Carla Humphrey y Santiago Nieto

Las mil caras de la corrupción electoral

Carla Humphrey y Santiago Nieto

 

Este año México enfrenta lo que se ha denominado “la elección más grande y compleja de su historia”, frase que se repite cada vez que vivimos un proceso electoral. Lo cierto es que cada elección es compleja, ya sea por el contexto político, por el contexto social o por el volumen de participación. La elección del próximo 6 de junio parece combinar los tres elementos, además de una fuerte polarización política, una crisis económica sin precedentes, una crisis sanitaria que no cede y sigue cobrando vidas, y la participación de cientos de miles de candidatos que aspiran a un puesto de elección popular. Y, sobre todo esto, está la sombra del dinero ilícito. De estos temas hablan Carla Humphrey, consejera electoral, y Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dos figuras señeras en el combate a la corrupción, en especial a la corrupción electoral.

 


Carla, a pesar de tu juventud veo que tienes una amplia experiencia en la materia electoral.

Humphrey: Comencé trabajando con Alonso Lujambio, implementando el primer monitoreo y fiscalización a campañas electorales. Después implementamos lineamientos para que los partidos políticos reportaran recursos y las cuentas desde las que los manejaban, empatando la fiscalización nacional con la local mediante convenios de intercambio de información con las entidades federativas, venciendo muchas resistencias políticas por parte de ciertos gobernadores que se rehusaban a compartir esa información con el entonces Instituto Federal Electoral.

 

Entonces has abocado tu trayectoria profesional por completo al tema de la fiscalización electoral y tu llegada al INE es la culminación de esa trayectoria...

Humphrey: Mi trayectoria profesional comenzó litigando en despachos privados hasta que el consejero Lujambio me invitó a trabajar en su equipo y me quedé enamorada de la materia electoral, que en ese entonces era muy incipiente. Recuerdo que una de las preguntas que me hizo Alonso cuando me entrevistó fue: “¿Qué sabes de Derecho electoral?”, y respondió su propia pregunta diciendo que realmente nadie sabía qué era. Entonces ni siquiera era una materia en las universidades y escuelas de Derecho. Ahí estuve hasta que me fui a hacer mis estudios de doctorado. Te diría que he estado ligada mayormente al sector público, pero también he colaborado en organizaciones internacionales como ONU Mujeres, enfocada en temas de derechos humanos y en particular en los derechos de la mujer.

En su libro, que él considera una “memoria colectiva” que da testimonio de la lucha de él y de muchos servidores públicos comprometidos contra la corrupción electoral, en el que narra y deja constancia de su paso por la FEPADE y las pugnas que enfrentó al poder político del régimen anterior, Santiago Nieto Castillo habla de su desacuerdo con la federalización de los procesos electorales; es decir, con su centralización, haciendo énfasis en el dispendio que representa el financiamiento a los partidos políticos, la frivolidad de algunas magistraturas y resaltando que, pese a todo, el sistema —al que bautiza como un “trípode electoral” compuesto por el INE, los institutos electorales locales y los tribunales y fiscalías electorales, siendo estas últimas, en su opinión, el eslabón más débil del sistema— ha funcionado y ha garantizado la transición de poderes de forma pacífica.

 

Santiago: en la introducción de tu libro Sin filias ni fobias dices que la reforma electoral de 2014 no te dejó conforme. ¿Cómo ves ahora al INE, justo seis años después?

Nieto: Creo que lo que hemos hecho como Estado mexicano es sobrecargar al INE. Por principio, desconfío de la centralización y soy más partidario del federalismo. Creo que muchas de las competencias que se le dieron como consecuencia de esa reforma son de corte extremadamente centralista, derivadas de la desconfianza en las dinámicas locales y la cooptación de las autoridades electorales. El problema no era de diseño institucional sino de desconfianza de los partidos políticos, que eran responsables en gran medida de dicha dinámica perversa.

Con todo, creo que el INE va funcionado bien, aunque hay dos cosas que creo que tienen que cambiar. Primero, el tema de la forma de hacer elecciones, que es algo en lo que la consejera Humphrey insiste mucho: llevamos 30 años haciendo las elecciones de la misma forma, sin voltear a ver las innovaciones tecnológicas que podrían hacerlas más baratas, eficientes y confiables. Segundo, la vinculación de algunas problemáticas electorales que van más allá de lo electoral, como es el condicionamiento de programas sociales, la compra de votos y el lavado de dinero en las campañas, circunstancias que se tienen que enfrentar con un diseño sistémico de combate a la corrupción. Para ello, creo necesario que haya una relación de colaboración estrecha entre el Sistema Nacional Anticorrupción, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad Técnica de Fiscalización del INE.

 

El tema de la corrupción en procesos electorales es una preocupación constante desde que encabezabas la FEPADE, hoy Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

Nieto: La enseñanza que me dejó mi paso por la FEPADE fue que existen tres mecanismos de corrupción electoral. El primero es el peculado electoral, el desvío de fondos de bienes o servicios para fines electorales de las administraciones públicas federal, estatal y municipal. El segundo, que se relaciona con los temas netamente electorales. Y el tercero está relacionado con el financiamiento de campañas por parte de la delincuencia organizada para obtener privilegios e impunidad.

 

Carla, en una de tus columnas en El Universal afirmas: “La elección de 2021 significa para el INE el mayor reto que cualquier institución electoral haya tenido en su historia en el tema fiscalización”. ¿Cómo estar a la altura del reto con tan pocos recursos con los que contará el Estado mexicano?

Humphrey: Yo te diría que tenemos tres retos: primero, organizar elecciones en condiciones de la epidemia que nos exigen una serie de medidas adicionales para garantizar la salud de los ciudadanos; segundo, la cuestión de la fiscalización, incluyendo el tema institucional, pues llevamos casi dos años sin titular de la Unidad Técnica de Fiscalización y la coordinación con los institutos locales, y tercero, el tema de las sanciones, determinar cuáles serán nuestros objetivos y la coordinación institucional necesaria para ello, incluyendo instituciones como la UIF, el SAT y la Secretaría de la Función Pública. Al respecto, pienso proponer que se haga un análisis previo de los perfiles de quienes quieran ser aspirantes en algunas entidades federativas en donde creemos que puede haber un problema relacionado con el origen de los recursos.

 

Santiago, regresando a tu planteamiento de corrupción electoral, ¿por qué nunca se le ha retirado el registro a un partido político? Por ejemplo, en el caso de Odebrecht, ¿por qué no derivan sanciones a los partidos?

Nieto: Respecto a esto hay dos ámbitos relevantes. En el ámbito penal, a pesar de que el Código Nacional de Procedimientos Penales permite sancionar a las personas morales con la disolución o con la multa, excluye los delitos electorales y eso impide que desde ese ámbito pueda haber una sanción. En el ámbito administrativo, la competencia es del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para cancelar el registro de un partido político que viole las normas de manera sistemática.

 

Recuérdenme, ¿en la historia electoral de este país se le ha quitado el registro a un partido?

Humphrey: Nunca, sólo lo han perdido por no llegar al umbral de votos.

 

Pero no como sanción. Pareciera que son intocables, ¿no?

Nieto: Por ejemplo, el Tribunal Constitucional Alemán y el Tribunal Constitucional Español han sancionado con la pérdida de registro a un partido neonazi en Alemania y al Partido Comunista de Euzkadi por la vinculación con la banda terrorista ETA. En Colombia se ha retirado a diputados y senadores que se acreditó que fueron financiados por la delincuencia organizada. Creo que nosotros podríamos ir ensayando estas mismas acciones radicales, sobre todo cuando tengamos presidentes municipales o gobernadores que sabemos que tienen relación con el narco.

 

Humphrey: Otro aspecto que hay que cuidar es con quién hacen negocios los partidos. La corrupción en el mundo electoral es impresionante. Hay empresas que se crean solamente para estos procesos. Necesitamos investigar a empresas fachada, “factureras”, y saber quiénes son los socios. Respecto de las recientes elecciones en Hidalgo, en sesión pública del Consejo General afirmé que el PREP de esa entidad —que no funcionó— fue operado por una empresa a la que contrató el propio instituto local y es increíble que no sepamos quién es ni quiénes son los socios. Entonces, es necesario tener mucho más cuidado en esos temas de corrupción. Es necesario, asimismo, crear padrones de integridad respecto a los proveedores y sancionar la práctica persistente de comprar a proveedores no registrados. Creo que esos temas no se han combatido adecuadamente desde el Instituto Nacional Electoral.

 

Si no me equivoco, la UIF y el INE tienen firmado un convenio de colaboración en la materia.

Nieto: En efecto, tenemos con convenio de colaboración firmado en 2019. El acuerdo prevé la revisión de las personas que son contratadas por los partidos políticos, así como que la UIF aporte información sobre el dinero que tienen las personas para efecto de las sanciones que tenga que imponer el Instituto Nacional Electoral en materia de fiscalización. Con la consejera Humphrey hemos platicado sobre la posibilidad de revisar a los candidatos. La idea sería hacer un modelo de riesgo que, a través de un algoritmo, nos diga cuáles son los casos de riesgo más significativos, pudiendo generar un conjunto ordenado y finito que sea axiológicamente neutral, donde se ponga la zona geográfica y se muestre la edad de la persona y sus operaciones relevantes inusuales, y aportar información para individualizar la sanción en las distintas materias conociendo la capacidad económica de la persona infractora.

 

Santiago, te has distinguido por darle un perfil muy relevante a las instituciones que encabezas. Por ejemplo, la labor de la FEPADE se destacó cuando fuiste su titular y lo mismo sucede con la UIF. Hoy la Fiscalía parece tener un perfil muy bajo. ¿Cuál es tu visión?

Nieto: Yo creo que hoy la Fiscalía está encabezada por uno de los grandes referentes éticos que tiene el sistema electoral: el maestro Ortiz Pinchetti, quien fue consejero ciudadano en su momento y es un hombre con una enorme calidad moral. Creo, sin embargo, que es importante que haya una mayor vinculación entre instituciones. La UIF ha presentado hasta este momento tres denuncias en la Fiscalía y se está por judicializar una de ellas vinculada con el documental El populismo en América.

 

¿Cómo afecta el tema presupuestal a la UIF?

Nieto: Creo que tanto en el caso de la FEPADE como en el de la UIF, lo que nos toca es generar mejores diseños institucionales para que estos organismos cumplan el objetivo para el cual fueron diseñados. Creo que necesitamos generar mejoras tecnológicas que nos ayuden a tener una fiscalización racional y estratégica. Es materialmente imposible analizar a 100,000 candidatos, pero sí se puede generar un modelo de riesgo que permita actuar sobre esos resultados para presentar denuncias y congelar cuentas, enviando información al SAT en caso de que tengamos un tema de evasión o defraudación fiscal. Creo que ésa es la mejor forma de atender el problema de la corrupción en los procesos electorales.

 

Por otro lado, recientemente fueron aprobadas en el Senado reformas a la Ley de Instituciones de Crédito, que popularmente se ha bautizado como “Ley Nieto”, y que parecen fortalecer de forma significativa a la UIF. ¿No implica dotar de atribuciones desmedidas a la institución que encabezas?

Nieto: No, simplemente es armonizar nuestra legislación federal a lo que México ya ha suscrito en diversos tratados internacionales e implica una mayor agilidad para que la autoridad responda al movimiento de recursos de procedencia ilícita destinados a financiar, internacionalmente, al terrorismo o al crimen organizado. Además, se clarifica el procedimiento de audiencia ante la UIF, lo que le permite al presunto afectado por una sanción de esta dependencia tener claro el camino para impugnar.

 

¿La transición democrática ya concluyó en este país o todavía no?

Nieto: Sí. Yo creo que los conceptos de la transición democrática tuvieron vigencia durante los años noventa y desembocaron en el inicio de la alternancia. Hoy en día el tema ya no es electoral; creo que la problemática de la democracia está en temas que son meta-electorales, principalmente los que tienen que ver con la corrupción. Hemos tenido tres alternancias sin derramamiento de sangre; tenemos un sistema electoral consolidado, sólido y profesional en lo administrativo, en lo jurisdiccional y en lo penal-electoral, tanto a nivel federal y local. Es algo de lo que tenemos como mexicanos o mexicanas sentirnos profundamente orgullosos.

 

Sobre todo, cuando vemos el ejemplo reciente de las elecciones en los Estados Unidos...

Nieto: Decimonónico, absolutamente rebasado.

 

Humphrey: Hace diez años, ciertos profesores estadounidenses criticaban al IFE y al sistema electoral mexicano en su conjunto. Recientemente moderé una mesa en la que se analizaba la elección presidencial de Estados Unidos y uno de esos profesores ahora envidiaba al sistema electoral mexicano. Tenemos un Instituto Nacional que funciona, pero tenemos que cambiar las dinámicas locales y tenemos una deuda como país, en general, en el tema de la corrupción. También creo que es muy importante avanzar en los temas de violencia política contra la mujer.

Después de reconocer las amenazas, es imprescindible hablar del futuro, no tanto como esperanza sino como oportunidad; del futuro como espacio de posibilidad en el que hay que tomar acciones firmes y decisivas para preservar no sólo la supervivencia de la democracia sino de la República entera.

 

¿Qué otras reformas creen que necesite el INE? ¿Qué debemos hacer para contar con un INE incuestionable en sus resoluciones?

Humphrey: El primer tema que siempre se critica al INE es el alto costo en nuestra democracia, que lo es justamente por la cantidad de controles que tenemos para tener elecciones confiables. Creo que también hay que modernizar la forma en la que hacemos las elecciones; no hay razón para seguir teniendo un proceso electoral igual al de hace tantos años. Podríamos avanzar en tecnificar las elecciones y movernos hacia urnas electrónicas no conectadas a internet, por ejemplo, lo cual nos ayudaría a abaratar los costos y a eliminar ciertas instancias de desconfianza electoral relacionada con el tiempo que toma el conteo de votos. Tenemos ya mucha experiencia en el uso de tecnología en programas de resultados preliminares y conteos rápidos; sin embargo, un tema recurrente es el de la desconfianza.

 

¿Podríamos dejar como reflexión de esta entrevista que las instituciones que ustedes representan están comprometidas con el respeto a la voluntad popular y con que las campañas electorales dejen de ser un negocio para que se enriquezcan unos cuantos?

Humphrey: Te diría que yo claramente tengo tres o cuatro intereses centrales en estar en el INE: su modernización, el abaratamiento de costos, el tema de género y el de la fiscalización. Concretamente, en materia de fiscalización me parece que hay muchas cosas que hacer, puesto que no se puede afirmar hoy que las campañas electorales estén libres de recursos ilegales. Como autoridad, haremos nuestro mejor esfuerzo para eliminar resquicios y oportunidades de corrupción, atender el tema de la violencia política contra la mujer y cuidar integralmente nuestros procesos electorales.

 

Nieto: Creo que la coordinación entre la UIF y un órgano constitucional autónomo como el INE será importante para combatir con firmeza los actos ilícitos de financiamiento, imponer sanciones significativas y establecer mecanismos más globales de fiscalización para combatir esas prácticas.

 

¿Algo más que quisieran agregar?

Nieto: Si realmente queremos combatir la corrupción, necesitamos ajustar varios elementos del sistema constitucional. Se requieren autonomías del ejercicio de la acción penal del Ministerio Público e independencia judicial. Por otro lado, se requiere un diseño que permita que haya una academia que sea crítica y una sociedad civil participativa. A ello hay que sumarle el compromiso de los servidores públicos en esta materia. Lo importante es que haya voluntad y generar los mejores diseños institucionales para que esto funcione.

 

Humphrey: Yo diría que lo primero que tenemos que hacer todas las autoridades responsables en esta parte del proceso electoral es tener una coordinación adecuada, pero también hago un llamado a la responsabilidad de los partidos políticos y de los candidatos. De nuestra parte, lo más importante será generar condiciones equitativas para la contienda y contar con una colaboración estrecha en el tema de fiscalización de los recursos de los partidos políticos y de los candidatos.

 


 

Carla Humphrey es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, especialista en Derecho constitucional y ciencia política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España, y doctoranda en gobierno y administración pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset/Universidad Complutense de Madrid. 

Se ha desempeñado como directora general de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consejera electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal y consultora nacional de ONU Mujeres. Actualmente es consejera electoral del Instituto Nacional Electoral.

 


 

Santiago Nieto Castillo es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, máster en Derecho penal, constitución y derechos por la Universidad Autónoma de Barcelona, y doctor en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Entre otros cargos, se ha desempeñado como magistrado electoral regional, fungiendo durante tres años como presidente de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). Actualmente funge como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

 

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