Margarita Ríos-Farjat

Hacia la modernización del SAT

Margarita Ríos-Farjat

 

Mantener una alta recaudación, aumentar el padrón de contribuyentes y continuar con el fortalecimiento del Servicio de Administración Tributaria son algunos de los retos que tiene por delante Margarita Ríos-Farjat, titular de ese órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En esta entrevista nos habla de los grandes desafíos que enfrenta nuestro país en materia de recaudación fiscal.

 

 

A pesar de que ha aumentado la recaudación fiscal, México sigue siendo uno de los países con mayores deficiencias en este rubro. ¿A qué lo atribuye?

En primer lugar, a que México es un país con profundas desigualdades sociales, de amplios sectores con todo tipo de carencias y esto genera baja productividad, que se estanque el crecimiento y que, por ende, la recaudación sea baja. En segundo lugar, a que estas carencias también son de conectividad: si la tecnología no ayuda a la totalidad del país a salir adelante, entonces está ayudando muy poco o la estamos acaparando en detrimento de lo prioritario. Necesitamos todo ejido, toda zona marginada, todo México conectado, con acceso a internet y a servicios bancarios. Como tercer punto señalaría décadas de un modus vivendi social a partir de la renta petrolera. Está demostrado que los países ricos en recursos naturales deben esforzarse en no caer en la cómoda tentación de asumir políticas fiscales mediocres, de simple gerencia, porque al depender de los recursos naturales se pierde la reflexión crítica sobre la política fiscal. A la larga, los recursos se acaban y la negligencia pasa factura. El cuarto punto, es una crisis de civismo. Nos sentimos mexicanos en la fiesta, en el extranjero o cuando nos agreden como nación, pero no somos lo suficientemente mexicanos como para regresar al país los impuestos que le corresponden. Aquí buscamos hacer trampa. Inventamos todo tipo de telarañas mentales para justificar que se viole la Constitución.

 

Cómo titular del Servicio de Administración Tributaria, ¿cuál es la principal fortaleza que ha encontrado?

Que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) es una institución con objetivos claros, permanentes, medibles, que trascienden a los gobiernos en turno: la meta siempre es recaudar más y cada vez mejor. Además, el SAT en particular ya posee una marca de mucho valor para el Estado mexicano, producto de 21 años de nunca perder de vista esa meta, a la que sin duda alineamos productos tecnológicos que hoy gozan de mucha madurez, como la factura electrónica, la e-firma, el buzón tributario o las declaraciones prellenadas, por ejemplo. Todo eso implica procesos de valor que hacen del SAT la institución que es.

 

¿Y las áreas de oportunidad?

Encontré muchos procesos internos fragmentados, bases de datos que no se comunicaban bien entre sí y una carga excesiva de devoluciones pendientes de las administraciones generales de auditoría y de grandes contribuyentes. Pero quizá el reto más grande es que la percepción de riesgo no está calibrada: al SAT le teme quien no debería temerle. A muchos jóvenes les da miedo darse de alta en el SAT, aunque no tengan actividad económica, mientras el evasor se la ha pasado de fiesta. Ya es tiempo de que se sacuda el confeti y se ponga en orden.

 

Una de las innovaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido un cambio de régimen fiscal en la frontera norte. ¿Qué ventajas ve usted en el decreto que contempla estos estímulos?

Acceder a los beneficios del decreto es algo opcional y no es un cambio generalizado en la frontera norte. Ahora, si bien es opcional, es necesario ser elegible y ésta es la parte que más me gusta del decreto: que premia al contribuyente cumplido, al que ha tenido estrellita en la frente por años. De entrada, por ese solo hecho, el decreto es positivo. Muchos contribuyentes se han acercado a nosotros para corregirse y eso es ganancia. Además, es parte de una política pública macro, con visión en diversos aspectos, donde lo fiscal es secundario.

 

¿Esto se aleja de aquellos estímulos que implicaban menos condonaciones?

¿Qué incentivaba eso? Pues que no te preocupes por ser disciplinado porque cada seis años llega una condonación, y es penoso, pero hay contribuyentes que cada sexenio se anotan. Qué bueno que se acabó eso y ojalá todos los estímulos privilegien al contribuyente que ha sido ordenado, no al revés. Por cierto, la recaudación no se ha “caído” en la región. Al contrario, el contraste entre marzo de 2018 y marzo de 2019 en los municipios incluidos arroja incrementos tanto de ISR como de IVA. Esperemos que así siga y contribuya a incentivar la actividad económica.

 

¿Cómo observa usted el compliance tributario y qué perspectivas advierte en la relación contribuyente/administración pública?

No acaba de gustarme la adopción de anglicismos para referirnos a cosas que serían más claras en nuestro idioma. El compliance tributario bien puede referirse a este nuevo servicio de asesores para la gestión de riesgos de los contribuyentes, o a las políticas del órgano tributario para incentivar el cumplimiento fiscal. En todo caso, lo ideal es dar claridad y sencillez al contribuyente, para que pueda tomar sus decisiones sin preocupación, pero sin significar que puede despreocuparse si en realidad no está “gestionando riesgos” sino llevando a cabo planeaciones agresivas. Ahí debemos ser implacables. La confianza que otorga la autoridad no es carta de porte para construir sobre ella castillos de evasión. ¡Cuidado con eso! Ahora, sobre claridad y sencillez para fomentar el cumplimiento, qué mejor ejemplo que las declaraciones de impuestos prellenadas, o el visor de nómina para patrones y trabajadores, ya que permite revisar la información presentada en los CFDI sin poner en riesgo la deducibilidad de las nóminas por comprobantes elaborados de manera incorrecta o que no se hayan timbrado.

 

¿Cómo se va a enfrentar a las empresas fantasma —“ni empresas ni fantasma”, han dicho algunos— que tanto daño causan a la economía nacional?

Es una vergüenza la proliferación de esos esquemas. Estamos trabajando en cuatro grandes ejes: 1) Acciones en el interior del SAT, que implican ir ajustando la efectividad de nuestras acciones y tiempos, alinear nuestras herramientas tecnológicas para que dialoguen más entre sí y reforzar la vigilancia sobre nuestros funcionarios (recientemente iniciamos investigaciones internas sobre media docena de funcionarios nuestros por la presuntiva de estar creando empresas fantasmas). 2) Acciones de índole normativa, que van desde impulsar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) diversas propuestas que desarrollamos hace un par de meses en el SAT para fiscalizar con mayor eficacia, así como para desdoblar diversas reglas misceláneas que estamos diseñando. 3) Acciones interinstitucionales; por ejemplo, estamos promoviendo que el civismo fiscal no inicie en quinto de primaria sino mucho más temprano, y con la banca estamos diseñando esquemas que permitan que los comprobantes bancarios y los fiscales vayan de la mano, de manera que toda transacción pueda ser eventualmente facturada y hasta sin la intervención ni la solicitud constante del contribuyente. 4) Acciones operativas, por supuesto, cuyo diseño implica revisar los intercambios de información con los estados para ir juntos en este combate, así como la detección de casos de los cuales próximamente presentaremos denuncias, y la elaboración de un nuevo modelo de bloqueo para las facturadoras, que en su etapa piloto ha sido muy positivo.

 

¿No cree usted que el outsourcing es una estrategia para eludir impuestos?

Con el outsourcing está pasando lo mismo que con la compensación universal, que era una maravillosa política pública porque permitía a los contribuyentes mayor flujo de caja para dar agilidad a sus operaciones, pero que con el tiempo acabó teniendo efectos perversos. En ese caso, el peor efecto fue la proliferación de las operaciones simuladas y los llamados “factureros”. Con el outsourcing pasa algo similar: sus beneficios se han degenerado hasta percudir una buena práctica, pues se ha convertido en otra fuente de evasión y, peor, de escamoteo a los trabajadores de sus derechos laborales. ¿Ahora resulta que las personas que trabajan no poseen derechos laborales? Regresemos a lo básico y dejémonos de engañarnos con sofisticaciones: así como todos debemos pagar impuestos, todo trabajador tiene derechos laborales. No debe aumentarse la competitividad empresarial a costa de mermar los beneficios de los trabajadores.

 

¿Considera que la llamada “planeación fiscal” de las multinacionales es una forma sofisticada para eludir impuestos?

Por supuesto que sí. Y muy compleja para detectarla. La creatividad humana no tiene límites ni tampoco la falta de vergüenza. No hay fronteras para eso. Hemos avanzado mucho desde aquellos primeros esquemas para evitar la doble tributación, y luego su reverso, la doble no tributación, pero necesitamos enfocarnos en los factores que la detonan; por ejemplo, ¿cómo incide en ese tipo de evasión la globalización, la liberalización e incluso una crisis económica? ¿Qué tanto influye la incoherencia de nuestras legislaciones propias que, además, aún con mayor incoherencia, “dialogan” entre sí? Los legisladores de un país desatienden cómo se pueden comportar sus contribuyentes en otro, o viceversa; así que surgen vacíos legales que permiten dobles no imposiciones o dobles deducciones fiscales, además de la posibilidad de obtener un trato fiscal distinto para una misma renta en una u otra jurisdicción, lo cual crea una competencia perniciosa entre los estados ante contribuyentes con activos golondrina, escenario que se agrava según sean las políticas de transparencia de cada país, o si hay intervención de comercio o servicios digitales. Si bien esto justamente pretende evitarse con el proyecto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para evitar la erosión de la base gravable, el reto es todavía muy grande.

 

¿Cómo deben combatirse las empresas que venden facturas falsas?

Requerimos combatirlas a través de los cuatro ejes que ya mencioné, y que conllevan bloquear la emisión de la factura, negar la inscripción al Registro Federal de Causantes, la prohibición de contar con firma electrónica o contraseña y, por supuesto, actos de fiscalización profundos que lleguen hasta las últimas consecuencias. En todo caso, necesitamos ser muy rápidos para combatir a las empresas facturadoras de operaciones simuladas, pero es muy difícil lograrlo porque implican plazos legales que además conllevan garantía de audiencia. Para cuando el fisco llega sobre una EFOS, ésta ya no tiene actividad o desapareció dejando un cascarón vacío y un rastro de facturas que ya fueron compradas y deducidas; es decir, el quebranto fiscal ya sucedió. A mayo de 2019 tenemos publicadas en la página del SAT a 8,015 EFOS definitivas que, según nuestra propia investigación hace unas semanas, haciendo minería de datos, se relacionan con 739,815 presuntas empresas que deducen operaciones simuladas. Tan sólo de esto se generó una evasión de 740,176 millones de pesos, equivalente a 3 por ciento del PIB, porque amparan transacciones con valor de 1.6 billones de pesos entre 2014 y 2018. Eso es lo que tenemos a partir de las EFOS ubicadas y ya consideradas definitivas; pero imagínate lo que nos falta por encontrar.

Abocarse a las EFOS no es suficiente. Necesitamos concentrarnos más en la empresa que deduce las facturas falsas, ya que ésta suele estar activa al estar deduciéndolas. Y dada la magnitud del problema, es necesario alcanzar a los socios de las empresas que deducen operaciones simuladas y romper velos corporativos.

 

¿Hay otras formas que usted haya detectado para eludir impuestos?

Desde el momento en que no damos o no recibimos una factura, con tal de no causarnos ISR o ahorrarnos un IVA, estamos evadiendo. Lo mismo cuando se nos hace fácil comprar alguna factura con tal de justificar algún viático (fraude doble: uno fiscal y otro a la empresa). Cuando subvaluamos mercancías; cuando declaramos menos ingresos de los trabajadores con el engaño de darles un bono aparte que en realidad sólo tiene como fin evadir su derecho al seguro social íntegro. En el ramo de servicios de salud hay un serio problema. Incluso el Tecnológico de Monterrey acaba de entregarnos un estudio al respecto, que señala que los profesionistas de la salud no entregan facturas, exageran sus gastos y subestiman sus ingresos, al grado que calcula una evasión fiscal por un monto de 3.4 mil millones de pesos por parte de los médicos, que es un monto equivalente a 29.6 por ciento con respecto a la recaudación potencial de ISR en 2016. Para nosotros, toda forma de evasión es tratada con igual rigor: no hay defraudación justificada ni menor.

 

¿Cuál es su relación con la Unidad de Inteligencia Financiera? ¿Qué debe hacerse para que esta relación sea más fructífera?

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es parte de la misma SHCP de la que el SAT es órgano desconcentrado, por lo que tenemos una relación muy coordinada y respetuosa. No compartimos la totalidad de nuestra información, sino que intercambiamos lo que se vaya necesitando de acuerdo con nuestros alcances, lineamientos y necesidades. Por ejemplo, en los procedimientos de auditoría solemos estar en contacto con la UIF, como hicimos en enero de este año cuando, en el marco del combate al huachicol, le solicitamos información sobre más de 100 casos de estaciones de servicio que presentaron quebrantos fiscales, independientemente de nosotros hacer las auditorías, o como cuando le proporcionamos datos fiscales de decenas de contribuyentes que presentaron actividades inusuales para la UIF. De hecho, acabamos de solicitarle que nos ayude a ver si decenas de contribuyentes, cuyos créditos cancelamos por ilocalizables, se han vuelto a mover por el sistema financiero formal. No hay forma de que nosotros sepamos eso.

 

Cancelar impuestos es una actividad entendible, pero ¿con qué criterios se condonan impuestos y por qué se hace con tanto sigilo?

En efecto, la condonación es un perdón que extingue la obligación fiscal, mientras que la cancelación sólo implica borrar momentáneamente, de la contingencia total del SAT, aquellas cuentas que son incosteables (por ley, debajo de 4,000 pesos es incosteable cuando las personas no pagan voluntariamente) o de contribuyentes insolventes o ilocalizables. Cancelar los créditos sirve para no dar a las autoridades ni a la sociedad en general información imprecisa sobre la cartera por cobrar. Si se cree erróneamente que el SAT puede cobrar más de lo que en realidad es posible, se generan expectativas exageradas y estimaciones erróneas. Sobre las condonaciones, fíjate que no me parece que se hayan hecho “con tanto sigilo”, ya que suelen publicarse en las leyes de ingresos; es decir, son temas que se discuten y que en última instancia deciden los legisladores. No hay ningún sigilo. Creo que muchas veces lo que subyace es un acuerdo político para beneficiar a ciertos contribuyentes. El criterio que suele servir para condonar impuestos es, supuestamente, recaudar lo poco que se pueda de una serie de contribuyentes que están en desorden, así que mientras “cobras algo” pones en orden el padrón, pero en realidad lo veo como un incentivo perverso. ¿Por qué tienes que perdonar impuestos al desordenado? Suelen implicar que el contribuyente pague algo. Recuerdo políticas de condonación de hace unos 15 años que implicaban condonar 12.5 por ciento y pagar el resto, o la de 2007, donde se condonaba 80 por ciento del crédito fiscal y se pagaba 20 por ciento. A mí me da mucho gusto que el presidente Andrés Manuel López Obrador rompiera con esa tradición de abrir un sexenio condonando impuestos. Me parece que es una práctica nociva, y peor al haberse vuelto costumbre.

 

¿Está de acuerdo en que se hagan públicos los nombres de las empresas que han sido beneficiarias de las condonaciones fiscales?

Por supuesto. El artículo 134 constitucional ordena que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los municipios y la Ciudad de México, se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Los impuestos son recursos económicos, así que con mayor razón se requiere la transparencia para saber por qué se dejaron de percibir, y qué tan eficaz es condonarlos en aras de supuestamente mejorar padrones y aumentar la recaudación. Sin embargo, el fisco tuvo un obstáculo muy serio por años, que es el secreto fiscal previsto en el Código Fiscal de la Federación, pues obliga a los funcionarios a mantener una absoluta reserva sobre la información de los contribuyentes. Esa provisión fue reformada en 2014 para disponer que no opera cuando el contribuyente tenga a su cargo créditos fiscales cancelados, y cuando se le hubiere condonado algún crédito fiscal. Me parece legítimo que, en aras la transparencia del 134 constitucional, si un contribuyente no participó con la carga pública de manera proporcional y equitativa, se vale saber por qué, quién es y con cuánto del recurso económico se quedó.

 

¿Ve venir un aumento en la tasa de los impuestos que hoy pagamos los mexicanos?

No. El presidente López Obrador ha dicho que no. Lo que sí es posible es que se revisen ciertos estímulos fiscales por la vía de reglas misceláneas, pero eso es quehacer cotidiano.

 

¿Vienen nuevos impuestos como el de la herencia?

Tampoco. Me parece que si aparecen “nuevos” impuestos sería respecto de aquellos servicios de componente electrónico o de comercio digital que no hemos podido gravar como ameritan. Pero digo todo esto sin bola de cristal. Curioso el ejemplo que mencionas, siempre polémico. ¿Se vale acumular riquezas y heredarlas de generación en generación a quienes, por más linaje que tengan, en realidad muchas veces no saben trabajarlas? ¿Se vale concentrar así la riqueza, o debe ser de quien la trabaja? ¿Se vale retornar a la nación un porcentaje por hacer pasar de manos una riqueza que las nuevas manos no han trabajado? Del otro lado, ¿no es legítimo disponer de lo que es propio? ¿No es válido heredar a nuestros hijos los bienes resultados de nuestros esfuerzos? Si todas las riquezas fueran heredadas, ¿qué le queda por recibir al pobre? ¿Y no vivimos ya un poco así? Tema de fondo filosófico.

 

Si en sus manos estuviera, ¿qué reformas constitucionales y legales haría para mejorar la recaudación fiscal en México?

Creo que dejaría en paz la redacción de la Constitución y me concentraría en su aplicación, que es lo que hace falta. Me abocaría a lo secundario: aprobaría las reformas que propusimos en el SAT al Código Fiscal de la Federación y que está revisando Hacienda; adelgazaría el marco legal y haría una sola obra legislativa tan maravillosa como el Código de Comercio o el Código Civil. Replantearía el artículo 69B del Código Fiscal a la luz de la realidad de los procesos internos del SAT para que nos permitiera inmediatez, sorpresa y mucho mayor percepción de riesgo. Avalaría normativas que premien a quien obligue a que los médicos y otros prestadores de servicios otorguen facturas, y sancione ejemplarmente a quienes así abusan fiscalmente de las oportunidades que les ha brindado la vida. Eliminaría la Ley de Firma Electrónica Avanzada y el capítulo de firma electrónica del Código de Comercio y dejaría la e-firma del SAT como firma universal, dándole mayor alcance fuera del mundo fiscal; ajustaría la legislación mercantil para detonar mayor intercambio comercial, contrataciones o actividad financiera por medio de la utilización de la factura electrónica también extrafiscalmente; normaría que la banca y el sector financiero trabajaran como uno solo con el fisco en muchos temas, como que el contribuyente nunca tuviera que pedir facturas porque se generarían en cada transacción, por ejemplo, pero en general para tener la completa trazabilidad del dinero. En todo esto existe un potencial enorme, no sólo recaudatorio sino de progreso económico. En fin, muchas cosas.

  


 

 

Margarita Ríos-Farjat es abogada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León; cuenta con una maestría en Derecho fiscal de la misma universidad y cursos de especialización impartidos por el Instituto de la Judicatura Federal y por la Bolsa Mexicana de Valores. Es doctora en política pública por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.

Trabajó en el Poder Judicial de la Federación de 1996 a 1999 y desde ese año ejerce el Derecho de forma independiente en diferentes firmas de abogados. Coadyuvó a conformar el colectivo Coalición Anticorrupción (2016) para adoptar e implementar el Sistema Estatal Anticorrupción en Nuevo León y fue miembro del comité directivo de la plataforma civil Cómo Vamos Nuevo León (2016-2018). En 2017 aceptó colaborar en la confección del Plan de Nación, por invitación del entonces presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, en el área de gobierno y justicia. A partir de julio de 2018, formó parte del equipo de transición del actual gobierno de México y encabezó los trabajos en el SAT. El 5 de diciembre fue nombrada como jefa del SAT.

 

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