Derecho hídrico

Derecho hídrico

 

Héctor Herrera Ordóñez

Tirant lo Blanch, México, 2019

 

Según la Organización Mundial de la Salud, en 2005 había 1,100 millones de personas en nuestro planeta que no disponían de agua apta para el consumo y unos 2,600 millones de personas que no tenían acceso a servicios básicos de saneamiento. En ese año morían más de 2.2 millones de personas, la mayoría de ellas en países en desarrollo, a causa de enfermedades relacionadas con las condiciones deficientes del abastecimiento de agua y el saneamiento, de las cuales 90 por ciento eran niños menores de cinco años de edad. El 85 por ciento del agua residual urbana del mundo se descarga sin tratamiento. El 70 por ciento de las aguas residuales industriales de los países en desarrollo se vierten en los cuerpos de agua sin tratamiento previo. La población mundial, que en 2002 llegaba a 6,200 millones de personas, aumentó aproximadamente a 7,200 millones en 2015. Casi 95 por ciento del aumento se produjo en las regiones en desarrollo. Se calcula que en 1995 unos 1,760 millones de personas (de una población mundial de aproximadamente 5,700 millones) vivían en condiciones de grave escasez de agua. Se prevé que para 2025 unas dos terceras partes de la población mundial, es decir, unos 5,500 millones de personas, vivirán en zonas con insuficiencia de agua moderada o grave. La falta de acceso al agua potable, junto al saneamiento y a la higiene deficientes, es lo que más contribuye a las 1.8 millones de defunciones anuales provocadas por enfermedades diarreicas.

Por todo lo anterior, urge redoblar esfuerzos para evitar que millones de niños sigan muriendo como consecuencia del saneamiento inadecuado y el agua contaminada. La justicia en materia hídrica incluye el innegable derecho a la vida y a la salud, que a su vez implican el derecho de todos los individuos al suministro de agua debidamente potabilizada, así como al saneamiento y la descontaminación del recurso hídrico. Por ello, el propósito de esta obra es contribuir con una propuesta de solución que reduzca la distancia entre el ser y el deber ser de la problemática de referencia.

En noviembre de 2002 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la Observación General 15 sobre el derecho al agua. Su artículo I.1 establece lo siguiente: “El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna”. Dicha observación también define el derecho al agua como “el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico”.

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