El sistema de enjuiciamiento criminal propio de un Estado de Derecho

El sistema de enjuiciamiento criminal propio de un Estado de Derecho

 

Juan Luis Gómez Colomer

INACIPE, México, 2018

 

En 2007 Amnistía Internacional publicó Injusticia e impunidad: deficiencias en el sistema de justicia penal mexicano. Emblema de esfuerzos tanto de organizaciones de derechos humanos como de la academia, este informe desnudó al tradicional sistema de justicia penal —caracterizado, entre otros puntos, por abusos a derechos y garantías procesales, parcialidad judicial, impunidad, injusticia, nula investigación y especialización— y abonó a la transformación iniciada con las reformas penales de 1983-1985.

Por increíble que parezca, hasta febrero de 2008 —fecha en que se publicó por primera vez esta obra— nuestro país no había iniciado formalmente su reforma estructural al sistema de enjuiciamiento criminal, como sí lo habían hecho desde finales del siglo pasado numerosos países europeos y latinoamericanos. Como dirá Colomer, “es muy sorprendente en Europa que, ante la grandeza de este país, sus sistemas de enjuiciamiento hayan permanecido tanto tiempo en la pura inquisición, en el no sistema”.

Afortunadamente, en junio de 2008 fue publicada la reforma constitucional de seguridad pública y justicia penal que, entre otras cosas, estableció la transformación del sistema de justicia penal mixto-inquisitivo a uno de corte acusatorio y oral, para lo cual en 2014 se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales. Mientras que de 2008 a 2016 se desarrolló la etapa de implementación de este nuevo sistema, desde agosto de este último año se encuentra en etapa de consolidación. A más de dos años de su operación, diversos reportes muestran todavía muchos pendientes por atender; aún peor, ciertos sectores observan en estos cambios una suerte a favor de la impunidad.

Con el fin de contrarrestar estas resistencias institucionales y estos rezagos culturales de la vieja justicia, la obra de Juan Luis Gómez Colomer es imprescindible no sólo para defender el “sistema más respetuoso con las partes, el más garantista para los acusados”, sino también para fundamentar las claves que diferencian al adversarial system anglosajón del sistema inquisitivo y del sistema acusatorio mixto europeo, así como los conceptos sistema, proceso y principio acusatorio. En efecto, el principal objetivo de esta obra es clarificar el sistema acusatorio en Estados Unidos (origen y características), su traslado a Europa (Alemania), los intentos de convergencia en el plano supranacional (Corte Penal Internacional) y su ejemplo, conservando sus peculiaridades, en Nicaragua.

Para el autor, y para efectos pedagógicos y comparados, el sistema acusatorio es el coche que se quiere poner en marcha para alcanzar la justicia, el cual tiene un motor que le permite funcionar denominado debido proceso legal (principio acusatorio); para hacer rodar al coche se necesita la gasolina de la imparcialidad (aceite y depósito en forma del derecho de las partes a un proceso y a un tribunal justo). Así, sus dos características son el principio de igualdad entre las partes y la imparcialidad del juez, mismas que, junto a los otros principios (legalidad, contradicción, inmediación, concentración, defensa, presunción de inocencia, oportunidad, prohibición de obtención de pruebas ilícitas, oralidad, publicidad, entre otros) e instituciones (fiscal como titular de la instrucción y director de la investigación junto con la policía, y órganos jurisdiccionales que garantizan, califican y penalizan) coadyuvan a alcanzar el anhelado resultado.

Una obra imperdible para quien se interese en ofrecer una justicia penal menos costosa y más rápida y un proceso penal más justo, transparente y democrático que proteja derechos humanos, que descargue a la administración de justicia con salidas alternativas, que devuelva la confianza pérdida y que revalore a la víctima, especialice a la policía y regule la prueba.

 

Alan García Huitrón

 

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