¿Con qué aspectos del proyecto de “Ley de Amnistía” que envió el presidente de la República al Congreso está usted de acuerdo y con qué aspectos está en desacuerdo?
Diego Valadés
Entre los aspectos que me interesan está la amnistía por el delito de aborto. Tiene un llamativo sentido simbólico, pues dudo que alguna mujer haya sido procesada conforme al Código Federal. Salvo alguna extraña excepción, la totalidad de los centenares de mujeres actualmente en prisión por haber abortado corresponde al fuero local. La amnistía promovida por el presidente debe ser acompañada por la revocación de las directivas del secretario de Salud, José Ángel Córdova, que prohíbe el aborto en todos los centros federales de salud. Si la SSA lo hace, será un acto de congruencia que aplaudiré; si lo elude, lo lamentaré como una claudicación del Estado laico.
Mauricio Jalife
Desde mi punto de vista, liberar por este medio a múltiples sentenciados es una medida adecuada, que reconoce que en diversas circunstancias incurrir en la comisión de algún ilícito puede obedecer a causas de clara marginalidad del delincuente, o bien a conductas cuyo impacto social es limitado. Hasta ese punto no tengo objeción. Sin embargo, la más elemental lógica nos obliga a plantearnos que no es factible tomar estas decisiones sin iniciar otro grupo de acciones orientadas a modificar el marco normativo que las condena. Es claro que se imponen modificaciones legales que deban despenalizar muchas de las conductas por las que hoy se pretende otorgar amnistía. Además, la más profunda reforma tendría que revisar de fondo la función que cumple el modelo carcelario en nuestro país, que no ha acabado de progresar al amparo del nuevo sistema penal. La prisión ya debe dejarse como modelo de castigo y segregación (que en realidad es la función que sigue cumpliendo), y ser sustituida por nuevas medidas alternativas que permitan, respetando los derechos de las víctimas, la reinserción del sujeto en un ambiente de normalidad y eviten victimizar de manera paralela a su familia.
Jorge Alberto Lara
El sistema acusatorio tiene los mecanismos idóneos para resolver acusaciones injustas y violaciones a derechos humanos y proporcionar soluciones alternas de manera segura y cuidando los derechos de las víctimas. La propuesta de Ley de Amnistía carece de ellos y está redactada de manera confusa y riesgosa.
Si se quiere un verdadero proceso de pacificación permanente, es importante destinar recursos suficientes a las unidades de medidas cautelares y a las unidades de mecanismos alternos. Tendrían que promoverse figuras como la conciliación, la mediación y las juntas restaurativas, por ejemplo.
Las fiscalías ya deben emitir sus planes de persecución penal en los que, de manera objetiva y transparente, se conozca de qué manera se habrá de conducir la función investigadora y la gestión de soluciones alternas.
Blanca Ivonne Olvera Lezama
Estoy de acuerdo con esta ley, en caso de aborto, de personas sin recursos, o de indígenas, que suman 11 millones y sólo cuentan con 24 abogados públicos federales para defenderlos. En lo que no estoy de acuerdo es en que la amnistía se aplique al robo simple sin violencia, porque van a quedar impunes todos los robos de celulares, bicicletas y todos los delitos cuyo monto sea inferior a 51,000 pesos, lo cual se traducirá en una invitación a realizar este ilícito.
Juan Moreno Sánchez
La sempiterna crisis del sistema de justicia penal mexicano encuentra en la sobrepoblación de su último eslabón —el subsistema de ejecución de sanciones— su punto más álgido; los múltiples factores que recrudecen esa problemática tienen en la “desigualdad” su común denominador. De ahí la idea de una nueva Ley de Amnistía que, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública para la Construcción de la Paz, busca, particularmente, la excarcelación de mujeres, jóvenes y personas de origen indígena, en contra de quienes se haya ejercitado o pudiere ejercitarse acción penal por delitos del orden federal cometidos antes de su entrada en vigor; un beneficio que no se concede en tratándose de casos de reincidencia, ni por delitos graves. Las medidas político-criminales del PND 2019-2024 y sus programas en la materia requieren una lectura integral. Así, una Ley de Amnistía es paradójica, pues si bien pretende reducir el número de personas privadas de su libertad, no hay que perder de vista que, con la reforma al artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa, de abril de 2019, los espacios vacantes de los centros penitenciarios lamentablemente serán ocupados para el internamiento de más “presos sin condena”, dado el amplio catálogo del numeral invocado.
Alberto E. Nava
La última vez que se emitió una Ley de Amnistía en México (1994) había un objetivo claro: buscar una solución pacífica a un movimiento armado. Su contenido político iba más allá de una política criminal y, a cambio de no iniciar o continuar con un procedimiento penal en contra de un grupo identificado como Ejército Zapatista de Liberación Nacional, éste se comprometería a iniciar pláticas de paz y, por supuesto, a deponer las armas.
En esta ocasión, la iniciativa se propone, como parte de una política criminal (errática y contradictoria, si consideramos las otras iniciativas que aumentaron el catálogo de prisión preventiva oficiosa y la que se refiere a modificar el concepto de flagrancia), despresurizar de manera temporal los reclusorios (esencialmente por delitos de índole federal) sin que medie nada a cambio por parte de los beneficiarios de esa ley.
Llama la atención que en el segundo artículo transitorio de la ley en cita se convoque a las distintas entidades para replicarla en el ámbito local. ¿De ese modo se contribuye a la disminución de la violencia y la inseguridad que padece nuestro país? No sólo lo dudo, sino que creo que, al final, dejará muchos delitos impunes.
Y es que con esta ley se cumple con el ofrecimiento de una amnistía que persigue objetivos más amplios pero políticamente incorrectos y jurídicamente inviables.
Gerardo Laveaga
Celebro que empiece a desconfiarse de quienes, en nombre de la vida, pretenden sojuzgar a las mujeres de escasos recursos, metiéndolas a la cárcel por haber interrumpido su embarazo. Si de veras se quiere combatir este problema, hay que impartir cursos de educación sexual y distribuir anticonceptivos a granel.
Aplaudo que se mire con horror la idea de encerrar a una persona por haber sido sorprendida con más de cinco gramos de marihuana. Considero una hipocresía que se permita la producción, distribución y consumo de alcohol (una droga más dañina), mientras se prohíbe la marihuana. En este sentido, la Ley de Amnistía es encomiable. Envía un mensaje clarísimo a todos los mexicanos: no podemos estar abusando del Derecho penal para satisfacer la moral o los negocios de algunos grupos privilegiados.
Lamento, no obstante, que su alcance sólo sea federal. La mayoría de las personas privadas de su libertad por interrumpir un embarazo o por haber sido sorprendidas con más de cinco gramos de marihuana fueron condenadas por la justicia local. Quienes queden libres, por ende, serán muy pocos. Pero, bueno, por algo se empieza...
Rodolfo Islas Valdés
La exposición de motivos de la iniciativa refiere que se trata de “protección a grupos vulnerables”, y señala que lo que se busca con ella es que dichos grupos tengan la oportunidad de acceder a una real y verdadera justicia. En teoría se oye muy bien; sin embargo, de la lectura integral de la iniciativa se deduce que ese fin no es real.
En el artículo 1° de la Ley de Amnistía se observan los supuestos (delitos) en los cuales tendría operatividad y vigencia: a) aborto en determinados supuestos, b) delitos contra la salud en ciertos supuestos, c) ilícitos cometidos por algún miembro de comunidad indígena y d) robo simple sin violencia que no amerite prisión preventiva.
Con respecto a los supuestos del aborto, hay que recordar que esa conducta no tiene sanción en algunos estados, cuando se produzca durante las primeras 12 semanas del embarazo; por ello, pareciera que se trata de un argumento cuya finalidad es lograr mayor aceptación o aprobación.
En relación con los supuestos b), c) y d), al proponerse el beneficio de amnistía se viola nuestra Constitución Política y se genera una desigualdad procesal entre los mexicanos, pues se cae en el absurdo de beneficiar sólo a un sector que ha cometido una conducta delictiva y tratar al resto conforme a la ley previamente establecida y bajo la cual llevó a cabo su proceso correspondiente.
Por otra parte, la Ley de Amnistía pretende dejar sin base el procedimiento que ya existe del indulto, además de violentar la Ley General de Víctimas, ya que éstas —las víctimas— no tendrán justicia cuando quien las perjudicó tenga el beneficio de la amnistía.
