Ulrich Richter

Dilemas de un abogado postulante

Ulrich Richter

 

¿Cuáles son los riesgos que implica para los abogados la defensa de los clientes y cómo se deben resolver los dilemas éticos de la actividad profesional? Ulrich Richter, abogado reconocido por la defensa de casos de alto impacto —como le que lo involucró personalmente en contra de Google— y por habérsele otorgado un amparo para el uso lúdico de la mariguana, nos ofrece sus reflexiones al respecto de estos temas.

 

 

Como abogado postulante de alto perfil, ¿qué representa para ti que algunos de los juicios que has llevado hayan marcado una agenda pública?

Como abogados postulantes hay que tener una visión estratégica, innovar en los argumentos y atender de manera constante la evolución del Derecho; no sólo quedarnos en los juicios simples, como la cobranza de un pagaré, sino atender cuestiones que permitan repensar las cosas novedosas y realizar litigio estratégico.

 

A lo largo de tu carrera profesional has tenido algunos clientes polémicos. Al momento de defenderlos, ¿has enfrentado problemas que pongan en tela de juicio tu ética personal y tu actividad profesional?

El abogado postulante se debe al cliente. Sí, he tenido clientes polémicos, pero cuando se defiende a una persona, lo que se hace es cumplir la función de abogado. Esto puede incomodar a algunos individuos que suelen enderezar críticas al ejercicio profesional. Sin embargo, hay que atender al cliente y asumir la crítica con madurez, respetando las opiniones de terceros sobre nuestro ejercicio profesional.

 

¿Alguna vez has enfrentado algún peligro durante la defensa de algún cliente?

Ser abogado siempre entraña algún peligro, e incluso riesgo para la integridad personal, pues hay gente a la que le molesta la defensa de asuntos en los que tienen intereses.

 

¿La oralidad ha modificado la forma de concebir el Derecho procesal?

La forma en que nos expresamos cuenta mucho. Desde mis años de estudiante, estuve acostumbrado a la oralidad, porque así eran mis exámenes. Ahí descubrí que tenía 20 minutos para defenderme y comencé a utilizar todos los recursos orales que poseía para tratar de acreditar que conocía el tema y demostrarlo ante los sinodales. Esto me ayudó mucho porque hoy es fundamental utilizar la comunicación para convencer a un tribunal de justicia penal por la vía de la oralidad.

 

¿Qué diferencia hay entre los casos que has llevado en torno a la libertad de expresión y la demanda que iniciaste contra Google por daño moral por un blog que publicaba notas contra tu persona?

Durante mi trayectoria profesional asumí la defensa de la revista Proceso y también de muchos periodistas como José Ramón Fernández y Patricia Chapoy, cuando todavía no se derogaba el delito de difamación. Siempre he sido defensor del derecho a la libertad de expresión, y si bien parecería que este derecho puede entrar en conflicto, lo cierto es que el caso de Google no es un tema del mismo tipo porque el blog no ofrece notas periodísticas que se encuentren en el marco del derecho a la información. Son noticias falsas.

 

El caso Google engloba una reflexión en torno de los derechos de las personas en contraposición con la libertad de expresión. ¿Cómo se llega a un punto de encuentro entre estos dos derechos?

El punto central del caso de Google es el tema de la dignidad de las personas, como derecho fundamental que debe estar por encima de cualquier defensa que quieran hacer los gigantes tecnológicos. Es claro que no estamos ante una noticia, sino ante fake news. Y de acuerdo con la reforma de 2011 y con el principio pro persona se debe privilegiar el respeto a los derechos fundamentales, pero sobre todo el derecho a la dignidad. El fondo del asunto de Google se centra en la creación de un blog ilegal realizado sin mi autorización, que atenta contra mi dignidad, además de que es una noticia falsa. Por tanto, tratándose de una noticia falsa, no existe conflicto con la libertad de expresión, sino al contrario: las noticias falsas son un atentando contra la libertad de expresión.

 

La discusión de las fake news ha motivado que legisladores promuevan iniciativas que buscan tipificar una vez más el delito de difamación. ¿Qué tan viable sería volver a penalizar los delitos contra el honor?

La derogación del delito fue positiva porque cualquier persona lo denunciaba con el propósito de atacar el derecho a la información para censurar o coartar la actividad periodística. Además, el elemento esencial de comunicación dolosa del tipo penal de difamación casi nunca lograba acreditarse, por lo cual 98 por ciento de las denuncias no prosperaba. Para eso quedó la institución del daño moral.

 

La discusión de las fake news abren un debate sobre la necesidad de regular internet. ¿Cómo hacerlo?

Yo soy muy pragmático: regular internet va a llevar muchos años. Google tiene políticas que señalan que está prohibido divulgar, en un blog, acciones o información que fomenten una actividad ilícita. Antes de entrar en un debate polémico en torno de la libertad de expresión y de información en internet, lo que se debe hacer es fomentar que las empresas cumplan sus políticas en el marco de un programa de compliance, destinando recursos suficientes para ese fin.

 

En relación con la sentencia a tu favor en el uso lúdico de la mariguana, ¿hasta qué punto consideras que el Estado está legitimado para determinar qué se puede consumir y qué no?

Eso es parte del fondo de la sentencia. No pueden existir prohibiciones que limiten el libre desarrollo de las personas. Todos tenemos derecho a decidir si queremos o no fumar; es parte del derecho a elegir y es un eje fundamental de la dignidad de las personas.

 

Una de las contradicciones de la sentencia de la Corte es que permite consumirla, pero prohíbe adquirirla. ¿Cómo solventar esta incongruencia?

Esa es una reflexión que dejó sembrada el voto particular del ministro Pardo. Los otros votos advierten que es necesario atender el fondo del asunto e iniciar una discusión o un gran debate que los otros poderes de la Unión no han llevado a cabo. El Poder Judicial de la Federación ya está planteando una agenda mediante el activismo ciudadano para fomentar que se aborden temas polémicos en la agenda nacional. Con esto se podrá debatir para que se reglamente y se solventen esos vacíos.

 

La discusión en torno del consumo lúdico de la mariguana y la ilegalidad de su adquisición, obliga a abordar el tema de su comercialización. ¿Cómo atender el tema cuando además inciden agentes económicos y grupos de interés?

La sentencia de la Corte es muy tajante en relación con que la mariguana no se va a comercializar. Podrá haber amparos y se reglamentará el consumo, pero no se admitirá la comercialización. Lo importante de este asunto es que la sentencia obligará a discutir un tema que ha estado en la agenda política y que no ha sido abordado.

Hay que ir paso a paso y partir de que el consumo lúdico tiene que ver con un derecho y con el libre desarrollo de la persona, pero que la distribución y la comercialización forman parte de una discusión distinta.

 

 


 

 

Ulrich Richter Morales es abogado por la Escuela Libre de Derecho y maestro en ciencias penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales.

Se ha desempeñado como abogado postulante en la firma Richter, Ramírez y Asociados, S.C. —en materias penal, civil y de amparo—, y como activista ciudadano.

Ha sido integrante del Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República (de 2006 a 2011), secretario del Consejo de la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica, A.C. (de 2008 a 2011), y secretario general de la agrupación Ciudadanía y Democracia.

Es autor de los libros De la protesta a la participación ciudadana y Manual del poder ciudadano.

  

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