Gonzalo Sánchez de Tagle

El federalismo en crisis

Gonzalo Sánchez de Tagle

 

Con motivo de la reciente publicación de su libro “La Constitución Política de la Ciudad de México, federalismo e instituciones”, Gonzalo Sánchez de Tagle aborda el tema del federalismo, analiza si a la Ciudad de México le convino ser parte de la regla federal y no la excepción, y hace un balance de los aspectos positivos y negativos de la Constitución de la Ciudad de México.

 

 

¿De dónde nació la idea de escribir sobre la Constitución de la Ciudad de México?

La idea surgió de Francisco Zarco y su libro sobre la Constitución de 1857 (Historia del Congreso Extraordinario Constituyente de 1856 y 1857). Él, como constituyente, dio cuenta y detalle sobre los debates y las discusiones por los que se adoptaron muchas de las instituciones que al día de hoy nos conforman. De ahí, desde que comenzó el proceso de reforma a la Constitución Política de la Ciudad de México de 2016, el proceso electoral a la Asamblea Constituyente y sus sesiones, me pareció que era necesario dar cuenta de la forma en que se estaba desarrollando este proceso. Con independencia de su resultado, fue un proceso histórico relevante e interesante.

 

Además, porque el proceso coincidió con el centenario de la Constitución Política de 1917…

Sí, me interesó como un proceso constitucional inédito de nuestra historia reciente. Y porque la Ciudad de México siempre ha sido referente en cambios sociales y políticos para el país. En ese sentido, en el contexto del centenario, en su momento existió la oportunidad, o cuando menos eso pareció, de que la Asamblea Constituyente fuera un ejercicio o un modelo sobre una nueva manera de tomar decisiones públicas. Se trataba de la Constitución de la ciudad.

En ese sentido, desde que se aprobó la reforma constitucional, en enero de 2016, hasta que se concluyeron los trabajos de la Asamblea Constituyente, un año después, escribí periódicamente en la revista La Capital sobre ese proceso, desde las reformas a la Constitución, el proceso electoral, las candidaturas independientes —que más bien fueron una especie de burla—, la instalación, las comisiones y sus deliberaciones y, finalmente, el texto de la Constitución.

 

En ese sentido, ¿cuál es el balance del proceso constituyente? ¿Fue un ejercicio democrático que cumplió con las expectativas de los capitalinos?

Desde el punto de vista del proceso el resultado no es positivo. Sobre todo porque, como te decía, las candidaturas independientes fueron diseñadas con la intención de que resultaran ineficaces. Pero aún más grave es que de los 100 constituyentes 40 fueron designados, es decir, impuestos por los poderes constituidos; 28 diputados y senadores y los 12 restantes, designados por el presidente y por el jefe de gobierno. Así que la asamblea tuvo un pecado original que se manifestó en la ausencia de legitimidad democrática la cual tuvo impacto en su representatividad. En ese sentido, la representación de las fuerzas políticas de la ciudad se reflejó de manera indebida en la asamblea.

 

Ahora, una cosa es el proceso constituyente y otra muy distinta el texto constitucional, aun cuando hayan existido deficiencias democráticas en su conformación. ¿Cuál es tú opinión acerca del texto constitucional?

Creo que también en el pecado llevó la penitencia. El jefe de gobierno de entonces coordinó los esfuerzos para redactar la propuesta de proyecto. Es decir, de algún lugar tenía que venir una base sobre la cual discutir y hubiera sido casi imposible que la propia asamblea comenzara de cero. Pero el problema fue que en vez de ofrecer una propuesta ligera, ágil y breve —es decir, una Constitución de principios—, su método fue incorporar absolutamente todas las ideas que el consejo redactor estimó pertinentes. Ya la propuesta inicial, digamos la iniciativa, era un documento altamente detallado, reglamentario, confuso y contradictorio. Por eso fue imposible para la asamblea transitar a un documento, ya no digamos óptimo, sino accesible. Y fue así porque el método pareció más bien no dejar nada fuera; por ejemplo, el Estado tiene la obligación de asignar entrenadores físicos, para garantizar el derecho al deporte, que es un exceso irrealizable e incluso absurdo. En ese sentido, más bien pareció que todas las agendas tuvieron espacio constitucional, en lugar de optar por un documento ligero y un texto accesible.

 

En tu libro aseguras que la Constitución de la ciudad se desborda en garantizar los derechos humanos.

Cuando se garantiza todo, entonces nada está garantizado. El problema con la Constitución es que, por ejemplo, utiliza el vocablo garantía casi 200 veces y de sus 71 artículos, 48 garantizan algo. En esa medida, la constituyente abusó de la garantía, porque, como dice Bobbio, el problema de los derechos humanos no es uno de fundamentos, sino de medios. Así, no es posible garantizar a todos, todo el tiempo, todos los derechos que se reconocen ahí. Claro que ésta es una discusión vieja y en principio está bien que se reconozcan los derechos; incluso, es una obligación del Estado en materia de derechos económicos, sociales y culturales, pero es ocioso hacerlo si no existen los medios, cualesquiera que sean, para lograrlo.

 

En ese sentido, ¿coincides con quienes aseguran que la Constitución de la ciudad es progresista y de avanzada?

En alguna medida sí. Se contempla, por ejemplo, el derecho a una muerte digna y se avanza sustantivamente en el reconocimiento de los derechos de las comunidades originarias, de las personas indígenas y de los afrodescendientes. También se establecen mecanismos de participación democrática que, aun cuando sabemos que muchas veces los individuos son cooptados por grupos de interés, es importante que existan como mecanismo de democratización social.

 

En tu obra haces un esfuerzo por ordenar y explicar las nuevas instituciones que se crearon en la Constitución. ¿Es necesaria una articulación así?

Me parece que sí. La Constitución es prolífica en la creación de nuevos programas, comisiones, instituciones, organismos, planes y sistemas. Es decir, de su simple lectura es muy difícil comprender el entramado orgánico de la Ciudad de México. Por eso, en el segundo apartado de mi libro me aboco a desentrañar el nuevo marco institucional de la ciudad. Lo hago a partir del entendimiento de los tres poderes tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), los órganos con autonomía constitucional y las alcaldías. En ese sentido, quizás el organismo más importante es el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva. Muchos programas dependen de este instituto que, entre otras cosas, tiene a su cargo la formulación del plan de desarrollo y del plan de ordenamiento territorial, además de la coordinación de un sistema de información estadística. Bien utilizado, este instituto puede ser una herramienta muy positiva para la ciudad.

Ahora, la proliferación de organismos se presenta prácticamente en todos los poderes y en muy variadas materias. Es necesario que dejemos que se asienten y que comiencen a cobrar forma y sentido propio en el gobierno de la ciudad.

 

Me parece que la parte más valiosa del libro es el primer apartado: “Derecho constitucional estatal”, que se refiere al federalismo. ¿Por qué hablar de federalismo cuando el texto se aboca a la Constitución de la Ciudad de México?

Cuando terminó el proceso constituyente me quedé con un sabor de boca amargo. Muchas cosas positivas y algunas negativas. Pero, sobre todo, a quienes nos interesó el proceso, nos quedó una sensación de que algo había concluido, cuando en realidad sólo estaba comenzando. En ese sentido, el federalismo es importante, porque la Ciudad de México, como entidad federativa, entró de lleno al pacto federal. Muchas reglas que antes eran excepcionales para la capital ahora son ley. Como es el caso de que sus facultades constitucionales ya no son expresas, sino que se sirven de la regla general de residualidad, o ya son parte del proceso de reformas a la Constitución.

Sin embargo, el federalismo como sistema vivo se encuentra en franca crisis. Así que una reflexión muy preliminar consiste en plantear si a la Ciudad de México le convino ser parte de la regla federal y no la excepción. Creo que sí se beneficia. Pero vemos, y éste es el propósito del primer apartado de mi libro, que el federalismo cada vez es más una idea que una realidad. Desde la Constitución las entidades federativas pierden cada vez más atribuciones y se limita su autonomía. Es decir, estamos observando una centralización de facultades. Y, en efecto, este texto es una defensa del federalismo como el mejor de los sistemas para distribuir el poder, porque en sí mismo representa un contrapeso a su ejercicio, democratiza la participación ciudadana y tiene el potencial para sacar lo mejor de cada región, sólo por mencionar algunos de sus beneficios. Claro que la realidad presenta muchos retos, pero yo soy de la idea de que es necesario insistir en el federalismo, y para el caso también en el municipalismo, como una forma correcta de comenzar a corregir nuestros entuertos.

 

¿Qué futuro ves para el federalismo en México?

Creo que por el momento no es uno bueno; al contrario. Actualmente la premisa del federalismo está volteada y no parece que vaya a cambiar en el futuro cercano. Me refiero a que el pacto fiscal provoca que los estados dependan casi en exclusiva de los recursos federales por medio de las participaciones y las aportaciones. En esa medida el incentivo está al revés: en lugar de que los estados sirvan de contrapeso orgánico y regional al centro, se convierten en sus servidores.

 

Finalmente, ¿cuál es el balance, si es posible hacer alguno, sobre el proceso de la Constitución de la Ciudad de México?

Creo que al final es positivo. Si bien muchas cosas son más bien negativas, como el proceso de elección del constituyente y el hecho de que se trata de un texto muy complejo, de difícil acceso y extremadamente técnico, se trató de un ejercicio de democracia y de participación sin precedentes. Me refiero a la posibilidad de que los ciudadanos presentáramos directamente las iniciativas, las consultas a pueblos y comunidades indígenas, el parlamento abierto… Sólo por hablar del proceso.

Desde el punto de vista del fondo, aun con todo lo criticable que tiene, el hecho de que se reconozcan derechos fundamentales siempre debe ser una buena noticia; incluso la proliferación de instituciones cuya finalidad sea la garantía de esos derechos, como es el caso de las reservas presupuestales o la planeación para el desarrollo, es algo que redundará en beneficio de la ciudad, lo mismo que la existencia de las leyes de desarrollo constitucional.

Esta Constitución, como cualquier obra humana, es perfectible. Debemos darle tiempo para que se asiente y comience a cobrar sentido poco a poco. Esperemos que los funcionarios públicos encargados de darle vida estén a la altura de ese desafío.

 


 

Gonzalo Sánchez de Tagle Pérez Salazar es abogado por la Universidad Iberoamericana y maestro en Derecho por la Universidad de Georgetown. Cuenta con la especialidad de Derecho público por la Escuela Libre de Derecho y con estudios de historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Ha publicado más de 300 artículos de opinión sobre política, Derecho constitucional e historia en diversos medios de comunicación, como Nexos, Reforma, La Jornada y Huffington Post.

Fue coordinador general del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado y actualmente es socio de ST Consultores, firma especializada en asuntos públicos.

 

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