María Eugenia Villanueva

Lo que el sistema nacional de justicia tiene que aprender de los pueblos indígenas

María Eugenia Villanueva

 

Por primera vez en la historia del Poder Judicial de Oaxaca, que cumple 184 años de existencia, una mujer preside el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura. La entidad es dueña de una espléndida riqueza multicultural pero también de una población cuya pluralidad la hace muy compleja en términos políticos… y jurídicos.

 

 

Oaxaca es una de las regiones multiculturales más complejas y ricas de México, con una marcada raíz indígena. En ese contexto, ¿cuáles han sido los principales retos para el Poder Judicial? 

En Oaxaca, en efecto, cohabitan 15 pueblos indígenas y el afromexicano. En ese contexto, se considera que los principales retos para el Poder Judicial son: la autoadscripción del justiciable, la diversidad de las lenguas indígenas y sus variantes, la libre determinación y autonomía de los pueblos en el marco constitucional, sus carencias, y el rezago en que viven. 

Esos retos se agudizan si tomamos en consideración que, de acuerdo con los datos de la Encuesta Intercensal, realizada en 2015 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en Oaxaca la población indígena es de 65.7 por ciento. Del total de casi cuatro millones de individuos de esa población, más de dos millones y medio se autodenominan indígenas. Además, de acuerdo con la información del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, 417 municipios se rigen por sus propios sistemas normativos indígenas y se reconocen 3,842 comunidades indígenas (agencias municipales, agencias de policías y núcleos rurales), lo que suma un total de 4,259 comunidades.

 

¿Qué problema concreto representa esto para el sistema judicial?

La diversidad lingüística es el primero: dos pueblos que hablan la misma lengua presentan variantes. De tal suerte que el zapoteco hablado en los Valles Centrales (una de las ocho regiones del estado) es diferente al que se habla en el Istmo de Tehuantepec. 

En las coordenadas de derechos humanos, de acceso a la justicia y de debido proceso, tenemos un problema de insuficiencia de intérpretes, traductores y defensores, que no sólo conozcan el significado de un lenguaje sino del entorno cultural étnico, que permita identificar lo que se dice y lo que se entiende. Desafortunadamente, no contamos con intérpretes y defensores en número suficiente, por la dificultad de las variantes dialectales y culturales que ya mencioné. Este asunto me preocupa y ocupa principalmente en la materia penal. 

 

¿Qué le puede aportar nuestra cultura indígena al sistema de justicia en México? 

Tener pueblos y comunidades indígenas en nuestra entidad federativa obligó al Estado a establecer, en el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, una sala indígena, única en todo el país. Esta sala ha estado conociendo asuntos con base en la realidad del pluralismo que existe en Oaxaca. 

Al ejercer su jurisdicción, esta sala lo hace respetando lo establecido en el apartado A, fracción II, del artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que observa los sistemas normativos de los pueblos y las comunidades indígenas, sujetándose a los principios de nuestra Constitución. 

 

¿La aportación al sistema de justicia mexicana consiste en juzgar con elementos culturales que escapan del Derecho, con base en la cosmovisión de los pueblos y las comunidades indígenas? 

Desde luego. Además, puedo asegurar que Oaxaca es pionera en este tema. El artículo 16 de la Constitución Política del estado establece la obligación de nuestra entidad de proteger y desarrollar el acervo cultural de las etnias y de las formas específicas de organización social de las comunidades indígenas, además de que reconoce personalidad jurídica de Derecho público a los pueblos y a las comunidades indígenas de la entidad. Desde junio de 1998 contamos con la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca; recientemente armonizada a la reforma constitucional federal, se incorpora en la Constitución local a los pueblos y a las comunidades afroamericanas.

 

¿Podría ofrecer algún ejemplo de la interacción de estos sistemas?

En 2017, uno de los casos que resolvió la Sala de Justicia Indígena del Tribunal Superior de Justicia de nuestro estado estuvo relacionado con un recurso de apelación de un asunto de lesiones. Al conocer que el hecho se había cometido en una comunidad indígena, la sala estimó relevante solicitar algunos dictámenes antropológicos a distintas instancias, como al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, así como a la Secretaría de Asuntos Indígenas. 

Con base en esos dictámenes se llegó a saber que la lengua que se habla en esa comunidad es el zapoteco y que tiene su propio sistema normativo y sus propias autoridades comunitarias. Por esa razón la sala declinó competencia a favor de las autoridades comunitarias de Teotitlán del Valle, Tlacolula, Oaxaca, para que ellos conocieran del asunto y lo resolvieran.

Éste sólo es un ejemplo de la interculturalidad del Derecho que debe practicarse en nuestro país y en nuestro estado, porque implica el claro reconocimiento del pluralismo jurídico y el respeto a la jurisdicción indígena.

 

Conceptos como justicia restaurativa tienen un notable antecedente en las culturas indígenas de países como Canadá y Nueva Zelanda. ¿Cómo ha sido para las comunidades indígenas de Oaxaca la implementación de estas vías alternativas a la justicia retributiva

La justicia restaurativa para el sistema ordinario constituyó una novedad en la década de 1990, cuando se implementó en Oaxaca. Ha dado buenos resultados, tomando en cuenta que se procura la conciliación entre las partes implicadas, de manera que se avengan en sus conflictos y sus diferencias, puesto que tiene como principal objetivo el arreglo conciliatorio y no las exigencias punitivas de la ley. 

Por otra parte, los centros de mediación han resultado un éxito, pues han sido muy eficaces en materia civil, mercantil, familiar y vecinal, y en materia penal en los supuestos que permite la ley.

 

¿Causó el mismo impacto en materia de justicia indígena?

No. Sólo reafirmó los principios sobre los que se funda la justicia indígena, los cuales privilegian la autocomposición por encima de las penas. La justicia restaurativa respeta la jurisdicción indígena para solucionar sus asuntos internos. Con base en su libre determinación y su autonomía, las autoridades de los pueblos y de las comunidades indígenas han utilizado este método de forma ancestral, que se sustenta en el diálogo entre las partes y las autoridades comunitarias o la asamblea general, según la gravedad del caso. 

 

¿Cómo es un procedimiento de justicia restaurativa en el sistema indígena? 

El procedimiento puede ser privado o público. En el primero sólo intervienen las partes y las autoridades comunitarias. En el segundo, las partes, las autoridades comunitarias y la asamblea general.

El resultado en el sistema indígena es el arreglo, que tiende a reparar la falta según el caso. Se procura la conciliación para alcanzar la armonía y la convivencia entre los habitantes de la comunidad. La sanción que en algunos casos impone la autoridad puede consistir en una multa o en trabajo comunitario. La privación de la libertad sólo se utiliza esporádicamente, como una medida previa, hasta alcanzar el arreglo o la determinación. Pero no existe la prisión de meses o años, como en el Derecho ordinario, para sancionar una falta cometida: lo que más se propicia es el arreglo.

 

Se cuenta que algunos jueces, al llegar a algún pueblo lejano de Oaxaca, lo único que hacen es tomar nota de cómo resolvió el presidente municipal un problema… y nada más. ¿Es cierto?

En el estado existen más de 3,000 comunidades en las que se resuelven conflictos a través de sus propias autoridades, los cuales llegan al conocimiento de las juezas y los jueces del estado, sin que ellos los decidan bajo su jurisdicción. Lo anterior implica el respeto a la forma en que la jurisdicción indígena resuelve sus conflictos. En esa retroalimentación tendrán un aprendizaje de la sabiduría de las autoridades indígenas para resolver sus problemas. Esto es, precisamente, la interculturalidad desde una perspectiva de respeto, simetría y horizontalidad.

 

Han pasado 11 años desde la entrada en vigor en México del sistema penal acusatorio y Oaxaca es una de las entidades pioneras en analizar las posibilidades del nuevo sistema. ¿Cuál es la actual aportación del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca a la nación? 

Oaxaca aportó la operatividad administrativa, con una definida distribución de procesos de trabajo y asignaciones de tareas de la estructura organizacional, en la que destaca la figura del administrador de juzgado, con un perfil de profesional de la administración. Es la base de los actuales juzgados del sistema acusatorio en el estado y referente para los demás tribunales del país. De los 32 estados mexicanos, tres —incluyendo Oaxaca— han apostado por la diferenciación de funciones administrativas y jurisdiccionales, con el propósito de contar con un modelo de gestión que dé respuesta eficiente a las necesidades de la sociedad, con un servicio de administración de justicia de calidad. Actualmente, bajo el esquema de mejora continua, como principal acción en la etapa de consolidación del sistema acusatorio penal, el principal objetivo es evaluar las prácticas cualitativas que existen en el interior de los juzgados, para realizar mejoras en control, tribunal de enjuiciamiento y ejecución de penas.

 

Un tema que ha tenido impacto en todos los tribunales de justicia es la autonomía presupuestal. ¿Qué nos puede comentar sobre Oaxaca al respecto? 

El Poder Judicial del Estado de Oaxaca cuenta con autonomía presupuestal, establecida en el artículo 99, segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

Actualmente, el Poder Judicial tiene asignado un presupuesto equivalente a 1.3 por ciento del presupuesto estatal, que a todas luces es insuficiente. Para que pueda funcionar de acuerdo con sus necesidades, requiere un porcentaje mínimo equivalente a 2.5 por ciento del presupuesto neto del estado de Oaxaca.

Es preciso señalar que, en este caso, no se ha contemplado que el Poder Judicial de Oaxaca sea uno de los primeros 10 de la República en contar con la oralidad en materia laboral, lo que indiscutiblemente necesitará un presupuesto adicional para su implementación. 

 

Transparencia y rendición de cuentas son elementos básicos de un gobierno democrático y moderno. ¿Cómo avanza el Poder Judicial de Oaxaca en ese tema? 

Se difunden las versiones públicas de las más de 7,000 resoluciones de primera y segunda instancia en un buscador especializado de nuestra página de internet. Cualquier persona interesada puede consultarlas.

Por otra parte, se han respondido 230 solicitudes de acceso a la información, de las cuales 196 han sido por medio de la plataforma nacional de transparencia. Asimismo, cumplimos con los compromisos de gobierno abierto para acercar la actividad del Poder Judicial a los ciudadanos y a las organizaciones no gubernamentales. En el ejercicio de ese deber somos respetuosos de la protección de los datos personales.

Podemos destacar, también, la importancia de los archivos judiciales en de Oaxaca, que contienen información histórica de gran valor para los investigadores, como los juicios de alhorría respecto de la libertad de los esclavos. Basta recordar que en el proceso de canonización de los mártires de San Pedro Cajonos, la información extraída de la documentación del archivo judicial de Oaxaca constituyó una prueba relevante.

 

Entrevista Villanueva gráfica 1

Fuente: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/121653/Infografia_INDI_FINAL_08082016.pdf

 


 

María Eugenia Villanueva Abraján estudió licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca; fue jueza familiar durante cuatro años, magistrada de la Sala Familiar durante 20 años, magistrada consejera de la judicatura en su primera integración y presidenta del entonces Tribunal Administrativo y de Cuentas del Estado de Oaxaca. Actualmente preside el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura de Oaxaca.

 

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