La Corte Interamericana de Derechos Humanos cumple 40 años

La Corte Interamericana de Derechos Humanos cumple 40 años

 La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con sede en San José de Costa Rica, es uno de los tres tribunales regionales de protección de los derechos humanos —conjuntamente con la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos—. Es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana, también llamada Pacto de San José de Costa Rica. En el marco de su 40 aniversario, los siete jueces que la conforman nos hablan del papel actual que desempeña y de los casos más relevantes en los que han participado.

 

Eduardo Ferrer Mac-Gregor

ferrer 

  • Presidente: 2018-2019; vicepresidente: 2016-2017.
  • Periodo como juez: 2013-2018; reelecto para 2019-2024. Antes fue juez ad hoc en el caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México (2009-2010).
  • Edad: 50 años.
  • Especialidad: Derecho constitucional, Derecho procesal y derechos humanos.
  • Trayectoria: investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor en la Facultad de Derecho de la misma universidad; también laboró en el Poder Judicial de la Federación, especialmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

¿Qué importancia tiene la Corte IDH en este momento?

La importancia de la Corte radica en que responde a los retos que históricamente ha tenido que enfrentar, para reparar de manera integral a las víctimas y establecer estándares en materia de derechos humanos, en especial a favor de las personas y los grupos en situación de vulnerabilidad, coadyuvando al fortalecimiento de las democracias y al Estado Constitucional de Derecho de los países de la región.

Evidentemente, los retos que hoy enfrenta la Corte son muy distintos a los que tuvo que responder al comienzo de sus funciones hace cuatro décadas, en contextos en que existían dictaduras cívico-militares y gobiernos autoritarios. Hoy, las violaciones a los derechos humanos se dan en democracias y en la mayoría de los países existen instituciones cuya función es la protección y la promoción de los derechos humanos, como los ombudsperson, además de la importante función que realizan las juezas y los jueces, especialmente quienes integran las altas cortes nacionales, en la salvaguarda de los derechos humanos de fuente nacional e internacional.

A pesar de los avances logrados en la dimensión normativa, jurisprudencial y social, los desafíos que hoy tenemos son complejos, variados y de hondo impacto. Pobreza, desigualdad, inequidad y exclusión social, son los muros invisibles que separan a nuestras sociedades, con ingredientes de corrupción, impunidad y crimen organizado. La importancia de la Corte radica en que en los tiempos actuales responde a estos desafíos. Éstos son los verdaderos muros que tenemos que derribar para alcanzar el desarrollo sostenible, la democracia y la paz.

 

Refiéranos un caso en el que usted haya participado y del que se sienta orgulloso.

Destaco los múltiples casos relativos a la protección y la visibilidad de personas o grupos en situación o condición de vulnerabilidad. Por su importancia, debo señalar una de las líneas jurisprudencial recientes de la Corte IDH, relativa a la justiciabilidad directa de los derechos sociales, cuyo goce efectivo constituye una promesa incumplida, si consideramos que América Latina se perpetúa como la región más desigual e inequitativa del mundo.

El primer caso en el que participé como juez titular se refirió a una mala praxis médica. A mi juicio, se veía comprometido el derecho a la salud de la víctima (caso Suárez Peralta vs. Ecuador, 2013). Este caso tuvo un impacto especial para mi entendimiento y mi posicionamiento respecto de la necesidad de una protección más frontal y directa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), otorgando su autonomía con respecto a los derechos civiles y políticos; lo cual considero esencial para clarificar la naturaleza y el contenido de cada derecho involucrado, así como para precisar las obligaciones estatales de respetarlos, protegerlos y garantizarlos.

En este derrotero han sido especialmente relevantes las sentencias que han declarado la violación y establecido estándares relevantes en materia de DESCA, especialmente respecto del derecho a la educación (caso Gonzales Lluy y otros vs. Ecuador, 2015); de los derechos laborales (caso Lagos del Campo vs. Perú, 2017; caso Trabajadores Cesados de Petroperú vs. Perú, 2018; caso San Miguel Sosa y otras vs. Venezuela, 2018); del derecho a la salud (caso Poblete Vilches vs. Chile, 2018; caso Cuscul Piraval y otros vs. Guatemala, 2018), y del derecho al medio ambiente sano (opinión consultiva 23 sobre derechos humanos y medio ambiente, 2017).

Íntimamente relacionado con esta línea jurisprudencial, también destaco el caso Trabajadores Hacienda Brasil Verde vs. Brasil (2016), sobre esclavitud moderna, relativo a la discriminación histórica por razón de la pobreza estructural en la que se encontraban las víctimas de trabajo esclavo.

 

Eduardo Vío Grossi

grossi 

  • Vicepresidente: 2019-2019.
  • Periodo como juez: 2010-2015; reelecto para 2016-2021.
  • Edad: 74 años.
  • Especialidad: Derecho Internacional.
  • Trayectoria: ex presidente del Comité Jurídico Interamericano y profesor en Derecho internacional público.

 

¿Qué importancia tiene la Corte IDH en este momento?

Para señalar la importancia de la Corte IDH en estos momentos es menester recordar, al menos, dos condicionantes a su proceder y una conclusión. La primera condicionante es que el tipo de sociedad que la Convención Americana sobre Derechos Humanos regula, no se ha alterado fundamentalmente desde 1969, año en que suscribió esta última. Efectivamente, continúa siendo una sociedad básicamente conformada por Estados soberanos, los que, por ende, no han transferido su soberanía en esta materia y, particularmente, en cuanto a la ejecución de las sentencias de la Corte, la que es asumida por el propio Estado condenado por el fallo correspondiente. La segunda condicionante es que de los 35 Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, dos denunciaron a la Convención, tan sólo 23 son Estados partes de la misma y únicamente 20 de ellos han reconocido la competencia contenciosa de la Corte, siendo ésta, además, básicamente latinoamericana. La conclusión, por lo tanto, es que el cumplimiento de las sentencias por parte de estos últimos no ha sido pleno, sino parcial; es decir, cada uno de los Estados le ha ido dando cumplimiento al fallo que le concierne, solamente en cuanto a algunas de las medidas dispuestas en el mismo. 

Ahora bien, pese a que esa realidad en que la Corte debe impartir justicia en materia de derechos humanos podría ser interpretada como una debilidad de ella misma y que, por ende, afectaría negativamente su importancia, lo cierto es que es todo lo contrario. En efecto, a pesar del contexto aludido, la Corte ha cumplido 40 años de existencia, ha dictado alrededor de 300 sentencias y es respetada como una institución consolidada y que es menester seguir apoyando. Es un organismo internacional que, pese a los avatares políticos interamericanos, constituye una referencia cada vez más relevante para los tribunales y los órganos estatales y como una esperanza para cada vez más habitantes de los Estados que le han reconocido competencia. Por ello, podría ser calificado como el organismo interamericano más exitoso en términos de cooperación efectiva y mayor aproximación real, efectiva y eficiente al ideal de integración latinoamericana.

 

Refiéranos un caso en el que usted haya participado y del que se sienta orgulloso.

El caso del que me siento más orgulloso es el de Gelman vs. Uruguay (2010). Los hechos alegados por la comisión se referían a la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, desde finales de 1976, quien fue detenida en Buenos Aires, Argentina, mientras se encontraba en avanzado estado de embarazo. Se presume que posteriormente fue trasladada a Uruguay, donde habría dado a luz a su hija, quien fuera entregada a una familia uruguaya, actos que la comisión señala como cometidos por agentes estatales uruguayos y argentinos en el marco de la “Operación Cóndor”, sin que hasta la fecha del sometimiento del caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se conociera el paradero de María Claudia García y las circunstancias en que tuvo lugar su desaparición. Además, la comisión alegó la supresión de la identidad y la nacionalidad de María Macarena Gelman García Iruretagoyena, hija de María Claudia García y Marcelo Gelman, y la denegación de justicia, la impunidad y, en general, el sufrimiento causado a Juan Gelman, a su familia, a María Macarena Gelman y a los familiares de María Claudia García, como consecuencia de la falta de investigación de los hechos, juzgamiento y sanción de los responsables, en virtud de la Ley 11.15.848, o Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, promulgada en 1986 por el gobierno democrático de Uruguay. Cabe añadir que María Macarena Gelman García desconocía que no era hija del matrimonio uruguayo al que fue entregada, y que fue descubierta por su abuelo Juan Gelman, luego de años de búsqueda.

Pues bien, en su punto dispositivo 11 la sentencia ordenó que “el Estado debe garantizar que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, al carecer de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir u obstaculizar la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos, no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos materia de autos y para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de los mismos, de conformidad con los párrafos 253 y 254 de la sentencia”.

Esto es, la Corte aseveró que la señalada Ley de Caducidad carecía de efectos jurídicos y, no obstante ello, que había “sido aprobada en un régimen democrático y aún ratificada o respaldada por la ciudadanía en dos ocasiones”. Al efecto, la Corte indicó que esa circunstancia “no le concede, automáticamente ni por sí sola, legitimidad ante el Derecho internacional”, agregando que “la participación de la ciudadanía con respecto a dicha ley, utilizando procedimientos de ejercicio directo de la democracia —recurso de referéndum (párrafo 2º del artículo 79 de la Constitución del Uruguay)— en 1989 y —plebiscito (literal A del artículo 331 de la Constitución del Uruguay) sobre un proyecto de reforma constitucional por el que se habrían declarado nulos los artículos 1 a 4 de la ley— el 25 de octubre del año 2009, se debe considerar, entonces, como hecho atribuible al Estado y generador, por tanto, de la responsabilidad internacional de aquél”. También la Corte expresó que “la sola existencia de un régimen democrático no garantiza, per se, el permanente respeto del Derecho internacional”, incluyendo al Derecho internacional de los derechos humanos, lo cual ha sido así considerado incluso por la propia Carta Democrática Interamericana, que “la legitimación democrática de determinados hechos o actos en una sociedad está limitada por las normas y obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos reconocidos en tratados como la Convención Americana, de modo que la existencia de un verdadero régimen democrático está determinada por sus características tanto formales como sustanciales, por lo que, particularmente en casos de graves violaciones a las normas del Derecho internacional de los derechos, la protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de mayorías, es decir, a la esfera de lo ‘susceptible de ser decidido’ por parte de las mayorías en instancias democráticas”.

De esa forma, la jurisprudencia de la Corte dio un inmenso paso, adecuándose a los tiempos, posteriores a la existencia de regímenes autoritarios en América Latina, esto es, a la realidad. Y así, de lo resuelto en este caso se puede concluir que los derechos humanos también pueden ser violados en democracia y que el sistema interamericano de derechos humanos fue diseñado para que opere precisamente respecto del Estado democrático y no para que la democracia constituya una eximente de su responsabilidad internacional.

 

Humberto A. Sierra Porto

sierra 

  • Ex presidente: 2014-2015.
  • Periodo: 2013-2018; reelecto para 2019-2024.
  • Edad: 53 años.
  • Especialidad: Derecho constitucional.
  • Trayectoria: ex presidente de la Corte Constitucional de Colombia y profesor de Derecho constitucional en la Universidad Externado.

 

¿Qué importancia tiene la Corte IDH en este momento?

La Corte IDH es una institución esencial para construir un lenguaje común en materia de derechos humanos. A través de su labor interpretativa de la Convención, y, en general, en la aplicación del corpus iuris interamericano, está construyendo un cuerpo juridico inteligible compartido por todos los países que son parte del Sistema Interamericano. La Corte opera como conciencia jurídica que sirve de referente a todos nuestros tribunales cuando deciden asuntos relacionados con la aplicación de derechos humanos.

 

Refiéranos un caso en el que usted haya participado y del que se sienta orgulloso.

Es difícil escoger uno, entre tantas sentencias importantes en las que me ha correspondido participar en más de seis años de ejercicio. Sin embargo, sí puedo destacar la sentencia proferida en el caso I.V. vs. Bolivia de 2017. Lo más significativo de esta decisión, desde la perspectiva de quien actúa como juez, consistió en el proceso de visibilización propio de los casos de vulneración de derechos de las mujeres por aplicación de estereotipos de género. La experiencia de descubrir cómo, a pesar de la existencia de buenas intenciones, las lógicas patriarcales pueden generar profundos sufrimientos en las mujeres víctimas y el desconocimiento de mínimos esenciales de consentimiento informado para tomar decisiones sobre los hijos que se quieren tener y sobre el proyecto de vida. 

 

Elizabeth Odio Benito

odio 

  • Periodo: 2016-2021.
  • Edad: 79 años.
  • Especialidad: Derecho internacional, derechos humanos y género.
  • Trayectoria: fue jueza de la Corte Penal Internacional y del Tribunal Internacional para Juzgar los Crímenes de la Antigua Yugoslavia, ministra de Justicia y vicepresidenta de la República de Costa Rica.

 

¿Qué importancia tiene la Corte IDH en este momento?

Desde su fundacion en 1979, la Corte IDH ha sido la garante suprema de los derechos fundamentales de todas las personas amparadas por su competencia y su jurisdicción. Sin discriminacion de ninguna especie, el respeto a la vida, la dignidad, la libertad y la igualdad de mujeres y hombres de nueastro continente, impone obligaciones internacionales a los Estados cuya violación acarrea la responsabilidad, para el Estado infractor, de reparar integralmente a las víctimas los daños sufridos.

Esta funcion, única y esencial para la legitimidad de la democracia de los Estados de Derecho de America Latina, debe continuar inquebrantable durante los tiempos por venir.

 

Refiéranos un caso en el que usted haya participado y del que se sienta orgulloso.

El caso Poblete Vilches vs. Chile de 2018 (el primer caso donde se declara la violación directa del derecho a la salud de una persona adulta mayor); la opinión consultiva 23 de 2017 (medio ambiente y derechos humanos), y la opinión consultiva 24 de 2017 (identidad de género e igualdad y no discriminación de personas del mismo sexo).

 

Raúl E. Zaffaroni

zaffaroni 

  • Periodo: 2016-2021.
  • Edad: 79 años.
  • Especialidad: Derecho penal y criminología.
  • Trayectoria: fue ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, juez penal y constituyente de la Constitución de Buenos Aires, profesor en la Universidad de Buenos Aires.

 

¿Qué importancia tiene la Corte IDH en este momento?

Creo que la tarea más importante de la Corte IDH es contribuir en cursos doctrinarios para la jurisprudencia regional. El momento del mundo no es muy positivo para la eficacia de los derechos humanos. Los obstáculos son múltiples y por todos conocidos. Por esa razón creo que señalar líneas de jurisprudencia técnica en la materia es de gran importancia para la región.

La Corte IDH no es una cuarta instancia ni mucho menos, sino un tribunal que interpreta y aplica la Convención Americana, juzga Estados y no personas, así como acciones y omisiones de los Estados a la luz de su compromiso internacional, asumido como parte del Pacto de San José, es decir, del respeto que deben nuestros Estados a una incipiente ciudadanía continental de toda persona, sin discriminación alguna, como parte regional del gran proyecto mundial de una mínima ciudadanía universal derivada de la mera condición de ser humano, a la que se hace inherente la de persona, o sea, titular de derechos.

 

Refiéranos un caso en el que usted haya participado y del que se sienta orgulloso.

No es cuestión de otorgar prelaciones, pero si tuviese que elegir alguna de las resoluciones de la Corte en estos tres años, quizá por prejuicios de especialidad, elegiría las medidas provisionales adoptadas acerca de las prisiones de Río de Janeiro y de Recife, en Brasil, donde, debido a las extremadamente deficientes condiciones de detención, realmente alarmantes, se ordenó al Estado computar doble el tiempo de permanencia en esos establecimientos.

 

Patricio L. Pazmiño Freire

Pazmino 

  • Periodo: 2016-2021.
  • Edad: 61 años.
  • Especialidad: Derecho constitucional, Derecho social y derechos humanos.
  • Trayectoria: fue presidente de la Corte Constitucional de Ecuador, profesor universitario y miembro de asociaciones de la sociedad civil en materia de derechos humanos.

 

¿Qué importancia tiene la Corte IDH en este momento?

Las instituciones, como las personas, estamos atados a nuestro tiempo y circunstancias; por lo tanto, su valoración depende del lente a través el cual se mire y pondere. No soy afecto a las valoraciones abstractas. Entonces, dicho esto, podríamos convenir que, en las actuales circunstancias, el rol y la importancia de la Corte Interamericana está más allá de sólo adherirnos al ritual manifiesto de invocar la defensa y la protección de los derechos contenidos en la Convención Americana y en los instrumentos del Derecho internacional de los derechos humanos, que ya de por sí constituyen nuestra principal obligación.

Por lo anterior, previamente a una necesaria y atenta lectura del entorno social, económico y político interamericano, y de cara a la reiterada y renovada conducta que desprecia los derechos de personas, pueblos y comunidades, sea por acción u omisión, por parte de agentes estatales y, cuando no, privados, es de destacar como uno de los imperativos de la Corte el impulso sistemático, así como la difusión consistente y lo mas amplia posible, de las sentencias, las resoluciones de verificación de cumplimiento de sentencias, las opiniones consultivas y las medidas provisionales que adopta este alto tribunal, con el propósito de construir puentes dialógicos indispensables con nuestros pares, las cortes nacionales de justicia, las salas y las cortes constitucionales, la academia, las víctimas y sus representantes, así como el mismo Estado.

Es menester ser persistentes e imaginativos para lograr interiorizar en las estructuras funcionales de estas instancias, actores y sujetos, los conceptos, desarrollos jurídicos y precedentes jurisprudenciales que permitan acercar a los usuarios del sistema a un entendimiento sobre el pensamiento juridico interamericano, con la necesaria obligación de actuar mancomunadamente para que el mismo tome cuerpo, sea efectivo y logre verdadera y no ilusoria eficacia en la lucha contra la impunidad. Así podríamos aspirar a que, por ejemplo, el reconocimiento de la personería jurídica de los pueblos indigenas, la identificación de daños y reparaciones de carácter colectivo, las medidas de no repetición que alientan la adecuación normativa nacional, los razonamientos que sirven de base para la concesión de medidas provisionales, como aquellas que interrumpen actuaciones legislativas indebidas, o el establecimiento del acceso directo a la reclamación judicial de los DESCA, entre otros, sean percibidos y apropiados, si bien como logros jurídicos importantes, sin duda alguna, pero que trasciendan y se generalicen en su uso y aplicación por parte de la razón de ser del sistema interamericano: las víctimas.

 

Refiéranos un caso en el que usted haya participado y del que se sienta orgulloso.

Probablemente, si la disyuntiva propuesta me solicitara escoger una sentencia de mayor identidad o satisfacción, en el ámbito especifico de un tribunal nacional de justicia constitucional, que es mi fuente de origen judicial, a no dudarlo, mi decisión tendría varias o múltiples opciones, mas no es así. En la dimensión de la justicia convencional interamericana, donde en cada decisión se pone en juego la dignidad del ser humano dentro de un plexo de derechos humanos integrales e interdependientes, cada decisión, cada sentencia, cada resolución de verificación o cada opinión consultiva en las que he tenido la oportunidad de participar se ha constituido en una experiencia personal de conocimiento, desafío y superación intelectual, así como de desarrollo de la sensibilidad humana de profundas y satisfactorias experiencias. Sin embargo, esta fase prometedora y de inspiración no está exenta de frustraciones y de angustias existenciales, principalmente por la excesiva mora judicial interamericana, que nos avoca a conocer y a resolver casos de dos, cuando no tres, décadas pasadas, así como la impavidez gubernamental, las deficiencias institucionales estructurales, cuando no una ideología jurídica paleopositivista que conspira para lograr eficacia y celeridad en el cumplimiento de las sentencias, y así lograr satisfacción y respuesta a las demandas incansables de justicia que, audiencia tras audiencia, claman las víctimas. Sin embargo, y en consecuencia con mi cosmovisión y mi tradición jurídica personal, dejaré sentado que las sentencias del caso Polo Rivera vs. Perú (2016) y del caso Poblete Vilches vs. Chile (2018), estrictamente desde una perspectiva conceptual y de desarrollo del acceso directo a la justiciabilidad de los derechos humanos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), son decisiones de alto impacto y modificación de la forma de comprender y desarrollar el concepto de garantía y defensa de los derechos sociales. 

 

Ricardo Pérez Manrique

manrique 

  • Periodo: 2019-2024.
  • Edad: 71 años
  • Especialidad: Derecho familiar, ética judicial y derechos humanos.
  • Trayectoria: fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay y juez de carrera.

 

¿Qué importancia tiene la Corte IDH en este momento?

Hace 40 años que la Corte IDH, en situaciones de riesgo para las personas y de violación de sus derechos, más allá de la coyuntura política, viene señalando el rumbo mediante la definición de los estándares mínimos de protección de los derechos humanos. El continente parece ingresar a un cono de sombras, con gobiernos que cuestionan aspectos básicos del Estado de Derecho y de la institucionalidad que éste exige. Por ello, la Corte seguirá siendo el ámbito en el que las personas y los grupos vulnerables encontrarán la necesaria escucha y protección de sus derechos.

 

Refiéranos un caso en el que usted haya participado y del que se sienta orgulloso.

Si bien me incorporé a la Corte en enero de este año, hay sentencias dictadas, obviamente sin mi participación, que son un hito en el desarrollo de los derechos humanos; los casos Barrios Altos vs. Perú (2001), La Cantuta vs. Perú (2006), Almonacuid Arellano vs. Chile (2006) y Campo Algodonero vs. México (2009), entre otras, constituyen decisiones de enorme valor que merecen toda mi admiración.

  

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