Consejeros electorales bajo la lupa

Consejeros electorales bajo la lupa

 

La llegada de los nuevos consejeros electorales al Instituto Nacional Electoral (INE), que estarán en funciones hasta el 2029, fue revisada por elementos inéditos de intervención fiscalizadora y escrupulosa; un trabajo eficiente de los diputados que aprobaron el acuerdo parlamentario para seleccionar, de las cuatro quintetas, a Norma Irene de la Cruz Magaña, Carla Astrid Humphrey Jordan, José Martín Fernando Faz Mora y Uuc-kib Espadas Ancona.

 

 

La democracia mexicana respondió a un debate alentador, después de que algunos temas no se querían abordar con la libertad que el proceso de selección ameritaba para estrenar cuatro consejeros electorales. No se percibe aún que las unidades encargadas de validar la selección de estos consejeros, dependientes de los poderes públicos que conforman el Estado mexicano, apliquen de manera oficiosa la desarticulación de beneficios ante el conflicto de interés que de manera evidente ya entorpecía el planteamiento que la propia convocatoria remitía para su efecto resolutivo al Comité Técnico Evaluador.

La bienvenida que los representantes de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados brindaban ante el pleno a los cuatro consejeros, en la sesión extraordinaria del 22 de julio, festejaba así, mediante una mayoría calificada, el tamiz que preocupaba a los actores políticos, a los integrantes del Consejo General del INE y al régimen presidencial vigente. La llegada del último de los mencionados a la validación electoral de 2018 dejó un diagnóstico de escaso profesionalismo en el INE, que se circunscribió a una madeja de oscuridad en las funciones independientes que deberían proceder ante el reto que especulaba la contienda presidencial.

El INE no ha reconocido que pesa sobre su estructura un Consejo General que determina las conductas en sus cimientos, en la base que lo soporta. Muchas conductas sesgadas como la meritocracia académica (verdaderos estamentos medievales que se modernizan para sustituir fines, haciendo de la ley de hierro un ascenso efectivo para unos cuantos), la inequidad de género, el desconocimiento de la interseccionalidad de género y las acciones afirmativas que las sociedades vulnerables ya han ganado en el terreno jurisdiccional, deben comportar una manera de proceder en sus alcances ordinarios que desestimen arreglos políticos con motivaciones claramente inescrupulosas.

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