Rafael Avante

¿Qué esperar de la reforma laboral?

Rafael Avante

 

En mayo de 2019 entró en vigor la tan esperada reforma laboral que, entre otras cosas, dejó detrás a las anquilosadas juntas de conciliación y arbitraje para dar paso a tribunales especializados en materia de trabajo. Pero eso no es todo: también abarcó Derecho individual y colectivo del trabajo, seguridad social y esquemas de registro confiables. De esto y más nos habla Rafael Avante.

 

 

El 1º de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva, que tardó años en fraguar. ¿Consideras que cumple con las expectativas?

En términos generales, veo con satisfacción que el propósito fundamental que inspiró la reforma constitucional, que a su vez derivó de un amplio proceso de consulta y de un trabajo que hicimos con la idea de perfeccionar la justicia laboral, sí se cumple.

 

¿Qué se puede esperar en cuanto a la autoridad que conoce de los conflictos en materia laboral?

El tránsito de las juntas de conciliación y arbitraje al Poder Judicial era un gran pendiente que teníamos en México. El esquema de solución de controversias heredado de la Revolución mexicana ya estaba superado prácticamente en todo el mundo.

A nosotros nos faltaba dar ese paso. Es una gran noticia que finalmente lo hayamos concretado.

 

¿Podríamos afirmar, entonces, que iniciará una nueva etapa en la impartición de justicia laboral en México?

Como parte de todo el proceso de reformas que se llevó a cabo en la pasada administración, uno de ellos era dar un nuevo rostro a la procuración y administración de justicia.

Al principio nos percatamos de que el propósito del Constituyente nunca fue dar a las juntas de conciliación y arbitraje el carácter de tribunales. La naturaleza con la que se había visualizado revestía un quehacer conciliatorio y menos formalista, con un enfoque más de arreglo que de resolución de controversias con fines jurisdiccionales.

La Constitución establecía, incluso, la facultad de las partes de no someterse al arbitraje y de no acatar las resoluciones derivadas de éste, en cuyo caso la consecuencia inmediata era la rescisión de la relación laboral.

 

Ésa es la mejor prueba de que, de origen, no se había pensado como una jurisdicción obligatoria…

Así es. Precisamente ése fue el aspecto clave en todo el proceso, en el que pudimos superar lo que yo denominaría una “institucionalización del conflicto de interés”, porque finalmente, cuando la autoridad jurisdiccional resuelve un conflicto, lo que en esencia hace es desentrañar los hechos, encontrar la verdad y aplicar la norma al supuesto jurídico.

La función del juez es, esencialmente, la aplicación de la ley, y ésta no se concilia ni se negocia. Se cumple o no se cumple. Ésta no era la esencia de las juntas de conciliación y arbitraje.

 

¿A qué te refieres con la “institucionalización del conflicto de interés”?

En toda junta de conciliación y arbitraje, como órgano encargado de aplicar la ley, estaban representados los trabajadores y los patrones. Es decir que entendíamos la aplicación de la ley como un asunto de consenso entre sectores. Y esto es equivocado.

Por eso era importante romper con esa perspectiva histórica, con base en los ejemplos internacionales. Ahora una autoridad ajena a las partes —el tribunal— será la que dirima la controversia, con lo que se garantiza un esquema real de impartición de justicia.

 

¿Qué nos puedes decir sobre la libertad sindical que se contempló en la reforma?

La autonomía y la libertad sindical son un aspecto toral de la reforma del 19. Es un gran avance en materia de Derecho colectivo del trabajo que ahora se privilegie la voluntad de los trabajadores, el que resuelva las disputas de titularidad de contratos colectivos, la elección de directivas en los sindicatos o la posibilidad de pedir la firma de un contrato colectivo de trabajo. La vida sindical tiene que desarrollarse bajo un referente único: la voluntad de los trabajadores.

Otro tema que destacaría, en materia de libertad sindical, es el registral. Esta cuestión dará mayor orden.

 

¿Qué comprende el tema registral en materia laboral?

Se federalizaron los registros, por lo que ahora todos los contratos colectivos deben pasar por una instancia autónoma registral, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

Con eso se elimina cualquier posibilidad de que se vicie el proceso y de que se genere todo tipo de complicidades o deudas no escritas entre organizaciones sindicales y autoridades administrativas.

Situaciones como las que te comento sucedían ante la necesidad de buscar y procurar la paz laboral en momentos complejos de la vida de México, pero que ahora no tienen ninguna razón de ser.

 

¿Cuáles son los pormenores en cuanto a Derecho individual del trabajo?

La reforma, sin duda, contempla referencias específicas y claras encaminadas a la dignificación de los trabajadores, que siempre ha sido el propósito de la ley laboral.

Por mencionar algunos elementos, prevé que se debe garantizar equilibrio entre la vida personal y familiar con el trabajo —como obligación de los patrones— y dispone que los patrones deben contar con protocolos en los centros de trabajo para prevenir fenómenos contrarios a la libertad de los trabajadores, como el trabajo forzoso o la trata de personas, combatir la discriminación y el trato desigual entre hombres y mujeres, y evitar el trabajo infantil.

 

¿De qué forma se incorporó la seguridad social como parte de la reforma?

Definitivamente, el gran pendiente tenía que ver con dotar de seguridad social a las y los trabajadores del hogar. Quienes participamos en la reforma constitucional considerábamos que era, precisamente, inconstitucional y discriminatorio dar carácter optativo a las responsabilidades en materia de seguridad social a este grupo de trabajadoras.

Incluso, hubo una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que así lo determinó.

 

Estamos hablando de aquel caso que se resolvió en diciembre de 2018, ¿cierto?

En efecto. Aunque hoy parezca evidente, en su momento el debate que se dio entre los ministros fue interesante y complejo, pues se enfocó en entender por qué sí o por qué no era discriminatorio el carácter optativo de la seguridad social para las trabajadoras del hogar. Incluso, recordemos que en principio el proyecto iba en un sentido y, posteriormente, se emitió en otro totalmente opuesto.

Al final, me parece que se hizo justicia al reconocer que los patrones deben cumplir con esta obligación en favor de los trabajadores del hogar.

 

Entonces, ¿es válido afirmar que las trabajadoras del hogar hoy cuentan con acceso pleno a la seguridad social?

Sobre este punto, me preocupa un poco que, tanto la resolución de la Corte como los transitorios de la reforma del 19, parecieran establecer una especie de vacatio legis respecto del inicio formal de esta obligación a cargo de los patrones.

Esto supedita la entera entrada en vigor de esta modificación a los resultados del programa piloto que se está implementando por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

 

Que podremos conocer hasta dentro de tres años…

Me parece que ya no es un tema de programas piloto sino que, administrativamente, la autoridad tendría que encontrar las formas y los mecanismos para hacer totalmente vigente este derecho.

No obstante, estaremos a lo que el legislador ordenó y a la conclusión de ese programa piloto.

 

¿Cuál será el principal obstáculo al que se enfrentará el programa piloto del IMSS?

Se producirán dificultades operativas en cuanto al ejercicio de esta nueva facultad a cargo de los inspectores federales del trabajo, para acudir a los domicilios a verificar las condiciones de las trabajadoras del hogar y, particularmente, de las trabajadoras migrantes.

Claramente, se tendrá que cuidar muy bien ese acto de molestia, pues no deja de ser una situación extraordinaria que mañana llegue a la puerta de tu casa un inspector para ejercer esa función de verificación.

Sin embargo, el propósito final se cumple, ya que dejó de ser un tema al que se le daba poca prioridad y, más bien, generará un efecto inhibitorio hacia los patrones que pretendan dejar de respetar los derechos de las trabajadoras del hogar.

 

¿Qué puedes destacar en el aspecto procesal?

Se fijaron nuevas reglas para el procedimiento. Ahora se le da un nuevo peso específico a la oralidad —que ya se contemplaba, aunque no plenamente—, así como a la inmediatez de la intervención del juez en el procedimiento.

Asimismo, se eliminaron todos los incidentes con los que se prolongaban innecesariamente los juicios, y en su lugar se implementó esta nueva audiencia preliminar para desahogar todos los temas que pudieran revestir características incidentales.

De igual forma, se implementó la existencia de los buzones electrónicos, como una gran medida que agilizará los procedimientos jurisdiccionales.

Y algo destacable —en lo que yo insistí mucho, por lo que verlo hoy en ley me produce una gran satisfacción— fue acabar de una vez por todas con la paradoja del perito de parte.

 

¿En qué consiste la paradoja del perito de parte?

Quienes estudiamos cuestiones procesales sabemos que, desde sus orígenes, la figura del perito esencialmente constituye una probanza que auxilia al juez a partir de conocimientos técnicos, científicos y objetivos, para desentrañar la veracidad o no de un dicho o para identificar un hecho.

Con el perito de parte ocurría una situación ilógica y paradójica, en tanto que el perito de la actora siempre le daba la razón a ésta y, a su vez, el perito de la demandada le daba la razón a la propia demandada. Y, finalmente, un perito tercero en discordia terminaba resolviendo un diferendo entre peritos.

Todo esto, a pesar de que se supone que la pericial es objetiva. Se prestaba a muchos vicios, además de que se comprometía la credibilidad científica o técnica.

 

Según el principio de “el que paga manda”, ¿cierto? ¿Cómo lo resolvió la reforma?

Con la creación de la central de peritos. Ahora es el juez quien los designará a partir de una lista de peritos especializados, que estarán disponibles para desahogar las probanzas, sin intervención de las partes.

Las partes solamente podrán controvertir, cuestionar o hacer notar alguna deficiencia en el peritaje durante la audiencia correspondiente. Esto va a simplificar tiempos y a cumplir el verdadero propósito de la prueba pericial.

 

Volviendo al tema de la transición de las juntas de conciliación y arbitraje a autoridades judiciales, ¿podemos esperar un proceso terso o habrá complicaciones?

El propósito de los transitorios de la reforma constitucional era que los asuntos pasaran de una autoridad a la otra. Incluso, hablan de la transferencia de expedientes, lo que da cuenta de que se pensó en hacer una transición muy rápida.

Finalmente, el legislador tomó una decisión diferente a la que constitucionalmente se estaba encaminando y pensó en la coexistencia de los tribunales y de las juntas.

 

Por un periodo de tres años, ¿no es así?

En principio por tres años, pero pueden llegar a ser cuatro o incluso más, porque los transitorios contemplaron una salvedad relativa a disponibilidades presupuestales.

Otro punto que podría complicar un poco las cosas no es tanto el hecho de que ambas instancias coexistan, sino aquel que involucra al gran potencial humano que tenemos para atender las problemáticas laborales.

Los funcionarios de las juntas hoy van a enfrentar un dilema importante, porque al mismo tiempo que concluirán su etapa en las juntas se están creando estos nuevos juzgados. Habrá algún presidente de junta con la legítima aspiración de seguir resolviendo controversias laborales, por lo que se va a ver en la disyuntiva de permanecer en la junta o de aspirar a una posición en el Poder Judicial. Esto dejará desamparada alguna de las dos instancias.

 

¿Entonces lo ideal sería que la mayor parte del personal de las juntas pase a formar parte de los tribunales en materia del trabajo?

El talento es poco y la materia laboral tiene sus propias consideraciones, su propia exigencia técnica, que no necesariamente va a ser debidamente atendida por una autoridad jurisdiccional que no estará familiarizada con el tema.

Por otro lado, si la decisión de un presidente de la junta es quedarse en ella, el día que termine sus funciones ya no habrá un espacio en el Poder Judicial que pueda ocupar. Ahí vamos a desaprovechar talento o, en el mejor de los casos, a dificultar la operación simultánea de ambas autoridades.

Un presidente que termine yéndose a un juzgado seguramente intentará apoyarse en quienes le han demostrado eficiencia y buscará integrar su equipo con quienes estaban en la junta. Pero tampoco podemos vaciar las juntas…

 

¿Es decir que el elemento humano será el más complicado durante la transición?

Es una dificultad operativa importante, pero no será la única. Como te comentaba, debemos tomar en cuenta el tema presupuestal, puesto que el gasto se duplicará y se generará una presión considerable. Sobre todo, en el delicado caso de las autoridades estatales, porque hay entidades federativas cuyas posibilidades presupuestales hoy están seriamente afectadas y comprometidas. Sería muy triste que no opere adecuadamente el proceso de transición de la reforma por razones presupuestales.

 

Se ha dicho en medios que la reforma laboral trae aparejada una democratización de la vida sindical. ¿Esta aproximación es acertada?

En su origen, la reforma constitucional buscó que quien negociara un contrato colectivo de trabajo efectivamente cuente con la representación de los trabajadores tras haber sido legítimamente electo. Pero no habló de someter a votación la revisión del contrato colectivo o de legitimar los contratos existentes.

En ese terreno la reforma legal fue más lejos que la constitucional. Ahora bien, esto trae aparejado el problema de someter a acuerdo y votación de los trabajadores la revisión del contrato, porque el margen de representatividad e intermediación legítima del sindicato se ve seriamente afectado.

 

¿Dónde radica esta afectación?

Al final de cuentas, todos los argumentos y el proceso deliberativo que se llevó a cabo en el seno de la representación sindical para alcanzar un consenso es, por decir lo menos, desconocido por la gran mayoría de los trabajadores que tendrán que acudir a una urna a votar ese contrato.

Consecuentemente, pierde eficacia el proceso deliberativo y nos llevará a una circunstancia en la que cada revisión de contrato será muy similar a una campaña electoral, en que la labor de cabildeo la van a tener que realizar el patrón y el sindicato con la base.

Desde un punto de vista práctico se pierde el enfoque y la posibilidad de avanzar ordenada y sistemáticamente en la revisión del contrato colectivo. Esto es así pues el contrato se compone de cláusulas; entonces los trabajadores podrían definir su voto en contra cuando únicamente rechacen una cláusula en particular.

 

Si al final del día no se cuenta con el voto mayoritario de los trabajadores que serán cubiertos por ese contrato, no puede considerarse válido…

Es correcto. Podemos decir que la reforma legal también rebasó la reforma constitucional al incorporar el voto directo. Hay organizaciones sindicales a las que, por la cantidad de contratos que administran y por la cobertura a nivel nacional que tienen, les resultará verdaderamente complicado y costoso desahogar procesos con ese tipo de votación.

 

¿En qué aspectos?

Desde la instalación de los centros de votación hasta el traslado de los trabajadores, pasando por toda la logística alrededor del proceso. Tal vez esto nos permita evolucionar hacia el voto electrónico, utilizando las ventajas de las herramientas tecnológicas, pero aun así conlleva a pensar en los mecanismos que garanticen la secrecía y la individualidad del votante.

De lo contrario puede generar vicios que, el día de mañana, comprometan el resultado de una elección de un líder sindical, o el resultado de una constancia de representatividad, o el resultado de la revisión de un contrato colectivo.

 

¿Qué implicaciones trajo consigo la reforma laboral en cuanto a la revisión de los contratos colectivos?

Pensar en la revisión del contrato nos conduce a una esfera diferente y muy específica. El transitorio de la reforma obliga a que todos los contratos colectivos de trabajo sean revisados dentro de los próximos cuatro años. Desde el punto de vista constitucional, esto podría significar una invasión a la autonomía sindical y al principio de la autonomía de la voluntad.

Es tanto como imaginar que mañana saliera una reforma en materia de derechos de propiedad que ordenara que arrendador y arrendatario, por instrucción de la ley, tuvieran que revisar su contrato de arrendamiento.

 

Interesante analogía, pero muy ilustrativa…

Si lo pensamos bien, se excede un poco el alcance legal y nos lleva a un punto en que la voluntad del sindicato y la voluntad de los trabajadores, por un lado, y la voluntad de la empresa, por el otro, son suplidas por un mandato.

Y lo que es más delicado aún es que esta medida se haya justificado en el transitorio diciendo que es para cumplir el mandato constitucional, cuando acabamos de comentar que el mandato constitucional nunca habló de revisiones de contratos.

Asimismo, se implementó para cumplir un compromiso internacional contraído por nuestro país al suscribir el anexo del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá —que sustituirá al Tratado de Libre Comercio—, cuestión que podría derivar en haber comprometido en una esfera internacional la relación contractual de particulares.

 

¿Cuál es el alcance real de la libertad y la autonomía sindicales en el marco legal vigente?

La libertad sindical se tiene que entender no desde la perspectiva del sindicato, sino desde la de los trabajadores. Ellos son quienes tienen derecho o no a sindicalizarse, a pedir o no un contrato colectivo.

Sin embargo, como está redactada la ley vigente, nos lleva a un escenario en el que pareciera que el trabajador necesariamente tiene que escoger entre uno u otro sindicato, pero no se le da la posibilidad de decir: “No quiero sindicato, no quiero contrato colectivo, tengo mi contrato individual de trabajo, estoy contento con él”.

 

¿Esto quiere decir que la libertad sindical refiere a la libertad del trabajador de poder elegir lo que más le convenga?

Precisamente de ahí parte la libertad sindical, que a su vez está íntimamente ligada a la libertad de asociación. Como trabajadores no necesariamente debemos asociarnos. Si la persona tiene la opción de escoger entre la asociación A, la asociación B y la asociación C, lo lógico es que también tenga el derecho de elegir que no quiere ninguna de las tres.

 

Entonces, ¿la reforma laboral no garantiza la libertad sindical?

Más bien, como está redactada, puede generar una dificultad interpretativa en el sentido de que, cuando el trabajador diga “no quiero”, en esencia ese voto es nulo. Al final terminará ganando una de las organizaciones sindicales que, dicho sea de paso, ganará con la tercera parte, o, mejor dicho, con la mayoría dentro de una tercera parte del total de los agremiados.

Si estamos hablando de que participa 30 por ciento de los trabajadores y compiten tres sindicatos, con tan sólo 11 por ciento de la totalidad está allegándose de la representatividad de todos los trabajadores.

 

Un tema que llama la atención es que la reforma abrió la posibilidad de que los trabajadores manifiesten su voluntad de que no se les aplique la cuota sindical, en cuyo caso el patrón no podrá descontarla. ¿Qué repercusiones tiene esta disposición?

Es un tema delicado, que sin duda habrá que tomar en cuenta, pues aunque me parece que la medida es bien intencionada, porque lo que busca es salvaguardar el derecho del trabajador para exigir resultados a su organización sindical y decidir libremente aportar su cuota, esto impacta en la retención, más que en la obligación de pagar la cuota. Con esta disposición se convierte al sindicato en un recaudador, pudiendo llegarse a colocar en una situación de conflicto frente a su propio trabajador, para exigirle el pago de las cuotas.

 

¿Crees que esto pudiera viciar la legítima representatividad que puede tener un sindicato respecto del trabajador?

Sí y legalmente sería cuestionable que un sindicato se niegue a representar a un trabajador o a hacerle extensivo cualquier tipo de beneficio que se haya pactado con el patrón en función de que no ha pagado sus cuotas sindicales.

Se estaría colocando al sindicato en una situación difícil en su relación con el trabajador, sobre todo, pues éste subsiste de las cuotas. Si mañana no recibe esas cuotas, por más bien que haya hecho su labor de representación, se pone en riesgo la permanencia de la organización sindical.

 

¿Qué papel tendrá ahora la conciliación en materia laboral?

La reforma constitucional estableció la posibilidad de que tengamos una etapa de conciliación obligatoria previa al conflicto, ya que esta medida busca privilegiar el diálogo y la posibilidad de un arreglo antes de entrar en una etapa estrictamente contenciosa. Esto es, sin duda, muy positivo.

No obstante, donde veo un posible problema es en caso de un emplazamiento a huelga, puesto que éste no se presenta ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o ante los centros de conciliación locales, sino directamente ante el juez.

Esto implica que le estamos dando al procedimiento de huelga una naturaleza de origen contencioso; mientras que la conciliación previa también era esencial e importante para el proceso de huelga.

A pesar de esta situación, que se antoja compleja, reitero que es positivo que se quiera privilegiar el diálogo y la conciliación por encima del conflicto.

 

¿Cuál es tu perspectiva sobre el control de los procesos democráticos en el interior de los sindicatos?

Se dio al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral la facultad de dirigir los procesos electorales, con lo que se vuelve una especie de instituto electoral. Aunque administrativamente se entiende el propósito, es un punto que salta a la vista.

De manera particular, va a revisar el cumplimiento de los requisitos en el proceso electoral y, en su caso, puede ordenar una reposición del procedimiento. En consecuencia, considerando que el sindicato tiene la obligación de conservar la información durante cinco años, llego a la peligrosa conclusión de que la autoridad administrativa podría terminar resolviendo como ilegal un proceso electoral que se celebró hace cinco años, en cuyo caso los efectos podrían ser muy delicados, y más, tratándose de la revisión de un contrato colectivo.

Eventualmente, todos estos temas se van a tener que normar o se tendrán que ir resolviendo ante el Poder Judicial para definir criterios. Tal como está vigente, sí podría generar incertidumbre, lo que podría resultar costoso para todos.

 


 

Rafael Adrián Avante Juárez se ha desempeñado como abogado general y comisionado para la Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Social, como subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, como subsecretario del Trabajo y como director general de Inspección Federal en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

 

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