Mario Alberto Cajas

Pandemia y retos del constitucionalismo latinoamericano

Mario Alberto Cajas

 

La pandemia del Covid-19 que sigue azotando al mundo permite a Mario Alberto Cajas, abogado colombiano experto en Derecho constitucional, abordar temas como la limitación a los derechos humanos a causa de las restricciones impuestas por los gobiernos, los impulsos autoritarios que estas medidas pueden acarrear, así como la vulneración del derecho a la salud por la resistencia de los gobiernos a tomar medidas restrictivas, razonables y proporcionadas para controlar la crisis sanitaria.

 

¿Cuáles son los principales problemas que ha traído la pandemia en materia de derechos humanos en nuestra región?

La región históricamente ha vivido en un déficit en la garantía de los derechos humanos, que se ve acentuado con la pandemia y se podría incrementar en la pos pandemia. Por supuesto, en esto hay asimetrías entre nuestros países, pero no podemos negar que, en general, vivimos amenazas o vulneraciones a los derechos, no sólo por parte de los estados, sino también de los particulares.

En el caso de la pandemia, a modo de ejemplo, si bien los aislamientos o cuarentenas parecen una herramienta necesaria para garantizar el derecho a la salud, también suponen una restricción a la libertad, principalmente a la locomoción. Así, pese a la urgencia de aislarnos, esto puede dar cabida a impulsos autoritarios, que han sido una constante en la región y ya muestran su rostro en algunos países en esta coyuntura.

Las omisiones de los gobernantes a tomar medidas restrictivas, razonables y proporcionadas, también son una manera de vulnerar derechos. Hemos visto varios de estos casos en países de la región, ya con un saldo elevado de víctimas.

 

¿Podría hablarse que de ciertos derechos se ven más afectados en Latinoamérica que en otras regiones del mundo?

Nuestro contexto difiere, por supuesto. En el caso de las “cuarentenas”, éstas han afectado la capacidad de miles de personas de garantizar su sustento diario. Al depender de la economía informal, generan sus ingresos exponiéndose en la calle, cosa que en su mayoría no han podido hacer por varios meses, a pesar de los esfuerzos de varios gobiernos que han provisto ayudas a los más vulnerables. En este caso, su precariedad previa a la pandemia se ha agravado y amenaza con ser catastrófica en la pos pandemia.

En el caso del derecho al trabajo, al desempleo y a la precarización laboral que afectan a la región, ahora habría que sumarle la pérdida de puestos de trabajo por causa de la pandemia. Así, este derecho social podría ser uno de los más afectados. Además, habría que agregar las transformaciones vertiginosas en el mundo del trabajo, con la repentina expansión del teletrabajo y el trabajo remoto, que bien pueden ser una amenaza o una oportunidad, dependiendo de qué tanto puedan contribuir a dignificar el trabajo humano.

 

¿Cuál sería el panorama de la salud como derecho?

La mayoría de nuestros sistemas de salud ya tenían serios problemas, como el desfinanciamiento, las bajas coberturas e incluso la corrupción. Si bien una pandemia de esta magnitud supone una amenaza sin precedentes para el derecho y servicio público de la salud, se ha develado con mayor acento la precariedad de muchos de estos sistemas, así como también el agravamiento de su crisis. En ese sentido, la pos pandemia puede deteriorar más ese derecho social, aunque también podría dar lugar a que pongamos en el centro de la sociedad la necesidad de garantizar el acceso a la salud con calidad; que de verdad haga parte del debate público.

 

Con respecto a otros derechos sociales, ¿cuál sería el panorama?

Creo que, en cuanto al derecho a la educación, es notable la brecha tecnológica que produce el intempestivo paso a las herramientas virtuales, principalmente en los niveles de primaria y secundaria de las instituciones públicas. El acceso a internet o a dispositivos móviles y computadores ha dejado a miles de estudiantes sin la posibilidad de continuar sus clases o en condiciones desventajosas con respecto a muchos de sus pares o a la educación privada. En el caso de la educación superior, aunque ese problema también ha sido diagnosticado, parece que sus efectos serían más limitados.

 

¿Qué pasa con la justicia en este contexto?

En gran parte de nuestros países los sistemas judiciales han suspendido los términos de los procesos judiciales y han disminuido la admisión de nuevos asuntos en casi todas las jurisdicciones, aunque jueces y magistrados siguen realizando su trabajo en casa. Esto sin duda va a generar un problema de congestión judicial cuando las cosas regresen a una relativa normalidad, pero también creo que ha retado a jueces, abogados y usuarios a dar el paso a la justicia digital, con todas las limitaciones presupuestales, tecnológicas y culturales que supone un cambio abrupto como éste.

 

¿Y la justicia constitucional?

La justicia constitucional me parece que tiene y tendrá un papel fundamental en esta coyuntura: no sólo para limitar los posibles excesos del Ejecutivo y el Congreso en nuestros países, sino también en la defensa de los derechos a través de recursos como el amparo o la tutela.

 

¿La pandemia deteriorará el constitucionalismo latinoamericano?

Creo que el constitucionalismo de la región ha logrado avances importantes, como cartas de derechos robustas o el papel de la justicia constitucional en la garantía de los derechos y el fortalecimiento de la democracia. También en materia de armonización con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por ejemplo, vía el control de convencionalidad. El cúmulo de afectaciones de derechos, de distinta índole, sin duda va a desafiar a todos estos tribunales y se agravarán las condiciones para la vigencia de nuestros Estados constitucionales, pero esperemos que esa fortaleza sea fundamental para evitar un deterioro mayor.

Al mismo tiempo, el incremento de las desigualdades económicas y sociales que ya produce la pandemia, tal vez detone la necesidad de que nos tomemos en serio a los Estados Sociales de Derecho como vehículo para garantizar los derechos, como lo manda la Constitución, al menos en el caso colombiano.

 

¿Qué desafíos supone todo esto para la formación de los abogados y las abogadas en la región?

Creo que es un mensaje para fortalecer la interdisciplinariedad: comprender los problemas sociales más allá de las fuentes del Derecho y las fronteras doctrinales que muchas veces dominan la enseñanza legal. Si el Derecho quiere ofrecer soluciones a los problemas reales que produce la pandemia, debe dialogar con otras disciplinas. También nos llama a incorporar el aprendizaje de las tecnologías de la información y la comunicación en el Derecho, que es una preparación para el mundo del trabajo. De igual modo, es una oportunidad para fortalecer el pensamiento crítico, necesario en la formación de todo abogado.

 

¿Y qué reflexión habría para la comunidad académica del Derecho?

Creo que debemos poner la lupa en los límites a los estados de excepción y al uso de los poderes de emergencia en contexto de crisis, dado su potencial de afectar severamente los derechos, libertades y garantías. De igual modo, estar atentos a las innovaciones tecnológicas, que, si bien muestran su enorme potencial para controlar de mejor manera la pandemia, no dejan de preocupar en materia de derechos como la intimidad o la privacidad. Ése es el caso de aplicaciones y herramientas de seguimiento y vigilancia de contagios que se han empezado a implementar en varias ciudades.

 

Más allá de que el constitucionalismo sea un asunto de juristas, ¿qué pasa con el conjunto de la sociedad y sus derechos en esta pandemia?

Creo que esta pandemia muestra que los efectos son más severos para los derechos de las personas con condiciones sociales y económicas más vulnerables. Por tanto, el constitucionalismo latinoamericano, que al menos en las últimas tres décadas parece coincidir en su preocupación por la garantía de los derechos y la dignificación del ser humano, tiene un gran desafío, que no sólo le corresponde enfrentar a los jueces constitucionales sino al Estado y la sociedad en su conjunto. Como ciudadanos, debemos responder con solidaridad, con control social a los gobernantes y mayor participación en las decisiones políticas. La acción u omisión de los gobiernos en garantizar la Constitución durante la pandemia tendría que ser un indicador fundamental para expresar nuestros votos cuando corresponda.

 


 

Mario Alberto Cajas Sarria es licenciado en Derecho por la Universidad del Cauca, magíster en Derecho por la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derecho público por la Universidad Externado de Colombia y doctor en Derecho por la Universidad de los Andes.

Es profesor de tiempo completo y jefe del Departamento de Estudios Jurídicos de la Universidad Icesi, en Cali, Colombia. Fue visiting scholar en la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard.

Es autor de los dos tomos de La historia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, 1886-1991, la primera historia política sobre ese tribunal que se ha escrito en el país, así como de El control judicial a la reforma constitucional en Colombia, 1910-2007.

Ha sido conferencista invitado en distintas instituciones y universidades en México, Estados Unidos, Canadá, Rusia, Italia, España, Chile, Argentina, Brasil, Perú y Bolivia.

Sus intereses de investigación y sus publicaciones giran en torno al Derecho constitucional, la historia del Derecho y el Derecho comparado.

 

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