Lilia Mónica López Benítez

Justicia penal con perspectiva de género

Lilia Mónica López Benítez
Lilia Mónica López Benítez, una de las magistradas más prestigiadas del Poder Judicial de la Federación, cuyo nombre ya estuvo incluido en una terna para convertirse en ministra, comparte sus preocupaciones en torno a figuras como los “testigos protegidos” y la prisión preventiva, y señala los rasgos que, en su opinión, deben distinguir a los juzgadores para evitar que se conviertan en simples aplicadores de la “letra de la ley”. 

 

Permítame comenzar este diálogo con un tema de carácter personal: ¿qué es lo que más le agrada de ser magistrada federal en el área penal?

En términos generales, emitir una decisión judicial implica apegarse a los hechos y aplicar el Derecho. Pero cuando se trata de un asunto de naturaleza penal, los primeros cobran relevancia pues, implícitamente, surge el deber de resarcir el daño a la víctima u ofendido. Es importante expandir la visión del juzgador y detenerse en la comprensión de las circunstancias que llevan a una persona a transgredir la norma. Esto no se limita a la aplicación estricta de la ley, sino que conlleva la responsabilidad de resolver bajo la premisa de preservar, en cualquier situación, la dignidad humana. Sopesar el contexto permite construir la decisión jurisdiccional, en la que debe imperar el equilibrio entre quien delinque y quien resiente los efectos del ilícito, teniendo en cuenta el impacto que la delincuencia provoca en la sociedad.

¿Y lo que más le desagrada?

Resolver atendiendo, exclusivamente, a la “verdad histórica” del expediente, sin escuchar de viva voz lo que acontece en el desahogo de las pruebas. El contacto directo hace efectivo el principio de inmediación, que si bien acorde con el artículo 20 constitucional opera para los jueces de instancia y no de amparo, lo cierto es que la interacción con las partes aporta elementos significativos, por lo que no debe descartarse una reforma a la Ley de Amparo que acerque a la justicia federal a los hechos que deba juzgar.

Me molesta, asimismo, la afectación a la dignidad de las personas provocada por la opacidad, por la falta de transparencia en el desarrollo de los procesos. Especialmente cuando se sustenta en declaraciones, en ocasiones artificiales, de “testigos protegidos” que esperan beneficios del Estado por su colaboración y que suelen destrozar la vida de una persona y de su familia.

De hecho, usted ha sido una de las voces más críticas contra esta figura. Leí con inquietud el libro que escribió sobre los mal llamados “testigos protegidos” y temo que los hechos han acabado por darle la razón…

Esta figura ha dado mucho de qué hablar desde su inclusión, en 1996, en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. A mi parecer, desatiende los derechos de defensa contenidos en el artículo 20 constitucional, anterior a 2008. No desconozco que, con la reforma de junio de ese año, la reserva de identidad se elevó a rango constitucional para garantizar el éxito de la investigación, cuando su éxito o su fracaso tienen origen en la capacidad de investigación del órgano ministerial y de la policía bajo su mando.

Muy a mi pesar, y dada la reforma, sólo queda ser en extremo cuidadosos en la valoración de esta prueba y estar muy atentos a los resultados que se obtengan de la aplicación de la Ley Federal de Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal. Específicamente, del Programa Federal de Protección a Personas.

Si en sus manos estuviera, ¿cómo mejoraría esta figura para hacerla funcional y evitar, al mismo tiempo, los abusos que se han cometido?

Limitaría al máximo el uso de testigos protegidos, lo que implicaría un análisis y una valoración de su declaración, seguida de la fase de constatación de la versión, como actuaciones previas para definir la efectividad de la información. En segundo término, de considerar que los datos que aporta el testigo son útiles para la investigación de hechos y/o personas, los incluiría en el Programa de Protección a Testigos. Hasta ahora, la verificación de la información no se ha tomado con la seriedad que implica. Sobre todo cuando este “método de investigación” limita el derecho de defensa, al vedar la posibilidad de conocer la identidad de la persona que declara en contra de otra y el derecho para interrogarlo. La inclusión en el programa de protección debe ser solicitado por el Ministerio Público con base en la esencia de los testimonios obtenidos, que conformará una solicitud de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación, que habrá de ponerse a la consideración y valoración de un juez federal de control, para que éste, con base en la información suministrada y confirmada, autorice la inclusión de una persona en el citado programa y defina términos, alcance y duración de la protección.

Por cierto, de los casos que le toca a usted revisar diariamente en su tribunal, ¿cuáles son los más frecuentes?

Un alto porcentaje de los asuntos que se reciben, vía amparo directo y en revisión, corresponden a personas procesadas o sentenciadas por los delitos de robo con violencia, extorsión, secuestro, trata de personas y contra la salud.

Delitos que coinciden con los previstos en el artículo 22 constitucional en lo relativo a la extinción de dominio, ¿verdad? ¿Cómo está desarrollándose esta figura en los tribunales?

En efecto. Éste es un tema de relevancia para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ha sentado las bases para la interpretación de los esfuerzos coordinados entre la Federación y los estados. Se ha clarificando, en precedentes correspondientes al Distrito Federal, Michoacán y Colima, que la extinción de dominio tiene su límite en los ilícitos contenidos en ese artículo, cuya finalidad se centra en la desarticulación de los recursos obtenidos ilegalmente por los miembros del crimen organizado.

¿Cuál recuerda usted como uno de los casos más difíciles que le hayan tocado resolver, como magistrada, con perspectiva de género?

Le mencionaré dos. Uno en el que una mujer joven y de extracción humilde laboraba como cajera principal en una tienda departamental. Sus funciones consistían en recolectar, diariamente, el dinero producto de las ventas, llevarlo a la bóveda, contarlo y entregarlo a una compañía de valores.

Cierto día ingresó a la bóveda con el dinero obtenido, únicamente con el subgerente. Contaron el dinero y lo agruparon en fajos de diversas denominaciones. Aquél le pidió que saliera de la bodega y, cuando ella regresó, advirtió que faltaba un fajo de billetes. Cuestionó a su jefe, quien le respondió que recaudara más dinero para completar la entrega de esa noche.

Al día siguiente se practicó una auditoría. Sus superiores le informaron que el faltante era responsabilidad del subgerente. Pese a ello, la retuvieron en las instalaciones y la obligaron a firmar su renuncia, a recibir su finiquito y a entregarlo de inmediato a cuenta del dinero desaparecido. Le pidieron que los acompañara a la delegación a declarar en calidad de testigo. Apenas pisó la calle, elementos policiacos estaban prestos para detenerla y presentarla ante la autoridad investigadora como probable responsable. Contra el subgerente no se actuó penalmente.

Aplicando las diversas herramientas para juzgar con perspectiva de género, en la discusión del asunto se logró que el magistrado ponente reconsiderara su propuesta y, ante las inconsistencias detectadas, se concedió el amparo liso y llano a la quejosa, con lo que se respetaron los derechos de igualdad y de acceso a la justicia, imprescindibles en una sociedad democrática.

Decía usted que iba mencionar dos casos…

Sí. En el segundo, una mujer fue detenida con motivo de la práctica de un cateo en una vecindad. En la recámara de la quejosa se encontró una bolsa con una cantidad ínfima de marihuana. En diverso cuarto se aseguró el mismo estupefaciente en cantidad y presentación propios para la comercialización. En ese sitio, además, fueron detenidos el hijo de la quejosa y dos varones más.

La sala de apelación consideró que la sentenciada, por su calidad de madre, debía conocer la conducta delictiva del hijo y acreditó su participación como coautora del ilícito respecto del total de la droga y como integrante de la pandilla.

En el asunto, formulé un voto minoritario, pues la autoridad responsable ubicó a la peticionaria de amparo en una categoría sospechosa por razón de género, etiquetando su conducta derivada de su rol de madre. Los argumentos de la autoridad responsable se sustentaron en las características sociales y culturales atribuidas tradicionalmente a la mujer, lo que es indiferente al derecho a la igualdad como principio constitucional. En el último caso se detuvo y se sentenció a una mujer por la comisión de idéntico delito y modalidad. En una vecindad se practicó un cateo que se entendió con la quejosa, esposa del “dueño” de la droga, quien de inmediato indicó que la entregaría porque la actividad ilícita de aquél era constante causa de desavenencias maritales. Su padre y otro testigo avalaron el dicho de aquélla.

En mi voto particular propuse a la mayoría la concesión del amparo, toda vez que la sala responsable estimó que en la posesión de la droga no se advertía la amenaza del cónyuge ni el sometimiento de la quejosa al marido. Razonamientos estereotipantes que destruyeron la presunción de inocencia.

En todos los casos, juzgar con perspectiva de género obliga a la aplicación de un método diseñado para evitar la discriminación y la desigualdad.

Hablemos ahora del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué aspectos son los más benéficos para fortalecer nuestro sistema de justicia penal?

Ante todo, que permite la participación activa de víctimas y ofendidos en los actos de investigación y en el proceso para asegurar la reparación del daño, garantizando los derechos previstos en el apartado C del artículo 20 constitucional.

Introduce los criterios de oportunidad como mecanismos procesales que permiten al Ministerio Público aplicar políticas selectivas para pronunciarse sobre el ejercicio de la acción penal. En otras palabras, se racionalizan los recursos para permitir la persecución de los ilícitos que causan mayor daño a la sociedad, prescindiendo del conocimiento y la investigación de otros menos lesivos para evitar la sobrecarga del sistema de justicia.

Los criterios de oportunidad tienen una doble función, pues operan como mecanismos alternativos de solución de conflictos y como instrumentos de política criminal.

Entre sus bondades debe destacarse que garantizan la reparación del daño de víctimas u ofendidos y evitan el congestionamiento y el dispendio de recursos humanos y materiales en la investigación.

Detengámonos en una figura: la prisión preventiva oficiosa, prevista en la Constitución y desarrollada en el Código Nacional. Desde su punto de vista, ¿atenta contra el principio de presunción de inocencia o no? ¿No es muy cómodo para un juez que la ley diga en qué casos procede y, con ello, se le quite la responsabilidad de juzgar?

En lo referente a la primera pregunta, mi postura personal estriba en que la prisión preventiva oficiosa atenta contra el principio de presunción de inocencia, que implica que toda persona a quien se impute un delito tiene derecho a que se le presuma inocente mientras no se pruebe su culpabilidad. Si partimos de esta premisa, resulta lógico pensar que el imputado debe permanecer en libertad hasta en tanto exista una sentencia que determine que es responsable de la comisión de un ilícito que amerite pena privativa de libertad. Lo anterior, sin desconocer que existe una tesis aislada de la primera sala de la SCJN que sostiene lo contrario.

La respuesta al último cuestionamiento es muy simple: la aplicación de una norma constitucional o legal corre a cargo del juez; no así su creación.

Si en sus manos estuviera, ¿cómo impulsaría la reforma al nuevo sistema penal acusatorio?

El mayor esfuerzo lo concentraría en la capacitación formal y sistematizada de las y los operadores del sistema, de litigantes e, incluso, de la ciudadanía. Para hacer efectiva la justicia oral adversarial es necesaria su participación activa, conociendo y cumpliendo con sus obligaciones, así como ejerciendo sus derechos a cabalidad.

Pondría especial énfasis en la preparación de jueces, defensores y ministerios públicos con el propósito de lograr el respeto al debido proceso y la defensa adecuada. En este punto, el trabajo de las defensorías públicas se torna fundamental, así como el compromiso ético de los postulantes. Por eso insisto en la formación de profesionales del Derecho de excelencia como responsabilidad de las universidades y de las escuelas judiciales, y en la colegiación obligatoria como garantía de los derechos fundamentales de las personas que delinquen, y de las víctimas y ofendidos que resienten el daño ocasionado por la conducta ilícita.

Sin la colaboración de personas e instituciones, los resultados no serán acordes con los objetivos que marcaron la concepción de la reforma, y el tiempo y los recursos humanos y materiales se convertirían en la peor inversión de los últimos tiempos para la justicia.

¿Cuál considera usted que sea la principal falla de los agentes del Ministerio Público?

Las fallas o los aciertos de una investigación se circunscriben a la estrategia indagatoria. Por tanto, en la búsqueda de evidencias no debe partirse de acciones aisladas y desvinculadas sino orientadas a un conjunto sistematizado de actividades, que permitan dirigir los esfuerzos a la acreditación de la conducta ilícita y a la demostración de la responsabilidad penal.

El Ministerio Público tradicionalmente ha sido rector de la investigación, pero no la realiza solo, por lo que es necesaria una policía “científica” compuesta por personas con conocimientos vanguardistas en técnicas de investigación que permitan integrar exitosamente una averiguación previa.

La profesionalización de las corporaciones policiacas y la efectiva dirección del Ministerio Público que deberá contar con competencias de primer nivel, es primordial para el éxito de su función.

¿Le gusta la idea de la colegiación obligatoria para los abogados?

Para ser un excelente litigante es necesaria la preparación continua y el conocimiento de las reformas constitucionales y legales que suelen ser frecuentes, y que en los últimos tiempos nos tienen inmersos no en un proceso de actualización sino en el aprendizaje y la aplicación de nuevos modelos de justicia.

La colegiación obligatoria es una alternativa viable para asegurar que los litigantes posean las aptitudes y las habilidades que respondan a los retos que exige la evolución del sistema jurídico y, sobre todo, a las necesidades de quienes requieren sus servicios. Además, sirve como barrera contra actos de corrupción, pues se constituye como un sistema de rendición de cuentas para el ejercicio libre de la profesión.

En cuanto a los jueces y los magistrados, ¿en qué área cree usted que puedan mejorar?

Contar con un foro conocedor, y por ende exigente, conlleva la obligación de selección y nombramiento de juzgadores, no únicamente con la preparación académica necesaria para asumir y desempeñar el cargo, sino que obliga a la búsqueda de mujeres y hombres comprometidos, que no se limiten a la aplicación “a la letra de la ley”. Hoy se requieren jueces con visión pluridimensional del espacio y el tiempo que vivimos. Con discernimiento de la complejidad de un mundo globalizado, conciencia social y sensibilidad para dimensionar el alcance y la transcendencia de sus decisiones.

Usted es una de las magistradas más prestigiadas del Poder Judicial de la Federación y, de hecho, su nombre ya estuvo incluido en una terna para convertirse en ministra. A esta luz, déjeme cerrar este diálogo con una pregunta obligada: ¿cómo debe cambiar el enfoque de una jueza o de una magistrada a la hora de fungir como ministra? Le confieso que, a veces, me decepciona ver a algunos de nuestros ministros —código en mano— citando artículos y fracciones, sin atreverse a cuestionar la ley. Me da la impresión de que no han entendido aún que ya no son jueces sino ministros…

Es una pregunta no sólo interesante sino trascendente para una época en que el respeto de los derechos humanos obliga a todos los juzgadores a ser vigilantes de la Constitución y de los tratados internacionales que contengan normas de derechos humanos.

Si hoy en día tenemos en nuestras manos esa delicada y trascendente función, con mayor razón corresponde a un ministro evitar convertirse en un aplicador de la letra de la ley. Máxime cuando en la actualidad las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no sólo inciden en la vida política, económica y social del país, sino que también son de gran impacto cuando de equilibrar la actuación de los poderes Ejecutivo y Legislativo se trata. Pesos y contrapesos.

La décima época exige ministras y ministros independientes, plurales, inclusivos, cercanos a la sociedad, comprometidos, con una perspectiva ampliada de la protección de los derechos humanos de todas las personas, con independencia de su origen, sexo y preferencias. Con plena conciencia del ejercicio de la democracia, de su significado y sus alcances. En otras palabras, con visión de Estado.


Lilia Mónica López Benítez es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, con maestría en ciencias jurídico-penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y con doctorado en ciencias penales y política criminal por la misma institución. 

En el Poder Judicial de la Federación ha ocupado, entre otros, los cargos de secretaria comisionada por el pleno de la SCJN en el juzgado segundo de distrito, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; secretaria del segundo tribunal colegiado del decimocuarto circuito, en Mérida, Yucatán; jueza segunda de distrito del decimoquinto circuito, en Mexicali, Baja California; jueza primera de distrito del décimo sexto circuito, en Guanajuato, Guanajuato; jueza octava de distrito en materia penal, en el Distrito Federal; magistrada del tercer tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito, y magistrada del noveno tribunal colegiado en materia penal del primer circuito. Ocupa el cargo de magistrada de circuito desde marzo de 2000.

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