Héctor Carreón Perea

Claves para transitar hacia un nuevo modelo de procuración de justicia

Héctor Carreón Perea

 

¿Cómo lograr que exista un servicio profesional de carrera sólido en el seno de las instituciones de procuración de justicia? ¿De qué manera es posible mejorar la actuación de los órganos encargados de la investigación y la persecución de los delitos? Éstos son algunos de los temas que han guiado la trayectoria profesional de Héctor Carreón Perea en el servicio público y en el ámbito académico. En esta entrevista nos habla sobre ellos y también acerca de los componentes que pueden fortalecer la adopción de un nuevo modelo de procuración de justicia a nivel nacional.

 

 

Actualmente formas parte de la Comisión Técnica para la Transición de la Procuraduría General de Justicia a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. ¿Cuáles consideras que son elementos fundamentales para lograr la modernización de las instituciones de procuración de justicia? 

Considero que hay piezas fundamentales que formarán parte de este proceso de transformación institucional, las cuales tienen que ver, de inicio, con el liderazgo y el fortalecimiento de las capacidades de nuestros servidores públicos en el desempeño de la función ministerial y que están intrínsecamente relacionadas con el diseño de un servicio profesional de carrera innovador que establezca condiciones de empleo transparentes en la gestión del capital humano; por ejemplo, esquemas de movilidad interna basados en la meritocracia, mejor remuneración y una apropiada estabilidad laboral. Otro aspecto primordial es garantizar el acceso a la asistencia jurídica por parte de las instituciones del Ministerio Público, que va desde el primer contacto que tiene la ciudadanía con cualquier servidor público hasta la parte del acompañamiento, la definición y la resolución de estas problemáticas como parte del procedimiento penal. Y otro tiene que ver con la construcción, tanto en el ámbito ciudadano como en el servicio público, de una cultura de la paz, a través de la socialización y el fortalecimiento de las unidades de mecanismos alternativos de solución de controversias. Como sabemos, el propio artículo 17 constitucional establece la posibilidad de que esas problemáticas puedan resolverse también a través de vías que no son necesariamente punitivas y, de manera conjunta, tanto víctima y ofensor como la propia comunidad afectada puedan hacer una propuesta concreta de acuerdos. Esos son tres elementos fundamentales, más no limitativos, para la adopción de un nuevo modelo de procuración de justicia.

 

Quisiera profundizar en cada uno de estos tres elementos que mencionas. ¿De qué manera crees que podría incidir la modernización del servicio profesional de carrera en la adopción de un nuevo modelo de procuración de justicia?

El servicio de carrera es una de las aristas en las que menos atención se pone por parte de las autoridades de procuración de justicia. Éste es un mecanismo importantísimo de gestión y desarrollo del capital humano, pero, a pesar de tener un fundamento legal, muchas veces su referencia jurídica sólo queda en la letra, es decir, no se materializa debidamente. Hay diversos elementos que conforman al servicio profesional de carrera, como el debido reclutamiento, la definición de convocatorias altamente competitivas y, posteriormente, el fomento de la productividad y la adaptabilidad de los servidores públicos una vez que ingresan a la institución. En este punto se tienen que atender aspectos como contrataciones, ascensos, estímulos e, incluso, esquemas responsables de retiro, que permitan a los servidores públicos realizarse no sólo en el ámbito profesional sino también en el personal.

El servicio profesional de carrera implica, además, que se garanticen debidamente las trayectorias de movilidad del personal que se producen en el interior y en el exterior de la institución. Muchas veces olvidamos que éstas dependen de múltiples factores como la certificación de competencias y las evaluaciones de desempeño. De esta manera, es posible asegurar el respeto a principios fundamentales, como la meritocracia y el reconocimiento del talento y la iniciativa del personal, y fortalecer el vínculo ético de los servidores públicos respecto de las funciones que realizan. Desafortunadamente, estas expectativas no se han ejecutado de manera objetiva en las procuradurías y las fiscalías del país.

 

¿Cuáles son los elementos más importantes que deben aplicarse en el diseño de un servicio profesional de carrera?

El primero sería fortalecer los esquemas técnicos de contratación que se realizan en las instituciones de procuración de justicia, porque es una de las falencias que se han observado; por ejemplo, los estándares de calidad de los exámenes de ingreso, incluso los exámenes de ascenso, carecen de rigor científico y técnico, aunado a las pocas oportunidades que tiene el personal de participar activamente en los procesos de desarrollo. Y eso repercute en la calidad del desempeño posterior de los servidores públicos.

En segundo lugar, está el tema de la meritocracia. Cuando hablamos de este principio debemos asociarlo con la posibilidad de garantizar sistemas justos y transparentes de selección y promoción del personal, con base en estándares objetivos. Desafortunadamente, las instituciones de procuración de justicia han estado muy laceradas por malas prácticas que tienen que ver con el ingreso o la contratación de profesionistas que no siempre cumplen el perfil para desarrollar funciones de carácter sustantivo o directivo.

La modernización del servicio profesional de carrera también hace necesario el diseño gradual de mecanismos específicos de gestión para el personal sindicalizado o de base y para los servidores públicos ubicados en el régimen de libre designación o de confianza (por ejemplo, subdirectores y directores), con la finalidad de expandir un sistema técnico de empleo público para este cuerpo estable de servidores públicos.

Por último, considero que es importante garantizar una verdadera profesionalización continua de los servidores públicos, lo cual tiene que ver con la necesidad de que la capacitación sea accesible a todos los perfiles y no únicamente al personal que, de manera discrecional, es designado por los empleados públicos de alto nivel.

 

¿Qué medidas pueden tomarse para que esta capacitación sea efectiva y de calidad?

La profesionalización está ligada a dos aspectos: uno tiene que ver con la formación inicial, y otro, con la capacitación continua. Cuando nosotros hablamos de formación inicial nos referimos a esa capacitación que brinda a los servidores públicos que ingresan a las procuradurías y a las fiscalías. Esta capacitación debe estar orientada a establecer bases sólidas de conocimiento sobre las funciones y las competencias que desempeñarán en el ámbito sustantivo una vez que el alumno egrese.

Por otra parte está la capacitación continua, que va desde la actualización hasta la especialización. La actualización tiene que ver con una constante capacitación que se tiene que ofrecer a los servidores públicos en temas fundamentales para la agenda pública y para el desempeño de la institución; cuestiones que tienen que ver con la atención al público o relacionadas con las más recientes reformas sobre seguridad y justicia. En cuanto a la especialización, tiene que ver con temas como los estudios de posgrado: especialidad, maestría o incluso doctorado, que son esquemas de capacitación que también deben estar previstos para el desarrollo profesional de los servidores públicos.

 

Otro de los aspectos que nos comentabas antes es el de la atención al público, a las víctimas. Es uno de los grandes retos que tienen las instituciones del Ministerio Público. En ese sentido, ¿cuáles son las estrategias que deben implementarse para darle cumplimiento?

Este es un punto fundamental. Todo proceso de transición implica mejorar la confianza que tiene la gente en las instituciones de procuración de justicia. Y ésta se garantiza, por ejemplo, a través del primer contacto que establezca la ciudadanía con los servidores públicos. Ése es uno de los temas que se están impulsando actualmente. Si analizamos el Plan de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024, una de las estrategias tiene que ver con la pronta atención de la institución del Ministerio Público hacia la ciudadanía. Las procuradurías y las fiscalías no deben ser vistas únicamente como instituciones que llevan a cabo la investigación y la persecución de los delitos, sino también como verdaderas instituciones proveedoras de servicios de asistencia jurídica.

 

En relación con la atención a las víctimas, ¿cuáles son algunas medidas a implementarse para que se pueda garantizar su derecho a la asistencia jurídica?

Que las instituciones del Ministerio Público adopten parámetros de asistencia incluyentes, en los cuales se respeten cabalmente los derechos humanos de grupos de atención prioritaria conformados, entre otros, por mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, personas afrodescendientes, personas indígenas, personas de la diversidad sexual, personas que residen en instituciones de asistencia social, tal como lo establece la Constitución Política de la Ciudad de México, y de esta manera eliminar progresivamente los obstáculos y las barreras que les impiden alcanzar su inclusión efectiva en la sociedad y el respeto de sus derechos ante las autoridades.

Por otra parte, hay que concientizar seriamente a los servidores públicos acerca de que las víctimas tienen la posibilidad de contar con asesores jurídicos, pues muchas veces pasa inadvertido que las víctimas —ya sea directas, indirectas o potenciales— son revictimizadas a su vez mediante actos de exclusión y de discriminación. Los asesores, que pueden ser privados o públicos, realizan una función fundamental en el ejercicio del acceso a la justicia por parte de las víctimas, lo cual es uno de los retos que tiene la institución del Ministerio Público: participar activamente con los asesores jurídicos y empoderarlos en su función.

 

También señalaste que un elemento importante para la nueva fiscalía era la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias, que hasta ahora no parecen llevarse a la práctica como debería. ¿Cuál es tu diagnóstico acerca de por qué ocurre esta situación?

Los mecanismos alternativos de solución de controversias son una excelente opción para resolver determinadas problemáticas de la ciudadanía en el ámbito cotidiano. Se tiene previsto que alrededor de 31 por ciento de los asuntos que llegan a la institución del Ministerio Público de la Ciudad de México puedan ser resueltos por medio de estos mecanismos. Pero, ¿cuál es la problemática que se produce en el momento de llegar ante la institución del Ministerio Público? Existen dos perspectivas diferentes. Una, la del usuario, y otra, la del proveedor de los servicios de asistencia jurídica. El usuario nos dice que no existe voluntad por parte del Ministerio Público para orientar los casos a los órganos de justicia alternativa. Y el proveedor, es decir, el servidor público, afirma que la ciudadanía es la que no tiene la suficiente voluntad para que el asunto se dirima a través de un proceso restaurativo como la mediación y la conciliación. En ese sentido, considero que ha habido muy poca difusión y escasa socialización sobre los beneficios que tienen los órganos de justicia alternativa, así como poca sensibilización en el interior de la institución del Ministerio Público para lograr una coordinación mucho más eficiente y una colaboración de las unidades de mecanismos alternativos con las unidades de investigación de delitos. Ésas son dos problemáticas en el tema de la justicia restaurativa.

 

Respecto de las condiciones laborales de los integrantes de la institución del Ministerio Público, se sabe que en ocasiones pueden estar sometidos a situaciones de violencia o bien a jornadas exhaustivas. ¿Qué propuestas se pueden realizar para subsanar esas circunstancias desfavorables?

Se trata de una problemática que siempre ha estado latente en la función de los operadores que integran las instituciones del Ministerio Público. La investigación de delitos complejos, muchas veces violentos; el contacto con las víctimas, y la forma en que se lleva a cabo la resolución de estos problemas, trae consigo un desgaste, incluso emocional, para el propio servidor público, lo cual influye en su desempeño y en su productividad. Una de las medidas que podrían aplicarse incide con el diseño del servicio profesional de carrera, al garantizar un esquema de movilidad que permita al servidor público desempeñar sus funciones en otras áreas durante un determinado periodo. También se tiene previsto que en el marco de atención del propio servidor público haya procesos de contención psicológica, que puedan constituirse como políticas de salud pública en el seno de las instituciones de procuración de justicia.

 

Además de tu trayectoria como servidor público has desarrollado una actividad constante en el ámbito académico. ¿De qué manera vinculas ambas esferas de tu vida profesional?

Se dice que la teoría y la práctica a menudo están divorciadas, o que sólo la práctica permite vislumbrar con exactitud cuáles son las problemáticas que afectan a la sociedad. También existe la percepción de que los académicos realizan planteamientos que no pueden aterrizarse en la realidad, primordialmente en los temas relativos al Derecho penal y al Derecho procesal penal.

Afortunadamente, en mi caso, las actividades profesionales no han estado disociadas de mi formación académica y docente en instituciones como la Universidad Panamericana (campus Guadalajara), el INACIPE y la Escuela Libre de Derecho (Ciudad de México), lo cual me permitió compaginar tanto la experiencia como el aprendizaje continuo para obtener el grado de doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios.

 

En cuanto a la más reciente de tus investigaciones, realizada a lo largo de tus estudios de doctorado, ¿qué nos puedes comentar?

El tema de mi tesis doctoral estuvo relacionado directamente con el estudio de una nueva facultad resolutiva que tienen los agentes del Ministerio Público, los denominados criterios de oportunidad, y con ello las implicaciones prácticas que han tenido en el ámbito de la procuración de justicia como forma de terminación de la investigación. En ese sentido, el trabajo de investigación opté por titularlo “Dogmática procesal penal de los criterios de oportunidad”, pues gracias al exhaustivo análisis de numerosas resoluciones, derivado de mi función como servidor público, brindando asistencia técnica en el ámbito ministerial, tanto a nivel federal como local, y su vinculación con la teoría general del proceso, el Derecho penal sustantivo y adjetivo, fue posible generar una propuesta específica de interpretación de cada uno de los supuestos de aplicación de esta facultad, así como desmitificar serios errores legislativos y postular una solución concreta a malas prácticas que se están generando de manera cotidiana por parte de los órganos de acusación. Aplicar estas resoluciones implica una gran responsabilidad para el Ministerio Público, sobre todo porque se da por concluida una investigación en casos en que sí se cometió un hecho que la ley señala como delito, pero que por razones de racionalidad económica o por la insignificante afectación a determinados bienes jurídicos, se determina el no ejercicio de la acción penal en beneficio de la persona imputada. Por ello, consideré necesario estudiar estas problemáticas, con el fin de garantizar adecuadamente el principio de objetividad que rige la función ministerial frente a los esquemas de discrecionalidad que están latentes en la consolidación de nuestro sistema de justicia penal.

 

 


 

 

Héctor Carreón Perea es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle (Ciudad de México), maestro en Derecho penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Cuenta, además, con estudios de especialización en el área de Derecho penal Internacional en la Academia Internacional Principios de Núremberg, con sede en Núremberg, Alemania. Actualmente es miembro de la Asociación Internacional de Fiscales e integrante de la Comisión Técnica para la Transición de la Procuraduría General de Justicia a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

 

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