Confianza y certidumbre: los retos para la judicatura durante la pospandemia

Confianza y certidumbre: los retos para la judicatura durante la pospandemia

 

En la coyuntura en que nos situó la pandemia por Covid-19 prevalece la desconfianza en las autoridades y la incertidumbre jurídica, afirma el autor, al exponer algunos de los desafíos que deben enfrentar los poderes judiciales en nuestro país.

 

El pensamiento ilustrado del dieciocho fue el puente para la transición del antiguo régimen —de vocación monárquica— a la construcción del Estado moderno —de corte republicano y democrático— sustentado en la idea de un pacto social. La constitución —institución jurídico-política que nos legó aquel episodio histórico— se ha erigido en nuestra tradición, como el instrumento por medio del cual el ciudadano puede hacer valer un rosario de derechos sacramentales (libertad, interculturalidad, propiedad, debido proceso) en el marco de una muy bien acotada relación entre gobernantes y gobernados, para evitar actos discrecionales —y, peor aún, abusos— que lesionen esos derechos.

La división de poderes y el sistema de contrapesos —para que el poder público no se concentre en una persona o una corporación— ha concedido a nuestro más alto tribunal la facultad de interpretar la norma máxima con el fin de hacerla prevalecer por vía del control constitucional y, más aún, asumir la responsabilidad de aplicar el nimbo de tratados internacionales de los que México es firmante, así como los criterios de los órganos jurisdiccionales supranacionales, merced el control de convencionalidad.

Así las cosas, desde finales de siglo pasado, nuestro tribunal constitucional se ha constituido como el fiel de la balanza que pone un cerco al ejercicio del poder público. Por ello, el ciudadano —de todas las etnias, clases sociales, ideologías, credos y preferencias— aspira depositarle su confianza bajo la certidumbre de que sus criterios invocarán el espíritu de la Constitución, desentrañando su sentido —resignificándolo incluso, si es necesario— para que todas las disposiciones que emitan los otros poderes se ajusten al marco constitucional, disipen sus partes oscuras, colmen lagunas, maticen para su justa ejecución y promuevan su armonización, para integrar los textos normativos de los dos niveles de gobierno al propio código máximo.

En la coyuntura en que nos situó la pandemia por Covid-19 prevalece la desconfianza en las autoridades y la incertidumbre jurídica, en la medida en que detonó en el gobierno una voluntariosa vocación por promulgar normas draconianas, merced a un estado de excepción, al que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la encomienda de no conceder carta de naturalización —menos aún de perpetuarlo—, so pena de prevaricar de su razón de ser en el marco constitucional del Estado mexicano. A nadie puede impedírsele que recurra a los tribunales e invoque su amparo y su protección, pues ello implica limitarle el inveterado derecho de acceso a la justicia. En consecuencia, aun bajo el estigma de ser considerado traidor al régimen, al ciudadano de a pie le asiste el superlativo derecho de defender lo que considera digno de defender y los tribunales deben estar ahí para escucharlo. Los retos para la judicatura durante la pospandemia son confianza y certidumbre.

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