Alejandro Gómez

“El sistema acusatorio llegó para quedarse"

Alejandro Gómez

 

Procurador general de Justicia desde 2014 y designado fiscal general hasta diciembre de 2023, Alejandro Gómez ha transitado por dos administraciones en el Estado de México a la cabeza de una institución que mudó de naturaleza jurídica. En esta entrevista nos habla del tránsito de una procuraduría dependiente del Poder Ejecutivo a un órgano constitucional autónomo, como ahora lo es la Fiscalía General; hace un balance del sistema acusatorio adversarial y nos habla de los retos que enfrenta, de sus frustraciones y de los proyectos que realiza como fiscal general en uno de los estados más poblados y complejos del país.

 

 

Ahora que se han cumplido tres años de la entrada en vigor en todo el país del sistema penal acusatorio, y un poco más en el Estado de México, ¿cuál es su balance?

Sí, en el Estado de México la transición se hizo de 2010 a 2012. Aunque aún hay algunos ajustes que hacerle, considero que el sistema acusatorio llegó para quedarse y que el balance es positivo: es un mejor sistema que el anterior, más ágil, más transparente, más justo, menos legalista, menos formal y reduce espacios a la arbitrariedad.

 

¿En qué temas hay que trabajar para consolidar el sistema penal acusatorio?

Creo que uno fundamental es el cambio de cultura con respecto a la legalidad. Por distintas razones, en México le hemos perdido el respeto a la autoridad y a su actuación y eventualmente el ciudadano no se conduce con la verdad en sus declaraciones ante los órganos de procuración e impartición de justicia. Debemos trabajar mucho para generar un cambio de cultura y, desde luego, la autoridad debe trabajar en recuperar credibilidad.

 

¿Propondría algún cambio al Código Nacional de Procedimientos Penales?

Sí. Por ejemplo, que el agente del Ministerio Público pueda girar órdenes de presentación aún en contra de la voluntad del investigado para comparecer, por ejemplo, en una conciliación, y que las facultades de investigación en temas como la obtención de información financiera o el aseguramiento de bienes sean más flexibles, entre otros.

 

¿Qué opina de las recientes reformas al artículo 19 constitucional que amplían el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa?

Hay un problema de seguridad que repercute en la procuración de justicia y que a veces implica un riesgo para los agentes del Ministerio Público, las víctimas o los testigos, lo que de alguna manera justifica la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, creo que podríamos recurrir a distintas medidas antes de optar por la prisión preventiva, como es el caso de la protección tanto para los servidores públicos como para las personas que intervienen en los procesos penales. Pero también es importante realizar análisis de riesgo de los imputados, para que el juez, con base en éstos, decida si el procesado se sujeta a prisión preventiva o no.

 

Eso le corresponde a las unidades de medidas cautelares, ¿cierto?

Sí, las unidades de medidas cautelares desempeñan una función importante; por eso hay que invertir en ellas, pues son las que deben realizar los análisis de riesgo y evaluar la posibilidad de fuga y de que la víctima y los testigos estén en peligro. Con base en lo anterior se debe tomar la decisión para determinar prisión preventiva o no. Esas unidades también tienen la importante función de dar seguimiento a las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva y verificar que se cumplan.

 

En este balance del sistema acusatorio, ¿cómo califica la actuación del Poder Judicial?

Aquí pondría énfasis en el Poder Judicial local, que es con el que interactuamos día a día, el que conoce de los asuntos de manera cotidiana y que, en mi opinión, resuelve con mucha rapidez y diligencia, aunque también debo decir que, en algunas ocasiones, en franca oposición con la autoridad de procuración de justicia, lleva el garantismo a un nivel excesivo.

 

¿Y el federal?

Bien; normalmente es el juez de amparo, el juez de distrito, a quien corresponde una revisión más técnica de los asuntos. En mi opinión desempeña un buen trabajo.

Sin embargo, también debemos reconocer que muchas veces los jueces de amparo resuelven sin conocer con toda precisión el contexto de los hechos o las circunstancias específicas de cada caso.

 

A usted que le ha tocado, tanto en su responsabilidad actual como en anteriores, trabajar en ambos sistemas. ¿En cuál se ha sentido más cómodo?

Bueno, siempre será más cómodo para un fiscal el sistema inquisitivo, ya que teníamos una averiguación previa secreta que nos permitía un margen de maniobra muy amplio y podíamos solicitar una orden de aprehensión que tomaba por sorpresa al investigado. Sin embargo, que sea más cómodo no quiere decir que sea mejor; creo que había que evolucionar hacia un sistema más equitativo, más justo y estoy seguro de que, paso a paso, hacia allá vamos.

 

¿Qué le parece más adecuado? ¿Que la institución del Ministerio Público sea parte del Poder Ejecutivo o que sea un órgano constitucional autónomo?

Prefiero que sea una institución autónoma. Una fiscalía proporciona mayor legitimidad frente a los distintos sectores de la sociedad civil.

 

¿Puede subsistir una fiscalía autónoma sin el apoyo del titular del Poder Ejecutivo?

No. Si existiese una disputa con el Ejecutivo, o diferencias políticas, nos involucraríamos en una dinámica perversa que haría muy complicado el trabajo de una institución ministerial autónoma. Por ejemplo, si una fiscalía no cuenta con el apoyo de los policías adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública, su capacidad se vería disminuida de manera sensible. Si, hipotéticamente, de manera deliberada se restringe el presupuesto a la fiscalía para volverla inoperante, sus funciones serían muy complicadas. Debe haber, necesariamente, una gran coordinación interinstitucional con el Ejecutivo.

 

¿Qué factores deben atenderse para garantizar la plena autonomía de la fiscalía?

Bueno, como ya dije, es necesario el que exista una buena relación política y una gran coordinación con el Ejecutivo. Además, hay un asunto toral, que es el económico, y la autonomía depende necesariamente de este tema.

 

¿Qué puntos habría que afinar en el aspecto financiero?

Uno, por ejemplo, sería que la propia fiscalía envíe su proyecto de presupuesto al Congreso. En la actualidad el envío lo hace la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo, lo que nos obliga a negociar con ellos. Otro, con el que ya contamos, es el hecho de que, por disposición legal, el presupuesto de la fiscalía no puede ser disminuido con respecto al del ejercicio anterior. Uno más es el que la fiscalía debería tener la facultad de decidir el ejercicio de su presupuesto, pues hoy día llega etiquetado desde el Congreso y no necesariamente coincide con lo que necesitamos.

 

¿Cómo es su relación con el gobernador del Estado de México?

Muy respetuosa, muy buena. Nunca me ha pedido orientar una investigación en tal o cual sentido. Nos reunimos con regularidad, los lunes, junto con los titulares de las áreas de seguridad estatal, para trabajar de manera coordinada. También me reúno con las instancias municipales de seguridad para abordar aspectos tanto administrativos como operativos.

 

¿Cuáles son sus retos como fiscal general?

Uno, que ya comentábamos, es consolidar la autonomía de la fiscalía, la cual vivimos día a día; dos, poder presentar nuestro presupuesto y determinar en qué lo gastamos; tres, garantizar que todos los operadores del sistema de procuración e impartición de justicia trabajemos en coordinados y en línea, y cuatro, invertir en capital humano y profesionalización, así como en generar nuestro servicio de carrera.

 

¿Qué avances tiene la implementación del servicio de carrera?

Ése es un tema fundamental, previsto en nuestra ley. En breve expediremos el reglamento respectivo, el cual estará en consonancia con la nueva realidad administrativa de la fiscalía. Hemos pasado de 4,500 a 7,000 servidores públicos.

 

¿Cómo logrará que el servicio de carrera garantice la permanencia y el sentido de pertenencia de los individuos a la institución?

Precisamente ofreciéndoles un proyecto de vida, una carrera, un sueldo suficiente, un buen plan de seguridad social, seguros de vida, préstamos y becas de distinta naturaleza para su familia. Para ello estamos creando nuestro propio tabulador de puestos y salarios, con el objetivo de tener autonomía en el manejo de nuestra nómina.

 

¿Estos planes están acompañados de otros proyectos?

Claro, hemos estado trabajando en la ampliación de la infraestructura física y remodelando los centros de justicia, las agencias, los servicios periciales, entre otros. También hemos hecho importantes inversiones en materia informática y en equipos para el personal sustantivo, como armas y chalecos.

 

¿Y en materia de investigación?

Tenemos planeado crear un centro de mando exclusivo de la fiscalía. Además, queremos saber qué pasa en las agencias, dónde están las patrullas y las armas, de qué vehículos de investigación que cuentan con micrófonos y cámaras disponemos. Además, deseamos consolidar y ampliar las bases de datos con registros biométricos y de voz, pues, cuando yo llegué, no había una base de datos de detenidos.

 

Me comentaba acerca de un proyecto de agencia de investigación…

Sí, estamos trabajando en la creación de la Agencia de Investigación Criminal, que contará con policías, peritos y analistas de inteligencia, quienes, de manera conjunta con el agente del Ministerio Público, trabajarán intercambiando opiniones y elaborando la teoría del caso. Creo que será un modelo de investigación del delito que rendirá buenos frutos.

 

En el tiempo que lleva, primero como procurador y ahora como fiscal, ¿cuál ha sido su mayor frustración?

Que aún no hemos logrado brindar un servicio que satisfaga plenamente a la ciudadanía. En eso trabajo todos los días.

 

El 1° de enero de 2024, cuando haya terminado el periodo para el cual fue designado, ¿qué le gustaría haber dejado como legado?

Una fiscalía que haya transitado plenamente a la autonomía; que la ciudadanía vea en la fiscalía a una institución que la representa y la apoya, y que pueda acudir a ella con la confianza de que se le va a procurar justicia.

 


 

Alejandro Jaime Gómez Sánchez es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho. En el sector público ha formado parte de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Comisión Federal de Competencia y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Asimismo, fue asesor del subprocurador jurídico y de derechos humanos.

En la Procuraduría General de la República ha desempeñado diversos cargos: secretario particular y coordinador de asesores del subprocurador jurídico y de asuntos internacionales; director general de Normatividad Técnico Penal y visitador general y coordinador de asesores del procurador general de la República. Por su parte, en la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal prestó sus servicios como director general de Legislación, consejero adjunto de Legislación y Estudios Normativos y consejero adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales.

En la Procuraduría General de Justicia del Estado de México fungió como subprocurador jurídico. En mayo de 2014 ocupó el cargo de procurador general de Justicia del Estado de México, y en diciembre de 2016 la legislatura del Estado de México lo ratificó como fiscal general de Justicia.

 

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