarios aumentarían considerablemente, tanto por el impuesto sobre la renta como por el impuesto al valor agregado, y se reduciría enormemente la economía informal —hoy en día 57 por ciento de las personas económicamente activas se encuentran en la economía informal, es decir, no pagan impuestos—; esto por lo que concierne al impuesto sobre la renta. En lo relativo al impuesto al valor agregado se propone una tasa general de 10 por ciento, y en alimentos y medicinas, de 3 por ciento, con una lista de alimentos naturales exentos. Se eliminaría la tasa cero por la cual, como se sabe, año con año se devuelve a las grandes empresas el equivalente a 285,000 millones de pesos, y se propone un impuesto al consumo hasta 5 por ciento a cargo de las entidades federativas. El impuesto sobre la renta para micros, pequeñas y medianas empresas sería administrado por los estados con efectos neutrales en participaciones, al igual que el impuesto al valor agregado, en lo que concierne al impuesto al consumo. En pocas palabras, se trata de convertir el sistema fiscal del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado en auténtico federalismo tributario.

En mi opinión, éste es el tema más importante y trascendente para la nueva administración pública.

 

Víctor Olea Peláez

En mi opinión, las prioridades que debería atender el próximo gobierno son las siguientes: a) consolidación del nuevo sistema de justicia penal, en todos sus niveles; b) implementar un Código Penal para toda la nación, lo cual estaría en recomendable sintonía con el Código Nacional de Procedimientos Penales, que afortunadamente tenemos, y c) fomentar la independencia y la fortaleza del Poder Judicial en todos sus estratos.

 

Adolfo Athié

Cumplir con el sistema jurídico mexicano, la Constitución y las leyes que de ahí emanen, es decir, en cuanto a su aplicación. Como consecuencia, abolir la impunidad, pues mientras haya impunidad no habrá Estado de Derecho. Nadie por encima o fuera de la ley.

Volver a reformar el sistema de justicia penal. El nuevo no ha servido para disminuir la delincuencia; al contrario, ha propiciado que aumente, porque los delincuentes están seguros y tranquilos de que no irán a la cárcel. 

En suma, el próximo presidente debería garantizar los siguientes valores: a) la vida y la seguridad de la población; b) la seguridad jurídica, c) la propiedad y la libertad económica.

 

Alfonso Pérez-Cuéllar

El fortalecimiento del Estado de Derecho es decisivo para afrontar y resolver con éxito las mayores demandas sociales, como el combate a la corrupción, la violencia y la inseguridad, que hoy han fracturado la paz e inhiben el progreso nacional. En esa medida, el respeto a la independencia judicial, así como al libre ejercicio de la abogacía, serán medulares para alcanzar un Estado verdaderamente democrático.

Especial atención se requerirá por parte del Ejecutivo federal en la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción, en la designación del fiscal general de la República, así como en la integración de las ternas que someterá al Senado para nombrar a los ministros de la Corte. Más allá de que se base en un cálculo político, su decisión debe recaer en quienes se hayan distinguido por su honorabilidad, su competencia y sus antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.

 

Gonzalo Sánchez de Tagle

El mayor reto y la mayor obligación de la próxima administración deberá ser fortalecer el Estado de Derecho, comprendido éste no sólo como la responsabilidad irrestricta ante la ley, los derechos humanos como su fuente de validez y el ejercicio del poder por parte de la autoridad competente, sino también como parte constitutiva de la cultura política y jurídica de México. El fortalecimiento del Estado de Derecho debe partir de la renovación y la reintegración funcional e institucional de los sistemas de procuración e impartición de justicia. Más allá de la retórica testimonialista, la corrupción frente al aparato del Estado es un delito que debe ser abordado como consecuencia de la impunidad, al igual que la delincuencia organizada, los homicidios dolosos y muchos otros más. Por ello, la prioridad para el futuro presidente será la renovación de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, pues es en ellas donde descansa la verdadera eficacia del Estado.

 

Ricardo Ramírez Montoya

En materia de salud, más allá de la polémica desatada por la potencial despenalización del uso lúdico de la marihuana y sus derivados, existen al menos dos temas urgentes. El primero es la transición a un esquema de atención médica que realmente beneficie a toda la población: la llamada cobertura universal de salud que arrancó con la creación del Seguro Popular y que ha enfrentado retos cada vez más complejos para su consolidación. Independientemente del modelo que pueda adoptarse, es un reclamo legítimo pendiente de resolver que, de no atenderse, podría llevarnos a una judicialización del acceso a la atención médica. Un segundo aspecto es continuar con la simplificación administrativa en materia de control sanitario de productos para consumo humano. Hoy, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios goza de un creciente reconocimiento frente a las agencias reguladoras de los principales socios comerciales de México. Sin embargo, es un proceso permanente que debe seguir a los nuevos términos de los tratados comerciales y a los avances científicos y tecnológicos en las diversas industrias reguladas, con el propósito de impulsar las exportaciones de los productos nacionales y la competitividad del país.

 

Miguel Carbonell

Si partimos de la idea de que la principal prioridad de un gobierno debe ser cumplir con la Constitución, el sexenio que arrancará el 1° de diciembre debería considerar dos temas de gran relevancia: 1) Realizar la reforma pendiente del procedimiento laboral. Recordemos que el 24 de febrero de 2017 se publicó la reforma constitucional en materia laboral. El artículo transitorio segundo del decreto otorgaba un plazo de un año para la emisión de las nuevas reglas procesales, tanto por parte de las entidades federativas (adecuaciones, por ejemplo, a sus leyes orgánicas del Poder Judicial) como del Congreso de la Unión. Debe hacerse dicha adecuación a la brevedad posible. Los temas clave de la reforma del procedimiento laboral al menos son tres: a) desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje y creación de tribunales laborales a nivel federal y local; b) creación de un organismo descentralizado federal encargado de la mediación obligatoria, del registro de contratos colectivos de trabajo y de las organizaciones sindicales (incluyendo todos los procedimientos administrativos relacionados), y c) establecimiento de centros de conciliación, especializados e imparciales, en las entidades federativas. 2) Expedir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. También en este tema vale la pena recordar que el 15 de septiembre de 2017 se publicó una reforma constitucional para facultar al Congreso de la Unión a expedir un código único en materia de procedimiento civil y familiar. El artículo transitorio cuarto del decreto prevé que la legislación única debe ser expedida en el plazo de 180 días, contados a partir de su entrada en vigor. Dicho plazo está vencido desde el 15 de marzo.

Adicionalmente, sería oportuno considerar dos temas jurídicos que considero son de gran relevancia: 1) Trabajar en la redacción y la expedición del Código Nacional Penal, sobre la base de los avances logrados recientemente gracias al liderazgo intelectual y académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales. 2) Reformar la Ley de Amparo para hacerla del todo compatible con el nuevo sistema penal acusatorio, como lo han sugerido diversos juristas e incluso ministros de la Suprema Corte. Nuestro juicio de amparo todavía puede mejorar bastante, luego de los primeros cinco años de aplicación de la ley que lo regula desde 2013.

 

María de la Luz Lima Malvido

1) Una ley que instituya una Fiscalía General de la Nación autónoma. 2) Una ley que fije el sentido y el alcance del principio de interpretación conforme convencional, para la aplicación de todos los servidores públicos. 3) Una ley general para prevenir y atender el desplazamiento forzado. 4) Una ley que dé autonomía a los servicios periciales y de ciencias forenses. 5) Y una ley que instaure el de las víctimas, cuyo trabajo se concentre en promover el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en el tema y coordine, norme, ordene los sistemas nacionales, consejos nacionales, coordinaciones nacionales, juntas de gobierno, comisiones intersecretariales, coordinaciones ejecutivas nacionales, etcétera, que se han creado para víctimas (de secuestros, de trata de personas, de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, de tortura, de desaparición forzada de discriminación, de protección a personas que intervienen en el procedimiento, etcétera) con base en estándares internacionales de derechos humanos. En consecuencia, que desaparezca la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

 

José-Juan Méndez

Si bien el presidente electo ha planteado una agenda legislativa de 12 puntos, las prioridades jurídicas de la nueva administración deben estar enfocadas en resolver los problemas de fondo que afectan a nuestro país y que no le permiten encontrar el rumbo para convertirse en una nación próspera. Por tanto, la agenda jurídica de la actual administración debe centrarse en los siguientes temas: a) Proveer un sistema de impartición de justicia neutral y eficaz. En México no existe realmente un Estado de Derecho fuerte, por lo que debe darse un impulso a la rendición de cuentas y al profesionalismo del sector judicial. b) Mejorar la gestión en la administración pública. La administración pública debe estar orientada a resolver los problemas sociales y a catapultar el desarrollo de la nación. Las leyes y los reglamentos deben buscar que exista una armonía entre gobierno y gobernado, donde exista eficiencia en el ejercicio de los fondos públicos, gobernabilidad, eficacia y credibilidad en los resultados para generar estado de bienestar en la sociedad. c) Impulsar la competitividad, para lo cual se deben implementar estrategias legales que permitan reducir la informalidad e impulsar la productividad nacional y la incorporación de las empresas nacionales a nuevos mercados.

 

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