Guillermo de Rosenzweig

Lineamientos para reparar el daño moral

Guillermo de Rosenzweig

 

Desde hace algunos años el tema del daño moral ha tenido una evolución importante en nuestro sistema jurídico, lo que implica una serie de retos primordialmente en lo que respecta a la forma en que ha de cuantificarse una eventual indemnización. De este tema habla Guillermo de Rosenzweig, abogado litigante en materias civil, mercantil y amparo.

 

 

¿Qué es el daño moral?

El daño moral es la afectación que se causa a cualquiera de los derechos de la personalidad que, en forma enunciativa y no limitativa, tutela el artículo 1916 del Código Civil Federal y sus correlativos de los códigos civiles para las entidades federativas. Esos bienes tutelados son, entre otros, los sentimientos, los afectos, las creencias, el decoro, el honor, la reputación, la vida privada, la configuración y aspectos físicos, o bien la consideración que de una persona tienen los demás. Es importante no confundir el daño moral con el daño material regulado por el artículo 1910 del Código Civil federal. El origen tanto del daño moral como del daño material lo constituye un acto ilícito; sin embargo, existe la tendencia a confundirlos, lo que desde luego resulta incorrecto.

 

¿Cuál sería, entonces, la diferencia entre daño moral y daño material?

El daño material consiste en los daños y perjuicios que se derivan de una conducta ilícita, entendido el daño como la pérdida o el menoscabo sufrido en el patrimonio de una persona, y el perjuicio, como la privación de cualquier ganancia lícita que debiera haberse obtenido de no haber incurrido el responsable en una conducta ilícita. Por su parte, el daño moral es el que deviene concretamente de la afectación de los bienes tutelados, enunciativa más no limitativamente, por el citado artículo 1916 del Código Civil federal y que están vinculados con los derechos de la personalidad.

Si del acto ilícito se desprende un daño material (daños y perjuicios), y con el mismo se afecta además alguno de los derechos de la personalidad tutelados por el citado artículo 1916, existirá la posibilidad de reclamar ambos daños.

 

¿Cómo se cuantifican las indemnizaciones por daño material?

La cuantificación de la indemnización del daño material derivado de un acto ilícito parte de un sistema objetivo, pues ésta dependerá del acreditamiento de la pérdida o el menoscabo que sufra el afectado en su patimonio o, en su caso, de la privación de cualquier ganancia lícita.

 

¿Y por daño moral?

Resulta más compleja, pues en todo caso está sustentada en la afectación de los sentimientos, los afectos, las creencias, el decoro, el honor, la reputación, la vida privada, la configuración y aspectos físicos, o bien la consideración que de una persona tienen los demás, que en todo caso son bienes que encierran un contenido eminentemente subjetivo, y es ahí donde se debe destacar la intervención del juzgador, quien, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 1916 del Código Civil federal, debe tomar en consideración los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable y de la víctima, así como las circunstancias particulares de cada caso.

Tradicionalmente los juzgados adoptaron un criterio sumamente conservador al determinar las cantidades de las que debían responder las personas que causan a otro un daño moral; sin embargo, existe una tendencia surgida recientemente de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se ha valorado de mánera más justa la importancia de los bienes tutelados por el citado artículo 1916, lo que desde luego ha dado como resultado condenas de mucho mayor importancia.

 

¿En qué consiste esa nueva tendencia de la Corte a la que alude?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha incorporado un elemento adicional al que se le conoce como daño punitivo, que se ha hecho consistir en la necesidad de imponer a quienes incurren en una conducta causante de daño moral, una sanción que además de considerar todos los elementos a los que hace referencia el citado artículo 1916, resulte de tal magnitud que asegure que el responsable no incurrirá nuevamente en esa misma conducta o en una similar.

Es de destacar la necesidad de evitar que con la indemnización impuesta al responsable se provoque un lucro por parte de quien sufre la afectación, pues no se trata de enriquecerlo sino de resarcir, en su justa medida, el daño que sufre el afectado en los bienes tutelados por la ley. Lo anterior impone al juzgador la necesidad de lograr un razonable y sano equilibrio entre todos los factores involucrados.

 

¿Qué tipo de afectaciones se derivan del daño moral?

Dos tipos: las patrimoniales y las extrapatrimoniales, a las que les corresponden distintos tratamientos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado inconstitucional sujetar el monto de la indemnización por consecuencias extrapatrimoniales derivadas del daño moral, a la condición económica o social de la víctima, pues en todo caso ésta no incide, aumenta ni disminuye el dolor o el padecimiento sufrido. Este criterio constituye actualmente una tesis aislada que muy probablemente y con el tiempo derivará en jurisprudencia definida.

Cabe precisar que cuando se trata de determinar el monto de la indemnización derivado del daño moral por consecuencias patrimoniales, el juzgador, aquí sí, deberá de analizar en su resolución la situación económica y social de la víctima y sustentarla en ése y los demás parámetros que impone el artículo 1916 del Código Civil federal y sus correlativos de las entidades federativas.

 

¿Existe algún límite en la indemnización derivada del daño moral?

En principio, no; sin embargo, la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), que regula el daño al patrimonio moral derivado del abuso del derecho de la información y la libertad de expresión, impone un límite a la indemnización que no podrá exceder 350 días de salario mínimo general vigente (actualmente unidad de medida y actualización) en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), sin incluir gastos y costas.

 

¿Esa limitación es constitucional?

Resulta sumamente cuestionable, pues en todo caso no existe sustento para topar la afectación que sufre una persona en su vida privada, honor e imagen, que en todo caso constituyen bienes tutelados por el artículo 1916 del Código Civil federal, por el solo hecho de que esa afectación tenga como origen el abuso del derecho a la información o la libertad de expresión, ya que en todo caso la afectación sufrida puede resultar igual o inclusive más grave que aquella cuyo origen es diverso al citado abuso del derecho de la información y la libertad de expresión. Resulta evidente que al imponer esa limitación, arbitraria y claramente desproporcional, se impide injustificadamente la reparación integral real del daño sufrido, y se le permite a aquellos que abusan de un derecho no asumir las consecuencias reales de sus actos, en todo caso ilícitos.

 

¿Existe otro caso en el que se haya intentado topar la indemnizacion por daño moral?

Sí, aquél en el que éste es consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado. En efecto, de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, concretamente el segundo párrafo de la fracción II de su artículo 14, prevé que en este supuesto el monto de la indemnización a favor de quien sufre el daño moral no debe exceder el equivalente a 20,000 veces el salario mínimo general diario vigente (actualmente unidad de medida y actualización) en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) por cada reclamante afectado. Cabe precisar que sobre el particular existen ya criterios en el sentido de que tal limitación legal resulta en todo caso inconstitucional, al violar el último párrafo del artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que prevé el derecho de los gobernados a ser indemnizados por los daños que sufren como consecuencia de la citada actividad irregular del Estado.

Cualquier tope o barrera que imponga la ley al monto de la indeminización derivada del daño moral resultaría, además de inconstitucional, inconvencional, ya que se violaría lo concretamente dispuesto por el artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la que México es parte firmante, que prevé el derecho de toda persona que sufre una violación de un derecho (como lo sería el derecho a la integridad personal física, psíquica y moral) al pago de una justa indemnización.

 

¿A quién corresponde la legitimación activa para reclamar una indemnización por daño moral?

Exclusivamente a aquel que se vio afectado de manera directa en los bienes tutelados enunciativamente por el artículo 1916 del Código Civil federal y sus correlativos para las entidades federativas. En efecto, la legitimación que corresponde a la víctima directa excluye la legitimación que pudiera corresponder a sus familiares, aun cuando éstos sufran alguna afectación indirecta derivada del hecho ilícito en el que se sustenta el daño moral. No obstante lo anterior, existen precedentes emitidos por los tribunales colegiados de circuito en materia civil en los que se ha considerado que a los familiares de la vícitma les corresponde también la legitimación para reclamar dicha indeminización. Esos precedentes están fundados en el principio pro persona del que se desprende que en todo caso debe acudirse a la norma más amplia o a la intepretación más extensiva cuando se trate de derechos protegidos.

Con independencia de lo anterior, cabe precisar que la acción de reparación de daño moral no es transmisible a terceros por actos entre vivos y sólo se transmite a los herederos de la víctima, cuando esta última hubiere intentado la acción de indemnización en vida.

 


 

Guillermo de Rosenzweig es abogado por la Escuela Libre de Derecho. Durante 10 años impartió las cátedras de contratos mercantiles y de marco legal de las inversiones extranjeras en la Universidad Panamericana. Es miembro fundador del despacho De Rosenzweig y De Rosenzweig y ha ejercido como abogado litigante en materias civil, mercantil y amparo desde hace 31 años.

 

 

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