Jorge Alberto Lara

Cómo acabar con el lavado de dinero

Jorge Alberto Lara

El éxito en la erradicación del lavado de dinero —cuya cifra en México se elevó a 50,000 millones de dólares en 2016— depende no sólo de un marco jurídico sólido y actualizado, sino también de que las diferentes autoridades involucradas en su combate, tanto a nivel federal como estatal, tengan voluntad para actuar de forma coordinada, en un ambiente de cooperación, afirma Jorge Alberto Lara Rivera, ex subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República.

 

 

¿En qué consiste el lavado de dinero?

El lavado del dinero es un delito que consiste en la realización de diversas conductas encaminadas a utilizar, de cualquier manera, recursos provenientes de cualquier delito que tenga un resultado patrimonial, o bien cualquier conducta que tienda o pretenda disfrazar o encubrir el origen ilícito de estos recursos y su destino. Siempre debe estar precedido por un acto ilícito que genera un recurso, el cual es movido por los criminales, en general de la delincuencia organizada. Todas las actividades que realizan para mover ese recurso implican el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido también como lavado de dinero, blanqueo de capitales o legitimación de activos.

 

¿Cómo afecta el lavado de dinero a la sociedad?

Es un delito muy nocivo para la sociedad, por varias razones. En primer lugar, hace posible que en muchos casos las conductas ilícitas graves y de alto impacto queden impunes, al ocultar bienes y recursos relacionados o derivados de ellas. También permite a los delincuentes enriquecerse y tener recursos para continuar con sus actividades ilícitas, diversificarse en el crimen, fortalecer las organizaciones antisociales e incluso corromper a servidores públicos. Un país con altos índices de lavado de dinero tiene una economía frágil y un sistema social acosado por el delito.

 

Se calcula que en 2016 en México se “blanquearon” alrededor de 50,000 millones de dólares. ¿De dónde se deriva ese cálculo?

Como dijimos, el delito de lavado de dinero implica la comisión de un delito previo o precedente de resultado patrimonial. Si se incluyen en dicho cálculo el producto monetario de los delitos, como delitos contra la salud, defraudación fiscal, trata de personas, fraudes, robos, corrupción… la suma es muy grande. Ante este escenario la autoridad está obligada a prevenir y combatir ese delito desde diversos flancos y con una estrategia que comprenda todos los factores que se ven involucrados. En todo caso, uno de los elementos fundamentales para dicha estrategia es la información y la inteligencia, que es el procesamiento y la explotación de aquélla. Para ese efecto debemos contar con autoridades con la suficiente capacidad y experiencia y, muy importante, con voluntad.

 

Sin embargo, la Unidad Especializada en Análisis Financiero tendrá un recorte de 44 por ciento de su presupuesto para 2017. En su opinión, ¿por qué el combate al lavado de dinero perderá recursos para operar si este delito va a la alza?

Hay que tomar en cuenta el contexto de crisis presupuestal que está viviendo México derivado de circunstancias económicas, las cuales van a obligar al Estado a ser más eficaz y a enfocarse en los casos más cuantiosos y de mayor impacto, incluso de una manera equilibrada. Las autoridades están obligadas a perseguir casos de lavado de dinero de todos los ámbitos criminales, no solamente los casos de alto perfil político.

El recorte obliga a mayor eficacia. Pero este recorte también es un acicate para poner a funcionar los mecanismos que en todo el mundo se instrumentan para la recuperación de activos, que hasta la fecha ha sido una tarea muy pobre en nuestro país. Los mecanismos de recuperación de activos son el aseguramiento y el posterior decomiso, la extinción de dominio y el abandono. En México existen estos dispositivos pero no se aplican en la proporción correspondiente al tamaño del problema. No se llega ni al uno o uno y medio por ciento de la cifra que es producto de delitos patrimoniales y que ulteriormente se lava.

Ante la crisis económica y presupuestal es necesario poner énfasis en estos mecanismos porque las finanzas del crimen son enormes y cuantiosas y se podrían recuperar en una proporción muy significativa y devolverse al erario.

 

¿Considera que el marco legal vigente cumple con los estándares internacionales en materia de combate a operaciones con recursos de procedencia ilícita?

El marco legal se ha actualizado en los últimos años conforme a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFl), pero en algunos aspectos existen problemas o insuficiencias normativas. Podemos decir que se ha avanzado de manera importante en la tipificación del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo, que es un delito conexo. La incorporación en la Ley contra la Delincuencia Organizada del delito de conspiración también es un avance, lo mismo que la del delito de facilitación, conforme a la Convención de Palermo. También se ha avanzado en la regulación de las actividades financieras, bancarias y no financieras en relación con la prevención y la identificación. La parte procesal o adjetiva desde luego también se encuentra en una etapa de consolidación con la incorporación de nuevas técnicas de investigación y el nuevo procedimiento acusatorio. En el aspecto correspondiente a la recuperación de activos existen rezagos e insuficiencias. Por ejemplo, en la Constitución la figura de la extinción de dominio está mal enfocada y mal resuelta, lo cual sin duda es un problema que afecta a todo el sistema.

Es necesario señalar que hay rezago en muchos estados que se resisten a tipificar el lavado de dinero en su legislación, así como a fortalecer sus instituciones en la materia.

Sin embargo, en general es un marco jurídico robusto. Lo urgente e importante es que ya se aplique de manera sistemática.

 

En 2013 la Procuraduría General de la República creó la Unidad Especializada en Análisis Financiero. ¿A qué responde la creación de esta unidad? ¿No duplica la labor de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público?

La PGR, en comparación con la gran cantidad y complejidad de asuntos de lavado de dinero que debe procesar, tenía pocos elementos analíticos para realizar sus estudios contables y financieros. Esta unidad es una especie de cerebro financiero del Ministerio Público Federal, que tiene su fortaleza en la parte jurídica y procedimental, pero que carece de especialización financiera.

La intención detrás de la creación de la unidad no fue duplicar la labor; lo que hace la Secretaría de Hacienda es inteligencia financiera. Con los patrones de riesgo que genera la propia secretaría, debe entregar a la PGR posibles casos de lavado de dinero para que ésta, a su vez, ejercitando su facultad del artículo 21 constitucional, pueda llevarlos a cabo. Son más bien dos unidades complementarias: dos nodos que deben colaborar y complementarse.

 

Una crítica ha sido que, a pesar de la creación de la unidad y la promulgación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, ha disminuido la eficacia en el combate al lavado de dinero. ¿Está de acuerdo con esta crítica?

Se hizo un gran esfuerzo entre el Ejecutivo y el Legislativo para emitir esta ley; sin embargo, no ha dado los frutos que se esperaban. Existe una evaluación internacional por parte del GAFl que dará cuenta del nivel de cumplimiento del régimen antilavado que existe en México y de su eficacia medida en procesos, sentencias, decomisos y extinción de dominio frente a la dimensión de la problemática. La ley va por el camino correcto; sin embargo, no se ha instrumentado. Creo que la principal insuficiencia en esta materia es la falta de mecanismos de cooperación entre las autoridades. Al parecer, las autoridades sólo se hablan lo estrictamente indispensable, cuando debería de ser una colaboración constante entre los tres niveles de gobierno. En la colaboración y en la voluntad radican los éxitos y los logros.

 

¿Cuál es el reto en lavado de dinero que enfrenta el gobierno mexicano?

Implementar al 100 por ciento todos los dispositivos de prevención y combate al lavado de dinero y eficientizar los mecanismos de coordinación y recuperación de activos. Debe haber una autoridad que tenga el foco, la rectoría y el liderazgo en la materia. Debe existir una coordinación obligada: compartir información debe ser una obligación de las autoridades y no una facultad que puedan ejercer o no. Como se ha estado viendo en el caso de Veracruz, debe haber colaboración intensa entre el nivel federal y el estatal. En la materia también hay un rezago en rendición de cuentas.

 

¿Para la Procuraduría General de la República?

Para la PGR el gran reto es capacitar a sus ministerios públicos con el fin de judicializar con éxito el lavado de dinero. Cada vez que un ministerio público acuda a judicializar un caso de lavado de dinero, el fiscal tendrá que demostrar al juez los indicios que pide la ley para demostrar el delito patrimonial o precedente y luego, más allá de cualquier duda razonable, el delito de lavado de dinero. Es decir que la investigación en casos de lavado de dinero deber ser profunda y muy profesional. Como ejemplo de lo anterior, se deberá contar con indicios fundados del delito, peculado, por ejemplo, y luego demostrar fehacientemente el lavado de dinero. Lo anterior implica una carga de trabajo muy importante, por lo que se requieren arduos auxilios técnicos, periciales y contables. Para tener éxito en esta materia es necesario tener ministerios públicos capacitados en sistema oral. Estos son los grandes retos y tenemos una brecha muy grande que caminar todavía.

 

¿Qué factores potencializan el riesgo de lavado de dinero en México?

Las autoridades sienten que su labor no es vinculante, sino más bien discrecional. El margen de impunidad en lavado de dinero fortalece el círculo vicioso de otros delitos. La crisis de violencia que se vive en muchas regiones de nuestro país se alimenta de estos recursos. Tenemos ciudades en estado crítico por la violencia. Por eso hay que actuar ya, y de manera urgente.

 

Casos como el de Javier Duarte revelan un modus operandi para crear empresas fantasmas y desviar fondos. ¿Qué lección debe aprender el gobierno mexicano de casos como éste?

El caso Duarte nos deja ver lo que es una tipología del lavado de dinero. Nos sirve para conocer como hacen las cosas quienes abusan del poder.

El asunto de Duarte nos enseña que los instrumentos, las metodologías de investigación y los análisis patrimoniales se deben enfocar en los prestanombres, en los socios, en los familiares y en empresas que nacen como hongos en notarías públicas, ya que también son partícipes de la corrupción y son las que generan la pantalla para mover los recursos producto del delito. Hay que ponerles una lupa, para lo cual es necesaria mucha información y mucha colaboración de diferentes autoridades.

Hay políticos de todos los niveles que salen millonarios de sus encargos. Y me parece que los instrumentos que existen para atacar el lavado de dinero son los idóneos para acabar con esta lacra que lastima tanto a la sociedad.

 

¿El Sistema Nacional Anticorrupción tiene los mecanismos adecuados para el combate de este delito?

La Ley 3de3 y el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) carecen de los componentes propios de la prevención de este delito. Tanto el SNA como la declaración de los servidores públicos necesitan vitaminarse con los componentes de prevención y de combate al lavado de dinero y recuperación de activos. Lo que genera la Ley 3de3 es un sistema básico de información que si se pone al servicio de investigaciones de lavado puede ser de mucho provecho. Otra vez, el problema es el tiempo. Urge actuar.

 

 


 

 

Jorge Alberto Lara Rivera es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciado en relaciones internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad.

Se ha desempeñado como diputado federal en la LVIII Legislatura, diputado local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, encargado del despacho de la Procuraduría General de la República y comisionado para Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación.

 

 

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