¿De veras tenemos buenas leyes?

¿De veras tenemos buenas leyes?

 

Es un lugar común aseverar que México cuenta con buenas leyes, pero que éstas no se aplican. ¿De veras tenemos buenas leyes? El autor, director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), se muestra escéptico al respecto.

 

 

El pasado 5 de febrero, durante la ceremonia en que se conmemoraron los 101 años de nuestra Constitución, Luis María Aguilar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, apuntó que México vive sumido en “ríos de ilegalidad”. ¿Su explicación?: que las autoridades no se esmeran en hacer cumplir la ley y que “los ciudadanos tampoco están dispuestos a acatarla”.

Su diagnóstico es atinado, pero habría que echar un clavado al problema y preguntarnos por qué no se hacen cumplir las leyes… Y por qué no se cumplen. Hay varios motivos, cierto, pero el más importante tiene que ver con las propias leyes.

Es un lugar común aseverar que México cuenta con buenas leyes —con magníficas leyes, dicen algunos—, pero que éstas no se aplican. Pero, ¿de veras tenemos buenas leyes? No estoy tan seguro. Como lo he escrito en otras ocasiones, temo que muchas de nuestras disposiciones jurídicas son disparatadas. En ocasiones, opuestas al desarrollo.

Pensemos en las prescripciones que hace el Código Penal para el Distrito Federal (Ciudad de México) en materia de manipulación genética. Si en Estados Unidos, Europa o Japón se clonara a un ser humano, el científico que lo hiciera obtendría un Premio Nobel. En México, hasta seis años de prisión (artículo 154)…

Otras de nuestras leyes son desproporcionadas. Sin salir del Código Penal capitalino, echemos un ojo al abuso sexual: hasta seis años de prisión “al que, sin consentimiento de una persona, y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella un acto sexual” (artículo 176). Si este acto se realiza “a bordo de un vehículo particular o de servicio público” la pena se aumenta en dos terceras partes. En suma, hasta 10 años de prisión por dar una nalgada en el metro a una persona.

Hay que recordar que, por sacar un ojo a esa misma persona, la pena máxima sería de ocho años (artículo 130-VI). La indignación es entendible. En una ocasión, pregunté a un juez si él había llegado a imponer el castigo previsto por abuso sexual. Su respuesta no pudo ser más elocuente: “Nunca. No me atrevería a volver a verme al espejo si lo hiciera”. Me confesó que, en esos casos, hallaba cualquier pifia procesal para no sancionar.

Nuestras leyes son oscuras. Quien lo dude, no tiene sino que leer algunos artículos del Código Fiscal de la Federación o de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Si se quiere ir más alto, ¿qué no decir del artículo 54 de nuestra Constitución política, que contiene directrices más apropiadas para un reglamento o, incluso, para una circular?

Otras disposiciones fueron concebidas, descaradamente, para legitimar la desigualdad. A la cabeza de ellas, la Fórmula Otero, consagrada en el artículo 107-II de la propia Carta Magna: “Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda”.

Así, la misma ley puede ser constitucional para unas personas e inconstitucional para otras. Si yo me amparo y obtengo la protección judicial, puedo sembrar marihuana y hasta fumarla en público. Quien no se amparó, irá a prisión por el simple hecho de que se le descubran más de cinco gramos de la hierba, en los términos de la Ley General de Salud.

Si yo obtengo un amparo, puedo dejar de pagar un impuesto, lo cual no podrá hacer quien no lo obtenga. Aunque en la escuela aprendimos que todos somos iguales ante la ley, la Constitución desmiente esa enseñanza. “¿Cómo explican a los niños mexicanos este disparate?”, suelen preguntarme mis amigos de Alemania, España, Estados Unidos y Reino Unido.

La construcción de un Estado Democrático de Derecho lleva años, como lo demuestra la historia, pero no podemos esperar el éxito si comenzamos por la exigencia de cumplir la ley: hay que empezar por la propia ley. “Las malas leyes”, escribió Edmund Burke, “son la peor forma de tiranía”. Habría que agregar: “y el terreno más fértil para la corrupción”.

 

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