Yuniur Vázquez Rosalío

La lucha legal de la nación wixárika

Yuniur Vázquez Rosalío

 

Bien dicen que construir un mejor futuro es imposible para quien ignora su pasado. Para el abogado wixárika Yuniur Vázquez Rosalío está claro: el Derecho es el mejor instrumento de resistencia de su pueblo. Un pueblo que sigue de pie… y caminando. Originario de la comunidad indígena Tuxpan de Bolaños, ubicada en el municipio de Bolaños, Jalisco, Yuniur actualmente es el coordinador general del Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta, espacio creado esencial y especialmente para velar por los intereses de su pueblo y defender y proteger sus sitios sagrados.

  

¿Cómo comenzaste tu activismo a favor de los pueblos indígenas?

Desde 2008, cuando era estudiante, comencé a apoyar en las asambleas comunitarias. Mi comunidad es muy grande: somos cerca de 4,000 personas legalmente reconocidas por el Registro Agrario Nacional. Posteriormente, fui asesor de la comunidad e incluso trabajé por encomienda de las autoridades tradicionales en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

 

¿Cuándo surgió y quiénes conforman el Consejo Regional Wixárika?

El consejo nació en 2008 encabezado por el compañero Santos de la Cruz Carrillo, quien es originario de la comunidad indígena Bancos de San Hipólito en Mezquital, Durango. Se conforma por la llamada “nación wixárika”, con el fin de velar por los intereses del pueblo y defender y proteger los sitios sagrados. Como coordinador, mi labor es llevar a cabo el trabajo que las autoridades tradicionales me señalan.

 

¿Cómo te eligieron para coordinar el consejo?

De manera democrática e interna, pues solamente pueden decidir las autoridades tradicionales y agrarias. La elección es rotativa y el turno le correspondía a mi comunidad San Sebastián de Teponahuastlán, Jalisco. Después le corresponderá a la comunidad de Santa Catarina nombrar al coordinador. Cuando fui electo, yo aún trabajaba como director de un centro coordinador de la CDI, por lo que tuve que renunciar e incorporarme a mi nueva encomienda.

 

Tú tuviste acceso a la educación, pero, ¿cómo ocurre para el resto de las personas que viven en las comunidades indígenas?

En nuestras comunidades es complicado tener la facilidad de formarse profesionalmente. Desde muy pequeño he sacrificado muchas cosas para estar acá; no tuve una infancia como cualquier niño que sale a jugar y a divertirse, porque siempre estaba estudiando. Mi papá estudió hasta tercero de primaria y fue jornalero, y mi mamá no sabe leer ni escribir. En mi pueblo se tiene que predicar con el ejemplo, y para poder ser líder tiene que haber congruencia con lo que dices y lo que haces. En mi familia nunca hemos tenido dinero, pero sí muchas ganas de salir adelante.

 

Durante su campaña, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó muchas promesas para reparar la deuda histórica que se tiene con los pueblos originarios. ¿Cuáles son las expectativas que tienen con este nuevo gobierno?

Nosotros esperamos que en este sexenio el gobierno federal reconozca los derechos de los pueblos indígenas; pero no sólo eso, sino que se materialicen. Confiamos en que realice la consulta previa, libre e informada, para la designación de puestos en su estructura, porque hay espacios que nos hemos ganado en el gobierno y queremos proponer a las personas que creemos que tienen la capacidad para estar al frente y trabajar de manera coordinada. Queremos que se aplique el presupuesto en las áreas donde realmente se requiere, principalmente donde hay conflicto territorial, que es uno de los temas en los que más apoyo hemos solicitado a la Presidencia.

 

Según el último reporte de la organización Front Line Defenders hubo 312 asesinatos de activistas de varios países durante 2017. ¿A qué riesgos te has enfrentado tú como defensor de derechos de los pueblos indígenas?

Me ha tocado ser testigo de esa estadística. En 2017 asesinaron a los hermanos Vázquez Torres, quienes eran defensores territoriales, promotores de derechos humanos e integrantes del Consejo Regional Wixárika. En 2018 mataron a nuestro hermano Margarito Díaz, quien era el presidente del Consejo de Vigilancia de la Unión Wixárika de Centros Ceremoniales y formaba parte del Consejo de Administración del Área Natural Protegida de Wirikuta. Son dos casos muy emblemáticos, muy evidentes.

 

¿Cuál ha sido la mayor victoria en la representación jurídica de los derechos del pueblo wixárika?

Como Consejo Regional Wixárika quiero dejar claro que no estamos en contra del desarrollo. Sabemos que el gobierno debe trabajar por el bienestar de todos los mexicanos y no sólo de los indígenas. Sin embargo, lo que sí rechazamos rotundamente es que se destruyan los sitios sagrados. En Wirikuta la lucha inició porque ahí se encuentra el templo mayor del pueblo wixárika, que ha resistido todos estos años. El consejo ha conseguido muchas victorias. Y entre las más representativas está el amparo que conseguimos para suspender provisionalmente los trabajos en Wirikuta. Ahora lo que queremos es obtener la suspensión definitiva. Haber logrado el amparo se lo debemos a la convocatoria masiva que se concretó con organizaciones civiles, académicos, científicos; pero sobre todo con comuneros y ejidatarios del altiplano potosino. Gracias a todos ellos surgió una voz fuerte y se ejerció presión durante el sexenio de Felipe Calderón.

Otra de nuestras victorias, esta vez en coordinación con el Consejo Indígena Nayari, fue la obtención del amparo contra la empresa hidroeléctrica Las Cruces.

En 2017 también logramos, por parte de las autoridades de Jalisco, la declaración de la Isla de los Alacranes, localizada en el municipio Chapala, como Patrimonio Cultural Inmaterial y Patrimonio Sagrado del Pueblo Wixárika de Xapawiyemeta.

 

¿Cuáles son los sitios sagrados que defienden los wixáritari?

En San Blas, Nayarit, está Tatéi Haramara, también conocida como Isla del Rey; en Chapala, Jalisco, está la Isla de Los Alacranes (Xapawiyemeta); en San Bernardino, Durango, está Hauramanaka; en Real de Catorce, San Luis Potosí, tenemos Wirikuta, y en Santa Catarina, Jalisco, está Teakata. Son los cinco puntos cardinales que conforman el ojo de Dios.

 

¿Cuál es tu opinión sobre el proyecto del Tren Maya, para el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador únicamente pidió permiso a la Madre Tierra para la realización de este megaproyecto, pero los verdaderos afectados no han sido consultados?

Hablar sobre la consulta significa hablar sobre las lenguas. Estos ejercicios tienen que aplicarse en las lenguas indígenas de México y si hay un proyecto ejecutivo al respecto debe trabajarse en la traducción del mismo para que pueda la información socializarse y podamos ser partícipes no sólo del proceso del consentimiento sino de toda la obra.

 

¿La construcción del Tren Maya sin una consulta previa a las 82 comunidades indígenas que podrían verse afectadas no contraviene el Convenio 169 de la OIT del que forma parte México?

El presidente de la República está a la vista de todo el mundo, por lo que si decide escapar del convenio internacional y no cumplir, tendremos que actuar como pueblos y comunidades indígenas. Sería una traición a nuestras raíces. No puede suceder que no se nos consulte: tienen que hacerlo.

 

En mayo de 2011 los grupos de defensa de Wirikuta exigieron al presidente Felipe Calderón la cancelación de las concesiones mineras en Wirikuta, otorgadas a las empresas First Majestic Silver Corporation y a Resources Corporation, Proyecto Universo, que en total suman más de 70 por ciento del Área Natural Protegida de la zona. ¿Qué ha pasado de entonces a la fecha? ¿Cuál fue la respuesta del gobierno de Felipe Calderón?

Nosotros hicimos la entrega del posicionamiento del pueblo wixárika y lo recibió directamente el presidente Felipe Calderón. Pero hay un acontecimiento que es más importante: el Pacto de Hauxa Manaka, firmado por los gobernadores de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas, y por los gobernadores de las comunidades indígenas de la zona, además de representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En este documento se comprometen a respetar y a proteger los lugares sagrados. Sin embargo, en 2011 se otorgaron algunas concesiones, con lo cual se contravino el pacto, entre ellas las de Wirikuta. Realmente no se nos ha atendido y no se nos ha respetado.

 

En el caso del gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto, ¿cuál fue la relación que tuvieron los grupos de defensa de Wirikuta con su administración?

Mi antecesor Santos de la Cruz siempre pidió audiencia y nunca se la concedieron; no se nos escuchó con el tema de la declaración de la ruta sagrada a Wirikuta y tampoco se le dio trámite ante la UNESCO, pues el gobierno no acreditó haber incluido a la totalidad de las comunidades en un proceso de consentimiento libre, previo e informado, ni haber dado a éstas participación efectiva en el proceso de elaboración de la nominación, además de que no se mencionaron las concesiones específicas que fueron otorgadas y denunciadas como una grave amenaza al santuario wixáritari.

No nos atendieron. Enviamos cartas, pero durante todo el sexenio nos discriminaron y nunca fuimos escuchados. Esperamos que ahora esta administración sí nos atienda.

 

Parte de las estrategias aplicadas por las empresas extranjeras que pretenden el desarrollo de proyectos mineros ha sido la división de las comunidades afectadas y la cooptación de liderazgos. Al menos eso sucedió en el caso de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, y es un patrón que parece repetirse en muchos otros proyectos. ¿En el caso de Wirikuta ha sucedido algo similar? ¿Se ha intentado dividir a los grupos afectados? ¿Cómo podría resumirse la estrategia seguida por las empresas mineras?

A la fecha, las empresas se han encargado incluso de que dentro del pueblo wixárika estén a favor de la mina.

Algunos ejidatarios nos han pedido solicitar la cancelación o el desistimiento del amparo. En las asambleas comunitarias hemos consultado esa petición y acordamos que no vamos a desistir y que vamos a seguir trabajando para fortalecer la relación con los ejidos.

La lucha sigue y estamos más unidos que nunca. Con el apoyo de la sociedad civil estoy convencido de que la defensa de nuestro territorio y de nuestros sitios sagrados será un hecho consumado.

 

¿Han tenido alguna relación con el equipo de trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador? Si fuera posible, ¿qué petición le harían?

En primera instancia, le pediríamos que nos dé un espacio en su agenda como pueblo wixárika para presentarle nuestra situación actual y el trabajo que hemos realizado durante estos años, así como conocer su postura. Porque lo que queremos es que se cancele definitivamente la concesión.

 

Para concluir, ¿podrías comentarnos cuáles son tus retos al frente del Consejo Regional Wixárika?

A mí me gustaría resolver todos los problemas que aún existen y que amenazan la existencia de los sitios sagrados, que se cancelaran las concesiones en Wirikuta, que el gobierno federal lleve proyectos a las regiones y que se reconozcan los permisos que sean necesarios para no permitir que nos invadan. Pero, sin duda, mi principal reto como coordinador es atender de la mejor forma posible las instrucciones y las encomiendas de mis autoridades en beneficio de nuestros pueblos indígenas.

 

 


 

 

Antes de que existiera el Estado mexicano, los pueblos y las comunidades indígenas ya leían el cielo, caminaban sendas y practicaban ritos que testimoniaban su cosmogonía y su andar por la tierra.

Sus derechos, anteriores al primer orden constitucional, hubieron de ser reconocidos y tutelados con el paso de los siglos. Exigiendo grandes sacrificios de por medio y logrando que algunos fueran visibilizados apenas de manera relativamente reciente, los “más primeros hombres de esta tierra”, hasta hoy día, siguen dando una lucha jurídica, social, política y cultural sin tregua, para lograr que sus derechos se vuelvan letra viva en un país poco acostumbrado al respeto de la ley.

Entre los pueblos indígenas que luchan por preservarse en un mundo cuya tendencia es globalizar las sociedades y homogenizar la cultura, destaca el wixárika, conocido en español como pueblo huichol, el cual ha sido vanguardia en la autogestión de sus problemas colectivos y en la organización comunitaria para enfrentarlos.

A sabiendas que el Derecho es la mejor vía para llegar a la justicia, abrazarlo como profesión muchas veces es una vocación, pero otras más, como en este caso, una salvación. “De un total de 52 postulantes sólo 12 tuvimos la oportunidad de ganar la beca para irnos a estudiar a España. Yo la obtuve por el trabajo que he realizado en favor de mi comunidad y del pueblo wixárika”, relata el abogado. La convocatoria para esa beca fue lanzada en 2018 por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Secretaría General Iberoamericana. Se trata de uno de los posgrados de la Universidad Indígena Intercultural del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe.

Sus estudios en el extranjero sólo fueron la continuación del camino. Su vida académica y comunitaria ha sido un eterno peregrinaje: “Mis abuelos peregrinaban 16 días para llegar a Wirikuta, en Real de Catorce, San Luis Potosí. Hoy, después de casi 20 horas de viaje, estoy aquí, a punto de cruzar el Túnel Ogarrio y poder cerrar el año visitando el Cerro de El Quemado, el centro ceremonial más importante para nosotros los wixárikas”.

Yuniur fue el mayor de seis hermanos. Su padre jornalero estudió hasta tercero de primaria y su madre no sabe leer ni escribir. La suya, fue una infancia atípica, alejada de la diversión y de los juegos. Los deberes morales con su comunidad forjaron sus estudios.

Siempre tuvo claro que para crecer era imprescindible salir de su comunidad, ir a la ciudad y viajar a otros lugares, sin perder de vista que había que regresar al lugar que lo vio nacer, retribuirle con creces a su pueblo y motivar a las nuevas generaciones a no darse por vencidas y acostumbrarse a la cotidianidad, esa que suele adelantar la adultez a edad temprana. “En mi comunidad es normal que a los 13 o 14 años de edad uno tenga una familia, no sólo una novia.”

Yuniur Vázquez estudió su bachillerato en el Centro de Desarrollo Económico y Educativo de la Mesa de El Nayar. “Antes era muy complicado tener acceso a la universidad, pero ahora, con los programas y los apoyos por parte de gobierno federal, hay muchas oportunidades para abatir el rezago educativo.”

Los conocimientos son importantes, pero en los pueblos indígenas quizá lo sea más la devoción por el pasado, las tradiciones y el amor a la comunidad. Sólo así se puede tener el sagrado derecho de la palabra: “En mi comunidad a los jóvenes no se nos permitía tomar la palabra: no teníamos voz ni voto. Yo soy una de las personas que fueron abriendo esa brecha de derechos para que se tomaran en cuenta nuestras opiniones”, cuenta el novel abogado de 29 años.

Y vaya que Yuniur la ha usado para marcar un referente creativo, esperanzador e innovador en la defensa de los derechos de su comunidad, porque hablar de pueblos y comunidades indígenas implica hablar de sacrificios, carencias, desventajas, injusticias y marginación, pero también de congruencia, convicción, compromiso, trabajo y organización.

 


 

 

Yuniur Vázquez Rosalío estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Nayarit y el posgrado en pueblos indígenas, derechos humanos y cooperación internacional en la Universidad Carlos III de Madrid, en el campus de Getafe. Fue traductor intérprete del Poder Judicial de Nayarit y director de un centro coordinador de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

 

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