José Ramón Cossío

México 68: un expediente abierto

José Ramón Cossío

 

El convulso año de 1968 ha sido ampliamente analizado y, sin embargo, sigue siendo enigmático en muchos aspectos. José Ramón Cossío se dio a la tarea de hacer un ejercicio de arqueología judicial y desentrañar un caso que reúne todos los procesos penales relacionados con las protestas estudiantiles de la época. En entrevista, profundiza sobre el tema, con motivo de la publicación de su libro Biografía judicial del 68, el cual abre nuevas preguntas sobre el suceso fundacional de los movimientos sociales del México contemporáneo.

 


¿Por qué hacer un ejercicio de revisión histórica del 68 desde un mirador jurídico?

Personas de diferentes generaciones nos hemos acercado a analizar el 68 porque creo que todos buscamos cosas distintas. Se ha escrito novela, cuento, poesía, ensayo sociológico, ensayo político y un sinfín de páginas relativas a ese periodo de la historia mexicana.

Durante años leí mucho sobre el tema, sin darme cuenta de que no existía prácticamente ningún análisis jurídico que intentara explicar lo sucedido.

 

¿En qué género enmarcaría este libro? ¿Es un ejercicio periodístico, literario o un tratado jurídico?

Empecé a escribir con la idea de realizar un texto cercano a la novela, pero deseché con rapidez esa pretensión. Lo que realmente me interesaba contar es por qué el Estado mexicano se sintió agredido. Por qué actuó así.

Hay una frase muy buena de René Girard que dice que el agredido suele poner las condiciones de la batalla, no el agresor, porque el agredido es consciente de lo que puede perder.

Escribí un ensayo en el que fui construyendo una narrativa del proceso para exponer las características del expediente judicial e intentar comprender por qué el Estado mexicano actuó de la manera en que lo hizo, por qué el gobierno de México se sintió agredido.

 

Pero también es una biografía, la biografía de un expediente penal...

Sí, yo quería darle una cadencia biográfica al libro. Que el lector no leyera un expediente comentado y nada más. Así que se me ocurrió hacer una analogía con la más elemental estructura biográfica: empieza con un nacimiento, el 26 de julio de 1968, durante el aniversario de la Revolución cubana, después vienen etapas de crecimiento, madurez, decendencia, muerte y, finalmente, termina con un doble epitafio que es un ejercicio interpretativo en el que analizo mis conclusiones con las categorías jurídicas de aquella época, pero, también, con mi visión actual del Derecho.

 

Es también un libro que puede servir a las generaciones de abogados más jóvenes. En alguna medida es la biografía del sistema de justicia penal en México.

Desde luego, los más jóvenes encontraran muchos elementos de un sistema de justicia penal que ya no existe. Intenté, principalmente en el final de libro, abordar las conclusiones con una mirada legal comparada entre el presente y el pasado. Espero les resulte interesante a las nuevas generaciones de abogados.

 

En el libro hay una cita de Edmundo O'Gorman, que habla de lo importante que es no regañar a la historia cuando se analiza.

Creo que lleva mucha razón la frase de O'Gorman. Yo intenté buscar objetividad leyendo a los principales autores de la época: Julio Acero, Celestino Porte-Petit, en fin, una pluralidad de autores que me permitieron naturalizar las categorías jurídicas de ese momento y poder pensar como un juez de aquellos años, tomando en cuenta la jurisprudencia que entonces existía.

 

Entonces, ¿este libro no regaña a la historia del 68?

Permíteme contarte una anécdota que no está relatada en libro, pero que me sirvió muchísimo para lograr esto de lo que hablamos. Cuando trabajé con el ministro Ulises Schmill, mantuve largas conversaciones históricas sobre el desarrollo del poder judicial en los años 60, con personas que lo vivieron en carne propia. Me enseñaron mucho el entonces secretario general de Acuerdos de la Corte, Manuel Torres Bueno, y el autor de la historia de la Suprema Corte, Lucio Cabrera. También el maestro Héctor Fix, quien fue secretario de Estudio y Cuenta a comienzos de los 60, me hablaba mucho de esa historia judicial. La verdad es que es un tema que me atrae y cuyos detalles he estudiado desde hace muchos años de la manera más objetiva que he podido.

 

Parece que la protesta social, durante y después del 68, no alcanzó a las autoridades judiciales, se centró en los personajes políticos.

Me parece que la denuncia social la encabezó una generación que quedó tan desencantada con el Derecho que se alejaron por completo de él. Ninguno de los libros que escribieron las personas involucradas en los procesos penales del 68 hace referencia directa al Derecho. Habría que preguntarles a ellos si eso se debe a un desencanto con lo jurídico.

 

También es verdad que, dentro del movimiento estudiantil, hubo pocos liderazgos de personas del gremio jurídico.

Es verdad que el gremio jurídico, si se me permite encapsularlo en un conjunto homogéneo, estaba prioritariamente del lado institucional. Salvo los defensores de las personas detenidas, no había mucha notoriedad de abogados lidereando el movimiento. No hubo como profesión un esfuerzo por apoyar las protestas sociales; por el contrario, es más fácil encontrar posturas conservadoras.

 

Estamos frente a un pasaje en el que hubo un uso político del Derecho, como sugiere el subtítulo del libro. ¿Resulta paradójico que sea el análisis del Derecho lo que revele la intencionalidad de ese poder político?

Parece paradójico, pero no lo es. Retomo la idea de que el agredido pone las condiciones de la batalla. La construcción del caso fue progresiva en gravedad de los delitos, hubo cuatro averiguaciones previas y cada vez eran más complejas. Es innegable que hubo una estrategia jurídica para soportar la acción política, de modo que estudiar el asunto legal es una fuente propicia para encontrar respuestas a cuestionamientos de otra índole.

 

Después de analizar el expediente, ¿diría usted que, desde las altas esferas del poder Ejecutivo, había un desprecio por la norma jurídica, un desdén por la legalidad como fuente legítima del accionar político?

No. Yo creo que eran, hasta cierto punto, cuidadosos con las formas jurídicas. Díaz Ordaz fue de muy joven agente del Ministerio Público en Puebla y sabía cómo armar una averiguación. No creo que fueran un grupo de políticos que particularmente despreciaran el Derecho. La gran mayoría, incluso, eran abogados. Lo que sí creo es que pretendían un uso cuidadoso de las formas jurídicas, pero con finalidades (políticas) prefijadas.

Esto no quiere decir que se haya hecho una configuración correcta del caso. Por el contrario, fue muy deficiente. La mayoría de las acusaciones estuvieron soportadas en dudosos informes de policías. En los careos se evidenciaron una serie de inconsistencias y mentiras de los informes en los que sustentó todo el asunto. Jurídicamente fue un cochinero lo que se hizo. Tengo la impresión de que el control de la estrategia jurídica se les salió de las manos a la autoridad y la realidad política desbordó por completo cualquier intento de acatamiento a la legalidad idónea.

 

Me resulta imposible no hacer un paralelismo con la actualidad, ¿nuestro sistema de justicia está blindado para que no vuelva a ocurrir un caso técnicamente deficiente como en el 68?

No, yo creo que no estamos blindados. Ni en los procesos locales, ni en los procesos federales. Ni siquiera me parece que la figura del amparo pueda constituir un blindaje frente a este tipo de escenarios.

La actualidad nos encara con casos como el de Inés y Valentina, Acteal, Atenco, Ayotzinapa o Florence Cassez, que nos permiten afirmar que no tenemos un sistema blindado. Algunos de estos casos se corrigieron al final, sí, pero imagina cuántos casos existentes no se han podido corregir.

 

Estos asuntos que menciona son casos que llegaron a la Corte. ¿Cuál fue el papel de la Suprema Corte en el 68?

Cuenta el ministro Samuel Alba Leyva que los casos difíciles de la época se le turnaban al juez Ferrer Mac-Gregor, un hombre competente de mucha experiencia, que fue precisamente quien conoció de este asunto. Eso no fue casualidad, fue una decisión de la Suprema Corte, pues no existía el Consejo de la Judicatura. En eso se centró la participación de la Corte. El asunto siempre se quedó en el escritorio de aquel juez, no hubo apelación, ni amparo directo que hubiera podido conocer la Corte, todos los presos salieron con expedientes de perdones extraños.

Hay un reporte de la extinta Dirección Federal de Seguridad, ventilado en un libro de Julio Scherer y Carlos Monsiváis, que relata un encuentro entre el presidente Díaz Ordaz y el juez Ferrer Mac-Gregor, en el que el mandatario le pide especial cuidado en el asunto al juzgador. Intuyo que la Suprema Corte sabía de esa reunión y la consintió.

Es curioso que muchos de los involucrados gubernamentales en el asunto, el entonces procurador, por ejemplo, terminaron siendo ministros de la Suprema Corte.


El libro aborda minuciosamente el expediente 272/68 resuelto por el juez Ferrer Mac-Gregor a finales de 1970 ¿No falta la otra cara de la moneda, aquellos procesos administrativos y penales que se abrieron posteriormente contra servidores públicos?

Probablemente sí. Yo tomé este expediente porque es el origen de todo, pero sin duda esa otra parte es una pieza en el rompecabezas que en el futuro valdría la pena explorar.

 

¿Cuál fue el mayor hallazgo que José Ramón Cossío encontró en esta investigación?

La debilidad del Estado mexicano. La narrativa histórica nos presenta figuras políticas poderosas, un presidente de la República que parecía controlarlo todo. Grandes desfiles bajo el aplauso de un pueblo que abrazaba la idea de un país moderno que recibiría los Juegos Olímpicos. En realidad, el Estado mexicano no contaba con recursos, ni jurídicos ni políticos, para lidiar con situaciones que no estuvieran en su manual de jugadas. Eran enormes las limitaciones institucionales que existían y que se escondían en falsas apariencias de poder.

Sinceramente, no esperaba hallar con tanta claridad ese panorama frágil.

 


 

José Ramón Cossío Díaz es licenciado en Derecho por la Universidad de Colima, maestro en Derecho constitucional y ciencia política en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.

Ha sido profesor en diversas instituciones, como la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Facultad de Derecho de la UNAM, la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, la Universidad Panamericana, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), El Colegio de México y el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en donde ocupó el cargo de jefe del Departamento de Derecho.

De diciembre de 2003 a noviembre de 2018 se desempeñó como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

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