Max Kaiser

Corrupción en México: luces al final del túnel

Max Kaiser

De cada 100 pesos de riqueza que genera la economía de México, alrededor de 10 se destinan a la corrupción, ya sea en forma de pagos extraoficiales para agilizar trámites, desfalcos al erario, liberación de un delincuente a cambio de una paga, sobornos, conflictos de interés, desvío de recursos, tráfico de influencias, licitaciones amañadas y facturas con sobreprecio, entre otros actos. En el combate a la corrupción, ¿vamos por el camino correcto? El Director de Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad nos da su opinión.

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¿Cree que México es un país con problemas graves de corrupción?

No creo que haya una sola persona en México que considere lo contrario. Se convirtió en una epidemia espantosa que está en todas las áreas, en todos los rubros, en todos los sectores. No hay duda de que es un problema grave. La última encuesta del INEGI sostiene que para los mexicanos sólo la inseguridad es un problema más grave que la corrupción. Después de la inseguridad, la corrupción es el tema en la boca de todos y la preocupación de todos los mexicanos.

 

Transparencia Internacional publicó en enero de 2017 el Índice de Percepción de Corrupción de 2016 y ubicó a México en el lugar 123 de 168 países, una caída de 28 lugares tan sólo en un año. ¿Por qué cree que México tuvo un retroceso tan grande en esta medición?

El retroceso es dramático pero hay que entenderlo. Tiene que ver con algo que siempre sucede en los países que exponen el tema de la corrupción. Los estudios que usa Transparencia Internacional para calcular el índice fueron levantados en 2015 y 2016, los años en los que la corrupción se volvió el tema de conversación. Los años en que los escándalos de los Borges y de los Duartes salieron a la luz. Quiere decir que finalmente el tema de la corrupción se convirtió en un tema en la boca de todos los mexicanos, lo que hace que la percepción aumente. Parecería que hay más corrupción, pero en realidad no sabemos si la hay; sólo sabemos que la gente percibe que hay más corrupción, y que creció su preocupación sobre el tema. Y eso es muy grave.

Lo que sí logramos como sociedad civil es poner el tema sobre la mesa. El resultado ayuda a todos los involucrados en el combate a la corrupción porque ahora la corrupción tiene un costo político muy alto.

El problema es que éstos son los índices que las organizaciones internacionales y las compañías que quieren invertir en México leen para evaluar el riesgo del país. Es una pésima noticia porque cuando una empresa transnacional quiere invertir en México ve que su inversión es riesgosa. Si deciden invertir, las compañías le cobran el riesgo al gobierno, algo que no hacen cuando van, por ejemplo, a Dinamarca.

Una crítica ha sido que en el año en que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), México cayó 28 lugares. Lo que es importante entender es que los resultados del SNA no van a ser aparentes hasta dentro de muchos años.

 

¿Considera que el marco legal vigente en materia de combate a la corrupción cumple con los estándares internacionales?

Sin duda. El que rediseñamos el año pasado tiene todos los componentes. Incorporamos el elemento preventivo; no nos preocupamos sólo por la parte punitiva y la investigación, sino que incorporamos armas políticas de prevención, de supervisión y de auditoría muy importantes. Cambió por completo la fiscalización y la rendición de cuentas. No sólo creamos el SNA sino también el Sistema Nacional de Fiscalización.

Cambiamos por completo toda la parte de la investigación. Con la práctica internacional generamos autoridades que son mucho más autónomas de la agenda política, de las estructuras de gobierno y de los poderes. En lugar de generar una única autoridad, generamos un sistema de pesos y contrapesos que también cumple con los estándares internacionales. No hay ningún país desarrollado del mundo que ponga en una sola autoridad todo el tema de la corrupción. Los ejemplos que luego nos pone la gente sobre países donde hay una gran autoridad autónoma de corrupción son ejemplos de países no democráticos. En los países democráticos lo que funciona es que diversas autoridades de distintas materias se coordinen; al mismo tiempo, estas autoridades compiten entre sí.

La otra parte que no sólo cumplimos sino en la que también estamos elevando el estándar internacional es la relativa al tema de la participación ciudadana. No sólo por el origen de las leyes, pues es inédito en el mundo que la participación ciudadana haya empujado la legislación. Somos el primer país desarrollado democrático del mundo que pone en la cabeza del sistema un Comité de Participación Ciudadana. Los ciudadanos dirigen órganos de Estado, le ponen políticas públicas, le dan recomendaciones, vigilan su actuación. Si lees la Convención de Naciones Unidas sobre la corrupción, uno de los elementos más importantes es la exigencia de generar modelos de participación ciudadana y de relación Estado-sociedad civil. Pusimos el estándar internacional en México porque no es nada más un consejo consultivo, sino el órgano dirigente del sistema.

 

La cantidad de recursos destinados al combate a la corrupción ha experimentado un aumento constante. ¿Por qué este incremento no ha implicado una disminución del problema?

Era un mal gasto porque no teníamos autoridades coordinadas, ni capaces. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene más o menos 600 denuncias y miles de auditorías que no derivan en una consecuencia concreta. No había investigaciones que se siguieran sistemáticamente, ni sanciones, porque la ASF no estaba bien coordinada con autoridades locales, con la Secretaría de la Función Pública (SFP), con la Procuraduría General de la República (PGR). Entonces el dinero fue aumentando pero de manera segregada. Un cachito más para la ASF, un cachito más para la SFP, muchos pedacitos extras para las auditorias locales, etcétera. Era dinero mal gastado.

El objetivo del SNA es hacer trabajar a todas las autoridades en conjunto y que el aumento de recursos se traduzca en un aumento de eficiencia por parte de las autoridades. La idea no es crear elefantes blancos, una nueva autoridad con miles de plazas y miles de recursos, sino comenzar a generar eficiencia.

Otro tema que tiene que ver con el gasto es que derrochábamos en investigación a la antigua e invertíamos muy poco en tecnología. Gastábamos mucho en ministerios públicos y en auditores, y muy poco en plataformas digitales, en herramientas computacionales, en bases de datos en línea. El centro del SNA es la Plataforma Digital Nacional, donde queremos que los recursos extras los invirtamos en tecnología.

 

¿Cree que la Fiscalía Anticorrupción y el Sistema Nacional Anticorrupción corren el riesgo de constituir una mera simulación en el combate a la corrupción?

El riesgo de que llegue alguien que quiera usar la instituciones para promover agendas privadas siempre está presente. Una de las cosas más importantes de este nuevo modelo es que no existe una sola persona que individualmente pueda echar a perder todo el sistema, ni una que pueda dominarlo por completo. Más bien, es un conjunto de autoridades trabajando juntas: si uno simula que hace su labor, los demás lo conminarán a que la haga de verdad; si no la hace tendrá que irse a su casa. Ésa es la ventaja de este sistema.

Con este modelo todos tienen que sentarse en una misma mesa y rendirle cuentas a Jacqueline Peschard, la primera presidenta de Participación Ciudadana. Ella tendrá la facultad de señalar a la autoridad que simule hacer su trabajo o que esté generando resultados pobres, lo cual propiciará nuevos incentivos para que dicha autoridad tome en serio su chamba.

 

¿Qué incentivos existen en México para que el robusto marco jurídico en la materia logre la eficacia suficiente para reducir los niveles de corrupción?

El incentivo más importante de la clase política debería ser reducir la frustración de la sociedad. A través del sistema, la clase política tiene que canalizar la frustración social de manera positiva para construir una nueva relación y restablecer la confianza del Estado con la gente.

El sector privado se está dando cuenta de que la corrupción es un mal negocio: inseguro, no regulado y poco eficiente. Los incentivos que tiene este sector para hacer que el sistema funcione se basan en que está perdiendo mucho dinero con la corrupción. Los empresarios ya quieren empezar a tomar acciones. En general, tienen dos opciones: involucrarse en la corrupción para proteger su negocio, o no hacerlo y perder su capital y, posiblemente, hasta su empresa.

No obstante, los empresarios deberían considerar una tercera opción: acudir a una autoridad fiscalizadora para denunciar la extorsión y trabajar sin tener que estar dando “mordidas”. Si no se recurre a esa tercera opción, será muy difícil cambiar el sistema de incentivos para las empresas.

 

¿Cuál sería el incentivo para la sociedad?

Justamente el hecho de influir en que haya un buen gobierno. Las clases menos favorecidas de México hacen uso de los servicios que proporciona el gobierno: recurren a la educación pública y al sistema de salud pública, reciben subsidios para el campo y créditos que otorga el gobierno. Todo lo que les podría proporcionar una mejor calidad de vida se ve directamente afectado por la corrupción.

Las clases media y alta de la sociedad también deberían estar interesadas en combatir la corrupción porque son dueñas de empresas, despachos y tecnología que reducen de manera muy importante su potencial cuando existen sistemas corruptos. Necesitan que se acabe la corrupción para que sus empresas tengan seguridad jurídica, fiscal y física. La sociedad en su conjunto debería estar preocupada por que funcionen los instrumentos anticorrupción; de lo contrario nuestra vida va a seguir siendo un infierno.

 

¿Los casos de ex gobernadores como Rodrigo Medina, Reynoso Femat, Javier Duarte y Guillermo Padrés reflejan una tendencia a nivel local de la falta de transparencia y rendición de cuentas?

Por supuesto. Lo que pasó en México es que en el ámbito federal avanzamos mucho en los temas de fiscalización, rendición de cuentas y transparencia, pero los estados siguieron siendo feudos dominados por las clases políticas locales. El gobernador controla a su secretario de la Función Pública, a los congresos estatales (de los que dependen las autoridades locales de fiscalización), al procurador del estado, a los medios locales y a las organizaciones civiles. Veracruz es el ejemplo más grave: los reporteros que cuestionaban el sistema acababan muertos y los diputados que señalaban la corrupción terminaban sin carrera. Las autoridades de fiscalización prácticamente eran inexistentes. Lo que pasó en Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua no es gratuito. Cuando tienes 20 años de no rendir cuentas, todo se descompone.

Justamente lo que tratamos de cambiar con el SNA es que la cruzada contra la corrupción sea nacional. El problema es que cuando instaurábamos sistemas anticorrupción, creábamos uno federal y 32 locales. Lo que queremos ahora es un sistema nacional y que los 32 sistemas locales sean coordinados y controlados por la cabeza central, para que todo el mundo tenga que rendir cuentas al Sistema Nacional de Fiscalización.

 

¿Qué se puede hacer para evitar que se presenten más casos de corrupción como los que hemos mencionado?

Hay que hacer varias cosas. Además del SNA, debemos preocuparnos por desarrollar prensa local y sociedad civil local, así como generar oposición política real en los estados. Además del SNA, que va a crear autoridades concretas, se deben propiciar procesos mediante los cuales diversos actores de la sociedad muestren su preocupación por el tema e incomoden a los gobernadores y a los presidentes municipales, por ejemplo. Que hasta en el municipio más pequeño de México haya una organización de la sociedad civil que vigile y un periódico que cuestione las acciones de gobierno. Sólo con puras autoridades no la vamos a hacer.

Hay estados muy desarrollados, como Nuevo León, que tienen una prensa muy fuerte y una sociedad civil muy participativa. Sin embargo, hay otros estados, como Nayarit, donde la prensa local prácticamente no existe porque ha sido capturada por los aparatos gubernamentales, no hay sociedad civil y el Poder Judicial ha sido tomado por el Poder Ejecutivo. No hay equilibrios.

Lo que tenemos que empezar a hacer para evitar que proliferen más Duartes, más Padrés y más Moreiras, es generar equilibrios en los estados, propiciar que se proteja a los periódicos locales y a la sociedad civil local. Lo que queremos hacer desde organizaciones como el Instituto Mexicano para la Competitividad es formar un frente común para apoyar a las organizaciones civiles locales. No hay manera de que haya equilibrios si la prensa y la sociedad civil no pueden señalar actos de corrupción.

 

Dinamarca, Singapur y Nueva Zelanda están entre los primeros 10 lugares en el Índice de Percepción de Corrupción de 2016. ¿Qué puede aprender el gobierno mexicano de estos países?

William Shakespeare decía: “Algo huele mal en Dinamarca”, y lo afirmaba porque era un país corrupto que tenía instituciones deficientes. Dinamarca apostó por construir nuevas instituciones y fortalecer una sociedad civil desarrollada. Hay un libro fascinante que se llama Why Nations Fail, cuyos autores sugieren que hay que apostar por la construcción de instituciones inclusivas. Comparan naciones que tienen instituciones inclusivas e instituciones extractivas. En América Latina, en África y en algunos lugares de Asia existen instituciones del segundo tipo que sólo generan beneficios a ciertos grupos. En países como Dinamarca y Singapur, donde se han construido instituciones inclusivas, hay seguridad y prevalece el Estado de Derecho.

Dinamarca no tiene una ventaja genética ni cultural, ni mucho menos personas más capaces que otras. Lo que hizo ese país fue apostar por la construcción, la implementación y la maduración de sus instituciones. A la pregunta: ¿usted ha cometido actos de corrupción?, la mayoría de los políticos en Dinamarca responde que no, porque su labor consiste en cuidar al Estado. Si formulas la misma pregunta en Asia, África o América Latina, la mayoría responderá que así funcionan las cosas.

 

Finalmente, ¿cuáles son los retos que tiene ahora el Sistema Nacional Anticorrupción a partir del nombramiento de su secretario técnico?

Son cinco grandes retos: la construcción administrativa de un órgano delgado, ágil y eficaz; la creación de la primera política nacional anticorrupción; la creación de herramientas para medir la corrupción; la creación de herramientas de evaluación de la política anticorrupción, y, por último, la creación de la Plataforma Digital Nacional, como el cerebro central del combate a la corrupción.

 

 


 

 

Max Kaiser Aranda es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), realizó una maestría en política latinoamericana comparada en la London School of Economics y actualmente imparte clases de Derecho constitucional y Derecho administrativo en el ITAM.

Es asesor de Naciones Unidas en temas de combate a la corrupción y compras gubernamentales. Forma parte de la Anti Corruption Academic Initiative de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y es miembro de la Facultad de Leyes de la International Anti Corruption Academy.

Asimismo, es autor del libro El combate a la corrupción, la gran tarea pendiente en México (Miguel Ángel Porrúa, 2014).

 

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