Julio Sancliment

Los derechos sociales en México

Julio Sancliment

 

Los derechos sociales surgen ante la necesidad de cumplir la ley en aquellos aspectos en que las personas se sienten desprotegidas o en los casos en que carecen de reconocimiento dentro del entorno en el que se mueven —es decir, en situaciones de exclusión, discriminación, explotación y desigualdad—. Julio Sancliment explica el origen de estos derechos y cómo están integrados en nuestro sistema jurídico.

 

 

¿Qué son los derechos sociales o qué se debe entender por ellos en México?

Si tuviera que definirlos, alguna vez dije que son todos aquellos derechos humanos contenidos en el ordenamiento supremo mexicano —entendiéndose por tal la Constitución y los tratados internacionales válidamente celebrados por el Estado mexicano— tendientes a obtener la igualdad material, un nivel mínimo de seguridad y bienestar físico, psicológico y económico, y respecto del cual se encuentran vinculados jurídicamente tanto el poder público como las personas, preponderantemente mediante prestaciones de dar o de hacer, pero también, en menor medida, de no hacer.

 

¿Cómo surgen los derechos sociales?

El Estado moderno, en general, o al menos el llamado occidental, se agrega político-jurídicamente a través de democracias constitucionales. Implica, evidentemente, un régimen democrático, que puede ser representativo, deliberativo, participativo, etcétera, y el modelo del constitucionalismo.

Entiéndase el constitucionalismo, como claramente lo concibe Fioravanti, como aquel modelo o conjunto de doctrinas que buscaron reaccionar en contra de las corrientes absolutistas del siglo XVII. Me estoy refiriendo precisamente a ese conjunto de postulados liberales que van a enarbolar la existencia de un límite al poder, pero encontrándose ese límite justamente en la Constitución. Así, como dice Bovero, en un magnífico prefacio que hace del libro La democracia constitucional. Una radiografía teórica de Pedro Salazar Ugarte, la Constitución, propia del modelo constitucionalista, debe contener derechos humanos y división del poder público. Insisto, la idea central del constitucionalismo es la limitación del poder por medio de la Constitución, esto es, con el binomio referido. Además, como decía mi maestro Rafael Estrada Michel, cuando impartía su clase de historia del Derecho, un tercer elemento propio del modelo es la existencia de un guardián de la constitucionalidad en sentido amplio de los actos. Concuerdo plenamente con él.

Entonces, centrándonos en los derechos humanos, como elemento esencial del constitucionalismo, podemos decir que aquéllos constituyen gran parte del límite al poder. Sin embargo, en los inicios del modelo referido, hay que decirlo con toda claridad, estaba inspirado en el Estado liberal, lo cual implicaba en su versión política que los derechos humanos consagrados en el texto constitucional serían básicamente los derechos de libertad. Por ejemplo, al estilo de Locke, lo que él llama property: vida, posesiones y demás libertades. Es decir, el papel básico del Estado, grosso modo, se limitaba a no interferir o no hacer algo para afectar los típicos derechos liberales.

Cosa curiosa ocurrió cuando aparecieron en la escena político-jurídica las corrientes de tipo social, que posteriormente derivan en el establecimiento del Estado social. Aquí la balanza cambia, porque pareciera que los modelos del liberalismo, tanto político como económico, generaron una desigualdad brutal. Desigualdad que tenía que compensarse con un Estado con una participación mucho más activa que la que tenía el típico Estado liberal, con sus típicas obligaciones de no hacer. Al igual que en el modelo liberal, en la vertiente político-jurídica esta nueva manera de pensar se llamó Estado social y, en la vertiente económica, Welfare State.

Claro que esta nueva posición del Estado social implica la erogación de dinero público para satisfacer los derechos sociales.

 

Entonces, con la aparición de los derechos sociales, ¿podemos decir que son prestacionales?

En un gran porcentaje sí lo son. Ciertamente, esta postura tiene objeciones. Por ejemplo, las que formulan Abramovich y Courtis, en el sentido de que tanto libertades como derechos sociales cuestan. Y cuestan mucho. Es cierto y no pienso contrariarlo; sin embargo, pensar que una libertad cuesta igual que un derecho social, por ejemplo la salud o la educación, me parece algo incorrecto. Digamos que los derechos sociales son principalmente prestacionales, lo cual sale caro al Estado.

 

¿Cómo son considerados jurídicamente estos derechos en México?

Los derechos sociales, como tales, aparecen por primera vez en el texto constitucional queretano de 1917. Sin embargo, no puede hablarse propiamente de derechos sino de cláusulas, por decirlo de algún modo, de contenido social, emanadas de los jaloneos del Constituyente de 1916-1917. Lo anterior implica que en el texto de 1917 no había una auténtica relación de Derecho subjetivo entre el Estado y las personas. Solamente parecía que el Estado fungía como una especie de árbitro de las controversias que se suscitaban en las relaciones notoriamente desiguales. Por ejemplo, las laborales o las agrarias.

Ya en la década de 1970 el gobierno priísta había perdido gran parte de sus niveles de legitimación popular y de aceptación. Probablemente, como decía el doctor Cossío Díaz, en gran parte derivado de los movimientos de 1968 y de 1971. Esta debacle de la estima popular al parecer orilla al Partido Revolucionario Institucional a tomar medidas extraordinarias para recuperar la estima del electorado. Así es como llega esa oleada de reformas, principalmente al artículo 4° constitucional, en las que se introduce un número importante de derechos sociales, de los que actualmente observamos en la Constitución.

Entonces, en un inicio, salvo la educación, los derechos laborales y agrarios no implicaban una actividad realmente prestacional. Tal vez sí mínima, pero no mucho más que eso. En ese sentido, cuando se incorporaron derechos como la salud, que por su naturaleza sí implicaban cargas prestacionales al Estado, fue necesario explicar la naturaleza jurídica de esas nuevas cláusulas sociales que, insisto, antes no representaban mayor problema para que el Estado las garantizara. Para ello se retomó aquella, ya en aquel entonces vieja, concepción de normas programáticas, importada de la Constitución weimariana de 1919.

 

¿Qué implicaba esa concepción?

Que si se consideraba que los derechos sociales eran normas programáticas, el Estado no estaba obligado directamente con las personas. Ciertamente, el Estado estaba vinculado con la Constitución. En ese sentido, tenía eficacia normativa indirecta, pero en realidad no existía un derecho subjetivo a favor de la persona, lo que provocó que el Estado proveyera la satisfacción de los derechos sociales de manera discrecional, según fuera graciosamente estableciendo planes y programas para el desarrollo. Pero, insisto, jurídicamente no estaba obligado con la persona. No había derecho subjetivo de por medio.

 

¿Entonces hasta ese momento no había un auténtico derecho para las personas?

Así es. La forma en que el Estado cumplía su mandato constitucional era discrecional.

 

¿Esta situación ya cambió?

Yo considero que en el caso de los derechos sociales habría que hacer una distinción, formal y materialmente hablando.

Por una parte, la concepción de la Constitución ha cambiado con el devenir del siglo XX. En un inicio, y yo diría que hasta tres cuartas partes del siglo, era factible entender la Constitución como un documento con eficacia indirecta. O sea, como un documento político que repartía el poder y distribuía competencias entre los distintos niveles. Recuerdo haber escuchado al doctor José Ramón Cossío decir que el libro de García de Enterría en el que expresa que la Constitución es una norma jurídica con eficacia directa llegó a México a mediados de los años ochenta de ese siglo y empezó, junto con otros factores, a cambiar el entendimiento constitucional. Esta manera de ver la Constitución como una norma jurídica con eficacia directa comenzó a manifestarse en algunos criterios judiciales. Sin embargo, la reforma constitucional de junio de 2011 es la que cambia de lleno la visión de la Constitución y, por ende, de los derechos sociales, ya que los incluye en el apartado genérico de los derechos humanos, cambiándoles una vez más la naturaleza jurídica.

Me parece que ahora el Poder Reformador de la Constitución fue contundente y buscó que los derechos humanos fueran derechos subjetivos, colocándolos en el primerísimo lugar de la palestra político-jurídica nacional.

 

¿Qué implica exactamente la eficacia directa de los derechos humanos?

Tradicionalmente, dentro del constitucionalismo en general, pero del mexicano también, se hablaba de un Estado Legislativo de Derecho. Esto implicaba que los derechos humanos no eran directamente reclamables por la persona afectada. Es decir, al ser el legislador democrático el encargado de hacer las leyes que detallan los preceptos constitucionales, la persona debía esperar justamente ese desarrollo legislativo. Por ejemplo, no se podía reclamar de manera directa la violación del constitucional derecho al honor, sino que había que esperar a que surgiera un artículo 1916 dentro de un código llamado civil para que, a partir de ahí, se pudiera reclamar judicialmente de manera efectiva.

Con la innegable crisis de la ley, que Ferrajoli sitúa pedagógicamente en la segunda posguerra, el legislador y su producto, la ley, perdieron protagonismo. Hoy el Estado Legislativo de Derecho ha dado paso al Estado Constitucional de Derecho, generándose así la idea de que todo debe pasar por el filtro de la Constitución y, por supuesto, que la Constitución debe tomarse en serio como norma jurídica auténtica. Así, al parecer, en el fondo lo que estaba pasando —y lo que sigue aconteciendo— era que se le estaba dando a la Constitución el tratamiento de una simple ley, esto es, un tratamiento similar al que se le da al código civil. Claro, con una jerarquía superior.

Entonces, la eficacia directa, dicho de un modo simplista, implica ese tratamiento de código civil que se le da a la Constitución. Decía Manuel Aragón Reyes que una Constitución que no se cumple tiene poco de Constitución.

 

Por último, ¿cuál es la perspectiva de los derechos sociales?

La realidad de las cosas es que el Estado social tiene algunas dificultades prácticas. Para decirlo claro, tiene la limitación propia de los recursos económicos. Es decir, por mucho que en el papel le demos la naturaleza jurídica de derecho subjetivo a un derecho social de carácter preponderantemente prestacional, la verdad es que no hay dinero estatal que alcance para cumplir la totalidad del objeto indirecto del derecho a la totalidad de los acreedores.

Dicho de otra manera, el poder político ha abusado un poco de los derechos sociales como bandera de campaña política. Esto necesariamente mete en una encrucijada a los jueces constitucionales, ya que ellos, en su carácter de guardianes de la Carta Magna, deben hacer que se cumpla la Constitución, independientemente de que cueste mucho o poco dinero. Esto acaba siendo el viejo debate de si un juez debe hacer, o no, políticas públicas con sus resoluciones.

La manera en que podemos lograr la plena satisfacción es, como ha aseverado el Comité de DESC de las Naciones Unidas, mediante un compromiso serio y progresivo del Estado, en el que se designe la mayor cantidad de recursos posibles de manera obligatoria para los fines sociales. Sin embargo, esto no es suficiente. Yo soy partidario de la participación de la sociedad civil en la satisfacción de los derechos humanos. Al final del día estoy convencido de que todos estamos obligados a respetar, pero también a buscar a toda costa, el cumplimiento efectivo del texto constitucional.

 


 

 

Julio Eduardo Sancliment Martínez es abogado por la Escuela Libre de Derecho, con estudios de máster en Derecho constitucional en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, España.

Se ha desempeñado profesionalmente en la firma Cervantes Sainz, S.C., y en las notarías 6, 116 y 82 de la Ciudad de México. Cuenta con experiencia en materia civil y mercantil, con intereses particulares por las políticas públicas y por el Derecho constitucional.

 

5559-2250 / 5575-6321 / 5575-4935 - Aviso de Privacidad - Términos y Condiciones

El Mundo del Abogado