Zulema Mosri

Cómo remediar la actividad irregular del Estado

Zulema Mosri

 

Con motivo de la reciente publicación de su libro “De la responsabilidad patrimonial del Estado a la remediación de su actividad irregular”, la magistrada Zulema Mosri Gutiérrez habla en esta entrevista de las alternativas que propone en su obra para fomentar la participación ciudadana en la vigilancia y la corrección de las actividades irregulares del gobierno, incluso de aquellas que se realizan conforme a Derecho.

 

 

Si buscamos en internet el tema “responsabilidad patrimonial del Estado”, aparecen 17,400,000 resultados. ¿Necesitamos otro libro más sobre ese tema?

Considero que no es un libro más sobre el tema, ya que su propósito es presentar un amplio y nuevo espacio para estimular el desarrollo del Derecho administrativo en cuyo campo la actual relación “actividad irregular del Estado y su sanción” se substituya por la relación “actividad defectuosa del gobierno y su corrección”.

 

¿Cuáles son las implicaciones o los resultados del análisis de la relación entre la “actividad defectuosa del gobierno y su corrección”? ¿Se trata de presentar el problema de la actividad irregular del Estado en otros términos, quizá más generosos con el Estado?

Responsabilizar al Estado de la conducta irregular de los servidores públicos y que se indemnice al afectado constituye un avance indiscutible para el Derecho administrativo, pero éste es un camino ya recorrido porque tanto las leyes como los tribunales y los abogados se ocupan ya de su tutela, desarrollo, institucionalización y perfeccionamiento.

Sin embargo, me preocupan las actividades del gobierno que, no siendo ilícitas, afectan a la sociedad lenta pero constantemente, invisible para auditores, para periodistas y aun para expertos, y sólo visible en el largo plazo con base en el análisis histórico, sin responsables, sin solución y sin remedio.

 

¿Le preocupa el gobierno, los resultados de una administración en relación con sus votantes?

No, ese espacio también es otro camino ya frecuentado. México tiene una democracia electoral efectiva. Los ciudadanos inscritos en el padrón electoral y que votan pueden cambiar un gobierno por el mérito o el demérito de sus resultados y en función de los programas y los resultados que ofrezcan las plataformas políticas.

Mi propuesta es otra: la remediación de la conducta del gobierno, lo cual implica que cualquier interesado pueda disponer de un espacio para señalar que las acciones de la administración pública, la legislación y la judicatura que le afectan directamente, o a la sociedad en general, han perdido el rumbo o bien ofrecen resultados opuestos a los considerandos y a los objetivos para los cuales fueron ejecutadas.

Imagine un programa de distribución de alimentos subsidiados en el que, por errores del padrón de beneficiarios, los insumos no se utilizan para preparar alimentos destinados a una familia y se usaran para la manufactura de un producto. Una auditoría podría no advertir la conducta irregular y definirla como anomalía burocrática, porque la acción de distribución de alimentos subsidiados es una actividad regular del Estado, así como la integración del padrón de beneficiarios también es una actividad regular del Estado y lo que el beneficiario haga con los alimentos que ha recibido escapa de las atribuciones de policía administrativa del gobierno.

Imagine un régimen permisionado para realizar una actividad lícita e incluso necesaria para la industria, para cualquier industria, y que ese régimen permisionado esté transformando la naturaleza de un servicio público prestado en red, que implica la administración de infraestructura estratégica propiedad de la nación, que de alguna forma captura beneficios su perjuicio.

Imagine que el régimen de concesiones de transporte de una ciudad ha sido rebasado por formas lícitas de transporte urbano o interurbano y se produce un conflicto social entre concesionarios. ¿Necesariamente debe haber un conflicto para que en el Derecho administrativo exista un mecanismo de participación que no implique la imposición de una sanción, el pago de una indemnización y, en contraste, ofrezca una solución?

Me preocupa que el Estado disponga para los ciudadanos de un espacio para solicitar la corrección de las acciones del gobierno, sin que haya un conflicto que resolver o una sanción que imponer.

 

¿Y a este espacio en su libro usted lo denomina “acción de remediación”?

Así es. Propongo que el siguiente paso en la construcción de una administración pública efectiva implica identificar las limitaciones de la responsabilidad patrimonial del Estado para corregir las anomalías burocráticas que afectan la relación de los ciudadanos con su gobierno y ofrecer una posibilidad complementaria a la sanción de servidores públicos y a la indemnización de los afectados por las acciones del gobierno. Me parece que un Estado funcional, un Estado democrático, debe ofrecer a sus ciudadanos la posibilidad de remediar sus acciones y garantizarles mejores resultados.

 

¿Puede haber actividad irregular en los otros poderes?

Las anomalías burocráticas pueden afectar cualquier proceso y los ciudadanos necesitan un espacio para advertirlo a sus representantes y a todo el conjunto de los servidores públicos.

La estructura de la Constitución implica la cooperación entre los poderes para mantener el sentido del proyecto de nación que representa también la Constitución. Todos los mecanismos de cooperación previstos constituyen una forma de remediación.

La remediación de las acciones del gobierno implica mantener el sistema de equilibrios entre los poderes, de manera que el tránsito de un derecho programado a un derecho ejercible no se detenga ni se realice de manera incompleta.

 

¿Por qué “remediación”?

El Derecho administrativo no puede ofrecer una solución absoluta ni definitiva respecto de las acciones del gobierno. Pero sí puede ofrecer que las cosas se acerquen lo más posible al contenido programático de una norma, aunque no necesariamente a ese contenido.

Me preocupa que los derechos sean sólo expectativas, que los resultados de las acciones del gobierno sean una aproximación a lo que espera el ciudadano. El espacio entre la acción del gobierno y la expectativa del gobernado es muy pequeño y se mide en grados de confianza.

Ofrecer condiciones ideales a los gobernados es un problema de lenguaje que socava su confianza. Creo que no podemos ofrecer satisfacer una expectativa de manera completa. La conducta irregular se remedia, nada más.

 

¿Alguna reflexión final que nos pueda ofrecer?

Este trabajo es un paso adelante después de mi investigación para obtener el grado de doctora en Derecho. Investigar es una labor intensa y, finalmente, un privilegio que cuesta tiempo e inversión de esfuerzos. Me he propuesto presentar los resultados de mi estudio de manera clara y accesible, no sólo a los juristas sino a cualquier interesado, precisamente para remediar un problema que también tenemos en el lenguaje jurídico: los abogados debemos ser más claros, menos rebuscados en lo que escribimos. Creo que el desafío del investigador, además de aportar conocimiento, implica entender que los resultados académicos son el reflejo del esfuerzo y de la esperanza de una nación para plantear soluciones que resuelvan sus problemas. México tiene, como la sociedad dinámica que es, innumerables problemas y necesitamos un espacio para comenzar a resolverlos.

 


  

Zulema Mosri Gutiérrez es licenciada en Derecho por la Universidad de Sonora, maestra en gestión pública aplicada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Durante su trayectoria de más de 25 años se ha desempeñado como magistrada de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, diputada local de la LVIII Legislatura del Congreso de Sonora, coordinadora de la reforma en materia de federalismo en la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, titular de la Unidad de Enlace para el Acceso a la Información Pública de la Cámara de Senadores, jefa de Servicios de Asuntos Fiscales del ISSSTE en la Ciudad de México, coordinadora general de Estudios Legislativos del Gobierno del Estado de Sonora y coordinadora jurídica fiduciaria del Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal.

Actualmente se desempeña como magistrada de la Segunda Sección de la Sala Superior y como presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

 

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