Rodolfo Félix Cárdenas

Desmintiendo algunos mitos del nuevo sistema penal acusatorio

 Rodolfo Félix Cárdenas

En esta entrevista Rodolfo Félix Cárdenas explica su visión del sistema de justicia penal acusatorio, analiza si debe reformarse y si realmente éste ha propiciado el incremento de los índices de inseguridad al permitir que los probables responsables de la comisión de un delito sean liberados con facilidad y regresen a las calles a delinquir nuevamente.

 

¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos al momento de implementar el sistema penal acusatorio?

Al momento de la implementación del sistema penal acusatorio nos encontramos con que los operadores no están a la altura de las exigencias. Éste es un tema fundamental, porque hubo muchos millones de pesos que se entregaron a los estados de la República y en la Ciudad de México para capacitar, y dicha capacitación no se está viendo reflejada a más de ocho años en que inició su implementación. Si bien hay entidades en las que se nota que sí se hizo un buen trabajo, hay otros lugares —por ejemplo, Morelos, Ciudad de México y Estado de México— en los que se observa en muchos operadores y juzgadores un desconocimiento sobre cómo funciona el proceso y sus reglas; destaca principalmente la actuación deficiente de la policía y del ministerio público, lo cual obedece a una capacitación defectuosa.

 

¿La introducción del sistema penal acusatorio ha incrementado la incidencia delictiva en México?

El sistema acusatorio no está diseñado para prevenir la comisión de delitos; para eso hay otros instrumentos jurídicos y otras acciones de política pública.

El incremento de la incidencia delictiva tiene que ver con el hecho de que el Estado no ha generado políticas públicas adecuadas, ni instrumentos eficaces que permitan una prevención efectiva del delito, ni su combate. La falla y el incremento de la incidencia delictiva es un problema de seguridad pública y debe atacarse a través de acciones preventivas y otras en el marco de la actuación policial, pero no es un problema del que deba culparse al sistema acusatorio.

Por ejemplo, sabemos que hay muchas armas que circulan por las fronteras; si cada vez hay más delitos cometidos con éstas, la solución está en establecer mayores controles para evitar que estas armas que ingresan al país lo sigan haciendo y, por ejemplo, crear políticas públicas de desarme. Se han realizado programas exitosos mediante los cuales los ciudadanos entregan sus armas a cambio de otros beneficios.

 

En relación con los delitos cometidos con armas de fuego, algunos políticos han promovido la incorporación del tipo penal de portación de armas a los supuestos en que opera la prisión preventiva oficiosa como respuesta al problema de inseguridad. ¿Esto es plausible?

La respuesta es un contundente no. Incrementar la lista de delitos de prisión preventiva oficiosa es un absurdo. Eso significa desconocer de base el sistema y actuar en contra del compromiso que México tiene con la comunidad internacional en el ámbito de la protección de los derechos humanos. Con ello se busca regresar al viejo sistema, pero disfrazado. No se puede decir, con una propuesta así, que somos un país democrático cuando en realidad manejamos dos caras. Se debe reconocer que estamos de acuerdo con el compromiso de proteger los derechos humanos, o ser muy claros y enviarle el mensaje contrario a la comunidad internacional, así como salirnos de los pactos o acuerdos que como país hemos suscrito en esta materia para que propuestas como ésas puedan hacer al menos un poco de sentido que no es sino propio de un régimen autoritario. Como políticos, lo que han hecho es vender espejitos a la sociedad desinformada.

Hay que decir las cosas como son: incluir más delitos en la Constitución es abrir la puerta para que el día de mañana se incremente todavía más el catálogo y acabemos por convertir a nuestra Ley Fundamental en un código penal y procesal penal. Entonces tendremos algo que podríamos denominar una “Constitución Penal Mexicana”.

Además, hay que advertir que con una reforma como la propuesta no se va a evitar que sigan circulando armas por las calles, ni van a disminuir los delitos que se cometen con ellas, ni ninguno otro. Más que una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales o a la Constitución Política como la que propone la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), lo que se necesita es fortalecer a los operadores del sistema, principalmente a las policías, y construir una política pública de prevención adecuada.

 

¿La actual pretensión de incorporar más delitos de prisión preventiva oficiosa atenta contra los principios del sistema?

La propuesta de la CONAGO pretende justificar los problemas de seguridad pública en la reforma que propone. Esto es perverso y es un gran error. Culpan a la ley y venden un discurso que no es sino puro populismo penal para espantar al ciudadano y, con ello, congraciarse para buscar ganar su aprobación. Esto, además de atentar contra los principios del sistema, fomenta la corrupción. Es común que las policías utilicen tácticas como la siembra de armas o de droga para obtener una flagrancia inventada y presentar a una persona ante el juez con el objeto de imponer prisión preventiva. Lo hacen para dar la apariencia de que cumplen con su deber. Entonces, cuando se le vende a la sociedad que habrá más delitos de prisión preventiva oficiosa, no se le dice que el riesgo más grande de sufrir esa prisión lo tiene el ciudadano común al que bien se le puede sembrar un arma, ser detenido y encarcelado sin derecho a probar ante un juez que esa arma se la sembraron.

La situación se agravará si se aprueba la propuesta de la CONAGO. Al menos, hoy el imputado puede debatir ante el juez y probar su inocencia, pero cuando la medida cautelar se impone de oficio, no podrá ofrecer pruebas y quedará preso en automático. La afectación de la libertad personal en la que se elimina el control judicial para ello, como se pretende, es atroz.

 

La contradicción de tesis 64/2017 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha generado mucha polémica por las declaraciones del jefe de gobierno de la Ciudad de México. En su opinión, ¿cuál es el fondo del proyecto del ministro Cossío Díaz?

Esta contradicción se generó porque cuando entró en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales para la totalidad del país, el artículo quinto transitorio estableció la posibilidad de que la prisión provisional impuesta en el sistema tradicional pudiera ser revisada por el juez de la causa en los términos del nuevo código y, en su caso, ratificarla, modificarla o revocarla, debiendo observar para esa decisión las reglas que impone el Código Nacional de Procedimientos Penales para imponer o no esa medida cautelar.

El problema fue que cuando los imputados acudieron a sus jueces para la revisión de la medida cautelar éstos ni siquiera abrieron audiencia para escucharlos. Hubo quien sí lo hizo, y entonces se generaron criterios contrapuestos y el asunto llegó a la Suprema Corte que finalmente resolvió que se debería dar derecho de audiencia cuando se solicita revisar la prisión preventiva y resolver conforme a las reglas del nuevo sistema.

El problema fue la malintencionada promoción pública que se le dio a la resolución; se dijo que iban a salir 4,000 personas de las cárceles, lo que generó miedo, como si se fueran a abrir las puertas del averno y ese número saliera al mismo tiempo y armados. Hoy se ha dado cuenta, según algún medio de información, que han salido aproximadamente 10,000 personas y nada ha sucedido. Ese fue un claro ejemplo de lo que se llama populismo penal. La Suprema Corte sólo dijo lo que dice la ley, esto es, que simplemente se revisará la medida y se resolverá conforme a las reglas actuales si procede revocarla, modificarla o confirmarla. No se trata de dictar una sentencia absolutoria, ni aplica para personas condenadas, sino sólo para las que enfrentan su proceso privadas de libertad. Tampoco aplica para todos los delitos, pues al deber observarse las reglas del acusatorio, se dejan fueran todos aquellos que conforme al actual texto del artículo 19 constitucional son delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa; por ejemplo, no aplica para delincuencia organizada, homicidios dolosos, violación, secuestro, trata de personas, entre otros.

 

En 2014 la Secretaría Técnica realizó un proyecto de ley para reglamentar el uso y manejo de las medidas cautelares. ¿Se requiere ese tipo de leyes para establecer otro tipo de medidas para que el imputado pueda seguir su proceso en libertad?

Esto no es necesario. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece de manera clara qué requisitos se necesitan para imponer las medidas cautelares. Lo que se necesita es un fiscal que prepare su caso antes de presentarlo, que reúna los elementos probatorios y estudie su argumento, y jueces congruentes.

Donde fallamos es en el invento de flagrancias o casos urgentes disfrazados, que al final no se sostienen técnicamente porque son violaciones constitucionales.

 

¿Las salidas alternas al juicio oral han funcionado?

Funcionan con menor eficacia de la que deberían. En algunas procuradurías, por ejemplo, los ministerios públicos llevan las investigaciones de manera mucho más lenta porque no quieren adelantarse a una acusación, a una audiencia intermedia o a una audiencia de juicio; congelan las carpetas y nada más están esperando el momento en que se propicia la regla de la salida alterna para deshacerse del problema, pero su aplicación es muy burocrática. En otros, se buscan arreglos aun cuando el Código no lo permite, lo cual genera cotos de corrupción. También hay estados en los que existen órdenes de los titulares de las procuradurías o las fiscalías para no aplicar dichas medidas; esto es así porque consideran que se debe dar la apariencia de que se están combatiendo todos los delitos, cuando en verdad atrofian la operación del sistema. Por esas circunstancias han surgido propuestas de reforma que pretenden que las salidas alternas no deban ser conocidas ni resueltas, ni por el ministerio público, cuando procede, ni por el juez, sino por órganos especializados, buscando así una mejor eficacia en su aplicación para evitar la corrupción.

 

¿Los criterios de oportunidad funcionan?

Los criterios de oportunidad tienen que ver con bagatelas; el problema con su implementación está en el control burocrático que existe en las procuradurías y que los vuelven ineficaces, precisamente por los diversos niveles de revisión. En este sentido, son inoperantes porque no se permite que el ministerio público asuma sus decisiones, sino que se ponen muchos controles para que se apliquen y eso los hace ineficaces. Nuevamente es un tema de gestión y de falta de confianza en el ministerio público motivada por la corrupción.

 

¿El juicio oral ha logrado una justicia más eficaz, es decir, los tiempos son más cortos?

Cuando el sistema se implementó se vendió una gran mentira. Se dijo que iba a haber condenas inmediatas. Eso no pasa en ningún lugar del mundo. Las condenas rápidas sólo se dan en el procedimiento abreviado, cuando el imputado se declara culpable y renuncia a su derecho de defensa. El juicio oral va a llevar tiempo porque el imputado tiene el derecho de preparar su defensa y es su decisión, incluso, tomar más tiempo para ello que los plazos que la Constitución establece para ser juzgado. Ahora bien, el sistema es más eficaz si el ministerio público realiza bien su trabajo y llega a juicio bien preparado. Si esto es así, y en verdad acusa a una persona responsable del delito, se puede asegurar una condena porque no se requiere una prueba plena: únicamente hace falta un estándar que rebase la duda razonable.

 

¿Qué haría falta para consolidar el sistema?

Primero, es necesario que la sociedad entienda de qué se trata. El gobierno debió y todavía debe establecer una política pública que informe a la sociedad.

Segundo, los medios de comunicación deben asumir una actitud respetuosa y congruente; hay muchas personas que escriben y desvirtúan la información mandando señales equivocadas. Si los medios de comunicación no comprenden el sistema, entonces no sólo no comunican lo que en verdad es o sucede, sino que desvirtúan el tema con esa información. Hay instituciones como el INACIPE y la Escuela Libre de Derecho que seguramente estarán dispuestas a dar clases gratuitas para ubicarlos. En la Libre ya se ha hecho.

Tercero, es importante fortalecer las bases de operación. Esto tiene que ver principalmente con la policía y los ministerios públicos, pero no escapan el resto de los operadores. Hay que exigir que los magistrados penales, quienes en muchos estados mantienen un nivel muy bajo de conocimiento o desconocen el sistema, se preparen.

 


 

Rodolfo Félix Cárdenas es abogado por la Escuela Libre de Derecho, especializado en ciencias penales en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad de Salamanca.

En 2006 fue nombrado titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, cargo que desempeñó hasta julio de 2008.

Es socio director de la firma Félix Cárdenas, S.C., especializada en sistema penal acusatorio.

 

 

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