Margarita Luna Ramos

El legado de una ministra

Margarita Luna Ramos

 

Pocos meses antes de dejar de portar la toga de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), comenzaron los homenajes. Podía inferirse de todos aquellos emotivos actos que Margarita Luna Ramos había cumplido satisfactoriamente su encargo. Concluyó su gestión y unos días después de su regreso a la Facultad de Derecho de la UNAM quisimos explorar sus vivencias y, por supuesto, hacer el balance de su actividad en su luenga carrera judicial.

 

  

Ahora que terminó su periodo como ministra, ¿cuáles son sus primeras reflexiones? ¿Cómo se prepara uno para ese momento?

Una de las primeras reflexiones es justamente lo breve que parece haber sido este periodo. El tiempo pasó, sin sentirlo, como una estrella fugaz que cruza el firmamento. Otra reflexión fue en torno de la forma en que me impuse concluir una carrera con un ejercicio responsable y honesto y haber cumplido con la labor que se me encomendó de manera intachable, anteponiendo, en todos los casos que juzgué, mi convicción jurídica, producto del estudio de cada expediente, con la clara conciencia de las repercusiones de cada fallo, tanto para las partes como para el impacto que podría tener en otros ámbitos.

Sin duda, también, llegar a la meta, y disfrutar el júbilo que implica eso, la jubilación; concluir, después de casi 44 años de ejercicio profesional, y poder disfrutar mayor tiempo con mi familia, leer los libros que han tenido que aguardar largos años en la mesita de noche para ser disfrutados, emprender algún viaje que no quedara acotado al pequeño espacio de un receso vacacional, y otras muchas actividades que deseo emprender.

 

¿Es temprano para hacer un balance?

No, sin duda no es temprano. El balance lo constituye llegar a este momento, con absoluta serenidad, con la conciencia de que cumplí con mi función con absoluta convicción y responsabilidad. Y que cada una de mis intervenciones en sesión de pleno o sala, y luego mis fallos, responden a mi criterio jurídico, a la ponderación de las consecuencias que implicaban para las partes y para la sociedad.

Como lo expresé ante el pleno el día de esa emotiva despedida que me brindaron: “Me voy con la serena quietud de portar sin mácula alguna, por última vez, esta toga que durante 15 años me acompañó en la realización de esta hermosa tarea de impartir justicia”.

 

Durante su permanencia en la SCJN, ¿hubo algún asunto que le quitara el sueño?

De hecho, todos. Mi sistema de trabajo se basó en el estudio diario de cada uno de los asuntos por resolver, según correspondiera —los de pleno o los de sala—, desde muy temprana hora. Mi día iniciaba a las cuatro de la mañana.

Ahora, en el sentido que lo pregunta, creo que hubo varios asuntos complicados, por la trascendencia jurídica que implicaba el precedente para nuestro sistema de impartición de justicia, y otros, por la preocupación que la decisión provocaba en la sociedad. Tal vez pudiera citar el de la despenalización de la interrupción del embarazo y la interpretación de las reformas constitucionales en materia penal, energética, educativa, de radio y televisión.

 

¿Hubo algún fallo que le provocó frustración por el sentido que se adoptó?

Cuando se tiene la convicción de un criterio se hace el mejor esfuerzo para convencer de su bondad. A veces se logra, a veces no. Si se considera que este criterio puede tener repercusiones negativas para el sistema jurídico o afecta la igualdad procesal, sí provoca cierta preocupación, pero al final es el criterio mayoritario el que determina la decisión.

 

Hablemos de grandes reformas. Usted perteneció a la segunda generación de la nueva SCJN. ¿Qué le pareció comparada con la anterior a 1995?

En cuanto a la estructura, considero que el hecho de volver a una conformación como la prevista en el texto original de la Constitución de 1917, y reducir a dos salas, obedeció básicamente a la nueva visión de la SCJN como un tribunal constitucional.

En cuanto a las diferentes etapas de la Corte, creo firmemente que en cada una de ellas los integrantes de nuestro Máximo Tribunal han estado a la altura de las circunstancias de su tiempo.

 

¿Qué le pareció la inclusión del principio pro persona a la Constitución?

La reforma de 2011 en materia de derechos humanos trajo consigo diversos cambios. Entre ellos introdujo algunos principios de interpretación que en realidad ya utilizábamos en la interpretación de la Constitución. Lo importante es leer en todo su contexto el mandato constitucional: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.

Lo primero es tener presente que esa interpretación debe darse de conformidad con la Constitución (principio de supremacía constitucional) y los tratados internacionales (subordinados a ella). Y si bien la interpretación debe ser aquella que resulte más favorable a la persona, sin trastocar la igualdad procesal, ni los postulados establecidos en el artículo 17 constitucional, en el sentido de que “toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial […] siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formulismos procedimentales”.

 

¿Hace falta algo para consolidar el control difuso?

Antes de la reforma de 2011 del artículo 1° constitucional la SCJN había emitido criterios en el sentido de que el control constitucional en nuestro sistema solamente era de carácter concentrado, no difuso.

Con la reforma constitucional en materia de derechos humanos la SCJN emitió un nuevo criterio, con el que abandonó los anteriores (que serían declarados sin efectos en forma expresa) y reconoció el ejercicio del control difuso, como un modelo de control de constitucionalidad.

El control de constitucionalidad que antes se concentraba en los órganos del Poder Judicial de la Federación, ahora —con marcadas diferencias— se hace extensivo y obliga a todas las autoridades jurisdiccionales del país con el fin de que verifiquen si las leyes inferiores a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos respetan, protegen y garantizan las prerrogativas de las personas.

 

Usted perteneció a un pleno. Se realizaron grandes transformaciones con base en sus resoluciones. ¿Cuáles destacaría usted y por qué?

Uno de los cambios más significativos fue la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011. La reforma al artículo 1º de la Constitución General de la República marcó, además de una importante tendencia jurídica, el inicio de la décima época del Semanario Judicial de la Federación.

Un claro ejemplo de lo anterior fue la discusión y la resolución del expediente Varios 912/2010, el denominado Caso Radilla, y de las CT 293 y 21/2011, que marcaron un antes y un después en el enfoque para el análisis de la Constitución y de los tratados internacionales.

Otro reto que tuvimos que enfrentar fue la implementación gradual de la reforma en materia de justicia penal de junio de 2008, para incorporar en la Constitución las bases del debido proceso legal y el mandato de un proceso penal acusatorio y oral, en el que se respete el derecho de víctimas y victimarios.

También fue relevante el papel de la SCJN en la construcción de criterios en torno del libre desarrollo de la personalidad, que impactaron en una nueva visión en materia de relaciones familiares: el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo, la protección a la familia formada por ellas y la adopción por este tipo de matrimonios. Reconocimiento del que derivaron otros derechos, como los de seguridad social, en los que la Segunda Sala jugó un papel preponderante que, incluso, propició la modificación de políticas en el interior del Instituto Mexicano del Seguro Social.

En materia electoral, la labor de la Corte ha sido particularmente intensa en la solución de acciones de inconstitucionalidad de leyes de esa naturaleza. Tuve la oportunidad de participar en la resolución de los asuntos que se presentaron con motivo de dos grandes reformas constitucionales, la de 2007 y la de 2014, cubriendo el análisis de una muy amplia variedad de tópicos. Señalo destacadamente la paridad de género, las candidaturas independientes y la reelección, entre muchos otros.

En otros asuntos que califico como relevantes tengo presentes: el caso Cherán, relativo a la consulta obligada a pueblos originarios; la revisión de la Constitución de la Ciudad de México; en el orden municipal, el caso de Capilla de Guadalupe, relacionado con la pretensión de formar un nuevo municipio, así como el pronunciamiento sobre competencias municipales, con base en el artículo 115 constitucional.

Por otra parte, en materia de amparo, la reforma al artículo 107 constitucional y la nueva Ley de Amparo motivó muchos e importantes criterios para su aplicación, como la retroactividad de la jurisprudencia, entre otros.

 

¿Qué nos puede decir en materia de género?

Algo que para mí fue altamente satisfactorio fue presidir el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación —a cuya integración concurren, junto con a la SCJN, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación—, gracias a la designación y el apoyo incondicional del señor ministro Luis María Aguilar Morales, a la sazón presidente de este Alto Tribunal, que abrió frente a mí una ventana de oportunidades que nunca imaginé. Y que, por demás, me brindó el privilegio —con sumo orgullo— de proyectar el trabajo del PJF en esta materia, a nivel nacional e internacional, coadyuvando a posicionar el liderazgo que hoy por hoy le es reconocido a nuestra Suprema Corte.

Dos fueron los ejes fundamentales de este encargo: el establecimiento institucional de políticas públicas para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres, y la introducción de la perspectiva de género en la labor de impartición de justicia.

Además, en conjunción con la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, firmamos del Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los órganos de impartición de justicia, que se llevó a cabo con las 32 entidades federativas de la República, así como sus respectivos comités de seguimiento y evaluación.

Organizamos los cuatro encuentros internacionales “Juzgando con Perspectiva de Género, Cinco Continentes por la Igualdad”, en los que se compartieron experiencias y mejores prácticas para juzgar con perspectiva de género, con juzgadoras y juzgadores de otras latitudes.

En julio de 2017 logramos la unidad de las juzgadoras del país, que, sin distinción de fuero, materia o instancia en la que decidimos, unidas por la convicción de servir a nuestro país en el desarrollo de esa maravillosa tarea de impartir justicia, constituimos el Capítulo México de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ, por sus siglas en inglés), de la cual tengo el orgullo de haber sido delegada de América Latina y el Caribe y actualmente su vicepresidenta.

También en la esfera internacional tuve el honor de fungir como presidenta de la Comisión de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana, por el bienio 2016-2018. Los más de 20 productos entregados se encuentran detallados en el informe rendido ante la Asamblea de la Cumbre que tuvo lugar en Quito, Ecuador, en abril de 2018.

Por otra parte, en junio del año pasado tuve el honor de encabezar la delegación que por los órganos de impartición de justicia compareció ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la mujer (CEDAW), con objeto de rendir el informe del Estado mexicano.

Esta experiencia permitió sentar las bases para la preparación y la elaboración de futuros informes, así como para atender las observaciones y los compromisos con la Convención para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer que recaen sobre los órganos impartidores de justicia. La incorporación de la perspectiva de género en el quehacer jurisdiccional también propició el surgimiento de novedosos criterios que tutelan los derechos de las mujeres en condiciones de igualdad.

La SCJN, en pleno y en salas, emitió diversas resoluciones con perspectiva de género en todas las materias de su conocimiento. Decisiones que van desde la definición de perspectiva de género y su metodología, hasta su aplicación al caso concreto, en temas como: condición jurídica de la mujer trabajadora embarazada, acceso a la salud de las mujeres con problemas de infertilidad y de violencia obstétrica, discriminación de mujeres indígenas, trabajo doméstico y acceso a guarderías, etcétera.

Todas las acciones realizadas por el comité se pueden consultar en el informe de labores de estos cuatro años, en la compilación de criterios con perspectiva de género, así con en el Manual para una impartición interseccional de justicia con perspectiva de género, que, bajo la coordinación de la magistrada Lilia Mónica López Benítez, realizaron compañeras juzgadoras federales y locales.

 

¿Una ministra guarda algún libro de cabecera para su actividad?

La Constitución, el libro de doctrina aplicable al caso concreto y la jurisprudencia y los criterios aislados emitidos por nuestro Máximo Tribunal.

 

El Mundo del Abogado la entrevistó a su llegada al cargo de ministra. ¿Se cumplieron las expectativas con las que asumió el cargo? ¿Algo se quedó en el tintero?

Como ministra, yo diría que se superaron. Quizás lo único que no logré, y me hubiera encantado hacer, fue presidir la Corte.

 

¿Qué sigue para una ministra en retiro tan joven?

Si eso se puede decir de mis 63 años… Me siento contenta, satisfecha y feliz. Mi vida siempre se ha bifurcado en dos senderos: el académico y el jurisdiccional, de manera que retornar al académico será muy grato. La vocación de impartir justicia es concomitante a mi persona, y ahora quisiera prepararme para continuarla, de manera más pausada, a través del arbitraje, para lo cual tomaré un tiempo con el propósito de prepararme.

 

¿Hay algo que deba cambiar el Poder Judicial de la Federación?

En su plan de trabajo el ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de la Rea manifestó su idea de establecer cambios importantes que generen una mejor y más ágil impartición de justicia, que, estoy segura, beneficiarán a nuestro sistema jurídico y, en consecuencia, a nuestra sociedad.

Lo más relevante es que la Corte continúe con su consolidación como tribunal constitucional, que es su naturaleza, y que el Poder Judicial de la Federación se siga considerando un auténtico poder, autónomo e independiente, el fiel de la balanza entre los poderes de la Unión.

 


 

Margarita Beatriz Luna Ramos es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en donde también estudió la especialidad en Derecho constitucional y administrativo, la maestría y el doctorado.

En el ámbito académico, ha impartido las cátedras de Derecho constitucional, amparo y Poder Judicial en diversos cursos y diplomados organizados por distintas universidades, entre las que destacan la UNAM, la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Universidad Panamericana y el Instituto de Especialización Judicial.

En el Poder Judicial de la Federación ocupó los puestos de oficial judicial mecanógrafa, actuaria y secretaria de juzgado de distrito, secretaria proyectista de tribunal colegiado, secretaria de estudio y cuenta de las salas penal y administrativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juez de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, magistrada de circuito en materia laboral y administrativa, y ministra de nuestro Máximo Tribunal, del 19 de febrero de 2004 al 18 de febrero de 2019.

 

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