María Guadalupe Huacuz

En defensa de los derechos universitarios

María Guadalupe Huacuz

 

Con una larga trayectoria como feminista y militante en diversos grupos y organizaciones nacionales e internacionales enfocadas a la protección de los derechos humanos, especialmente de las mujeres y los pueblos originarios, la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma Metropolitana relata su experiencia desde el ámbito académico en acciones centradas en la protección de los derechos humanos.


¿Qué representa para ti ser la actual titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)?

Representa una gran responsabilidad, un compromiso con la comunidad universitaria y, sobre todo, con los grupos de mujeres y feministas que me apoyaron durante todo el proceso de la candidatura. La Defensoría contó con un primer titular que presentó su renuncia en el 2016, con una salida muy controvertida por su vinculación con una persona que ejercía violencia por motivos de género. Debido a este caso, la UAM tiene la Recomendación 02/2020 de la Comisión de los Derechos Humanos.

A pesar de la importancia de esta oficina, pasaron más de tres años sin que tuviera un titular, por lo que el reto es muy grande: no sólo hay que reconstruir la oficina e integrar el equipo de trabajo; también es fundamental recuperar la confianza de la comunidad universitaria en el funcionamiento y calidad del servicio.

Como lo expresé en su momento en el Colegio Académico, mi reto es que la Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU) de una de las universidades más importantes de nuestro país sea una de las mejores, y para ello es importante poner en diálogo a la comunidad universitaria, saber cuáles son sus intereses y no diseñar estrategias desde el escritorio o imponer proyectos ajenos a lo que realmente necesita la comunidad universitaria de la UAM en materia de derechos universitarios.

 

¿Cuáles consideras que han sido tus principales aportes en materia de derechos humanos para lograr esta distinción?

Una de mis principales acciones fue el trabajo de base, en colectivos y organizaciones en la construcción de los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas en este país. La militancia en grupos feministas desde muy joven me dio la oportunidad de tener una visión desde abajo, de conocer cómo se construyen los movimientos sociales, conocer a los pueblos originarios desde su raíz, su cosmovisión y carencias, y participar, por ejemplo, en el proceso de construcción del Primer Encuentro de Mujeres Purépechas o en el diseño de los primeros institutos de las mujeres en el país.

Mi paso por la academia también me permitió participar en la fundación de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, y mi proyecto como posdoctorante al área Mujer, Identidad y Poder de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, me permitió al integrarme a la UAM y trabajar con colegas que ya estaban insistiendo en la importancia de dar respuestas a la necesidad de atender el tema de violencia por motivos de género en la institución académica. En conjunto, se empezó a desarrollar un proyecto de atención, sensibilización, capacitación y formación profesionalizada. Mi vinculación con los derechos humanos y de las mujeres me brindó el conocimiento necesario para estar hoy al frente a la Defensoría de la UAM.

 

Además de tu amplio trabajo institucional para fortalecer los derechos humanos, has impulsado mucho los temas de violencia por motivos de género en las universidades. ¿Cómo ves esta situación en las universidades mexicanas y por qué es importante reconocer su existencia?

Es un tema visibilizado recientemente; sin embargo, ya se cuenta con un bagaje teórico bastante importante, hay muchas cosas escritas. Creo que en algunas universidades hay voluntad política para hacer cosas y hay que aprovecharla. También hay colegas especialistas involucradas en la atención, no sólo desde lo teórico, sino también en diseñar acciones para modificar cambios estructurales en las relaciones de poder al interior de las universidades.

Por ejemplo, ahora se ha dado auge a la elaboración de protocolos de atención en las instituciones de educación superior, con la creencia de que los protocolos por sí solos van a resolver el problema, lo cual no es cierto. Habrá que ser muy cuidadosas porque también creíamos que con tener muchas leyes en México iba a disminuir la violencia contra las mujeres, y no ha sido así. Por ejemplo, tenemos una Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la cual se reconoce el feminicidio, pero hoy por hoy los casos siguen en aumento. Por otra parte, las mujeres feministas académicas en ocasiones enfrentamos dificultades para involucrarnos en estos temas porque además de hacer el trabajo académico (tenemos una jornada extra, en comparación con los hombres), se realiza trabajo en el tema de violencia contra las estudiantes o trabajadoras, y resulta desgastante atender y dar seguimiento a los casos.

También es importante mencionar que hay una violencia epistémica en cuanto que la academia no ha querido reconocer al feminismo como la única epistemología que hemos creado las mujeres, desde sus diversas corrientes: feminismo de la igualdad, de la diferencia, posmoderno, materialista, decolonial, indígena, entre otros. Entonces, tenemos muchos niveles de violencia contra las mujeres. Incluso, en el ámbito jurídico tendríamos que reconocer diversas miradas feministas de la interpretación legal en la práctica jurídica y las normas, pero actualmente no se ha llegado hasta ahí.

 

Desde hace varios años has fomentado políticas para desestructurar los mecanismos de violencia de género en las universidades. ¿Me podrías hablar sobre algunas de ellas y quiénes participan?

Es una obligatoriedad jurídica, además de moral y ética, de las universidades, sobre todo de las universidades públicas, en tanto forman parte del Estado. Existe un pacto jurídico que obliga a las universidades, que tiene que ver con el mandato que nuestro país adquiere cuando signa distintas conferencias y tratados internacionales. También tiene que ver con las políticas públicas en materia de violencia por motivos de género que México diseña. Y, por supuesto, con la legislación universitaria. Los protocolos en contra de la violencia por motivos de género son una política universitaria, pero no debería ser la única; también está la armonización jurídica universitaria, dar formación especializada a ciertos sectores como el personal de la oficina de abogadas y abogados, las oficinas de atención, los órganos personales y colegiados académicos, incluso al personal de vigilancia o al personal de cafetería, a las y los profesores.

Otra parte muy importante es la difusión para la sensibilización. Las universidades tienen todo para construir programas de difusión, programas de radio y televisión que generen modificaciones culturales para la construcción de una cultura de la paz. En la UAM iniciamos hace cuatro años un proceso de diálogo con otras universidades del país, mediante congresos en los cuales se discuten y analizan los problemas de violencia de género en las instituciones de educación superior. Estos espacios han sido muy fructíferos en el intercambio de mecanismos de intervención y prácticas efectivas para atender los casos.

 

¿Cuál ha sido el papel de las organizaciones de mujeres y feministas en la visibilización de la violencia por motivos de género en las universidades?

El movimiento feminista en México ha estado vinculado con la academia desde sus inicios, pero la mayoría de las colegas estaban luchando en contra de la violencia hacia las mujeres fuera de la academia. Lo que está pasando ahora es que las jóvenes feministas, de la mano de sus profesoras, están impulsando mecanismos de acceso a la justicia dentro y fuera de la academia. Eso es algo muy importante porque están vinculándose, haciendo y exigiendo respuestas, generando que las autoridades universitarias volteen y dialoguen con el feminismo. Y en esto la comunicación a través de redes sociales ha sido clave para organizarse.

El gran reto al que nos enfrentamos en las defensorías de derechos universitarios y en las oficinas de atención a la violencia de género que se están diseñando en las universidades es cómo dialogar con estas jóvenes estudiantes, y también con profesoras y trabajadoras.

 

¿Qué retos enfrentan las universidades frente a las violaciones de derechos humanos, especialmente de las mujeres y otros grupos vulnerables?

El contexto actual frente a esta pandemia está cuestionando cómo las universidades se comprometen con la vida. Es un cambio de paradigma epistemológico, como bien lo dicen Enrique Dussel, Boaventura de Sousa Santos y Judith Butler. Es repensar la universidad no sólo a nivel material, sino preguntarse cuál es el proyecto ético basado en los derechos humanos de las universidades. ¿Cómo vamos a responder a las demandas de la comunidad universitaria que vive en medio de una gran crisis económica, en contextos de miedo al contagio, frente a un contexto de inseguridad creciente? Es una sociedad en riesgo. Podemos seguir haciendo leyes, códigos, protocolos, pero ¿cómo vamos a operativizar todo esto? Creo que lo más importante será construir ciudadanía universitaria, es decir, construir mecanismos de formación para hacer efectivos los derechos humanos de las personas que transitamos la universidad, sea virtual o presencial, para hacer valer nuestros derechos y exigir mecanismos de acceso a la justicia.

 

Como titular de la Defensoría, ¿cuáles son los objetivos que te planteas para y cómo has decidido conformar tu equipo de trabajo?

Por ahora, tengo un equipo integrado por mujeres con quienes he estado trabajando en distintos proyectos desde hace tiempo, que comprenden de manera teórica y vivencial los problemas relacionados con los derechos humanos.

Entre todas estamos construyendo varios proyectos para las poblaciones universitarias que atiende la Defensoría: un proyecto muy amplio sobre violencia por motivos de género que tiene que ver con la formación profesional; un diagnóstico para toda la universidad en el tema de violencia de género; la revisión de la legislación de la propia Defensoría, el reglamento y las normas en las que se sustenta.

Estamos iniciando con el diagnóstico, para recuperar las voces, la comunidad universitaria, un insumo que guíe la elaboración del proyecto integral. Aunado a ello, estamos revisando y dando cauce a los casos que han llegado a la Defensoría desde antes de que yo tomara posesión.

Tampoco queremos descuidar el trabajo hacia afuera, el diálogo con otras defensorías de derechos universitarios, con las comisiones de derechos humanos y con organismos gubernamentales de derechos humanos.

Finalmente, hay muchas cosas por hacer con las abogadas. Una prioridad es formar abogadas feministas especializadas en derechos humanos que apoyen en el proceso de atención a los casos de violencia por motivos de género. Mi formación interdisciplinaria me ha permitido analizar los retos desde varios niveles para reorganizar la Defensoría, posicionarla frente a la comunidad universitaria de la UAM y frente a la comunidad de otras universidades.

 


 

María Guadalupe Huacuz Elías es licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, especialista en estudios de la mujer por El Colegio de México, con maestría y doctorado en antropología social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y cursó una estancia posdoctoral en el área Mujer, Identidad y Poder en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Asimismo, realizó estudios formales de música en el Conservatorio de las Rosas en Morelia, Michoacán.

Ha realizado investigación y acción en torno a la epistemología feminista y de género, estudios sobre el cuerpo y las corporalidades, interculturalidad y mujeres en la música. De manera particular, ha estudiado la violencia contra las mujeres por razones de género y la violencia falocéntrica.

Perteneció al equipo fundador de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, participó en la creación del doctorado en estudios feministas de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y ha participado en la discusión de protocolos de atención a la violencia por razones de género en instituciones de educación superior.

 


 

En los últimos 30 años se ha visibilizado el tema de la promoción, defensa y prevención de los derechos humanos, para lo cual se crearon defensorías de derechos universitarios desde 1985, en la UNAM, y con los asuntos relativos a violencia de género, las universidades públicas y privadas a nivel nacional han creado diversos protocolos de atención para la violencia contra las mujeres.

Desde 2005 se formó una Red de Defensores, Procuradores y Titulares de Organismos de Defensa de los Derechos Universitarios (REDDU) que ha realizado ya 13 reuniones desde 2007 y que impulsa una agenda agresiva en donde se incluye, por ejemplo, la catedra de Unesco.

Inicialmente, la REDDU estuvo integrada por seis defensorías universitarias, convocadas por la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM, que fue pionera en el tema, siendo socios fundadores también la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad Autónoma de Guerrero y la Universidad Autónoma de Guanajuato. Actualmente la REDDU está integrada por más de por 58 organismos defensores de los derechos universitarios en el mundo.

Las universidades tienen una gran tarea que hacer en materia de estudio, difusión y defensa de los derechos humanos, especialmente en sus comunidades. Por ello resulta vital conocer cómo se originaron estas defensorías, cuál es su competencia, su alcance, sus documentos jurídicos de sustento, sus obstáculos y retos.

 

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