Victoria Ortega

Cómo funciona la abogacía en España

Victoria Ortega

Colegiación obligatoria, control deontológico, régimen disciplinario, defensa de los derechos fundamentales, formación continua y uso de la tecnología son sólo algunos de los rasgos que caracterizan a los abogados españoles. De ello nos habla Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española.

  

El Consejo General de la Abogacía Española a su cargo coordina y representa a los 83 colegios que hay en el país. ¿Cuál es la esencia y los objetivos de este consejo?

Ejercemos la representación de toda la abogacía española constituida por los 83 colegios. Las instituciones de la abogacía tienen el sentido de formación, control y defensa de la actuación del letrado frente a la propia ciudadanía, lo cual quiere decir que tratamos de garantizar que los servicios que se presentan a la ciudadanía por parte de los abogados y las abogadas sean de excelencia.

Las instituciones colegiales se dedican, por un lado, a la formación, desde el acceso a la profesión de la abogacía por medio del grado en Derecho hasta la formación continua. Con esto se busca que los ciudadanos estén absolutamente seguros de que los abogados que los defienden están perfectamente formados y actualizados.

En segundo lugar está la deontología, con la cual se busca que la actuación en cada caso sea conforme a las normas, que además son de carácter imperativo y tienen un aspecto sancionador cuando se incumplen; las instituciones garantizan que eso se lleve a cabo.

Otro bloque esencial es la defensa de los derechos fundamentales y constitucionales, los cuales se fomentan desde las instituciones de la abogacía. Desde el punto de vista de la ciudadanía, todo esto justifica la necesidad de la colegiación. Las personas necesitan abogados perfectamente formados, con control deontológico y que sean defensores de los derechos fundamentales.

El consejo general dirige estos bloques en todos los colegios y, sobre todo, representa la unidad frente a los poderes públicos. Obviamente, unidos tenemos mucha más fuerza.

 

¿Podríamos asegurar que es una asociación independiente y autónoma de cualquier otro poder?

Es absolutamente independiente y autónoma. Lógicamente se sujeta a la legalidad, pero no depende de ninguno de los poderes del Estado.

 

¿Qué representa para usted ser la voz del Consejo General de la Abogacía Española y en qué temas puede fijar su posicionamiento?

Es un enorme orgullo presidir la abogacía española. Cotidianamente nos estamos pronunciando en muchos temas; destaco el servicio de asistencia jurídica gratuita, por la importancia que tiene y por ser un servicio público fundamental.

Conforme a nuestra Constitución, el acceso a la justicia es un derecho garantizado para cualquier ciudadano con independencia de sus medios económicos. Hacemos que el acceso a la justicia se dé en condiciones de igualdad, con la mejor defensa posible. Es un servicio público que se presta con 85 por ciento de satisfacción entre los usuarios. Y esto hay que cuidarlo.

También estamos trabajando en el ámbito de la Ley de Acceso. Buscamos que en las pruebas que se realizan efectivamente se acredite que el aspirante dispone de las competencias y las habilidades necesarias para ejercer la abogacía.

Otro ámbito en el que estamos trabajando mucho es en el de la igualdad; queremos alcanzar una igualdad real y efectiva en la abogacía. Actualmente representamos a 48 por ciento de los abogados. Las compañeras más jóvenes, que van de 25 a 40 años de edad, ya superan el número de mujeres respecto del de varones. Sin embargo, en los puestos de representación estos números bajan absolutamente: todavía existe el techo de cristal.

Hemos creado una comisión de igualdad, estamos por aprobar un plan de igualdad para la abogacía y realizamos muchas actuaciones públicas para visibilizar la cuestión. En el ámbito normativo trabajamos en propuestas sobre violencia de género.

 

La trata de personas es considerada la esclavitud del siglo XXI; es un tema interno y transfronterizo. ¿Cómo atienden este tipo de delitos y con qué propuestas cuentan para reducir el número de casos?

Fundamentalmente actuando en tres órdenes; uno es el de la formación: la asistencia letrada necesita tener perspectiva de género. Hay que entender que no todos los problemas se atienden igual y se solucionan de la misma manera. Otro son las propuestas normativas. Y también abordamos el tema de la sensibilización de la sociedad, pues parece que lo que no se ve o de lo que no se habla no existe; pero hay que hablarlo y ponerlo sobre la mesa. La gente tiene que ser consciente. En ocasiones trabajamos con la directora cinematográfica Mabel Lozano, quien ha dado seguimiento al tema de la trata de personas y difunde sus hallazgos.

 

En esta era digital, ¿cómo ha sido la transformación de la abogacía en el uso de las nuevas plataformas?

Hemos tenido una transformación digital total y absoluta en todos los niveles. El consejo fue pionero de la firma electrónica cuando todavía no se hablaba de ella. Ahora estamos avanzando en los expedientes digitales y también contamos con un sistema de gestión para los despachos y los colegios.

Cada cuatro años se celebra el Congreso Nacional de la Abogacía. En mayo de 2019 se llevará a cabo el siguiente, que tiene como lema: “Fuimos presente y somos futuro: una abogacía transformadora”. Queremos plantear todo lo que supone un avance tecnológico como un reto y una oportunidad.

Estamos en un momento en que la tecnología parece una amenaza. Se piensa que nos vamos a quedar sin clientes y que la inteligencia artificial nos va superar. Nosotros tratamos de ver la oportunidad para que la tecnología sea una herramienta de ayuda. No se trata de sustituir a nadie; más bien es una cuestión de sumar para ser más eficientes.

 

Sobre este mismo esquema, ¿qué retos enfrenta el gremio jurídico en materia de delitos informáticos?

El tema de la ciberseguridad es fundamental y exige un control normativo sobre el cual hay que avanzar mucho. Creo que las posibilidades son muy amplias. Por ejemplo, en el consejo tenemos una fundación que trabaja sobre derechos humanos y cooperación internacional; este año abordamos los delitos de odio con base en la vulneración del secreto profesional, porque ésta aniquila la confidencialidad de la profesión.

 

¿Qué estrategias implementan para frenar las nuevas formas de organización de redes terroristas, que cada vez se vuelven más presenten en internet?

No es fácil. Estamos trabajando con el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, tratando de no asustar a la gente, pero sí creando conciencia. No podemos vivir asustados; hay que ver los medios para evitarlo. Recordemos que estamos sumergidos en una cultura de protección de datos que nos exige tener control y normas de seguridad.

 

Los altos índices de violencia en México han propiciado un incremento considerable del número de víctimas. Para atenderlas, se plantea la opción de transitar hacia una justicia transicional, acompañada por una política de reparación integral. ¿Qué opinión podría darnos al respecto?

La reparación integral es un tema de gran actualidad, pues estamos trabajando fundamentalmente con víctimas de violencia de género.

Considero que debemos atenderlo no sólo mediante declaraciones. También hacen falta medios, porque muchas veces nos ponemos de acuerdo en protocolos magníficos, pero se adolece de medios.

El fracaso y la insatisfacción todavía son mayores, porque cuando se anuncian reformas que aseguran que terminarán con las injusticias, se alienta a la ciudadanía. Y el fracaso constituye una tragedia que adviene por carecer de medios.

 

Disminuir el número de casos de corrupción parece ser el ideal de nuestras instituciones actuales. ¿Desde el consejo cómo abordan y sancionan las malas prácticas? ¿Y qué recomendaciones propone para un combate efectivo?

Nosotros tenemos un código deontológico y un régimen disciplinario. Frente a la existencia de una denuncia se sigue un expediente disciplinario con todas las garantías de defensa, y hay todo un régimen de sanciones que imponen los colegios y el consejo, que van desde multas hasta expulsión.

 

Platíquenos sobre la Medalla al Mérito en el Servicio de la Abogacía.

Es una medalla que se otorga al mérito en el ejercicio profesional. Generalmente, para recibirla los candidatos son propuestos por los colegios, por los propios compañeros e incluso por la sociedad. Es un gran aliciente para los abogados.

Ahora que estamos renovando el código deontológico hemos querido escuchar a la sociedad para conocer qué espera de nosotros. Creo que es fundamental escuchar.

 

¿Cómo definiría a un buen abogado? ¿Qué características debe tener un profesionista para desempeñar dignamente el cargo?

En principio debe contar con la formación tradicional y ser consciente de que todos los días debe estar aprendiendo, porque las normas cambian continuamente, y si no cambia la norma propia cambia su forma de interpretación, porque todo se va adaptando a los cambios y a las realidades sociales.

De cuando yo empecé a ejercer no tiene nada que ver con lo que tenemos hoy. Esta capacidad de adaptación es absolutamente necesaria.

También es importante tener presente que el trabajo que desempeñan los abogados es para la sociedad, y frente a ella debe haber normas de comportamiento y de actuación en el marco de la deontología, tanto para sus clientes, como para los tribunales y para sus compañeros.

 

¿Cómo se protege la defensa de la defensa del abogado?

Creo que es fundamental que exista una Ley Orgánica del Derecho de Defensa; por ejemplo, que todos sepamos lo que ampara y lo que no. Preparamos un anteproyecto, que ya pasamos al Ministerio de Justicia y a todos los grupos políticos con representación parlamentaria. Nuestro propósito es que ellos lo estudien.

 

¿Qué mensaje daría a los detractores de la colegiación obligatoria?

Considero que las agrupaciones mexicanas —tanto el Consejo, como la Barra, el Ilustre y la ANADE— están haciendo precisamente lo que tienen que hacer; esto es, trabajar en los puntos que hemos abordado, de manera que sea la ciudadanía la que determine que la colegiación sea obligatoria.

La sociedad debe conocer los beneficios de la colegiación, de su formación y de su actuación. Ése es el camino y desde ahí se convencerán los propios poderes públicos. No estamos hablando de privilegios para abogadas y abogados, sino dando ventajas para la sociedad. Hace falta que la sociedad se dé cuenta de la actuación de un abogado colegiado.

 

En México no tenemos cifras exactas sobre el número de abogados que ejercen la profesión. ¿Ustedes cómo regulan este tema?

No tener una colegiación obligatoria propicia el intrusismo. Por eso es tan necesaria. El día que se expulsa o se suspende a un abogado se notifica a todos los tribunales para que sepan que aquél no puede seguir interviniendo en un proceso. El consejo tiene un registro de toda España y puede ser consultado por cualquier persona para saber si un abogado está colegiado o no.

 


 

Victoria Ortega Benito es licenciada y doctora en Derecho por la Universidad de Valladolid.

Inició su carrera profesional como abogada en 1981. Fue decana del Colegio de Abogados de Cantabria entre 2000 y 2008, siendo la primera mujer en acceder al cargo en los 164 años de existencia del colegio.​ Entre 2002 y 2008 fue vicepresidenta del Consejo General de la Abogacía Española. De febrero de 2011 a diciembre de 2015 desempeñó el cargo de secretaria general del Consejo. En las elecciones celebradas en enero de 2016 fue elegida presidenta de Consejo General de la Abogacía Española.

Desde 1992 es profesora titular de Derecho Procesal de la Universidad de Cantabria.

  

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