Ruth Villanueva

Prisión preventiva y derechos humanos

Ruth Villanueva
Ruth Villanueva Castilleja, tercera visitadora general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y especialista en sistemas penitenciarios y derechos humanos, reflexiona en esta entrevista acerca de la prisión preventiva y las violaciones a la libertad, a la seguridad jurídica, a la integridad personal y al trato digno que podrían cometerse en contra de las personas sujetas a esta medida cautelar.

 

¿Cuál es el fundamento constitucional y legal de la prisión preventiva en México?

En el artículo 18 se señala que sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva, y que el sitio de ésta será distinto al destinado para la extinción de las penas, lo que debe traducirse en una clasificación penitenciaria tendiente a la separación completa entre personas procesadas y sentenciadas.

De igual forma, en el artículo 19 se señala en qué momento el juez ordena esta prisión preventiva, precisando como ejemplos los casos de delincuencia organizada y delitos graves.

En lo que hace a la precisión en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, la prisión preventiva penal se incorpora de igual forma en los artículos 19, 154 y 155, que, en términos generales, observan que la prisión preventiva será de carácter excepcional, señalándose la procedencia de ésta como medida cautelar.

¿En qué consiste la prisión preventiva?

La prisión preventiva es una medida cautelar que consiste en la pérdida de la libertad de los procesados cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio.

¿Qué elementos son tomados en cuenta por la autoridad jurisdiccional para dictar tal medida cautelar?

Que lo solicite el Ministerio Público, que garanticen el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, y que se trate de delitos de delincuencia organizada, de delitos graves como homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

¿Considera que la prisión preventiva es compatible con la presunción de inocencia?

En razón de que toda persona se debe presumir inocente y ser tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional, como lo establece el artículo 13 del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, la prisión preventiva como medida cautelar debe utilizarse de manera excepcional y además por el tiempo más breve que proceda, atendiendo justo a la presunción de inocencia.

¿Cuáles son las principales violaciones a derechos humanos que podrían cometerse en contra de las personas sujetas a prisión preventiva?

En las condiciones que actualmente se encuentran las personas procesadas privadas de su libertad, las violaciones a derechos humanos que pueden cometerse para con ellas abarcan, justo por esta pérdida de la libertad, las relativas a la seguridad jurídica, a la integridad personal, al trato digno y al debido proceso.

¿Sería acertado decir que la prisión preventiva atentaría contra el derecho a la integridad personal de los reclusos?

La prisión preventiva como tal no atenta contra el derecho a la integridad sino, como ya se señaló, puede hacerlo en virtud de que se van dando una serie de factores que así lo detonan; por ejemplo la sobrepoblación, pues hay que recordar que actualmente en México existe una población de más de 254,000 internos, dentro de los cuales casi 50 por ciento son personas procesadas, tanto del fuero común como del fuero federal, y en muchas ocasiones hay procesos con más de cinco años de duración, lo que conlleva una serie de consideraciones que violentan la integridad personal, como el hacinamiento, la carencia de atención y el tratamiento técnico con base en los cinco ejes constitucionales también señalados en el artículo 18 de nuestra Carta Magna.

A la luz de la reforma penal que dio inicio al nuevo sistema de corte acusatorio adversarial y oral, ¿la prisión preventiva sigue siendo una medida pertinente y apegada al espíritu de dicha reforma?

Esta medida cautelar está prevista, como ya se señaló, en nuestra normatividad de manera excepcional, por lo que así debe considerarse para estar efectivamente apegada al espíritu de dicha reforma, ya que de lo contrario se estaría inobservando su esencia, por lo que su reducción deberá impactar a partir del siguiente año cuando la implementación de este sistema de corte acusatorio se aplique en toda la República mexicana de manera apropiada.

¿Qué políticas públicas podría implementar el Estado mexicano en materia de seguridad pública que permitan una gradual reducción en el uso de la medida cautelar de prisión preventiva?

Un tema importante de este sistema es el relativo a la implementación de los mecanismos alternativos de solución de controversias, donde la desjudicialización y la oportunidad de llegar a soluciones han de permitir la gradual reducción de la prisión preventiva, y cuando esta medida cautelar se aplique, su duración deberá ser mucho menor.

De igual forma, la capacitación en el sistema penal acusatorio debe permitir una mejor administración de justicia, en la cual también los señalamientos conceptualizados en el artículo 1º constitucional deberán ser tomados en cuenta en todo momento, partiendo del respeto por los derechos humanos y el principio pro persona señalado de manera puntual.

¿De qué forma se garantiza que toda persona sujeta a prisión preventiva sea tratada con respeto irrestricto a sus derechos humanos?

Para que existan los resultados deseados debe partirse de poder contar con normatividad, recursos humanos e infraestructura que así lo permita.

La garantía parte así, primeramente, del cumplimiento de la normatividad establecida a nivel constitucional, en los instrumentos internacionales y en las leyes secundarias.

De igual manera, se garantiza el respeto por los derechos humanos cuando se cuenta con el personal y la infraestructura adecuada, en el primer caso con vocación y con el perfil que cumpla con los requerimientos específicos. Por lo que hace a la infraestructura, contando con los establecimientos que permitan una adecuada clasificación, como la señalada al inicio, para personas procesadas y sentenciadas, así como la relativa a hombres y mujeres, en su caso.

¿Cuáles son los supuestos en los que la autoridad jurisdiccional dicta la prisión preventiva oficiosa?

El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Respecto de la prisión preventiva oficiosa, ¿considera que deben replantearse sus alcances y los supuestos en que se dicta, o resulta adecuada en los términos actuales?

Es importante señalar que esta medida cautelar necesita análisis permanente, con el fin de llevar a cabo los planteamientos que sean necesarios. Todas las leyes son perfectibles y éstas deben estar al servicio del hombre; no éste al servicio de las leyes. La sociedad tiene necesidades y demandas que deben ser atendidas en las circunstancias y los tiempos, por lo que se debe reflexionar en todo momento para estar en oportunidad de acceder a planteamientos que ofrezcan los mejores resultados.


Ruth Villanueva Castilleja es licenciada y doctora en Derecho por la UNAM; maestra en educación familiar y desarrollo humano; especialista en sistemas penitenciarios y menores infractores y en prevención del delito y derechos humanos; especialista certificada en derechos de la niñez por el Instituto Interamericano del Niño de la OEA; perito en criminología; diplomada en medicina forense y Derecho familiar; mediadora certificada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, y capacitadora certificada por la SETEC.

Se ha desempeñado como subprocuradora de Derechos Humanos y Prevención del Delito de la PGR; titular de Política y Desarrollo Penitenciario de la Secretaría de Gobernación; presidenta del Consejo de Menores y titular de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación; directora general de Protección de Derechos Humanos de la PGR; directora general de la Unidad de Atención a la Víctima del Delito de la PGJDF; directora de Supervisión Penitenciaria de la CNDH, y directora de la Unidad de Atención y Tratamiento para Mujeres de la Secretaría de Gobernación, entre otros cargos. 

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