Julieta Morales

Omisiones del Estado mexicano en materia migratoria

Julieta Morales

 

Para Julieta Morales, directora general del Centro Nacional de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la principal responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos de los migrantes en tránsito por nuestro país se debe al incumplimiento, por parte de las autoridades, de las obligaciones que establecen los tratados internacionales y nuestra propia Constitución. En esta entrevista enfatiza los aspectos en los que el Estado debe poner especial atención.

  

 

Las caravanas migrantes son un fenómeno reciente en México. ¿Constituyen un cambio de paradigma en el fenómeno migratorio?

El fenómeno migratorio siempre ha existido. Cuando uno va a Ciudad Hidalgo, Chiapas, puede ver que ese flujo ocurre permanentemente. Lo que ha cambiado es su dinámica y su intensidad. No habíamos visto caravanas de estas características, pero los factores de expulsión y de atracción migratoria siempre han estado presentes.

 

¿Cuáles son los derechos de los migrantes y en qué se diferencian de los derechos de los mexicanos?

Debemos entender que los migrantes tienen los mismos derechos que todos los mexicanos. Lo establece el artículo primero de la Constitución: cualquier persona que se encuentre en territorio mexicano gozará de la protección del Estado y de los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, salvo algunas excepciones. Tanto es así que cuando hay choque de derechos entre un ciudadano mexicano y un migrante se genera un conflicto que tiene que resolverse mediante una ponderación, con el fin de estimar cuál derecho prevalece, pero esa ponderación debe partir de la igualdad entre las personas y no de la condición migratoria.

 

Actualmente han comenzado a construirse discursos en contra del fenómeno migratorio. ¿Cómo afecta esta narrativa a la migración?

Los discursos de odio que se generan desde los ámbitos de los servidores públicos son gravísimos. Se suele culpar a los migrantes de los problemas de un país, cuando el Estado es el que tiene la responsabilidad de tomar las decisiones de política pública. Los países de origen, tránsito y destino deben atender el fenómeno como un problema de desarrollo social y humano. En México, por ejemplo, expulsamos a nuestros connacionales porque hay una vida precaria: 60 millones de personas que viven en pobreza y que no alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas. El problema no es del migrante, sino de los Estados que no asumen las obligaciones que se derivan de los tratados internacionales y de la Constitución del país.

 

¿Qué beneficios tiene la migración y cómo afecta al discurso antiinmigrante?

Lamentablemente hay países que, a pesar de las ventajas que obtienen, manejan un doble discurso. Por un lado, censuran, y por el otro, se benefician del flujo migratorio con mano de obra barata o con la construcción de sociedades multiculturales.

Resulta paradójico que, por una parte, se abran las fronteras para el libre tránsito de servicios, mercancías e inversiones, generando un sistema de cooperación, pero cuando se hace alusión a los migrantes las fronteras se yerguen como muros infranqueables, como si se tratara de un tema de seguridad nacional, lo cual afecta la integración de las sociedades y el desarrollo de las personas.

 

¿Cuáles son los principales problemas de los migrantes en su tránsito por México?

El problema de México como país de tránsito y destino migratorio es el cruce con la delincuencia organizada. Existen omisiones del Estado en la protección del migrante en su transcurso por el país. En el momento en que las personas llegan al territorio nacional se crea una obligación de protección a sus derechos por parte de las autoridades. Sin embargo, lo anterior no siempre se cumple y la delincuencia organizada aprovecha la falta de redes familiares y el estatus migratorio de los individuos para reclutar, extorsionarlos, secuestrarlos o hacerlos víctimas de trata de personas. Hay graves violaciones a los derechos humanos por omisión del Estado, que son igual o más graves que las cometidas por acción.

 

¿Qué ocurre con los niños no acompañados?

La práctica de detener a niñas, niños y adolescentes debe ser abolida. Ellos no tienen por qué estar en centros migratorios ni en cárceles, que en ocasiones se habilitan como centros de detención migratoria. Es indispensable establecer alternativas que respeten del enfoque del interés superior del menor.

En el caso de los menores no acompañados se requiere realizar un análisis profundo caso por caso y cumplir siempre con el principio de no devolución. Lo anterior, porque no hay certeza de que los padres se encuentren en el país de origen y muchas veces no hay quien los reciba de regreso.

Ante cualquier decisión del Estado receptor o de destino siempre se debe garantizar la totalidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes y su integridad personal de manera prioritaria. Y los países de origen también deben asumir cabalmente sus obligaciones.

 

¿Por qué se debe atender el principio de no devolución en materia de menores no acompañados?

Todos los migrantes tienen derecho a asistencia consular, pero en muchos casos el trabajo de los países expulsores rebasa sus capacidades, de manera que no se logra garantizar la atención y por lo tanto la devolución puede poner en riesgo al menor. Antes de proceder a devolver a un menor se debe identificar al niño, buscar a sus parientes y conocer su contexto y sus redes familiares. El problema es que cuando hay una gran cantidad de menores de edad las autoridades no cuentan con la capacidad de atender cada caso y, en consecuencia, no pueden brindar la atención requerida, lo cual puede poner en riesgo al menor, violando sus derechos humanos. De ahí la importancia de cumplir con el principio de no devolución.

 

Desde tu perspectiva, América cuenta con una política pública errónea en materia de migración. ¿Por qué?

Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 la migración ha sido considerada un tema de seguridad nacional y se le asocia con el terrorismo, el tráfico de drogas y el cruce de armas. Pero la migración es un problema de desarrollo humano. La gente migra porque busca mejores condiciones de vida. Para generar una política pública efectiva es importante entender que este flujo de personas fortalece la economía de los países y en muchas naciones de Europa incluso ha sido fundamental. No hay que criminalizar a las personas migrantes. Es cierto que algunas cometen delitos en los países receptores y por supuesto deben ser sancionadas, pero ésa no es la regla. Las personas no se convierten en delincuentes por el hecho de ingresar a un lugar de manera irregular o indocumentada; esto sólo es una falta administrativa, jamás un delito.

 

¿Por qué no se ha construido una política pública efectiva en materia de migración?

En México no hay cultura para hacer política pública. En las facultades de Derecho enseñan la norma escrita y su interpretación en el ámbito judicial, pero falta atender el ámbito ejecutivo de la administración pública, que consiste en la aplicación cotidiana de las normas y en la toma de decisiones de Estado. En la actualidad existen muchos servidores que nunca han hecho política pública y no conocen el ciclo de vida de las normas ni la forma de diseñarlas e implementarlas.

Es fundamental realizar un diagnóstico del problema, conocer el número total de migrantes y atender sus necesidades. Se ha constatado la aplicación de respuestas reactivas y coyunturales que no atienden el fenómeno y no atacan sus orígenes estructurales. Para implementar una política, darle seguimiento y evaluarla se requiere contar con recursos económicos; por ello es fundamental diseñar presupuestos desde una perspectiva de derechos humanos. También se requiere una estrategia regional y la colaboración entre los países de origen, tránsito y destino de la migración. En Europa, por ejemplo, se ha trabajado con la cooperación en el desarrollo donde el país de destino apoya al país de origen para inhibir los factores de expulsión.

 

De acuerdo con el Derecho internacional de los derechos humanos, ¿es erróneo repatriar migrantes?

La opinión consultiva número 18/03 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que los Estados pueden tener sus reglas y políticas migratorias en ejercicio de su soberanía, por lo que cuentan con la facultad de detener y expulsar a personas migrantes irregulares o indocumentadas, pero también tienen la obligación, en todo momento, de garantizar sus derechos. Parte del respeto y la garantía de derechos humanos de las personas migrantes consiste en brindar condiciones de detención dignas; cuidado del derecho a la salud y alimentación; prohibición de tortura o tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, y garantizar el derecho a la asistencia consular, el debido proceso legal y el principio de no devolución. Ninguna persona puede ser devuelta a su país de origen o a un tercer país cuando su vida e integridad se encuentran en riesgo. El Estado, por ejemplo, no puede devolver a un migrante cuando éste es acusado de un delito que en su país de origen es condenado con pena de muerte; una persona que tiene sida no puede ser repatriada cuando en su país el sistema de salud no le provee de antirretrovirales. En ambos casos se estaría condenando a la persona a morir. Éstas son algunas de las decisiones que se han tomado en Europa.

 

¿Qué políticas migratorias de protección ha implementado México con los migrantes centro o sudamericanos que ingresan al país?

Por mucho tiempo la protección de los migrantes en México ha sido delegada a las organizaciones de la sociedad civil, que han asumido obligaciones que le corresponden al Estado, como el Centro Fray Matías de Córdova, que atiende a migrantes extorsionados, víctimas de trata de personas, niños que trabajan en basureros o pequeños mutilados. En nuestro país se generó un doble discurso: por un lado, se censuran las acciones de Estados Unidos, y por el otro, se cometen los mismos actos discriminatorios con quienes ingresan a nuestro territorio. Con la caravana migrante ha ocurrido algo distinto: México “abrió” las fronteras, pero realmente no se está atendiendo al migrante ni se ha planteado una política integral, coordinada y sostenible para la migración irregular. Además, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados tiene pocos recursos para atender las múltiples solicitudes de refugio que recibe. Y muchos migrantes esperan su condición de estancia como “visitante por razones humanitarias”. Es preciso que los tomadores de decisiones tengan en mente que la falta de una planeación adecuada en la política pública en materia migratoria puede detonar muchos otros problemas.

 

¿Cómo atender el rechazo y la discriminación de la sociedad hacia el migrante?

México es una sociedad discriminatoria. Somos discriminatorios entre nosotros por el origen social o económico, el color de piel, las preferencias o el sexo. Esto se agrava cuando llega alguien que no pertenece a la sociedad mexicana; es entonces cuando rechazamos al “otro”. Hay que entender que el tema de la vigencia y cumplimiento de los derechos humanos es cultural y, por lo tanto, tiene que ver con la educación, no sólo la formal, sino también la informal, desde lo que presentan los medios de comunicación hasta el trabajo para lograr la solución pacífica de los conflictos y construir una cultura de paz. Suena utópico pero es un cambio de enfoque en la vida cotidiana de las sociedades y en la labor del Estado. Y es complejo porque se trata de erradicar estereotipos, roles, prejuicios; es decir, implica trabajar con las generaciones presentes y futuras. La sociedad debe entender que, en el planeta, no hay personas de primera ni de segunda y que toda la humanidad goza de la misma dignidad.

 

 


 

 

Julieta Morales Sánchez es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas, especialista en derechos humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha (España) y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (México), maestra y doctora en Derecho por la UNAM, y doctora en Derecho constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha.

Se ha desempeñado como asesora de la Presidencia en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, directora general adjunta para la Implementación de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, investigadora del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM y directora general del Centro Nacional de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde el 16 de febrero de 2015.

 

5559-2250 / 5575-6321 / 5575-4935 - Aviso de Privacidad - Términos y Condiciones

El Mundo del Abogado