20 preguntas difíciles sobre política criminal en México

20 preguntas difíciles sobre política criminal en México

 

Gerardo Laveaga y Pablo Berthely (coords.)

INACIPE, México, 2018

 

 

En la última década, México ha sido objeto de profundas transformaciones en el sistema de procuración y administración de justicia. La introducción del sistema acusatorio, las reformas en materia de derechos humanos y de amparo y la creación de una naciente Fiscalía General de la República conforman un nuevo paradigma sobre cómo atender los fenómenos delictivos, la delincuencia y la inseguridad. Además, los cambios sociales y culturales obligan a replantear la política criminal.

Evidentemente, todas estas transformaciones llegan aparejadas con preguntas que son resultado de la creciente problemática de violencia e inseguridad que enfrenta el país: ¿hacia dónde se perfila el sistema penal mexicano?, ¿cómo estamos en la actualidad? y ¿cuáles son las grandes tareas pendientes?

Es así que, de la mano de académicos, investigadores, abogados y estudiosos de la materia penal, Gerardo Laveaga y Pablo Berthely realizaron el proyecto 20 preguntas difíciles sobre política criminal en México, con el objetivo de reunir distintas posturas sobre polémicas que atañen a las ciencias penales, desde el marco técnico, hasta el ideológico y el social.

El texto atiende a las posturas sobre la implementación del sistema acusatorio y la construcción de una fiscalía autónoma, a la vez que genera una rica discusión sobre la criminalización, o no, de fenómenos sociales como el aborto, la eutanasia, la responsabilidad penal de las personas jurídicas o la regulación de la marihuana.

Como bien lo advierte Laveaga, “las voces se escuchan desde la izquierda y la derecha. Pertenecen a penalistas de distintas generaciones. Esta pluralidad nos permite constatar la diversidad de enfoques sobre temas como la penalización del aborto, la subrogación material, el comercio sexual y hasta el derecho de que el Estado garantice una muerte digna”.

A casi tres años de la entada en vigor del nuevo sistema penal, y ante las críticas que éste ha recibido, se presentan preguntas como: ¿a qué se atribuye sus insuficiencias?, ¿el nuevo sistema es adecuado para México? Luis de la Barreda Solórzano diría que la ineficiencia del sistema es resultado de una mala actuación del Ministerio Público, mientras que Agustín Acosta Ascón lo atribuiría al fenómeno de la corrupción y a la ausencia de profesionalismo.

El lector no podrá encontrar una sola respuesta que permita resolver cuestionamientos; por el contrario, los enfoques, las posturas y las resoluciones se presentan conforme a la perspectiva de quien responde; de ahí que, ante interrogantes sobre los altos niveles de corrupción, Josué Gómez Huerta afirme que éstos están íntimamente ligados a nuestra idiosincrasia; mientras que Ilan Katz Mayo lo atribuye a los bajos sueldos, y Victor Oléa Peláez explica su origen por la impunidad.

Las respuestas —unas polémicas y controversiales, otras ambiguas y moderadas— advierten el abanico de posturas que pueden adoptarse al momento de conformar una política criminal, según la visión conservadora o liberal, de izquierda o derecha, fomentando un debate no resuelto que compete a todos.

De esta forma, Laveaga y Berthely inciden en una discusión que fomenta la construcción de opiniones plurales e informadas, donde el lector tendrá la posibilidad de adoptar una posición analítica ante las distintas posturas que se plantean.

 

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