Saúl López Noriega

La Suprema Corte de Justicia bajo la lupa

Saúl López Noriega

 

Atento observador del quehacer de nuestro Tribunal Constitucional y sus ministros, Saúl López Noriega, investigador de tiempo completo del CIDE y editor del blog “El Juego de la Suprema Corte”, de la revista “Nexos”, nos habla en entrevista de su más reciente libro, “La Suprema Corte y su proceso de decisión: ni transparencia, ni calidad deliberativa”, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

 

  

Al inicio de tu libro La Suprema Corte y su proceso de decisión: ni transparencia ni calidad deliberativa te refieres a la reforma constitucional de 1995 impulsada por el presidente Ernesto Zedillo con el propósito, entre otros, de fortalecer las herramientas de control constitucional de la Corte. En tu opinión, nuestra Suprema Corte de Justicia se convirtió en un tribunal constitucional…

No, no es ortodoxamente un tribunal constitucional. Sigue conociendo de asuntos de legalidad, pero cumple plenamente esa función. Ha tenido un buen desempeño, en mi opinión. Su mejor época fue del año 2000 a 2010, pero habría que pensar en algunos ajustes.

 

¿Cuáles?

El hecho de que las resoluciones del pleno, en ciertos casos, sean tomadas por ocho de 11 ministros dificulta un adecuado control constitucional; a mi juicio, debería exigirse una mayoría simple. Otro tema muy relevante es el proceso de elección del ministro presidente: que sea cada cuatro años desgasta mucho la dinámica entre los ministros y claramente tiene repercusión en los casos que resuelven.

 

¿Qué esquema propondrías?

Que la elección sea rotativa, por ejemplo; tal vez por sorteo. O, en su caso, como en la Corte estadunidense, donde el cargo de presidente es vitalicio.

 

¿Y por qué consideras que es importante este tema?

Porque la presidencia se convirtió en un botín, ya que implica cargos por repartir, ejercicio de un presupuesto, influencia, etcétera.

 

Pero en México para eso surgió el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ¿no? Para que los ministros no tengan una gran carga administrativa.

Sí, esa era la idea. Y era buena, pero fue mal implementada. Originalmente, el Consejo iba a administrar inclusive a la Suprema Corte, lo cual estaba muy bien, pero vino la contrarreforma de 1999, que les concedió el presidente Ernesto Zedillo, y con ella el CJF administra y ejerce sus atribuciones en todo el Poder Judicial de la Federación, menos en la Suprema Corte. De ahí que el presidente de la Corte sí tiene excesiva carga administrativa que se traduce en influencia más allá de las funciones propias de la presidencia.

 

Ya que abordamos el tema del CJF, ¿qué otra reforma propondrías a su organización?

La elección de los consejeros. Considero que en este proceso no debería participar la Suprema Corte. Inclusive, tal vez no debería haber consejeros del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, tampoco es conveniente que el presidente de la Corte presida el Consejo; en mi opinión, deben ser ajenos a la administración.

 

Respecto a la Corte, en tu libro te refieres al proceso de deliberación.

Ése es otro tema: cambiar el sistema de deliberación; la calidad deliberativa es fundamental.

 

¿Por qué?

Porque si el proceso de decisión es malo, aunque tengamos buenos ministros no tendremos el resultado deseado, esto es, calidad en las sentencias.

 

¿Qué deficiencias adviertes en el proceso de decisión?

Primero me gustaría distinguir los tres momentos, a grandes rasgos, que se presentan para arribar a una resolución, y señalar puntualmente cuáles son, a mi juicio, las deficiencias del proceso de decisión.

Los tres momentos son la presentación, la deliberación y la sentencia. Los procesos de decisión en los tribunales constitucionales se dan a través de estas etapas: unas son públicas y otras secretas. Y, en principio, se deben organizar para cumplir dos objetivos claves: transparencia y calidad deliberativa.

 

¿Y cómo se desarrollan estas etapas en México?

La audiencia de las partes, por ejemplo, que es la primera, en nuestra Corte se desarrolla en secreto; esto es, las partes litigan solicitando audiencia al ministro ponente, para hacerle saber sus argumentos, lo que se conoce coloquialmente como alegatos de oreja, pero me parece que esta práctica, por decir lo menos, no es adecuada.

 

¿Qué sugieres?

Que esta primera parte sea pública, y que en ella los litigantes expresen públicamente y de forma oral sus argumentos, lo cual abona mucho a la transparencia, ya que ahora, como mencioné, las audiencias ante la Corte son secretas, a puerta cerrada y en el despacho de cada uno de los ministros, por separado.

 

¿Y respecto de la deliberación propiamente dicha?

En nuestro caso, las deliberaciones son públicas y mediáticas, ya que se transmiten por el Canal Judicial del Poder Judicial de la Federación. En mi opinión, esto va en perjuicio de una buena calidad deliberativa. La deliberación gira en torno del proyecto de sentencia que presenta el ministro ponente. (En algunos casos el proyecto se divulga antes del inicio de la discusión.) Finalmente tenemos que, entre la discusión y la votación de la resolución y la emisión por escrito de la decisión, pueden pasar meses, por lo cual el asunto pierde relevancia mediática una vez que es publicado y no puede socializarse con éxito.

 

Pero contribuye a la transparencia, ¿no? Y entiendo que tú pugnas por la transparencia.

Pugno por la transparencia, pero justo hay una confusión al respecto: el hecho de que un acto sea público y mediático no necesariamente lo hace transparente. Es más: la trasparencia tiene poco que ver con el ojo mediático. Que la etapa de deliberación sea pública y mediática no asegura transparencia en el proceso de decisión de la Suprema Corte y, además, arroja el costo de que esas discusiones sean pobres en cuanto a calidad.

 

¿Por qué?

Porque cuando la deliberación es pública y se transmite por televisión, los ministros tratan de congraciarse con una audiencia que rebasa a sus colegas; es decir, ya no tratan de convencer a sus pares, ni cambian su voto con base en los argumentos que se presentan. Su participación es para quedar bien con el público, no para convencer a sus colegas.

 

Esta etapa de deliberación, ¿cómo funciona en la Corte estadounidense?

Las deliberaciones entre los jueces son secretas, lo cual, en mi opinión, es correcto, porque permite, por un lado, asegurar un mínimo de imparcialidad y, por el otro, genera condiciones adecuadas para que los jueces puedan argumentar y deliberar en libertad, sin sentirse comprometidos al ser observados. Además, de esta manera se propicia que estén abiertos a la fuerza de los argumentos de sus pares y, eventualmente, cambiar de opinión sin asumir los costos de hacerlo en público.

 

¿No te gusta el Canal Judicial?

No, no en el aspecto de que transmite las deliberaciones de los ministros en vivo, ya que provoca el peor de los escenarios institucionales, pues los ministros trabajan en estrategias individuales, más que institucionales, por la presión que genera la exposición mediática, y la atención se focaliza en los ministros como individuos, quienes actúan y votan en función de su reputación, lo que provoca que el nivel del debate disminuya.

 

¿Qué opinas respecto de que a veces se socialicen los proyectos de sentencia antes de la deliberación de los ministros?

En principio, eso podría parecer positivo, porque se socializa un documento que definirá el punto de arranque de la discusión entre los ministros. Sin embargo, en realidad, publicar los proyectos de sentencia es un paliativo ante la falta de audiencias públicas. De manera que, si bien informan sobre las aristas del asunto en cuestión, también propician que haya juicios paralelos, lo que genera una expectativa frente a la opinión pública acerca de cómo se va a resolver, la cual tienen que sortear los ministros al momento de deliberar y votar. A su vez, los medios de comunicación se concentran en seguir el debate de los ministros y en registrar dimes y diretes, pero olvidan lo más importante, que vendrá en las siguientes semanas o meses, esto es, la sentencia correspondiente.

 

Esta sentencia, la resolución, constituye la tercera etapa, ¿cierto?

Sí. Y en el caso de nuestra Corte creo que tampoco manejamos adecuadamente esta etapa, ya que al ser públicas y mediáticas las discusiones entre los ministros, nos enteramos de la decisión en sentido jurisdiccional cuando termina la deliberación y la votación; sin embargo, hay un desfase entre este momento y la publicación del documento con los argumentos definitivos —la sentencia como documento— que, como comenté, se publica semanas o incluso meses después de que se tomó la decisión, con lo que se pierde la fuerza informativa y argumentativa de ese documento.

 

Y en ese sentido, ¿cuál es tu propuesta?

Me gusta el modelo de la Corte estadounidense; en su caso, se da a conocer a la opinión pública, en un mismo momento, la sentencia como decisión judicial y también como documento, lo que propicia que los medios cubran ambos aspectos, con lo cual la Corte, como señala el académico Richard Davis, logra dirigir la atención del público a sus productos, que son las sentencias, y no a ellos como individuos.

 

En conclusión, ¿cuál es el mecanismo que propones?

En términos generales, que las audiencias de las partes ante los ministros sean públicas, que las deliberaciones entre ministros sean secretas y que las sentencias sean públicas, que hoy en día ya lo son, aunque habría que empatar sentencia como decisión judicial y como documento.

 

Para finalizar, ¿cuál es tu opinión acerca de que un ministro acuda a eventos sociales, por invitación de personas que tal vez más adelante, con motivo de algún asunto, le puedan acarrear un conflicto de intereses?

Creo que, como ocurre en Alemania y en Estados Unidos, los jueces deben aislarse de la vida política, de los poderes representativos y de los poderes económicos para evitar suspicacias. Lo contrario es un error, una falta de cuidado que no abona a la legitimidad del juez.

 


 

 

Saúl López Noriega es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y doctor en filosofía política y Derecho constitucional por la Universidad Autónoma de Madrid.

Coordina el proyecto Monitor Judicial, cuyo objetivo es estudiar de manera empírica el comportamiento de los ministros de la Suprema Corte. Es colaborador regular, en temas jurídicos y políticos, de la revista Nexos y de barras de opinión en diversos medios de comunicación como Es la hora de opinar (ForoTV).

Asimismo, es autor de Democracia, poder y medios de comunicación, El IFE frente a los medios de comunicación, Elección presidencial 2012: análisis de su impugnación y Transparencia y el nuevo sistema de derechos humanos, entre otras publicaciones.

Actualmente es investigador de tiempo completo de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas.

  

5559-2250 / 5575-6321 / 5575-4935 - Aviso de Privacidad - Términos y Condiciones

El Mundo del Abogado