Edgar Bonilla:

"La supervisión a los bancos se basa en riesgos"

Edgar Bonilla:

Evitar la proliferación de operaciones fraudulentas en las instituciones financieras implica una compleja labor de verificación del cumplimiento de la normatividad, intervención oportuna y, en su caso, sanción, aproximadamente 5,000 entidades supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el sistema financiero mexicano. Edgar Manuel Bonilla Del Ángel, vicepresidente jurídico de este órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, nos ofrece los pormenores de la actividad que realiza el equipo legal a su cargo.

 

 

Me gustaría que explicaras a nuestros lectores en qué consisten las actividades que realiza el área legal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tiene una infinidad de funciones, particularmente las de supervisar y regular a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento en protección de los intereses del público. Esta función se ha vuelto algo cada vez más complejo, pues supervisamos aproximadamente a 5,000 entidades.

La CNBV tiene 10 vicepresidencias, entre las cuales está la vicepresidencia jurídica, que se encarga de solventar los procedimientos de imposición de sanción, emitir opiniones de delito e investigar a las personas físicas y morales que actúen como entidad financiera sin contar con la autorización de la autoridad para realizar operaciones reservadas a dichas entidades. Asimismo, nos encargamos de la defensa de los actos de autoridad que generan las 10 vicepresidencias de la CNBV, desde requerimientos de información y revisión de reportes regulatorios, hasta las visitas de inspección, lo que implica hacer una revisión precisa de qué se hace, cómo se hace y si se cumple con la norma.

 

Por lo que me explicas, el énfasis de las actividades de la vicepresidencia jurídica está en su dimensión sancionadora…

Efectivamente, es la más importante, ya que la facultad punitiva que tiene encomendada debe ejercerse con el fin de garantizar que las penas sean oportunas, eficientes y disuasivas, no solamente para la entidad o para la persona moral o física a la que se sanciona, sino para todo el sistema financiero, incluyendo a las entidades no supervisadas, porque también realizamos una constante verificación de que no se lleven a cabo operaciones reservadas y clausuramos y suspendemos las operaciones de esas entidades.

El proceso sancionador que realiza la CNBV complementa las actividades regulatorias y de supervisión, y tiene por objeto inhibir las conductas que contravienen el sano desempeño del sistema financiero mexicano, permitiendo a la comisión cumplir con su mandato de ley, procurando la estabilidad y el correcto funcionamiento del sistema, en protección de los intereses del público inversionista.

 

Desde que se creó la CNBV, la vicepresidencia jurídica ha jugado un papel muy importante en el desarrollo financiero del país, especialmente en los temas de regulación, que sin duda tienen un impacto más allá de nuestras fronteras. Platícanos de la relevancia de las funciones de la vicepresidencia en el entorno global.

En los últimos 20 años la legislación en materia financiera ha tenido una gran evolución. 2014 representa un parteaguas, que se caracterizó por la emisión de una serie de mejoras regulatorias derivadas de la reforma financiera. La implementación de esta regulación implicó nuevas herramientas para reorganizar y fortalecer las actividades de supervisión y sanción, orientadas a velar por la disciplina del mercado, evitar riesgos sistémicos, desalentar conductas nocivas y promover un desarrollo sustentable (es decir, supervisión basada en riesgo-mayores herramientas para sancionar), lo que nos permite ver cómo están las entidades en su capitalización, cuál es su grado de liquidez y cumplir con reglas internacionales —hay que recordar que México adoptó los Acuerdos de Basilea sobre supervisión y regulación bancaria—.

 

¿Cómo se puede garantizar la transparencia de las operaciones que se llevan a cabo a través del sistema financiero?

Yo creo que la transparencia deriva de un cambio normativo y se da como consecuencia de la cooperación internacional en materia financiera para propiciar la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, entre otros. En particular, la facultad de supervisión otorgada a la comisión incrementó de manera sensible el número de sujetos obligados con motivo de los nuevos sectores a supervisar en esta materia.

Por lo que toca a esta vicepresidencia, te puedo decir que hemos tenido que trabajar al interior de la propia comisión: había un rezago de más de 40,000 procedimientos de sanción que no se habían iniciado en esta materia, dado que no había una estructura adecuada, y a partir de esta administración se determinaron nuevos mecanismos en la forma en que estábamos sancionando. Al día de hoy ya no tenemos sanciones rezagadas pendientes de imponer, sólo estamos trabajando con las recientes que nos envían los supervisores para iniciar los procedimientos correspondientes.

 

¿Cuáles fueron las repercusiones de la reforma financiera de 2014 en el trabajo de la comisión?

En el ánimo de prevención y transparencia que ha caracterizado a esta administración, se incluyó la obligación para la comisión de que la sanciones que impone se hagan públicas, independientemente de su estado procesal. Adicionalmente, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública exige hacer versiones públicas de las resoluciones que pueden ser consultadas a través de nuestro portal de internet.

Las sanciones pueden ser impugnadas a través de los diversos medios de defensa establecidos por la ley, información que también se refleja puntalmente en nuestro portal.

 

¿Cómo está estructurada la vicepresidencia jurídica para cumplir con sus tareas?

A mi cargo tengo tres direcciones generales que son: la Dirección General de Delitos y Sanciones, la Dirección General Contenciosa y la Dirección General de Visitas de Investigación.

La Dirección General de Visitas de Investigación es la que, como su nombre lo indica, lleva a cabo visitas de investigación para supervisar y revisar a los actores que no tienen un permiso para operar. Derivado de esta revisión, se realizan diversos actos de autoridad, los cuales se inician con una visita, se les otorga derecho de audiencia, se emite la suspensión y, en su caso, la clausura del negocio. Si vemos que realiza actividades de las reservadas para ciertos actores, se emite una opinión de delito que, como sabes, es un requisito de procedibilidad que prevé el tipo penal para los delitos financieros.

La Dirección General de Delitos y Sanciones lleva a cabo la sustanciación de los procedimientos administrativos sancionadores y también se encarga de efectuar el análisis respecto de la procedencia o no de la emisión de una opinión de delito, que, como ya dijimos, es un requisito de procedibiliadad para los delitos financieros.

La Dirección General Contenciosa tiene a su cargo la representación jurídica y la defensa de los actos de autoridad de la comisión, a través de la resolución de los recursos administrativos que se le presentan o actuando en las instancias judiciales y/o administrativas correspondientes; la defensa o revisión de las sanciones que interponen el recurso directamente; la defensa ante los juicios de amparo; la defensa de asuntos laborales, civiles y mercantiles, y sustancia los procedimientos de revocación y cancelación de registro de las entidades.

 

¿Hacia dónde se dirige la CNBV?

A partir de esta administración, la comisión ha tenido un cambio de timón. Anteriormente la parte de supervisión se hacía con base en una checklist; ahora esa supervisión de las entidades financieras se encuentra basada en riesgos. Por ejemplo, antes de ir a una entidad se hace una radiografía de la misma y se verifica cómo está y qué riesgos puede tener. Pongo un ejemplo: el caso Ficrea, que fue muy sonado a finales de 2014. Fue la primera vez que se detuvo un fraude "piramidal”, porque hubiera podido seguir operando sin ningún problema por lo menos un año más, lo que hubiera equivalido a tener un déficit no de 6,000 millones de pesos, sino de 12,000 millones, y con ello un mayor número de ahorradores afectados por el fraude cometido.

Este cambio de timón a que me refería implica que la supervisión está más enfocada a los riesgos, identificando qué es lo que nos preocupa de ciertas entidades, haciendo visitas de forma más recurrente y apoyándonos más en los reportes regulatorios que nos dan una cantidad de información que nos permite prever cualquier problema que pueda haber en alguna entidad.

 

¿Cuáles fueron los casos emblemáticos que encontraste cuando llegaste a la CNBV, en abril de 2014?

Cuando ingresé a la comisión tuvimos el caso de Oceanografía. Me tocó participar en una parte del tema penal, en la emisión de opiniones de delito y en los procedimientos administrativos de sanción, no solamente a Banamex, sino también a aquellos funcionarios bancarios a quienes les detectamos irregularidades en su actuar.

También participamos en el caso del Banco Bicentenario. Dado que dicha institución incumplió con su índice de capitalización, se determinó la revocación del banco y, en consecuencia, el IPAB tomó el control de la institución financiera y cubrió el seguro de protección a los ahorradores, de dos millones y medio de pesos, aproximadamente.

Ese mismo año, en noviembre, llevamos a cabo la intervención gerencial de Ficrea que, como es del dominio público, estaba defraudando a sus ahorradores, por lo que se determinó decretar la intervención y, posteriormente en diciembre de ese mismo año, revocar su autorización.

En 2015 nos enfocamos a la defensa de todos estos procesos. En el caso de Ficrea todavía tenemos juicios: se presentaron por parte de los ahorradores más de 90 juicios de amparo, de los cuales ya tenemos resueltos aproximadamente 78 en favor de los intereses de la comisión. También se iniciaron procedimientos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual resolvió recientemente que la CNBV actuó en cumplimiento al marco jurídico que la regula y en el ámbito de sus atribuciones y facultades en protección de los inversionistas y ahorradores.

En 2016 tuvimos el caso de OHL. Se trata de la sanción más alta que se le ha impuesto históricamente a una emisora bursátil por un tema de interpretación de las normas internacionales de contabilidad. En este caso se sancionó no solamente a la emisora sino también a varios de sus funcionarios.

 

El caso de las vivienderas también fue muy importante…

Las vivienderas, como Homex, Urbi y Sare, ya salieron de su complejo proceso; algunas inclusive ya volvieron a cotizar en la bolsa. Fue un proceso muy largo: revisamos que efectivamente se cumplieran todos los acuerdos derivados del concurso mercantil y que la información que están proporcionando al público inversionista sea la correcta hacia el mercado.

 

A diferencia del pasado, hoy vemos a las empresas que están en problemas someterse a un concurso mercantil, buscando la oportunidad de conservar empleos y retomar el camino si cayeron en un bache. Antes sólo había gente presa o perseguida, pero ningún interés por el mercado o los inversionistas. ¿Cómo explicarías esto?

Es una pregunta compleja. En el caso de las vivienderas, independientemente de los problemas económicos que tuvieron, creo que las inmobiliarias en México tienen mucho potencial económico dado el Plan Nacional de Desarrollo que ha determinado el presidente, y derivado de eso creo que hay inversionistas que le ven futuro a la vivienda en México.

 

Hoy tenemos ejemplos claros de desarrollo con los fideicomisos de infraestructura y bienes raíces (Fibras) o con los certificados de capital de desarrollo (Cecades), ¿no te parece?

Así es, hay una gran cantidad de instrumentos nuevos en el mercado bursátil que han salido en los últimos meses y que han sido útiles para todo el mercado. Creemos que el mercado bursátil debe crecer más, sobre todo hoy en día con la creación de la nueva bolsa que, que como seguramente sabes, está en proceso de autorización.

 

Platícanos qué es esta nueva bolsa.

Es un nuevo integrante del sistema financiero, que está en proceso de autorización, lo que es una buena señal del potencial económico del país. Aprovechando las oportunidades existentes, nuevos inversionistas consideraron oportuno crear una nueva bolsa. Se tenía la falsa creencia que la Bolsa Mexicana de Valores era la única que podía operar en México, lo cual no es cierto; es un actor más del sistema financiero. Esta nueva bolsa generará una sana competencia con la existente en beneficio de los posibles inversionistas.

 

Va a generar competencia y a terminar con un monopolio, que fue uno de los principios políticos que presentó el presidente en su campaña. De hecho, en países que ya tienen un desarrollo pleno existen varias bolsas.

Así es, creemos que esto es bueno para el mercado bursátil porque hay muchas oportunidades que no se han explotado como deberían explotarse. Debemos fomentar el crecimiento del mercado de valores, que tiene un gran potencial en nuestro país.

 


 

 

Edgar Manuel Bonilla Del Ángel es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y cuenta con una maestría en Derecho internacional y comparado por la University of Notre Dame, en Indiana, Estados Unidos. Tiene un curso de Management Programs for Lawyers por la Yale School of Management en New Haven Connecticut, Estados Unidos, un diplomado de Seguridad Nacional por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), un curso de Derecho comparado por la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid, España; un diplomado en Análisis Político y un seminario de Alta Administración Municipal, ambos por el ITESM.

Se ha desempeñado como director general de Delitos Fiscales de la Procuraduría Fiscal de la Federación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y como director dentro de la firma Deloitte (Galaz, Yamazaqui, Ruiz Urquiza, S.C.).

En la Procuraduría General de la República fue director de Extradiciones, director de Análisis Jurídico Internacional y director de Asistencia Jurídica Internacional.

 


RÉPLICA por Fernando González Santillana

 

Distinguido Lic. Ángel Junquera Sepúlveda.
Director general de la publicación el Mundo del Abogado.
PRESENTE:

 

Me dirijo a usted haciendo llegar los siguientes comentarios y precisiones relativos a la entrevista que se sirvió usted realizar al señor Lic. Edgar Manuel Bonilla del Ángel a cargo de la Vicepresidencia Jurídica de la Comisión Nacional Bancaria y de valores, contenida en su distinguida publicación del año 2017 en marzo 17 No. 25 y que va de la página 13 a la 17.
Al respecto y en virtud de que se sirve hacer referencia en dicha entrevista al caso FICREA del que me honro en ser representante de los afectados y ahora acreedores en mi calidad tanto de abogado como de interventor en concurso mercantil desde el año 2016, caso que se ha situado entre los más relevantes por las connotaciones jurídicas, políticas, sociales y administrativas que implica habiendo afectado a más de seis mil ahorradores, entre los que se encuentra un servidor, que en su momento confiaron en el seguimiento, vigilancia y seguridad que la propia CNBV debió procurar para dar certeza al correcto funcionamiento en protección de los intereses del público.
En el entendido que dicha responsabilidad no solo es compleja si no también cambiante, la propia autoridad a nuestro entender debe prever y sancionar en tiempo protegiendo dichos intereses, la experiencia no es corta en este campo en virtud del antecedente que existe, tanto en el caso de multitud de cajas de ahorro y posteriormente con un gran número de financieras populares que a nuestro entender han caído en graves irregularidades de las que en muchos casos conoció con antelación la propia CNBV quien desde luego no tiene limitación para ejercer en tiempo y forma sus facultades y responsabilidades, en el entendido que dicha actuación debe prever y evitar que las propias entidades financieras busquen mecanismos que puedan llevar al fraude y/o a la quiebra en detrimento de los derechos e intereses de los usuarios de los servicios financieros.
Como refiere el señor Vicepresidente de la CNBV en dicha entrevista:
“La vicepresidencia jurídica se encarga de solventar los procedimientos de imposición de sanción, emitir opiniones de delitos e investigar a la personas físicas y morales que actúen como entidad financiera.”
A este respecto es claro que dicha solvencia e imposición así como la emisión de una opinión no solo es una facultad sino también una obligación en virtud de que con el conocimiento que se tiene de las observaciones y posibles transgresiones, de las que cualquier entidad financiera pudiese ser responsable, deriva no solo su seguimiento, también cobra importancia el tiempo y forma en que se ejerce dicha responsabilidad. En el caso que nos ocupa, derivado de las investigaciones, documentos y pruebas que dan lugar a los procesos que reclaman la ineludible responsabilidad de la autoridad consta que desde el año 2011 se venían efectuando diversas observaciones que debían solventarse con el tiempo por parte de la sociedad financiera, ahora bien dichas observaciones en su mayoría no decrecen sino que con el tiempo se fueron agravando e incluso incrementando a este respecto sirve como ejemplo:
1.- La captación de operaciones por montos mayores al capital neto de la sociedad. Dicho excedente se constituye con la inversión del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, lo que no solo constituye una violación a la ley que impide dicha inversión sino que también en conjunto con otras empresas ya excedía el $142, 635,307.00 (Ciento cuarenta y Dos Millones Seiscientos Treinta y Cinco Mil Trecientos Siete Pesos 00/100 MN).
2.-Destacan operaciones de regularidades en el cobro de comisiones, falta de seguimiento a los créditos que integran la cartera, negativa a proporcionar información de la financiera, falta de objetivos y procesos de aprobación, mecanismos y planes en caso de contingencia, incumplimiento de la funciones de contraloría que vigilasen las actividades, omisión en el reporte de créditos por $674,942,218.00 ( Seiscientos setenta y cuatro millones novecientos cuarenta y dos mil doscientos dieciocho pesos 00/100 MN) La falta de reporte de más de 1543 cuentas, falta de mecanismos de control en las realización de operaciones de captación, operaciones de descuento no autorizadas, depósito de personas que no se encontraban autorizadas entre cientos de muchas observaciones más realizadas. Que incluso el ocho de abril del 2013 concluye con un informe de inspección que a la letra dice:
“De la visita de inspección practicada, por lo expuesto en el presente informe se determina existen riesgos importantes que podrían afectar la viabilidad financiera y operativa de la sociedad”
Otorgando una calificación: “Muy alto/creciente riesgo.”
De lo anterior concluimos que la labor de la CNBV se llevó a cabo, que se conocían las formas y condiciones en que la sociedad financiera operaba, que era innegable y evidente el riesgo que corríamos los usuarios de los servicios financieros en FICREA y que si bien es cierto continuaron dichas observaciones hasta el momento de que la propia CNBV determino la intervención en el año de 2014, desatendiendo la obligación de actuar en tiempo y forma procurando la integridad y acceso al patrimonio de todos los ahorradores, lo que genera la acción por omisión que los ahorradores hemos llevado a cabo en contra del estado por el daño patrimonial y moral causado y que desde luego se encuentra regulado en la ley, causando daño irreparable que ya alcanza una devaluación real del patrimonio de más del 40%a la fecha.
Aquí es necesario acotar que entre la muchas resoluciones y sentencia que se han dictado vinculadas al caso que nos ocupa en su mayor parte el criterio judicial ha sido obtuso, haciendo relación directa entre el proceso concursal que dio inicio en el año 2014 y la responsabilidad que pudiera existir por la omisión y negligencia inexcusables de la propia autoridad.
Enfatizando que ni la propia CNBV ni CONDUSEF se ocuparon de informar, señalar o alertar de dichas irregularidades y riesgo a la comunidad de ahorradores en FICREA S.A. DE C.V DE S.F.P. no solo dejando de limitar, sancionar o intervenir en tiempo sino también siendo permisiva respecto de la publicidad y el aval que se continuo realizando en favor de dicha sociedad para continuar con las operaciones que regularmente realizaba FICREA, habiendo determinado en detrimento de los intereses y derechos de los ahorradores la más grave de las imposiciones que puede practicar la propia comisión determinando así la intervención gerencial (A destiempo) y posterior quiebra que a la larga concluyo con el inicio del proceso concursal, mismo que no fue solicitado en las condiciones que lo regula la ley por la propia comisión, allanándose a la solicitud de inicio de dicho proceso, lo que determina las herramientas que a posteriori el sistema judicial erróneamente ocupa para desvincular al estado de la responsabilidad que hubiere tenido respecto de la quiebra y gigante desfalco en contra de los ahorradores.
Refiere el Lic. Edgar Bonilla que:
“En el caso FICREA la intervención de la CNBV detuvo un fraude piramidal que hubiera seguido operando sin problema alguno por lo menos un año más lo que hubiera equivocado a tener un déficit no de 6,000 Millones de pesos sino de 12,000 Millones.”
Ahora bien es claro que la CNBV no careció, ni carece de elementos y/o acciones para actuar así como tampoco desconoce los grandes problemas que determinaron la quiebra de dicha sociedad y ocasionaron el daño ya referido, consecuentemente de haber actuado en tiempo en la vigilancia y protección de nuestros intereses y derechos, el déficit que refiere la Vicepresidencia Jurídica no hubiese sido de 6,000 Millones pudo haber sido menor o no existir.
A nuestro criterio y con el conocimiento que existe de la información y de los procesos, discrepamos de dicha declaración toda vez que a luz de dicho comentario se omite comentar que la principal razón no fue precisamente la aplicación de un esquema piramidal sino mayormente la triangulación de las operaciones que llevo a cabo la sociedad financiera básicamente con 2 empresas Leadman Trade y Baus & Jackman, quienes no solo recibían el dinero invertido en FICREA también efectuaban préstamos y soportaban su recuperación, responsabilizando al deudor no solo ante la propia sociedad financiera sino también finalmente contra quien otorgaba el crédito a través de arrendamientos financieros. A nuestro juicio determinando el delito o contravención a la propia ley, así como con fundamento en las observaciones que reiteradamente hizo la propia CNBV en el sentido de que en efecto estaba ingresando a dicha sociedad un mayor flujo de dinero del que estaría autorizado para manejar y que finalmente redireccionaba duplicando incluso la contabilidad.
Cabe mencionar que a la fecha en que se dio intervención no existía incumplimiento con ninguno de los contratos que la sociedad financiera tenia suscrito con ninguno de los ahorradores.
A mayor abundamiento y estando en concordancia con el fallo favorable dictado por el Juez Octavo de distrito de la Ciudad de México el Lic. Fernando Silva García, en cuatro casos alusivos al asunto que nos ocupa, resuelve que:
“Se concluye que existió una violación a los principios de legalidad y debido procedimiento administrativo previstos en el artículo 16 constitucional, en concordancia con el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respecto al derecho a la propiedad (ahorro) de la quejosa imputable a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, porque los actos reclamados revelan y son el resultado de una deficiente supervisión sobre Ficrea y de implementar oportunamente las medidas correctivas previstas en los artículos 4, fracciones I, IX, XVIII y 5 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Reglamento de Supervisión de la referida Comisión previstas en los artículos 1, 4, 5, 8, 9, 43, 49, 52, 55, 62, 66, 68, 69, ya que la CNBV conoció de las graves irregularidades de la Sociedad Financiera Popular al menos desde el 8 de abril de 2013; y además por faltar al deber de alertar al público ahorrador de la situación financiera por la que atravesaba dicha entidad financiera de manera que la parte quejosa como ahorrador de buena fe desconocía las irregularidades por las cuales atravesaba la entidad en cuestión.”
Concluyendo la autoridad de acuerdo con nuestro propio juicio, que es la CNBV responsable del daño y quebranto causado por dicha Sociedad Financiera y que de su propio pecunio es que se debe resarcir a los actores. Dicha sentencia no fue confirmada en instancias superiores, sin embargo dicho criterio estimamos es el correcto.
Ahora bien Lic. Edgar Manuel Bonilla del Ángel hace referencia a los acuerdos de Basilea sobre Supervisión Bancaria, dichos acuerdos fueron adoptados por el Estado Mexicano el 13 de Marzo del 2009, de lo que deriva a nuestro criterio una clara violación a los principios 8, 9 y 11 contenidos en dichos acuerdos ya que la CNBV demoró indebidamente la aplicación de las oportunas medidas correctivas por lo menos de 1 año toda vez que conoció de las irregularidades de la sociedad como mínimo desde el 8 de abril de 2013.
Lo anterior a nuestro juicio tiene como resultado una grave violación de los derechos humanos reconocidos y protegidos por el estado y desde luego listados por la Convención Interamericana de Derechos Humanos entre ellos un principio fundamental reconocido por la Suprema Corte de la Nación el principio “Pro Persona”, así como los instrumentos que son tendientes a asegurar la defensa de dichos derechos, en este sentido el daño causado por el estado se actualiza desde el mismo momento o instante en que se priva el acceso al patrimonio de los afectados, lo que genera la acción por omisión que se reclama en diversos procesos iniciados, reclamando daño patrimonial y moral ocasionado por el propio estado en el entendido que cualquier acción o proceso conlleva el reconocimiento de acciones colectivas, lo anterior con fundamento en las reformas aprobadas por el congreso. En las que se reconoce que:
“Son acciones colectivas aquellas que hayan afectado los intereses de los usuarios de servicios financieros en el país”.
Ahora bien la CNBV ciertamente decreta la intervención y posterior revocación para operar a FICREA S.A. DE C.V DE S.F.P. en diciembre del 2014, pero es aquí oportuno recordar que tanto la propia CNBV así como la CONDUSEF a través de sus titulares declararon a medios y afectados que la sociedad financiera continuaría sus labores, garantizando con ello la recuperación de las cantidades ahorradas o invertidas por los usuarios, en el entendido que se contaba con suficientes garantías para reintegrar el patrimonio, una de ellas consistió en el contrato que cede la totalidad de las cuentas a FICREA por parte de LEADMAN TRADE y que habrían sido trianguladas a través de dicha empresa y que importan un monto que alcanza más de 6,000 Millones de pesos lo que es coincidente con lo declarado por el Lic. Bonilla del Ángel, amén del posible incremento que podría existir en virtud de que la propia CNBV declaro la existencia de 7,071 Millones de pesos, lo anterior como ya referimos no representó un esquema piramidal.
A mayor abundamiento a través de la labor realizada por la sindicatura que administra la recuperación en el proceso concursal y con el seguimiento que a ella se realiza a través de la propia interventoría, se inició proceso en contra del socio mayoritario de FICREA EL Sr. Rafael Antonio Olvera Amezcua reclamando la devolución o reintegración de 65 Millones de Dólares que en sentencia que en su momento pronuncie la Corte Americana en Miami, Florida, podría alcanzar 3 veces la cantidad reclamada, habiendo ocupado para dar sustento a dicho proceso la evasión fiscal, fraude contra terceros y ampliando la acción no solo a la esfera de los bienes y cuentas propiedad del señor Olvera sino también a la de sus familiares más cercanos.
Destaca en este punto la condición en que dicho capital hubiese abandonado el país para migrar a las Estados Unidos de Norte América, llevando inversiones a ese país a través de diversas personas morales codemandadas en dicho proceso, se deduce de lo anterior que la propia autoridad no pudo desconocer la salida de este enorme capital, conociendo incluso la sobrada preparación y experiencia con la que cuenta el titular de la Vicepresidencia Jurídica de la CNBV ya que como refiere el mismo se desempeñó como Director General de Delitos Fiscales de la Procuraduría Fiscal de la Federación dependiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, así como también como director de la firma Deloitte (Galaz, Yamazaqui, Ruiz Urquiza, S.C.), quien en su momento audito y califico la cartera con la que cuenta FICREA S.A. DE C.V. DE S.F.P.
Destaca también que dichas inversiones no solo hayan sido realizadas en territorio de los Estados Unidos de Norte América, también se procura la recuperación de capital invertido en Gran Bretaña así como en es España, continuando así las investigaciones y búsqueda de capital e inmuebles en los que pudo haber invertido el señor Olvera Amezcua ocupando los recursos de la propia sociedad financiera.
Finalmente diferimos también de la opinión en el sentido de que las recientes resoluciones en el ámbito judicial o incluso las acciones llevadas a cabo ante diferentes organismos hayan finalizado o concluido, toda vez que existen multitud de recursos y procesos de los que estoy seguro harán uso las diferentes firmas legales que han venido representando a los afectados y que conllevan la recuperación de todo el patrimonio, así como el reconocimiento del daño moral causado y los intereses que sean generados hasta la fecha que se obtengan resoluciones o sentencias favorables, en el entendido que habrán de llegar en su mayoría al máximo órgano de impartición de justicia de la nación la SCJN, de la que ya en varios momentos se ha solicitado la atracción para el reconocimiento del caso y resolución de fondo, habiéndose a la fecha reiteradamente negado a su estudio y análisis en lo tocante al fondo de las demandas que reclaman por encima de todo una clara violación a los derechos humanos así como a la ineludible e inobjetable responsabilidad del estado, aunado a lo anterior existen 3 órdenes de aprehensión en territorio nacional así como una solicitud de extradición pendientes de cumplimentarse, estando pendientes de la actuación de las autoridades mexicanas.
Es claro a nuestro entender, la urgencia en una mejor supervisión, vigilancia y desempeño del estado que garantice la certeza y seguridad a los ahorradores e inversionistas nacionales, en el entendido que con posterioridad al asunto que nos ocupa se generaron otros más que tiene gran similitud o igualdad con nuestra condición en dicha Sociedad Financiera, lo que evidentemente no representaría avance o mejora en la actuación o labor que desempeña la autoridad así como la responsabilidad a la que está obligada y que no puede desatender, aminorar o negar.
También es claro que de existir voluntad política, así como ánimo y conciencia para resolver el problema que nos ocupa, incluso después de dicha intervención y quiebra, se pudo analizar o estudiar el mecanismo más conveniente para beneficiar a los afectados, las propuestas de dicha solución han continuado a través del estudio de una posible subrogación, cesión de derechos o cualquier otra figura jurídica aplicable al caso que nos ocupa, propuestas que se han hecho llegar y analizado directamente con la propia Vicepresidencia Jurídica de la CNBV.
Ahora bien dicha voluntad se ha manifestado con el conocimiento de la solución que a últimas fechas se logró implementar para la sociedad financiera Coincidir en la que se logró la compraventa de la cartera que garantizo la recuperación del patrimonio de los afectados en esa sociedad y es claro que dicho mecanismo es también viable para FICREA.
Aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi atenta y distinguida consideración, agradeciendo el espacio que se sirva usted brindar a la réplica que hago llegar.

Ciudad de México a 8 de Noviembre del 2018


Fernando González Santillana

(Licenciado en Derecho por la Universidad Nuevo Mundo, diplomado en Derecho Mercantil y Derecho Civil, Premio Nacional de la Administración Pública, integrante en la Consultoría Jurídica de Relaciones Exteriores a la negociación de Tratados Internacionales, redactor de la Comisión de Asesores Externos de la propia Secretaria). 

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