Paula García Villegas

El oficio de juzgar

Paula García Villegas

 

Con una larga trayectoria dentro del Poder Judicial de la Federación, así como en el mundo académico, la magistrada Paula María García Villegas conoce bien los baluartes que deben sostener la actividad de los juzgadores, así como los desafíos que enfrentan en su labor cotidiana, temas de los que nos habla en esta entrevista.  

 

 

¿Cuáles fueron las razones que influyeron para que usted decidiera estudiar economía, además de Derecho?

Mi deseo de ser jueza, ante todo. Considero que un juzgador es un termómetro social: cuando hay desempleo, es el primero que conoce cómo está la situación laboral en el país, porque empiezan a llegar más asuntos en los que se reclaman despidos injustificados. Cuando no hay dinero, comienzan a presentarse demandas de más créditos hipotecarios sin pagar, más acciones por pago de honorarios, más pagarés incumplidos… Así es como el juez va percibiendo de primera fuente cómo están las cosas “allá afuera” y advierte el descontento social y los cambios en la temperatura de la sociedad civil. Una formación económica, pues, ayuda a tomar mejores sentencias a la hora de juzgar.

 

¿Cuál es, en su opinión, la estrella polar que debe orientar a un juez?

El Derecho abarca todo el comportamiento humano. Regula las conductas entre los miembros de una sociedad. Delimita derechos y obligaciones. Equilibra disparidades, limita excesos y traza el futuro. En los primeros semestres de la carrera, cuando los maestros preguntan a las o los alumnos por qué eligieron esta carrera, siempre están quienes dicen que buscan un país más justo. Que estudian Derecho porque quieren hacer justicia. A los estudiantes de Derecho les digo que nunca pierdan este ideal. Sí se puede hacer justicia, sí se puede servir y cambiar el destino de las personas con una sentencia legal, fundada y motivada, pero también empática, justa, valiente y clara. Paso a paso, poco a poco, pero sí pueden ver materializado ese ideal de justicia. Digo a los estudiantes que nunca se den por vencidos, que crean que sí puede haber un futuro mejor, pero que hay que trabajar por él, tratando igual a todos, sin discriminar y tendiendo la mano a otros. Y lo mismo que digo a los estudiantes es lo que recomiendo a mis colegas, las juzgadoras y juzgadores.

 

¿Qué influye más en la formación de un juzgador? ¿Los libros o el juzgado?

Los dos. Los libros son los mejores maestros y también los mejores amigos. Siempre acompañan al lector y, la mayoría de las veces, no lastiman. Están llenos de pureza pero esto hace que el aprendizaje sea lento. Un libro se abstrae de la realidad y conduce al mundo ideal. Pero la vida no es así: la vida es un camino lleno de caídas y paradas, de aprendizajes y errores. Esta parte la dan los juzgados, la realidad, los casos que se resuelven y el esfuerzo por comprender la naturaleza humana. Los asuntos que se resuelven difícilmente se pueden abstraer de las cuestiones históricas, sociales, económicas, ambientales e internacionales que los rodean. Los expedientes simplemente son empujados por la realidad.

 

¿Qué consejo daría a las mujeres, en una sociedad a la que todavía le falta fortalecer demasiados aspectos para eliminar el machismo y ser igualitaria?

A las mujeres les diría lo siguiente: “Crean en ustedes y en sus capacidades y no tengan miedo. Siempre sean ustedes. No traten de ser o aparentar ser alguien más. Otra cosa: empodérense, laboralmente hablando. Necesitan ser independientes económicamente. Claro que es difícil trabajar, claro que hay muchos obstáculos que superar, pero enfrenten la vida así como se presenta, con sus altas y sus bajas, con sus momentos alegres y aquellos llenos de angustia y preocupación”.

Se ha avanzado mucho con los derechos de las mujeres para alcanzar la igualdad de género. El trabajo doméstico y al cuidado de los hijos ya se considera aportación económica, existe compensación obligatoria hasta de 50 por ciento cuando hubo matrimonio celebrado bajo el régimen de separación de bienes, hay divorcio sin expresión de causa, respeto al proyecto de vida; en fin, hay muchísimos avances, pero nada se asimila a la autonomía financiera, que da libertad y evita la violencia, especialmente la psicológica y la económica.

 

Si pudiera hacer cinco cambios en el sistema de justicia en México, ¿cuáles haría?

Primero, regular las audiencias de ministros, magistrados y jueces. Las partes deben saber que los juzgadores están para escucharlos y atenderlos en igualdad de condiciones. No deben sentir ni pensar que sólo entran a ver a su juzgador si tienen algún contacto. Esto urge. Y deben participar para exponer sus posturas tanto las barras y las asociaciones de abogados, como la academia, los juzgadores y los órganos administrativos y académicos del Poder Judicial de la Federación, como el CJF y el IJF.

Segundo, regular los asuntos que se remitan a órganos auxiliares. Los órganos auxiliares son necesarios por la excesiva carga de trabajo que tienen los órganos jurisdiccionales y por la obligación de respetar el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que la justicia debe ser expedita. La SCJN ya determinó que su creación es constitucional; sin embargo, sería importante que, a través de un acuerdo general marco, se regulara que los asuntos que se remiten a estos órganos los sean dentro de un mismo circuito y no a un órgano auxiliar de otro circuito. No hay razón ni racionalidad para que sean enviados a una entidad federativa distinta. Esto genera gastos no contemplados a los justiciables y limita el acceso efectivo a la justicia.

Tercero, que el Poder Legislativo estudie y, en su caso, discuta y apruebe los aspectos positivos y negativos de regular la colegiación obligatoria de los abogados. Quizá esto ayudaría a que hubiera más ética y más calidad en sus escritos.

Cuarto, la viabilidad de crear un sistema de justicia alternativa a nivel federal. Quizá dentro de la Defensoría Pública, o como órgano del IJF, porque muchos asuntos podrían concluir con una buena mediación y no necesariamente llegar a los tribunales, como sucede en algunas entidades federativas.

Finalmente, creo que deberían llevarse mejores estadísticas, para conocer cuándo se interponen quejas administrativas, recusaciones o denuncias penales en contra de juzgadores, con el único fin de dañarlos, ya sea para intimidarlos o porque su criterio no gustó.

 

¿Cuál ha sido el reto del Poder Judicial de la Federación para ser un contrapeso natural de los otros poderes?

La función de la SCJN y de todos los juzgados y tribunales del país, como garantes de la Constitución, tiene un doble aspecto. El primero, como protectores de los derechos humanos y el Estado de Derecho. El segundo, en la delimitación del ámbito competencial de los poderes públicos en sus diversas instancias y de los organismos públicos autónomos.

Un Poder Judicial fuerte, autónomo, imparcial e independiente, es muy importante en un sistema democrático de gobierno, para fungir como contrapeso de los otros poderes públicos. Ni desde el punto de vista funcional, ni desde el punto de vista institucional, el Poder Judicial de la Federación debe subordinarse a otros poderes o instituciones del Estado.

En ese sentido, el sistema de procuración e impartición de justicia en su conjunto, como lo han dicho tanto la Comisión en el caso La Cantuta vs. Perú, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Apitz Barbera y otros vs. Venezuela, no debe ser sometido a abusos ni a restricciones indebidas por institución alguna del Estado porque, de ser así, se le resta autonomía y, con ello, se debilita el sistema de pesos y contrapesos que debe existir en todo régimen democrático de gobierno.

 

Se ha hablado mucho sobre los sueldos y las prestaciones de los funcionarios públicos, específicamente en el Poder Judicial federal. ¿Cuál es la relación que guardan con la independencia judicial?

Pese a la gran preocupación que implica tener un país tan escindido y desigual, existen principios y estatutos que se refieren específicamente a las remuneraciones de las y los operadores de justicia, porque están íntimamente relacionados con la independencia de la judicatura.

Un aparato de justicia sometido a otro poder público en la determinación de sus percepciones merma su independencia, tanto institucional como individual, y debilita la credibilidad del sistema de impartición de justicia y del operador de justicia frente al justiciable.

Naciones Unidas emitió en 1985 Los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, en los que precisa que la ley debe garantizar a los juzgadores una remuneración, pensiones y condiciones de servicio y jubilación adecuadas. En México, a rango constitucional, el artículo 94 establece que la remuneración que perciban ministros, magistrados y jueces no podrá ser disminuida durante su encargo. La primera manera en que se lesiona la independencia y la autonomía de los juzgadores es castigando su remuneración o haciendo que ésta dependa de otro poder público.

En la misma línea de pensamiento está el Estatuto universal del juez, que señala que el juez debe recibir una remuneración suficiente para asegurar su independencia económica, la cual no debe depender del resultado de su actividad y no debe ser reducida mientras preste sus servicios. Por ello, es claro que existe una estrecha relación entre los sueldos y las prestaciones de los operadores de justicia y la independencia de los juzgadores.

Además de lo anterior, hay otros temas que no se encuentran presentes en funcionarios públicos de otros poderes. Por ejemplo, de conformidad con el artículo 101 de la Constitución, los operadores de justicia no pueden desempeñar otro encargo, ni recibir diverso ingreso al derivado del ejercicio de sus funciones; tampoco pueden desempeñarse como abogados en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial de la Federación durante los dos años siguientes a la fecha de su retiro. La protección de los emolumentos de un operador de justicia rebasa lo meramente económico y trasciende el aspecto de la autonomía y la independencia funcional e institucional.

 

¿Vale lo mismo para los poderes judiciales locales?

Hay estados de la República mexicana en los que la remuneración de juzgadores se debe revisar, respetando, claro, la autonomía de las entidades federativas, porque en algunos casos la independencia está debilitada, pues, al no contar con un porcentaje del presupuesto, hay ocasiones en que no se sabe si se llega a fin de año con recursos suficientes para pagar la nómina de jueces y magistrados. Igualmente, los sueldos de los juzgadores en algunas entidades federativas son indignos, por cual se deben revisar.

 

¿Qué podría decir a las voces críticas sobre la presencia, denunciada de forma estridente, de relaciones familiares en el seno del Poder Judicial federal?

Conozco las críticas al Poder Judicial de la Federación relacionadas con el nepotismo y no tengo duda de que este tema ha dañado igualmente a la institución y, en general, la imagen pública del juez. Conozco el reporte del investigador Julio Ríos Figueroa que publicó Mexicanos conta la Corrupción y la Impunidad, basado en datos que proporcionó el consejero Borrego Estrada y que tituló “El déficit meritocrático. Nepotismo y redes familiares en el Poder Judicial de la Federación”.

Quisiera decir que las cosas no son tan blancas ni son tan negras y que ése es un tema muy complejo. En muchos casos, los hijos aprenden el oficio de sus padres y sus abuelos. Hay generaciones enteras de médicos, empresarios, abogados, ingenieros, zapateros, enfermeras, políticos y cuánto oficio existe.

Claro, aquí la cuestión que se objeta es que el sueldo proviene de los recursos públicos. Cuando los padres se desempeñan con ética, acuciosidad, esmero, entrega, dedicación y, sobre todo, gusto, los hijos absorben eso y los oficios se heredan de generación en generación.

Al margen de esto, encuentro en el Poder Judicial de la Federación una situación que no contemplan los estudios y que me gustaría que lo hicieran, partiendo de la base de que es cierto que hay familiares en el Poder Judicial y que, evidentemente, se deben revisar aquellos casos y los que no tienen posibilidad de ingresar a laborar quienes están en busca de una oportunidad en su Poder Judicial. Igualmente, se deben revisar los casos en los cuales se impida el ascenso meritocrático, por no tomarse en cuenta el desempeño y las capacidades de las personas.

 

¿No afecta esto la movilidad meritocrática dentro del Poder Judicial?

En el Poder Judicial de la Federación, con todo lo que se dice, salvo en algunos supuestos que se deben revisar, existe una movilidad social muy marcada. Hay muchos casos en que, a partir del mérito, una persona que ingresa como chofer llega a ser juez de distrito y aspira a ser magistrado de circuito. Igualmente existen varios casos de éxito, en que la madre es secretaria mecanógrafa —oficial administrativa— y su hija es secretaria de tribunal o jueza, habiendo comenzado como mecanógrafa. En el Poder Judicial hay gente de bien y dedicada que poco a poco, con esfuerzo y aprovechando las oportunidades, ha ascendido. Otras ingresan como auxiliares de servicios de mantenimiento y, con base en la capacitación que ofrece el Poder Judicial, llegan a ser mecanógrafos, luego actuarias y hasta secretarias de juzgado o de tribunal.

El Poder Judicial de la Federación invierte en su personal, porque presta un servicio público, el de administración de justicia. De allí que su gran fortaleza sean los operadores de justicia. Constantemente imparte cursos de actualización con el objeto de prestar un mejor servicio. Incluso hubo un tiempo en que, a quienes no tenían secundaria o preparatoria concluida, se les daba la oportunidad de sacar adelante sus estudios de educación básica y media superior para que luego presentaran los exámenes correspondientes en el sistema abierto. Se van los que no pueden con el reto y ascienden con mucho esfuerzo quienes se empeñan. Así es como se van empujando unos a otros para ascender y crecer. El Poder Judicial de la Federación concede oportunidades que, en otro lugar, jamás se podrán tener.

Una vez dicho esto, concluyo precisando que es irrebatible la importancia de que entren personas externas al Poder Judicial, pero más importante aún es el hecho de que, sean familiares o no, se les dé la oportunidad de empezar desde abajo, desde el puesto de oficial administrativo y, poco a poco, en función de sus méritos, vayan ascendiendo.

La tarea de juzgador no es nada sencilla. Es un trabajo a largo plazo, con aprendizaje paulatino. El oficio de juez se va aprendiendo todos los días. Los segundos de a bordo de los juzgadores son los secretarios proyectistas y ellos también tienen una gran responsabilidad en cada asunto. Tampoco es fácil ser secretario proyectista. En la judicatura la responsabilidad es inmensa porque cada asunto representa la posibilidad de resarcir una injusticia cometida y, con ello, el camino de la persona que la padeció. Pero es complicado descubrir si efectivamente se cometió la injusticia o sí ésta se creó artificialmente para reclamar lo que no corresponde.

 

 


 

 

Paula María García Villegas Sánchez Cordero es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y licenciada en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cuenta con el grado de master of law por la London School of Economics and Political Science, University of London, y obtuvo el doctorado en Derecho por la UNAM.

En el Poder Judicial de la Federación se ha desempeñado como secretaria particular y secretaria adjunta de ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación; secretaria proyectista en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; jueza quinto de distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región; jueza primero de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal; jueza segundo de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, y magistrada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Ocupa el cargo de magistrada de circuito desde marzo de 2016.

 

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