Yasmín Esquivel Mossa

“Urge consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción”

Yasmín Esquivel Mossa

 

 

En sus oficinas del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, Yasmín Esquivel Mossa nos recibe con semblante sereno pero firme, y sentencia que si el Sistema Nacional Anticorrupción no empieza a dar resultados, la gobernabilidad del país estará en un grave riesgo, pues de su debida puesta en marcha depende retomar la credibilidad en las instituciones públicas.

 

 

A tres años de aprobada la reforma constitucional, ¿cómo evalúa la actuación del Sistema Nacional Anticorrupción?

El Sistema Nacional Anticorrupción constituye un gran avance en la vida institucional de México. La reforma ocurrió en un momento crucial para la vida de México. Por un lado, estaban en auge los groseros escándalos de corrupción, mediante la cual los servidores públicos y sus mal llamados socios abusaron del poder público para hacerse ricos; por el otro, los servicios que debe brindar el Estado y que se solventan con el dinero de los impuestos de los ciudadanos no cumplían —y siguen sin cumplir— las expectativas de quienes los pagamos; todo esto en un entorno en el que los salarios no alcanzan para mantenerse con decoro, inicia el alza de combustibles y la inflación crece, al mismo tiempo que la inseguridad no cesa y deja a las personas en indefensión.

Ante esta situación, la respuesta fue un verdadero triunfo democrático, pues es producto del esfuerzo de la sociedad civil que logró hacer que las instituciones de gobierno se sentaran a negociar con los ciudadanos, en un plano de igualdad, para crear un nuevo sistema, dotado de una institución rectora conformada por personas ajenas a la vida político-partidaria del país, que tiene como objetivo principal prevenir, vigilar y sancionar la comisión de actos de corrupción.

Se crearon instancias rectoras y de coordinación y se brindaron mayores facultades a otras que ya existían. ¡Vaya! Fue una gran transformación jurídica, un nuevo paradigma del que, a tres años de distancia, podemos afirmar que no ha tenido avances reales y palpables que permitan calificar su actuación.

 

Pero ¿por qué afirma que no ha tenido avances si hace poco más de un año fue nombrado el Comité de Participación Ciudadana y la mayoría de las entidades federativas han creado sus sistemas locales anticorrupción? Sobre todo, considerando que gran parte de las instancias que participan en él ya existían.

Sin duda, el hecho de que exista un Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción en la mayoría de las entidades federativas representa un avance, así como que las otras instituciones participantes, como la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y el Instituto Nacional de Acceso a la Información, los Consejos de la Judicatura y sus instancias espejos en los estados y en la Ciudad de México, cuenten con mayores facultades para combatir la corrupción. Sin embargo, estas acciones no pueden completarse adecuadamente hasta que todas las instituciones que conforman el sistema estén debidamente creadas, con los titulares nombrados y otorgados los recursos necesarios y suficientes para desempeñar sus funciones. Situación que, hasta el día de hoy, no ha ocurrido. Para hacerlo más gráfico: el Sistema Nacional Anticorrupción no está manco, pero sí está cojo; tiene brazos, pero no pies y piernas que lo sostengan.

 

Entonces ¿cómo calificaría la actuación que ha tenido el Comité de Participación Ciudadana en este año y meses que tiene de haber sido nombrado?

El papel prioritario de este comité es encabezar el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción que, como comenté con anterioridad, no puede funcionar en su totalidad mientras no se realicen los nombramientos faltantes. Cierto: ya están todos sus integrantes; sin embargo, éstos no pueden concretar ninguna acción hasta en tanto hayan sido nombrados todos los operadores del sistema. Ya existen cabezas que ordenen, pero no hay brazos ni piernas que ejecuten esas órdenes.

Por todo esto, podemos afirmar que el Comité de Participación Ciudadana no ha podido realizar acciones contundentes que coordinen el Sistema Nacional Anticorrupción. Lo anterior, por la falta de instituciones operativas, como la Fiscalía General y, consecuentemente, la Fiscalía Especializada, así como por la ausencia de los nombramientos de los magistrados que se encargarán de sancionar los actos graves de corrupción.

 

Pero… ¿no podrían hacer más con lo que tienen? Es decir, el Comité de Participación Ciudadana tiene facultades y obligaciones que ya puede ejercer, como proponer los formatos para generar las declaraciones patrimoniales. ¿Por qué no lo ha hecho?

Yo creo —y esto es mera especulación— que no lo ha hecho porque el Comité de Participación Ciudadana ha enfocado sus esfuerzos en promover la consolidación de los sistemas locales anticorrupción que, dicho sea de paso, son piezas claves en el funcionamiento del sistema nacional. Mientras no se constituyan los sistemas locales, el sistema nacional no podrá funcionar adecuadamente. Una muestra de lo anterior han sido los diversos amparos y los comunicados que han instrumentado a lo largo de este año, con respecto a los sistemas locales anticorrupción.

Ahora bien, también existe la imposibilidad presupuestal, pues es un hecho que comenzaron su vida institucional de forma muy precaria. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tardó mucho tiempo en brindarles lo necesario para que operaran. Asimismo, se demoró en concretar el andamiaje jurídico para ejercer los recursos públicos que se les asignaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Por otro lado, la falta de operación y concreción de las instituciones del sistema impide avanzar en las cuestiones operativas y en las propuestas para la elaboración de formatos e informes.

 

Dicho de otro modo, ¿el Sistema Nacional Anticorrupción no ha empezado a funcionar?

Pues no. La verdad es que apenas se han comenzado a realizar acciones aisladas y de poca trascendencia para la vida de la República y para la consolidación del sistema. Y eso es verdaderamente preocupante, porque jurídicamente estamos en falta tanto con la Constitución como con las disposiciones transitorias de los decretos de la legislación secundaria.

 

¿Estas faltas tendrán alguna consecuencia? Es decir, ¿habrá alguna sanción por incumplir estas disposiciones?

Jurídicamente no hay una consecuencia para las instancias que incumplan con los plazos y los términos que, dicho sea de paso, se autoimpusieron en el Congreso de la Unión. Sin embargo, existe una sanción que es más significativa y tajante: la pérdida de legitimidad de las instituciones, que no es otra cosa que la pérdida de credibilidad y fuerza ante la sociedad.

Para hacerlo más claro: la sanción social es palpable, como se evidenció en el pasado proceso electoral. La gente, a través del sufragio, castigó a quienes —considera— la ha traicionado por haber abusado del poder del Estado. Comenzando por los partidos políticos que cada día son más repudiados por los ciudadanos, y siguiendo por los legisladores, que no han sabido dar una respuesta contundente para abatir este mal; por el contrario, pareciera que ven en este proceso de consolidación y puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción una oportunidad para colocar “cuotas y cuates”, lo que es diametralmente distinto a la naturaleza y el objetivo del sistema.

 

El panorama que nos muestra es, por decir lo menos, desalentador. Pareciera que el Sistema Nacional Anticorrupción estuviera condenado a ser letra muerta, pues —por su dicho— no ha podido ser puesto en marcha debido a cuestiones ajenas a su mera aprobación y a las instancias que lo conforman. ¿Cree que sería posible que el sistema pueda recobrar su camino y consolidarse como lo que fue concebido: una herramienta eficaz para prevenir y sancionar la corrupción?

Primero que nada, quisiera aclarar que soy una ferviente convencida de este sistema. Su origen y sus objetivos son de la mayor trascendencia para la vida del país. Por eso es indispensable que quienes formamos parte de éste pongamos todos nuestros esfuerzos para hacer que ese sistema funcione y, a la brevedad, comience a dar resultados.

Por otro lado, todas las instituciones que ya existían y que fueron dotadas de facultades nuevas vinculadas al Sistema Anticorrupción, contamos con toda la infraestructura, los recursos y los medios para que entre en operación. Pese a las restricciones presupuestales, pese a malos augurios, ya estamos listos. Lo que falta es la voluntad política para nombrar a quienes habrán de ejercer las funciones de especialización. En el caso de los tribunales, tanto el federal como los de las entidades federativas —en especial en la Ciudad de México— sólo falta que la voluntad política y la responsabilidad de los legisladores se materialice en nombramientos que cumplan a cabalidad con las expectativas de la gente y con los criterios que ordena la ley.

 

Usted afirma que las instancias están listas para comenzar a operar. En el caso especial del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, ¿qué han hecho, siguiendo con la afirmación de que se ha hecho todo lo que está en sus manos para que el sistema comience a operar?

Desde que se publicó la reforma constitucional en el tribunal hemos instrumentado diversas acciones que tienden a ese propósito. En primera instancia, por acuerdo de la Sala Superior, comenzamos el estudio jurídico de la reforma. No obstante las restricciones presupuestales, creamos un área encargada del seguimiento y el análisis de las implicaciones que tendría el nuevo sistema.

A la postre, tras la publicación de la legislación secundaria, instituimos un grupo de estudio para conocer y especializarnos en la operación, las facultades y las funciones de todas las instituciones que conforman dicho sistema, para después, con el apoyo del Instituto de Especialización en Justicia Administrativa, dirigido entonces por el recientemente fallecido ministro en retiro don Carlos de Silva y Nava, elaborar un documento de trabajo, con el objetivo de que éste fuera entregado a los legisladores de la capital, como una aportación del tribunal a la consolidación del nuevo Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México.

Asimismo, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, dirigida por la maestra Arely Gómez González, y la Dirección General de Televisión Educativa de la Secretaría de Educación Pública de la Federación, elaboramos un programa de capacitación en el Sistema Nacional Anticorrupción que, por la plataforma tecnológica utilizada, nos permitió capacitar y certificar a poco más de 14,000 servidores públicos de los niveles federal, local y hasta municipal.

Por otro lado, en la Ciudad de México todas las instituciones que formamos parte del Sistema local Anticorrupción, que ya estamos constituidas, nos hemos dado a la tarea de realizar un Programa General de Capacitación para todos los operadores, que es muy ambicioso pero que —estamos convencidos— habremos de llevar a muy buen puerto.

 

¿Ustedes elaboraron los proyectos de leyes orgánicas y de justicia administrativa de la capital del país?

Nosotros elaboramos un documento de trabajo que entregamos con toda responsabilidad a la Asamblea Legislativa, como parte de un esfuerzo conjunto, encabezado por el gobierno de la ciudad, que fue el Consejo Interinstitucional Preparatorio para la Implementación del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México.

El documento que entregamos fue analizado y modificado, en más de 80 por ciento de su contenido, por los diputados a la Asamblea Legislativa. Esto es parte del proceso legislativo y es algo muy común. Durante ese proceso fuimos consultados por algunas cuestiones técnicas; sin embargo, los temas fundamentales, como la organización del tribunal, así como el número de magistrados especializados en responsabilidades de servidores públicos, fue producto de una negociación política.

En la ley se duplica el tamaño del otrora Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pues ahora habrá cinco salas nuevas, con tres magistrados cada una, especializadas en responsabilidades administrativas. Además, se modificó la forma de operar de la Sala Superior, se crearon tres tipos de pleno, uno general, uno jurisdiccional —que se abocará a temas administrativos y fiscales—, a los que se les agregarán dos integrantes, y una sección especializada.

En conclusión, la Asamblea Legislativa, en una decisión eminentemente política, determinó que tendría que nombrar a 20 nuevos magistrados: 18 especializados en materia anticorrupción y dos más para engrosar el pleno jurisdiciconal y tratar temas administrativos y fiscales.

Así como ocurrió aquí, la decisión para la conformación y el número de magistrados en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa fue una determinación política que no necesariamente obedece a la simple necesidad de cumplir con lo que “se requiere”.

 

Entonces, si el número de magistrados fue producto de una negociación política, ¿por qué cree que no han sido concretados los sistemas anticorrupción, tanto el federal como los de las entidades federativas, en particular en lo concerniente a los nombramientos de los magistrados?

La respuesta está a la vista. Las coyunturas, así como las cuestiones y los cálculos político-electorales, han tenido más peso que la exigencia social por combatir frontalmente la corrupción. Se ha dado prioridad a la confrontación, al desencuentro y al espectáculo mediático, y se ha olvidado cumplir con las obligaciones institucionales y de Estado que deben atender quienes las dirigen.

En particular, los nombramientos de los magistrados constituyen un aspecto más allá del simple reparto de posiciones. Es un asunto de Estado y debe tratarse como tal. Los tribunales de justicia administrativa habremos de transformarnos en la espada de Damocles, pues somos la respuesta a la impunidad que ha prevalecido en el país en materia de corrupción. Seremos los que materialicemos el anhelo de castigar a quienes traicionaron a la gente y abusaron de su posición y su poder para beneficiarse en perjuicio del bienestar general. Por eso es importante que a la brevedad se designe a los magistrados que cumplirán con esta tarea.

Si las autoridades y las instituciones del Estado mexicano no damos una respuesta tajante, si el Poder Legislativo no cumple con su obligación de nombrar a las personas que encabezarán las instituciones anticorrupción para comenzar a operar a la brevedad, la sociedad nos rebasará —nuevamente— y se gestará una nueva oleada de deslegitimación de las instituciones, con el riesgo que conlleva eso para la paz social y para la estabilidad del país.

 


 

Yasmín Esquivel Mossa es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidades en Derecho administrativo, Derecho fiscal y en el sistema financiero mexicano, y doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.

Se ha desempeñado como directora de Asuntos Políticos de la Dirección General de Gobierno del Departamento del Distrito Federal, coordinadora de asesores del subprocurador de Asuntos Jurídicos y Política Criminológica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, titular de la Secretaria Técnica de la Comisión de Hacienda de la I Legislatura de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, secretaria de Estudio y Cuenta de la Presidencia del Tribunal Superior Agrario, magistrada unitaria de los tribunales agrarios y, desde 2009, magistrada de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Asimismo, fungió como presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal de 2012 a 2015 y como presidenta de la Asociación del Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, A.C., de 2013 a 2104.

Actualmente desempeña su segundo periodo como magistrada presidente de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, en el cuatrienio 2015-2019.

 

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